STC2527-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
STC2527-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-02342-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n formulada por Manuel Alejandro Mendieta Castillo frente al fallo de 7 de diciembre de 2022 de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que le instaur\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, extensiva al Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas y la Fiscal\u00eda 114 Seccional, ambos de Yumbo, el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito de Cali, autoridades, partes e intervinientes en el juicio n\u00b0 76892-60-00-190-2010-01210-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El convocante pidi\u00f3 de manera principal se declare \u00abla nulidad del proceso desde la audiencia de declaraci\u00f3n de persona ausente (\u2026)\u00bb o, en subsidio, se ordene al Tribunal \u00abrevoque el auto que declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n y en su lugar resuelva la solicitud de nulidad como parte del recurso de apelaci\u00f3n, toda vez que fue una decisi\u00f3n contenida en la sentencia de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
De los medios suasorios adosados y del escrito inaugural se extrae que por incumplimiento de las obligaciones fiscales y luego de ser declarado persona ausente, Manuel Alejandro Mendieta Castillo fue condenado por el Juzgado Diecisiete Penal del Circuito de Cali a 48 meses de prisi\u00f3n y multa de $262.539.478 por el delito de omisi\u00f3n del agente retenedor y le concedi\u00f3 el sustituto de prisi\u00f3n domiciliaria (9 sep. 2021), apel\u00f3 y el Tribunal declar\u00f3 desierta la alzada (12 nov. 2021), contra esa determinaci\u00f3n interpuso reposici\u00f3n sin \u00e9xito (4 feb. 2022). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que la causa objeto de escrutinio se adelant\u00f3 sin su debida comparecencia al proceso, lo que estructur\u00f3 una causal de nulidad por vulneraci\u00f3n a su derecho fundamental de defensa t\u00e9cnica, y en que se debi\u00f3 resolver como lo expres\u00f3 el magistrado disidente. <\/p>\n
2.- La magistratura de la alzada remiti\u00f3 copia de las decisiones cuestionadas. El Juzgado Segundo penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Yumbo, refiri\u00f3 que en las actuaciones que all\u00ed se surtieron (declaraci\u00f3n de persona ausente y formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n), no hubo trasgresi\u00f3n alguna. La Direcci\u00f3n de Impuesto y Aduanas Nacionales y la Procuradur\u00eda Judicial 64 Judicial II de Cali se opusieron a las pretensiones. <\/p>\n
3.- El a quo no otorg\u00f3 la salvaguarda por inobservancia del postulado de inmediatez y por subsidiariedad en la medida en que \u00abno agot\u00f3 los mecanismos judiciales ordinarios para cuestionar la providencia judicial que deneg\u00f3 su petici\u00f3n de nulidad pues, como se advirti\u00f3 en precedencia, no sustent\u00f3 en debida forma el recurso de apelaci\u00f3n, medio id\u00f3neo para presentar sus desavenencias con el fallo condenatorio, inclusive, insistir en la invalidaci\u00f3n del tr\u00e1mite por trasgresi\u00f3n al derecho de defensa (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4.- Recurri\u00f3 el convocante soportado en que la tardanza se debi\u00f3 a la mora en la entrega por parte del ente acusador del caudal probatorio e insisti\u00f3 en los argumentos del libelo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 la declaraci\u00f3n de improcedencia de este amparo, por ausencia de inmediatez del ruego. Ciertamente, en este asunto se irrespet\u00f3 el postulado tempestivo ya que, como lo estableci\u00f3 la Colegiatura de procedencia, entre la fecha en que se declar\u00f3 al justiciable persona ausente (2 jun. 2017), la data del interlocutorio de segunda instancia que declar\u00f3 la deserci\u00f3n de la alzada (12 nov. 2021), la que desat\u00f3 la reposici\u00f3n (4 feb. 2022) y la radicaci\u00f3n del ruego (9 nov. 2022), transcurri\u00f3 un lapso que super\u00f3 el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han estimado como prudente para ejercer la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Si bien es cierto el amparo constitucional no dispone de t\u00e9rmino de caducidad, tambi\u00e9n lo es que debe hacerse uso de \u00e9l en un lapso razonable con posterioridad a la supuesta violaci\u00f3n o amenaza de la prerrogativa fundamental, tal como insistentemente lo ha pregonado la Corte (CSJ STC7277-2020, STC039-2022, STC133-2022, memoradas en STC14388-2022). <\/p>\n
Ahora, ese panorama no muta con la justificaci\u00f3n que ofreci\u00f3 el actor en la impugnaci\u00f3n, consistente en que se tard\u00f3 en iniciar este tr\u00e1mite en raz\u00f3n a la demora del ente acusador en entregar el caudal probatorio, como quiera que esta Sala ha indicado que, dada la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, lo \u00fanico que se le exige a los ciudadanos cuando hacen uso de esta herramienta es indicar los hechos que vulneran o amenazan sus derechos fundamentales, sin que sea necesario aportar elementos probatorios con los que no cuenten, en la medida en que las facultades oficiosas del juez constitucional permitir\u00e1n obtenerlos, de ser necesario. <\/p>\n
En un asunto que guarda alguna simetr\u00eda con el aqu\u00ed expuesto tiene dicho la Sala que, <\/p>\n
A voces del art\u00edculo 14 del Decreto 2591 de 1991, para la denuncia de su lesi\u00f3n o amenaza, basta expresar \u00ab(\u2026) la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado, el nombre de la autoridad p\u00fablica, si fuere posible, o del \u00f3rgano autor de la amenaza o del agravio, y la descripci\u00f3n de las dem\u00e1s circunstancias relevantes para decidir la solicitud\u00bb (STC15238-2021). <\/p>\n
Adicionalmente, trat\u00e1ndose de salvaguardas contra providencias judiciales, la querella debe analizarse a la luz de las actuaciones que las provocaron, las cuales, en caso de que los demandantes no las aporten con sus escritos, son gestionadas por los despachos constitucionales. En ese sentido, el art\u00edculo 19 del mencionado Decreto establece: \u00ab[e]l juez podr\u00e1 requerir informes al \u00f3rgano o a la autoridad contra quien se hubiere hecho la solicitud y pedir el expediente administrativo o la documentaci\u00f3n donde consten los antecedentes del asunto. La omisi\u00f3n injustificada de enviar esas pruebas al juez acarrear\u00e1 responsabilidad\u00bb. (CSJ STC15238-2021, reiterada en STC1154-2023). <\/p>\n
Puestas en este modo las cosas, al no existir justificaci\u00f3n en la tardanza para incoar la demanda de tutela, la ausencia de inmediatez es innegable y, por tanto, habr\u00e1 de confirmarse la denegaci\u00f3n a la solicitud de amparo por improcedente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, resuelve CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo decidido por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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