STC2530-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2530-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00903-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Construproyectos Line S.A.S. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la sede judicial acusada al decretar pruebas en segunda instancia y dictar sentencia en el juicio declarativo entablado en su contra. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abse decrete, por ilegal, la nulidad, o la invalidez, y correlativa ineficacia, vale decir[,] dejar sin valor ni efecto legal alguno-, la sentencia de segundo grado, pronunciada el\u2026 (14) septiembre de\u2026 (2022)\u00bb; y ordenar \u00abal Tribunal accionado, rehacer la actuaci\u00f3n, pero como en derecho corresponde\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. En el juicio de responsabilidad civil que el Edificio Empresarial La Castellana 94 inco\u00f3 contra la accionante, pretendiendo se le declarara civil y extracontractualmente responsable por los \u00ab\u201clos da\u00f1os causados a las zonas comunes\u201d de esa edificaci\u00f3n y los \u201cdefectos, errores y deficiencias en el proceso constructivo\u201d\u00bb, conden\u00e1ndola \u00aba indemnizarla por perjuicios materiales, en su modalidad de da\u00f1o emergente, tasado pericialmente como \u201cda\u00f1o ecol\u00f3gico\u201d que jur\u00f3 estimatoriamente en un total de $1\u2019549.074.000, m\u00e1s la indexaci\u00f3n \u201cpor el tiempo que se demore en pagar los da\u00f1os que deben repararse\u201d\u00bb; surtidas las etapas de rigor, el 29 de septiembre de 2021 el Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dict\u00f3 sentencia adversa, al concluir que no se demostr\u00f3 el da\u00f1o ni su cuant\u00eda, \u00aben tanto \u201cno se sabe si lo que [se] pretende es reparar el da\u00f1o ecol\u00f3gico, sin explicar en qu\u00e9 consiste esta modalidad de da\u00f1o, por qu\u00e9 se caus\u00f3 en la construcci\u00f3n del edificio\u2026 Tampoco explica o determina el costo real o material del presunto faltante en dichas \u00e1reas. Misma situaci\u00f3n acontece con los dem\u00e1s perjuicios de que trata el juramento estimatorio, pues simplemente se hace relaci\u00f3n al presunto da\u00f1o y su valor ecol\u00f3gico, sin explicar o justificar el respectivo valor, como que se trata del valor de obra de mano, materiales, valor de \u00e1reas, etc.\u201d. Para la funcionaria, debido a la especialidad del tema, \u201cera necesario probar de manera clara y precisa, las diferencias entre los planos aprobados y lo construido, determinado por qu\u00e9 raz\u00f3n, cada una de sus diferencias constitu\u00eda en verdad perjuicio\u2026 Y valorar[lo]\u2026 justificando el costo que se le asigne, y no bajo el concepto de da\u00f1o ecol\u00f3gico, cuya causa, fundamento jur\u00eddico y configuraci\u00f3n\u2026 nunca se prob\u00f3\u201d; deficiencia que, en su criterio, tampoco se super\u00f3 con el recaudo testimonial\u00bb. Veredicto que apel\u00f3 el edificio actor. <\/p>\n
2.2. Con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite de segunda instancia, el 27 de abril de 2022 el Tribunal decret\u00f3, como prueba de oficio, \u00abla complementaci\u00f3n del dictamen o informe [arrimado con la demanda]\u2026 por parte del ingeniero civil\u2026 Rivera\u00bb, precisando que, una vez se obtuviera respuesta, lo citar\u00eda \u00abpara contradicci\u00f3n de la complementaci\u00f3n del dictamen en audiencia y, tambi\u00e9n oficiosamente, a la arquitecta\u2026 Baquero Ru\u00edz[,] que elabor\u00f3 el Informe \u201cRevisi\u00f3n de Urbanismo y Normas\u201d\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 19 de mayo de 2022 puso en conocimiento de las partes la complementaci\u00f3n y, \u00abpara la contradicci\u00f3n del dictamen\u00bb, cit\u00f3 a \u00e9stas, al perito y, \u00abde oficio, a la experta\u2026 Baquero Ru\u00edz, quien rindi\u00f3 aquel sobre el que se bas\u00f3 el peritaje que se ha complementado\u00bb, a audiencia para el 14 de junio siguiente, vista p\u00fablica en la que el Tribunal decret\u00f3, como pruebas de oficio, que las partes presentaran otros dict\u00e1menes. <\/p>\n
2.4. En audiencia del pasado 30 de agosto se surti\u00f3 la contradicci\u00f3n de las experticias, se recepcionaron los alegatos conclusivos de rigor y se emiti\u00f3 el sentido del fallo, el que se dijo ser\u00eda revocatorio del veredicto del a-quo para, en su lugar, acceder parcialmente a las pretensiones, dada la acreditaci\u00f3n de algunos defectos constructivos. <\/p>\n
2.5. Finalmente, el 14 de septiembre posterior el Tribunal acusado emiti\u00f3 la sentencia de segundo grado, en la que revoc\u00f3 la del a-quo, declar\u00f3 i) \u00abprobada parcialmente la excepci\u00f3n de inexistencia de defectos, errores y deficiencias en el proceso constructivo\u00bb, a la vez que desestim\u00f3 \u00abla de improcedencia de perjuicios\u00bb; y ii) que \u00abConstruproyectos Line S.A.S., en la construcci\u00f3n del Edificio Empresarial La Castellana, incumpli\u00f3 normas que constituyen deficiencias constructivas de las zonas comunes en (i) la terraza o cubierta, por no cumplir con la cantidad de \u00e1rea verde ofrecida en planos, (ii) la ubicaci\u00f3n del cupo necesario para el parqueo de 13 bicicletas, (iii) la disposici\u00f3n de tres espacios para dep\u00f3sitos o parqueaderos como zona com\u00fan de uso exclusivo que obstruyen los acceso[s] a otros bienes comunes y la movilidad de personas en situaci\u00f3n de discapacidad, (iv) la omisi\u00f3n de rampas que superen el desnivel de la plataforma de parqueaderos al hall donde se encuentra ubicado el ascensor de los s\u00f3tanos 1 y 2, y (v) generar una barrera arquitect\u00f3nica que impide que aquellas personas puedan subir del sexto piso a la zona verde recreativa de la cubierta y terraza\u00bb; por lo que conden\u00f3 a la ac\u00e1 accionante a pagar al \u00abEdificio La Castellana 94, como representante de los copropietarios, la suma de $129\u2019930.892[,] como indemnizaci\u00f3n por los perjuicios causados\u00bb. <\/p>\n
2.6. En sede tutela, en concreto, la quejosa indic\u00f3 que el Tribunal incurri\u00f3 en defectos procedimental y f\u00e1ctico. <\/p>\n
Lo primero, porque \u00abcambi\u00f3 la acci\u00f3n y pretensi\u00f3n solicitadas por la\u2026 demandante\u00bb, pues a pesar de que lo planteado fue una responsabilidad de tipo extracontractual, contra la cual, por tanto, fue que ejerci\u00f3 su derecho de defensa; la Colegiatura recriminada se ocup\u00f3 de una m\u00e1s de naturaleza contractual, frente a la cual no tuvo oportunidad de pronunciarse. <\/p>\n
En cuanto a lo segundo, de cara al \u00abdecreto y pr[\u00e1]ctica de pruebas de oficio en el tr\u00e1mite de la segunda instancia y en la sentencia que desat\u00f3 la alzada\u00bb, porque i) pas\u00f3 por alto que el fin de probanzas de ese tipo es hallar la \u00abverdad verdadera\u00bb que no mejorar \u00abla situaci\u00f3n probatoria de alguna de las partes, como ocurri\u00f3 en el\u2026 proceso\u00bb, m\u00e1xime cuando objet\u00f3 el juramento estimatorio y no se trajo ning\u00fan otro medio suasorio para acreditar la tasaci\u00f3n all\u00ed efectuada; ii) \u00abtuvo en cuenta el concepto de la experta\u2026 Baquero Ru\u00edz, otorg\u00e1ndole alcance de dictamen pericial a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos en los art\u00edculos 226 y 227 del C\u00f3digo General del Proceso, entre otros vicios rituales\u00bb; y iii) accedi\u00f3 al reconocimiento indemnizatorio sin estar demostrada la naturaleza y existencia del nominado \u00abda\u00f1o ecol\u00f3gico\u00bb. <\/p>\n
Insisti\u00f3 y resalt\u00f3 que, injustificadamente, se \u00able otorg\u00f3 a\u2026 Baquero Ruiz\u2026 la calidad de \u201cperito\u201d -sin tenerla-, y al informe que ella rindi\u00f3\u2026[,] los alcances de un dictamen pericial, a pesar que ni por asomo re\u00fane los requisitos exigidos por el art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, en tanto que Rivera C\u00e9spedes \u00abconfirm[\u00f3] que se trataba de un perito de o\u00eddas, como quiera que ni siquiera hizo presencia en la edificaci\u00f3n para rendir su concepto, sino que se bas\u00f3 en otro\u2026 que hab\u00eda elaborado la arquitecta\u2026 Baquero\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
4. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 indic\u00f3 remitirse \u00abal contenido de la providencia de 14 de septiembre de 2022\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, se advierte que la salvaguarda propuesta est\u00e1 llamada al fracaso, porque no lucen arbitrarios los cuestionados decreto oficioso de pruebas en segunda instancia y la sentencia con la que, el 14 de septiembre de 2022, el Tribunal acusado revoc\u00f3 la emitida por el a-quo para, en su lugar, acceder, con alcance parcial, frente a las pretensiones del demandante en el juicio declarativo entablado contra la quejosa. <\/p>\n
2.1. En efecto, con las decisiones de 27 de abril y 14 de junio de 2022 la Colegiatura acusada, acorde con lo reglado en los preceptos 169 y 170, decret\u00f3 la pr\u00e1ctica de algunas pruebas con el fin de \u00abesclarecer los hechos objeto de la controversia\u00bb que consider\u00f3 difusos. <\/p>\n
2.1.1. Fue as\u00ed como en el primero de esos prove\u00eddos, \u00abpor considerarse de importancia para la resoluci\u00f3n del litigio\u00bb, orden\u00f3 \u00abla complementaci\u00f3n del dictamen o informe de\u2026 19 de noviembre de 2018[,] por parte del ingeniero civil\u2026 Rivera, en los temas que se indican a continuaci\u00f3n\u00bb: <\/p>\n
a) Explique qu\u00e9 significa el \u201ccosto de implementaci\u00f3n\u201d mencionado en su trabajo pericial y cu[\u00e1]l es su relaci\u00f3n con el da\u00f1o ecol\u00f3gico al que se refiere el dictamen. <\/p>\n
b) Indique c\u00f3mo obtuvo el valor del metro cuadrado indicado en los numerales 1 a 7, 10 a 13 (o 32). <\/p>\n
c) Aclare c\u00f3mo calcul\u00f3 el costo de lo que denomin\u00f3 instalaci\u00f3n monta cargas en el numeral 8 de su trabajo. <\/p>\n
d) Aclare c\u00f3mo calcul\u00f3 el llamado \u201ccosto de implementaci\u00f3n 20 puntos*$220.000\u201d, mencionado en el numeral 9 de su trabajo. <\/p>\n
A lo que a\u00f1adi\u00f3 que, para tal efecto, deb\u00eda \u00abaportar los documentos que sirven de soporte a cada una de las conclusiones sobre el da\u00f1o -columna denominada \u201cda\u00f1o causado\u201d- con referencia a los valores determinados en el dictamen -columna denominada \u201ccosto\u201d-\u00bb; y advirti\u00f3 a las partes que, una vez se obtuviera respuesta, citar\u00eda \u00abal perito para contradicci\u00f3n de la complementaci\u00f3n del dictamen en audiencia y, tambi\u00e9n oficiosamente, a la arquitecta Martha Baquero Ru\u00edz que elabor\u00f3 el Informe \u201cRevisi\u00f3n de Urbanismo y Normas\u201d\u00bb. Lo que efectivamente se llev\u00f3 a cabo en audiencia de 14 de junio de 2022. <\/p>\n
2.1.2. De otro lado, en el segundo de tales prove\u00eddos, emitido en la vista p\u00fablica referida a espacio, tras escuchar los alegatos finales de los contendientes y persistir la situaci\u00f3n detectada con anterioridad, se acudi\u00f3 nuevamente al decreto oficioso de pruebas, disponiendo que \u00abcada una de las partes presente un dictamen pericial sobre los siguientes puntos\u00bb: <\/p>\n
1. Determinar de acuerdo con lo ofrecido por el constructor en el plano como zona verde recreativa y la confrontaci\u00f3n en el sitio, cu\u00e1ntos metros cuadrados no fueron construidos como verdes propiamente dichos en la forma all\u00ed dispuesta. <\/p>\n
2. Hecha esa determinaci\u00f3n indicar cu\u00e1nto cuesta ejecutar las obras necesarias para dotar el inmueble con las zonas verdes ofrecidas. <\/p>\n
3. Determinar el valor actual de un \u00e1rea o espacio necesario para un parqueadero de uso privado, uno de uso exclusivo y uno de uso com\u00fan en el Edificio Empresarial La Castellana, que sirva para determinar la diferencia de valor que la misma \u00e1rea tendr\u00eda de acuerdo al uso que le fuere asignado en el reglamento de propiedad horizontal. <\/p>\n
5. Determinar si la locaci\u00f3n dispuesta para la adecuaci\u00f3n o instalaci\u00f3n de bicicleteros en el plano del edificio es la adecuada para su uso funcional. <\/p>\n
6. Cu\u00e1l es la soluci\u00f3n factible y adecuada para lograr que las personas con limitaciones de movilidad puedan acceder desde el sexto piso a la cubierta o terraza y determinar cu\u00e1l es el costo de instalaci\u00f3n de la soluci\u00f3n, ll\u00e1mese asesor o malacate <\/p>\n
7. Cu\u00e1nto vale construir una rampa de acceso para personas con movilidad reducida, cumpliendo todas las especificaciones t\u00e9cnicas constructivas, que permita superar el desnivel que existe entre la placa de parqueaderos y el and\u00e9n del ascensor en los s\u00f3tanos 1 y 2 del Edificio. <\/p>\n
Probanzas respecto de las cuales, una vez recaudadas, se permiti\u00f3 ejercer el debido derecho de contradicci\u00f3n a las partes, como se extracta del desarrollo de la audiencia llevada a cabo el 30 de agosto de 2022. <\/p>\n
2.1.3. De tal manera, no se muestra caprichoso el decreto de tales medios suasorios, de oficio, en la segunda instancia, en tanto que el sentenciador consider\u00f3 necesario precisar algunos aspectos sobre el asunto sometido a su conocimiento, sin que ello tuviera el efecto de variar de fondo el contenido inicial de la prueba pericial arrimada al juicio, soportada, en parte, en el informe de interventor\u00eda en el que particip\u00f3 la arquitecta Baquero Ruiz; a m\u00e1s que lo dispuesto en el \u00faltimo de los prove\u00eddos auscultados, incluso, propendi\u00f3 por la materializaci\u00f3n del principio de igualdad de armas, al conceder a ambas partes la oportunidad de allegar, de forma independiente, un dictamen sobre aspectos concretos que demandaban su esclarecimiento; de all\u00ed que, contrario a lo considerado por la reclamante, siendo evidente que con el criticado decreto probatorio se persigui\u00f3 obtener \u00abla verdad real\u00bb, no resulta de recibo considerar que su fin fue favorecer o mejorar a alguno de los extremos de la litis. <\/p>\n
2.1.4. En ese sentido, esta Corte reiteradamente ha defendido la facultad del sentenciador de decretar pruebas de oficio, con miras a que la jurisdicci\u00f3n, al definir los asuntos sometidos a ella, d\u00e9 aplicaci\u00f3n a la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, como ac\u00e1 ocurri\u00f3, sin que, por tanto, tal proceder pueda calificarse de an\u00f3malo. As\u00ed se ha dejado dicho: <\/p>\n
\u2026no avizora la Sala en dicha providencia una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, por el contrario, al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 169 del C\u00f3digo General del Proceso, los jueces cuentan con la facultad expresa de \u00abdecretar las pruebas de oficio\u00bb cuando \u00absean \u00fatiles para la verificaci\u00f3n de los hechos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Respecto a esa \u00abfacultad\u00bb – deber, esta Corte ha manifestado, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [A]quella es una valios\u00edsima herramienta que ha de servir al compromiso de apropiarse de la mayor cantidad de elementos de juicio posibles con el fin de hallar la verdad hist\u00f3rica de lo sucedido, y as\u00ed resolver las controversias de la manera m\u00e1s acertada posible, de cara a cumplir con el mandato constitucional de dar prevalencia al derecho sustancial\u2026\u201d (CSJ STC, 8 may. 2006, rad. 00089-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 7 feb. 2013, rad. 00160-00) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cDel mismo tenor, se ha expuesto que: <\/p>\n
\u201c[F]rente a las dudas que puedan derivarse en el juicio para el fallador, ah\u00ed est\u00e1 a mano la facultad oficiosa en materia probatoria a la que puede acudir contingentemente y si lo estima oportuno (\u2026), porque no otra connotaci\u00f3n tiene que prevalezca el derecho sustancial sobre el adjetivo (art\u00edculos 228 Superior y 4\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), lo cual posibilita que aquellas se remuevan, aun ex officio, en aras de perseguir la verdad real, cometido a que perennemente se debe propender por parte de la jurisdicci\u00f3n (CSJ STC, 21 may. 2013, rad. 01008-00) (\u2026)\u00bb (STC15833-2021 reiterada en STC16795-2021). <\/p>\n
2.2.- As\u00ed entonces, contrario a lo discutido por la promotora, existir\u00eda quebranto de los atributos invocados, pero por la inactividad del iudex frente al deber de dilucidar el asunto sometido a su conocimiento, pues la misi\u00f3n de la justicia en el Estado constitucional es lograr la demostraci\u00f3n de la verdad real para restablecer \u00abderechos\u00bb agredidos, respecto del juzgamiento de los intereses en conflicto. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se hace evidente que la sede judicial fustigada ante la falta de los elementos suasorios necesarios para dirimir el asunto sometido a su escrutinio hizo uso de las potestades oficiosas, poderes conferidos por el legislador al juzgador para decretar todos los medios de convicci\u00f3n que considere convenientes para verificar los hechos aducidos por las partes; determinaci\u00f3n, que no es el resultado de un criterio subjetivo que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, capaz de abrir paso a este especial sendero (CSJ STC6392-2022, 25 may., rad. 2022-01523-00). <\/p>\n
2.2. Zanjado lo anterior, pasa la Sala a revisar el contenido del veredicto final de 14 de septiembre de 2022, providencia en la que halla que el Tribunal recriminado, delanteramente, interpret\u00f3 sistem\u00e1ticamente la demanda g\u00e9nesis del asunto para concluir que, al margen de la nominaci\u00f3n de acci\u00f3n de responsabilidad extracontractual que all\u00ed se consign\u00f3, lo cierto era que se mostraba evidente, desde los albores, que: <\/p>\n
Como las obligaciones pueden surgir de una convenci\u00f3n, de la mera voluntad de quien se obliga, del hecho que ha inferido injuria o \u201cpor disposici\u00f3n de la ley\u201d (art. 1494 del C.C.), se destaca que la demandante reclam\u00f3, en concreto, da\u00f1os derivados de defectos o deficiencias en las zonas comunes de un edificio calificados como incumplimientos a normas constructivas, lo que no quiere decir, en estricto sentido, que se trate de una responsabilidad extracontractual, por lo cual el an\u00e1lisis se centrar\u00e1 en la \u00faltima fuente obligacional enunciada. Y cabe agregar que la copropiedad, como persona jur\u00eddica que representa a los titulares de derechos de los bienes privados y de al\u00edcuota de los comunes del Edificio Empresarial La Castellana 94, opt\u00f3 por la \u201cindemnizaci\u00f3n de los perjuicios resultantes de la infracci\u00f3n\u201d en las obligaciones de hacer que ten\u00eda Construproyectos Line S.A.S., no por la ejecuci\u00f3n o adecuaci\u00f3n de las obras respectivas, pretensi\u00f3n que pod\u00eda invocar, aunque el origen de la obligaci\u00f3n no sea contractual sino legal (n\u00fam. 3, art. 1610 ibidem). Con esta precisi\u00f3n la Sala acometer\u00e1 el estudio de los reparos a la sentencia recurrida. <\/p>\n
Seguidamente, consign\u00f3 que para la formulaci\u00f3n de sus pretensiones la \u00abactora se bas\u00f3 en el informe 2 de revisi\u00f3n de urbanismo y normas, de junio de 2016, realizado como una interventor\u00eda de las zonas comunes, donde se detectaron \u201cincumplimientos\u201d que, como menciona en las conclusiones y recomendaciones, \u201ccorresponden a modificaciones de la construcci\u00f3n con respecto a los planos aprobados\u201d. Pero, ha de notarse que no todos los hallazgos del trabajo dirigido por la arquitecta Baquero se trajeron al libelo introductorio del proceso\u00bb; para a continuaci\u00f3n, con apoyo en el material suasorio recolectado, en correlaci\u00f3n con las normas urban\u00edsticas pertinentes, se ocup\u00f3 de \u00ab[l]o aprobado en la licencia de construcci\u00f3n LC 13 5 326 de 13 de marzo de 2013, su modificaci\u00f3n LCM LC 13 5 326 de 30 de julio de 2014, y lo construido\u00bb, in extenso, as\u00ed: <\/p>\n
Se estudian aqu\u00ed los puntos espec\u00edficos que, de acuerdo con el informe realizado por la arquitecta\u2026 Baquero Ru\u00edz de Arquitectura y Urbanismo, Group S.A.S., valor\u00f3 por el ingeniero Rivera y se pedieron por la Copropiedad en su demanda. <\/p>\n
El numeral 5\u00ba, del art\u00edculo 322 del Decreto 190 de 2004, que compil\u00f3 el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogot\u00e1, D. C., vigente para el momento de los hechos, prev\u00e9 que uno de los objetivos generales de la \u201cnorma urban\u00edstica para usos y tratamientos\u201d es \u201cpropender por un crecimiento ordenado y completo en suelo urbano y de expansi\u00f3n, que supere el desarrollo predio a predio, con una proporci\u00f3n adecuada de zonas verdes recreativas, suelo para equipamientos y \u00e1reas libres por habitante\u201d. A su vez, en el art\u00edculo 338, numeral 3\u00ba, dispone: \u201c\u2026del total de equipamiento comunal privado resultante, deber\u00e1 destinarse el 40% a zonas verdes recreativas, y el 15% para servicios comunales\u2026\u201d. <\/p>\n
Seg\u00fan el informe, el \u00e1rea para zonas verdes recreativas aprobada en la licencia de construcci\u00f3n de 30 de julio de 2014 es de 137,21 m2, donde se incluyen \u201clos antejardines de primer piso y las jardineras de la terraza\u201d; verificado el plano, al sumar las \u201c\u00e1reas verdes en primer piso\u201d y \u201c\u00e1reas verdes en cubierta\u201d, se obtiene el total de 125,99, lo que revela \u201cun d\u00e9ficit entre lo exigido y aprobado\u201d de 11,22 m2. Directamente en la construcci\u00f3n la profesional sum\u00f3 los antejardines y jardineras de la terraza, concluyendo que hab\u00eda un total de \u00e1reas verdes en sitio de 68,32 m2, y evidenciando \u201cun d\u00e9ficit efectivo de zonas verdes recreativas de 68.89 m2\u201d. <\/p>\n
De tal conclusi\u00f3n, lo primero a considerar es que lo realmente aprobado por la Curadur\u00eda Urbana No. 5\u00ba en la modificaci\u00f3n a la licencia LCM LC 13 5 326 de 30 de julio de 2014, fue de 131.17 m25 de zonas recreativas, aunque en el plano respectivo continu\u00f3 apareciendo con 137,21 mt26\u2026 <\/p>\n
Lo segundo, es que al inicio de su an\u00e1lisis enunci\u00f3 las \u00e1reas verdes recreativas, que en el plano de construcci\u00f3n se ubicaron en el primer piso, pero en la sumatoria realizada en el sitio no las incluy\u00f3, sino que se limit\u00f3 a realizar el ejercicio con aquellas ubicadas en la cubierta o terraza, rest\u00e1ndole as\u00ed certeza al dato final obtenido sobre los metros faltantes de zonas verdes por construir o adecuar. En su declaraci\u00f3n se le pregunt\u00f3 si el edificio hab\u00eda cumplido con las \u00e1reas verdes aprobadas, y contest\u00f3: \u201chubo unas \u00e1reas que no fueron construidas\u2026 no se construyeron todas las que estaban en el plano\u201d\u2026 <\/p>\n
Para dilucidar el punto, en segunda instancia se dispuso de nuevos dict\u00e1menes, uno de cada parte. El presentado por la constructora dijo que \u201cno se encuentra que haya d\u00e9ficit alguno\u201d sino un excedente de 1.54 m2. A esa conclusi\u00f3n lleg\u00f3 incluyendo en el c\u00f3mputo de \u00e1reas verdes las \u201czonas de recreaci\u00f3n pasiva con su destinaci\u00f3n\u201d, que son sillas en concreto\u2026, \u00e1rea aleda\u00f1a a las sillas y la de horno microondas, mes\u00f3n y lavaplatos\u2026, pero no explic\u00f3 en qu\u00e9 bas\u00f3 la consideraci\u00f3n de ser tratadas como zonas verdes las \u00e1reas que llam\u00f3 de recreaci\u00f3n pasiva. Lo mismo hab\u00eda referido el representante legal de Construproyectos, en interrogatorio, manifestando que los sitios \u201cadoquinadas\u201d, tambi\u00e9n hac\u00edan parte de las \u00e1reas verdes, pues \u201cen la zona de la cubierta se colocan unos sectores peque\u00f1os con matas y unas zonas duras que corresponden a las zonas recreativas, porque\u2026 la recreaci\u00f3n no necesariamente tiene que ser activa\u2026 hay una recreaci\u00f3n pasiva… poderse sentar en una banca, tomar el sol\u201d. Explic\u00f3 que en la cubierta se dejaron \u201cunos sectores de zonas verdes, unas materitas y unas zonas de recreaci\u00f3n, que l\u00f3gicamente se adoquinaron\u201d\u2026 Sin embargo, esa interpretaci\u00f3n de lo que se entiende por zonas verdes no cuenta con apoyo normativo o t\u00e9cnico que permita deducirlo as\u00ed. <\/p>\n
En contrario, el dictamen de la demandante, sin entrar en las distinciones que propone la demandada, mostr\u00f3 cu\u00e1l es el \u00e1rea verde ejecutada\u2026 <\/p>\n
Entonces, la Sala acoger\u00e1 este dictamen reconociendo un defecto constructivo en las zonas verdes del proyecto para adecuaci\u00f3n de jardineras inconclusas de 13,70 m2 y \u00e1reas faltantes de 24,55m2. <\/p>\n
b) Sala de recepci\u00f3n porter\u00eda o lobby de acceso <\/p>\n
En la zona de recepci\u00f3n, indic\u00f3 el informe, el \u00e1rea aprobada fue de 16,96 m2, pero la construida es de 18,74 m2, con lo que se aument\u00f3 en 1,78 m2; sin embargo, el desacuerdo surgi\u00f3 porque \u201cel dise\u00f1o del plano difiere de lo construido\u201d y que \u201clos copropietarios manifiestan su inconformidad con relaci\u00f3n a la oferta de ventas\u201d\u2026 <\/p>\n
En su declaraci\u00f3n la arquitecta manifest\u00f3 como \u201challazgo\u201d que \u201cen sitio se construyeron unos vol\u00famenes que disminuyen el \u00e1rea \u00fatil de los espacios\u2026 En la sala de recepci\u00f3n se perdieron 1,78\u201d que redundan en \u201cun desmejoramiento en la calidad de los espacios en raz\u00f3n a que la expectativa de amueblamiento ofrecida en los brochures ya no es posible\u201d\u2026 <\/p>\n
En este punto espec\u00edfico lo que se trata de establecer es si el constructor incumpli\u00f3 alguna norma al modificar la distribuci\u00f3n de los muebles que aparecen en el Brochure de la recepci\u00f3n frente a lo aprobado en la licencia de construcci\u00f3n, situaci\u00f3n que, aunque ocurre, no constituye un incumplimiento normativo ni defecto constructivo. Por tanto, ese reparo no prospera. <\/p>\n
c) Sala de reuni\u00f3n o juntas <\/p>\n
El reproche de la demandante surgi\u00f3 por las medidas de sus \u201c\u00e1reas \u00fatiles\u201d, que se obtuvieron en el informe que se analiza; all\u00ed la arquitecta dijo que la aprobada para la sala de reuniones o de juntas fue de 20.20 m2, pero que en las mediciones result\u00f3 de 18.87 m2. Agreg\u00f3 que la verificaci\u00f3n en sitio permiti\u00f3 ver construcciones que hicieron perder en \u201cla sala de juntas 1,33 m2\u201d, con el mismo argumento de \u201cdesmejoramiento en la calidad de los espacios\u201d frente a la \u201cexpectativa de amueblamiento ofrecida en los broshures\u201d\u2026 <\/p>\n
Aunque la profesional atac\u00f3 la disminuci\u00f3n de medidas, afirm\u00f3 tambi\u00e9n que \u201cse presenta[n]\u2026 diferencias entre la oferta de ventas y lo construido. La imagen de ventas presenta una divisi\u00f3n completa de vidrio, un aplique de muro con el logo del edificio y el espacio amoblado. La divisi\u00f3n fue modificada y ni el aplique, ni los muebles fueron suministrados\u201d\u2026 <\/p>\n
Frente al cambio de \u00e1reas, el representante legal de Construproyectos atest\u00f3: \u201cs\u00ed, en efecto\u2026 la curadur\u00eda aprueba \u00e1reas generales y eso lo aprob\u00f3, pero si usted mira la licencia de construcci\u00f3n, que fue protocolizada despu\u00e9s como reglamento de propiedad horizontal, aparece un adendo… de la Curadur\u00eda que indica cuadro de \u00e1reas del Edificio Empresarial La Castellana P.H.; muy claro encontrar\u00e1 que en esa escritura p\u00fablica del 30 de julio del 2014, se indica que la Sala de reuniones tiene un \u00e1rea de 15.49 m2\u201d\u2026 Lo que en efecto encue[n]tra respaldo en ese instrumento, escritura No. 1389, porque uno de los documentos protocolizados, que se encuentra sellado por la Curadur\u00eda Urbana No. 5, es el \u201ccuadro de \u00e1reas\u201d del edificio que \u201cse elabor\u00f3 para la investidura de dicho inmueble al r\u00e9gimen de propiedad horizontal\u201d\u2026, en el que aparece la \u201csala de reuniones\u201d, con esa medida. <\/p>\n
En ese orden de ideas, pierde sustento el reclamo de la demandante, en tanto la modificaci\u00f3n que ocurri\u00f3 en las zonas mencionadas, fue presentada a la Curadur\u00eda, aprobada e incluida as\u00ed en el reglamento de propiedad horizontal. <\/p>\n
d) Disminuci\u00f3n de la escalera costado sur <\/p>\n
\u2026No existe\u2026 problema constructivo ni de normas que fundamente la reclamaci\u00f3n por este dise\u00f1o. <\/p>\n
e) \u00c1reas de bicicleteros: <\/p>\n
El art\u00edculo 358 del Decreto 190 de 2004 dispone que \u201cpara todos los usos, por cada 2 estacionamientos privados o de visitantes se deber\u00e1 prever un cupo para el estacionamiento de bicicletas, cuyas dimensiones ser\u00e1n reglamentadas por el D.A.P.D., los cuales se localizar\u00e1n dentro del \u00e1rea privada garantizando condiciones de seguridad\u201d. El reparo dijo que \u201cseg\u00fan la licencia de construcci\u00f3n, est\u00e1n dispuestos 20 cupos para bicicleteros, sin embargo, solo se encuentran habilitados 7\u201d; en su defensa, el representante legal de la constructora dijo: \u201cla norma del Distrito indica que se debe dejar un \u2018cupo\u2019 para el estacionamiento de bicicletas… es un \u00e1rea… para que se puedan dejar sus bicicletas y, en efecto, ese se dej\u00f3 en el s\u00f3tano uno, frente al costado norte al punto suroriental, cerca de la rampa\u201d\u2026 <\/p>\n
Por su parte, la explicaci\u00f3n de la arquitecta fue la siguiente: \u201cel espacio que yo dejo para bicicletero debe quedar habilitado para la funci\u00f3n\u2026 la norma no es precisa… aqu\u00ed hubo un error con el funcionario que aprob\u00f3 eso as\u00ed y el constructor debi\u00f3 haber subsanado\u2026\u201d\u2026 <\/p>\n
Entonces, el concepto de la experta se bas\u00f3 en su propia interpretaci\u00f3n y en la consideraci\u00f3n de haberse equivocado el funcionario que aprob\u00f3 la licencia, lo que no es una prueba t\u00e9cnica. Del informe no se puede concluir que el espacio previsto por el constructor no sea funcional, o insuficiente para acomodar o instalar los 13 bicicleteros restantes. Para dilucidar el punto, se orden\u00f3 otra prueba pericial en esta instancia. Los expertos de cada parte llegaron a conclusiones opuestas. El arquitecto Boh\u00f3rquez tra\u00eddo por la parte actora, conceptu\u00f3 que \u201cla ubicaci\u00f3n propuesta en el proyecto\u2026 no es la mejor\u201d. La arquitecta Ballesteros, que \u201cla localizaci\u00f3n dispuesta es adecuada para su uso funcional, toda vez que el radio de giro de la rampa cumple con la norma\u201d\u2026 <\/p>\n
Entonces, en la forma planeada por el constructor el espacio de circulaci\u00f3n vehicular y el de estacionamiento horizontal para bicicletas se sobreponen de modo que el segundo reduce las posibilidades de maniobrar un automotor en la curva que debe realizar para circular de un s\u00f3tano a otro, bien para ingresar o salir de la rampa que los comunica. Y aunque ninguno de los expertos realiz\u00f3 labores encaminadas a mostrar con medidas el grado de dificultad para la circulaci\u00f3n vehicular que ocasionar\u00eda la adecuaci\u00f3n de los bicicleteros en dicho lugar, para la Sala la misma experticia de la demandada demuestra que el radio de giro de un veh\u00edculo quedar\u00eda reducido 3.5 metros de ancho, medida reflejada en el plano que aport\u00f3 la perito Ballesteros\u2026, infringiendo as\u00ed la norma mencionada y es, en realidad, la raz\u00f3n principal para que la Copropiedad no haya instalado en ese lugar los aparatos destinados a parquear bicicletas de forma vertical. Por tanto, se acceder\u00e1 a ese reclamo sin que la discusi\u00f3n de este punto pueda extenderse a los 7 que fueron instalados en otro lugar del s\u00f3tano 2, como lo propone el perito Boh\u00f3rquez, pues ese tema no fue ni siquiera planteado en la demanda. <\/p>\n
f) Supresi\u00f3n del \u00e1rea del parqueadero 30 <\/p>\n
Seg\u00fan el informe de la arquitecta Baquero, corresponde a la obstaculizaci\u00f3n para la circulaci\u00f3n de personas con movilidad reducida al ascensor en el s\u00f3tano 1 por el parqueadero que est\u00e1 localizado all\u00ed y porque \u201cno hay rampa para salvar la altura desde el nivel del parqueadero al and\u00e9n y adicionalmente porque el ancho del and\u00e9n No tiene los 90 cms. m\u00ednimos exigidos por la norma\u201d. El Decreto 1538 de 2005\u2026, en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 12, contiene las \u201cCaracter\u00edsticas de los estacionamientos para personas con movilidad reducida\u201d y prev\u00e9: \u201c2. Las diferencias de nivel existentes entre los puestos de estacionamiento accesibles y los senderos o rutas peatonales, ser\u00e1n resueltas mediante la construcci\u00f3n de vados o rampas, a fin de facilitar la circulaci\u00f3n aut\u00f3noma de las personas con movilidad reducida\u201d\u2026 <\/p>\n
Seg\u00fan el plano el ascensor que llega al s\u00f3tano 1 cuenta con un \u00e1rea peatonal con una salida, como zona libre, directamente al frente de la plataforma de dep\u00f3sitos y veh\u00edculos, otra, hacia un costado donde aparece una demarcaci\u00f3n para parqueadero 27 y el dep\u00f3sito No. 1, pero que est\u00e1n se\u00f1alizadas, ahora, con los n\u00fameros 29 y 30 para uso de parqueadero seg\u00fan grafic\u00f3 el perito Boh\u00f3rquez\u2026 <\/p>\n
La misma disposici\u00f3n normativa, en el numeral 1\u00ba de su art\u00edculo 9\u00ba, se\u00f1ala: \u201cAl menos uno de los accesos al interior de la edificaci\u00f3n, debe ser construido de tal forma que permita el ingreso de personas con alg\u00fan tipo de movilidad reducida y deber\u00e1 contar con un ancho m\u00ednimo que garantice la libre circulaci\u00f3n de una persona en silla de ruedas\u201d. En este punto, la Sala encuentra probado que hubo un incumplimiento normativo porque la obstrucci\u00f3n e[s] evidente. <\/p>\n
g) Reducci\u00f3n zona de acceso movilidad limitada <\/p>\n
Se trata del mismo reparo anterior, pero por la situaci\u00f3n similar que se presenta en el s\u00f3tano 2 para el acceso de personas con limitaciones de movilidad al ascensor\u2026 <\/p>\n
En el plano la demarcaci\u00f3n es para garaje 37 y el dep\u00f3sito No. 11, pero ahora lo est\u00e1n con los n\u00fameros 46 y 47 para uso de parqueadero\u2026 <\/p>\n
Entonces, la conclusi\u00f3n ser\u00e1 la misma: que hubo incumplimiento de la norma. <\/p>\n
h) Ausencia montacargas piso 6 – terraza <\/p>\n
Este punto fue planteado de manera diferente en el informe de la arquitecta Baquero diciendo que corresponde a \u201caccesibilidad a los servicios comunales\u201d\u2026: \u201cEl acceso a la terraza se hace a trav\u00e9s del ascensor hasta el 6 piso y del 6 a la terraza por medio de una escalera por lo cual NO CUMPLE\u201d; agreg\u00f3, en sus conclusiones y recomendaciones, que entre los incumplimientos es el \u201cm\u00e1s notorio la accesibilidad a la zona de la cubierta que en la pr\u00e1ctica forma parte de los equipamientos y por lo tanto debe ser accesibles a todos\u201d\u2026 El perito Rivera, en el aval\u00fao que se aport\u00f3 con la demanda, lo justific\u00f3 en la norma t\u00e9cnica NSR 10 Cap\u00edtulo K.3.2.7. \u201cSistemas de evacuaci\u00f3n para discapacitados\u201d\u2026 <\/p>\n
En el debate de la primera instancia la arquitecta Baquero dijo en audiencia que \u201cel sitio de la cubierta se est\u00e1 usando como terraza\u2026 entregada como equipamiento, o sea, en la pr\u00e1ctica lo que hay es una terraza\u2026 es normal que cualquier persona deba subir a la terraza\u201d\u2026 Por tanto, no es un equipo de carga sino para permitir el acceso de las personas a la terraza, m\u00e1s concebido para las que tienen movilidad limitada, pues las dem\u00e1s pueden llegar usando cualquiera de los dos n\u00facleos de escaleras. Y por concernir con un tema de orden legal, accesibilidad de personas en situaci\u00f3n de discapacidad (ley 361 de 1997), eliminaci\u00f3n de barreras f\u00edsicas o arquitect\u00f3nicas (Decreto 1538 de 2005, art\u00edculo 2), similar al de la obstrucci\u00f3n de los dep\u00f3sitos 1 y 11 al hall del ascensor en los s\u00f3tanos de parqueaderos, en las pruebas de segunda instancia se le pregunt\u00f3 a la arquitecta y dijo que \u201cLa terraza fue aprobada como un equipamiento y eso implica que deber\u00eda garantizarse el acceso a personas con movilidad reducida, a cualquier persona, que no fuera discriminatorio. Cuando se hizo la revisi\u00f3n, simplemente se encontr\u00f3 que no hab\u00eda una soluci\u00f3n para accesibilidad\u2026 que puede ser un ascensor\u2026 un salva escalera o, como lo propone el perito, un montacarga que hiciera las veces\u201d\u2026 <\/p>\n
Entonces, se trata de un incumplimiento normativo y para determinar c\u00f3mo superar esta situaci\u00f3n en la misma audiencia se orden\u00f3 un peritaje que determinara cu\u00e1l era la soluci\u00f3n m\u00e1s factible y adecuada para lograr que las personas con limitaciones de movilidad puedan acceder desde el sexto piso a la cubierta o terraza y cu\u00e1l es el costo de instalaci\u00f3n. El perito Boh\u00f3rquez dijo que era \u201caumentar una parada m\u00e1s al actual ascensor\u201d y la arquitecta Ballesteros que la \u201coruga salvaescaleras es el m\u00e1s factible y adecuado\u201d. Cuando se pregunt\u00f3 por la posibilidad de modificar el ascensor la segunda dijo que podr\u00eda tener dificultades estructurales y de cargas en la placa que forma la terraza que el primero no supo justificar porque no hizo ese tipo de an\u00e1lisis\u2026 Por tanto, se tomar\u00e1 como soluci\u00f3n la oruga salvaescaleras, que tambi\u00e9n fue considerada por el perito de la demandante. <\/p>\n
i) Ausencia de ventilaci\u00f3n y reventilaci\u00f3n <\/p>\n
La reclamaci\u00f3n planteada en el informe dice que \u201clos n\u00facleos de ba\u00f1os en cada piso tienen como sistema de ventilaci\u00f3n ductos, que en principio deber\u00edan salir a la cubierta\u201d y se trataba de pedir a la constructora que informara \u201ccu\u00e1l es la salida\u2026 a la cubierta\u201d\u2026 Sobre la falla mencionada no existe en el expediente prueba de la ausencia de ductos ni d\u00f3nde se interrumpe su recorrido para llegar a la cubierta. En este estado probatorio nada puede reconocerse como defecto constructivo o incumplimiento normativo. <\/p>\n
j) El parqueadero 34 y el cuarto de planta de emergencia <\/p>\n
Afirm\u00f3 la parte demandante que por su ubicaci\u00f3n el parqueadero 34 genera servidumbre de paso\u2026 <\/p>\n
Sobre el punto la arquitecta Baquero, en la audiencia del 11 de junio de 2021, manifest\u00f3 que \u201chaciendo la prueba del sistema contraincendios\u2026 porque el sistema funciona con la planta de emergencia y cuando fuimos a entrar hab\u00eda un obst\u00e1culo porque ese parqueadero, ese sitio, estaba ocupado\u201d\u2026 Adicion\u00f3 que \u201cse puede ver claramente que no hay dep\u00f3sitos[,] son dos parqueaderos, que en este caso corresponden al n\u00famero 34 y n\u00famero 32\u201d\u2026 <\/p>\n
La juez le pregunt\u00f3 qui\u00e9n realiz\u00f3 la modificaci\u00f3n de dep\u00f3sito a parqueadero y se\u00f1al\u00f3 que \u201cEsa zona es com\u00fan de uso exclusivo\u2026 que se asign\u00f3 espec\u00edficamente a un propietario… Por el relato que hac\u00edan algunos propietarios en mesas de trabajo\u2026 haber escriturado el espacio como dep\u00f3sito en la pr\u00e1ctica lo usan como parqueadero. Eso es una ambig\u00fcedad, pero lo que prima es lo que est\u00e1 en los planos\u201d\u2026 Y dijo que \u201chasta el momento que llegamos la copropiedad no hab\u00eda tocado nada de las zonas comunes\u2026 cuando nosotros llegamos, que es lo que nos consta, ya estaba en esas condiciones\u2026 Adem\u00e1s, los copropietarios nos comunicaron eso, que les hab\u00edan hecho las escrituras como dep\u00f3sito, pero que tambi\u00e9n, al tiempo, hab\u00edan recibido parqueaderos\u201d\u2026 <\/p>\n
El reglamento de propiedad horizontal, en su art\u00edculo 41, entre las prohibiciones generales a los propietarios y usuarios, proscribe \u201cObstruir la puerta, pasillos, escaleras, hall andenes, zonas de circulaci\u00f3n y dem\u00e1s sitios que sirvan para la locomoci\u00f3n\u201d\u2026 Por tanto, como la ubicaci\u00f3n prevista por el constructor para el dep\u00f3sito 5, con posibilidad de uso como parqueadero, obstruye la puerta de acceso a la planta el\u00e9ctrica, como se aleg\u00f3, se conceder\u00e1 ese resarcimiento. <\/p>\n
k) Modificaci\u00f3n al Reglamento de Propiedad Horizontal <\/p>\n
La demanda apoya esta pretensi\u00f3n diciendo que \u201ccon base en los da\u00f1os anteriores se requiere la modificaci\u00f3n del Reglamento de Propiedad Horizontal y coeficiente de copropiedad por el cambio de 12 dep\u00f3sitos por parqueaderos\u201d\u2026 <\/p>\n
En las conclusiones y recomendaciones afirm\u00f3 que el \u201ccambio de uso de 12 dep\u00f3sitos a estacionamientos a nuestro criterio es el m\u00e1s grave ya que tiene connotaciones de orden jur\u00eddico, tanto para los actuales propietarios, como para los vendedores, que en este caso es la Constructora, por lo cual aqu\u00ed la \u00fanica recomendaci\u00f3n de la interventor\u00eda es entrar a sanear de manera inmediata, este error\u201d\u2026 <\/p>\n
Seg\u00fan el reglamento de Propiedad Horizontal, escritura 1389 del 20 de noviembre de 2014, estos son espacios que hacen parte de los bienes comunes, pero de uso exclusivo. A continuaci\u00f3n, refiri\u00e9ndose a las \u00e1reas privadas, comunes y comunes de uso exclusivo, el art\u00edculo 16 consagr\u00f3, en uno de sus apartes: \u201cse entienden tambi\u00e9n como \u00e1reas comunes de uso exclusivo, aquellas que expresamente se conceden a los propietarios en la determinaci\u00f3n de las unidades privadas tales como las demarcadas en los planos de propiedad horizontal como dep\u00f3sitos y su espacio adyacente a efecto de que puedan ser utilizadas excluyentemente a favor del propietario a quien le son asignadas, como estacionamiento de veh\u00edculos automotores\u201d\u2026 <\/p>\n
Los dep\u00f3sitos quedaron previstos en el documento \u201ccuadro de \u00e1reas\u201d del edificio que \u201cse elabor\u00f3 para la investidura de dicho inmueble al r\u00e9gimen de propiedad horizontal\u201d, adjunto a la licencia, y solo fueron mencionados en el reglamento como de doble uso (art. 16). Ahora bien, si el destino que puede darse ha sido determinado por el propietario a quien se le asign\u00f3 \u201cel dep\u00f3sito y su espacio adyacente\u201d, autorizado por el reglamento, no se puede concluir que el reglamento tiene un \u2018error\u2019 ni que la responsabilidad sea del constructor. Por eso la reclamaci\u00f3n solo tiene respaldo respecto de los dep\u00f3sitos 1 y 5 del s\u00f3tano uno y 11 del s\u00f3tano dos -usados como parqueadero-, por las razones que quedaron analizadas en los literales f), g) y j). Los nueve restantes mencionados en la demanda y el informe -numerados, 2, 3, 4, 9, 10, en el s\u00f3tano uno y los 12, 13, 14 y 15 en el s\u00f3tano dos- no adolecen del mismo vicio de ubicaci\u00f3n que se detect\u00f3 en los tres inicialmente mencionados o, por lo menos, no se aport\u00f3 prueba en ese sentido. Tampoco se prob\u00f3 que la modificaci\u00f3n al reglamento genere un costo cierto o determinado para la copropiedad como el que tas\u00f3 el perito Rivera por esa reclamaci\u00f3n, lo que da lugar a negar esa pretensi\u00f3n. <\/p>\n
l) Obst\u00e1culo a la libre circulaci\u00f3n peatonal. Parqueadero 1 <\/p>\n
La queja se esboz\u00f3 en el informe diciendo que el \u201cestacionamiento No. 1 (en planos dep\u00f3sito 1) obstaculiza la libre circulaci\u00f3n\u2026 impide que exista la ruta de libre acceso a peatones con movilidad reducida\u201d y propone anularlo para \u201cgenerar paso de circulaci\u00f3n a norma para movilidad reducida\u201d\u2026 En planos el Dep\u00f3sito 1 queda contra el hall del ascensor del s\u00f3tano 1 y, por tanto, es el mismo punto tratado en el literal f). <\/p>\n
m) Obst\u00e1culo a la libre circulaci\u00f3n peatonal. Parqueadero 32 <\/p>\n
El informe de la arquitecta Baquero denuncia esta inconformidad diciendo: \u201cAs\u00ed mismo a nivel de s\u00f3tano 2 el parqueadero N. 32 (En planos Dep\u00f3sito N. 11) impide la libre circulaci\u00f3n de peatones hacia el \u00e1rea del ascensor lo cual en el evento de una emergencia puede ocasionar dificultades en la evacuaci\u00f3n\u201d… Luego, otra vez, se trata del mismo caso planteado por la reducci\u00f3n de la zona de acceso tratado en el literal g). <\/p>\n
Despu\u00e9s, de cara al \u00abda\u00f1o reclamado y probado\u00bb, indic\u00f3 que el demandante deprec\u00f3 \u00abla responsabilidad por los defectos constructivos pero el da\u00f1o cuya reparaci\u00f3n pretende lo denomin\u00f3 ecol\u00f3gico\u00bb, de donde, sostuvo, \u00abel tema se reduce a establecer la responsabilidad por este tipo de lesi\u00f3n a un bien jur\u00eddicamente protegido, como lo es el medio natural\u00bb. <\/p>\n
Luego, tras acudir a pronunciamiento del Consejo de Estado de cara a precisar \u00abla diferencia conceptual entre el da\u00f1o ambiental y el ecol\u00f3gico\u00bb (CE SCA, Secci\u00f3n Tercera, Subsecci\u00f3n C, 22 nov. 2017, rad. 53.000), se\u00f1al\u00f3 que no pod\u00eda \u00abdesconocer la funci\u00f3n social y ecol\u00f3gica de la propiedad privada, como lo puso de presente el perito Rivera, pero para que se consolide el da\u00f1o reclamado debe probarse que se han generado efectos nocivos para el equilibrio ecol\u00f3gico o la estabilidad ambiental, estar frente a actos u omisiones capaces de afectar el estado natural y potencial de un sistema ecol\u00f3gico, de un entorno, o medio ambiente, y que por ello se produzca la destrucci\u00f3n, alteraci\u00f3n o degradaci\u00f3n de un h\u00e1bitat\u00bb; pero que nada de ello se demostr\u00f3 all\u00ed, en tanto que se estaba en presencia de \u00abuna afectaci\u00f3n circunscrita a los habitantes, usuarios o visitantes de un inmueble de propiedad privada por incumplimientos normativos relacionados con el equipamiento comunal del edificio, sin potencialidad real de producir una afectaci\u00f3n medio ambiental que califique dentro del concepto de da\u00f1o ecol\u00f3gico. Y si ese alcance no lo tienen los incumplimientos alegados, menos podr\u00eda afirmarse que logra repercutir en la salud o la vida de las personas que puedan frecuentar la edificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, a regl\u00f3n seguido, resalt\u00f3 que el da\u00f1o era otro, \u00ab[e]l derivado de incumplimiento de normas que imponen obligaciones a quienes ejercitan la actividad de construcci\u00f3n\u00bb, destacando que \u00ab[e]l Decreto distrital 419 de 2008, reemplazado luego por el 572 de 2015, regulando las funciones asignadas a la Subsecretar\u00eda de Inspecci\u00f3n, Vigilancia y Control de Vivienda de la Secretar\u00eda Distrital del H\u00e1bitat, introdujeron las definiciones de \u201cdeficiencias constructivas\u201d y \u201cdesmejoramiento de las especificaciones t\u00e9cnicas\u201d (art.2), como las invocadas en la demanda, tanto si se presentan \u201cen bienes privados o de dominio particular como de bienes comunes\u201d (art. 14), y que pueden dar lugar ejecutar reparaciones, en tr\u00e1mite de mediaci\u00f3n siempre y cuando su reparaci\u00f3n sea t\u00e9cnicamente viable (arts. 8 y 11), a sanciones econ\u00f3micas (art. 15), o a imposici\u00f3n de \u00f3rdenes u obligaciones no dinerarias (art. 16). As\u00ed mismo, como se mencion\u00f3 en la Resoluci\u00f3n 399 del 14 de agosto de 2015 que aport\u00f3 la demandada, son aplicables el Cap\u00edtulo 5 \u201csanciones urban\u00edsticas\u201d del Decreto 1052 de 1998 en concordancia con la Ley 388 de 1997, Cap\u00edtulo XI, art\u00edculos 104 y 105\u00bb. <\/p>\n
Lo cual, consign\u00f3, \u00abreduce la pretensi\u00f3n de la copropiedad demandante al no haber probado todos lo[s] defectos, errores y deficiencias en el proceso constructivo que reclam\u00f3 y, de paso, que resulte parcialmente admisible el medio defensivo que sobre ellos propuso la demandada, sin que ello comporte darle la raz\u00f3n al estudio del ingeniero Bernardo A. Socha, quien no encontr\u00f3 ninguna \u201cpatolog\u00eda de la construcci\u00f3n\u201d, puesto que el enfoque de su trabajo fue la detecci\u00f3n de fallas estructurales, problema al que se encamin\u00f3 el juicio\u00bb. <\/p>\n
Con apoyo en todas esas disquisiciones, con miras a definir el alcance de la condena a imponer, concluyentemente consider\u00f3: <\/p>\n
Entonces, est\u00e1n probados algunos de los incumplimientos normativos por los que se demand\u00f3 al constructor frente a los copropietarios reclamantes y el coste para subsanarlos, quedando en una situaci\u00f3n abiertamente sancionable que lo lleva a asumir las consecuencias derivadas del no acatamiento de normas urban\u00edsticas o constructivas, importe econ\u00f3mico que no debe pesar sobre los copropietarios. En consecuencia, corresponde a la Sala estimar su monto. <\/p>\n
a) Para dotar el inmueble de las zonas verdes en terraza ofrecidas, el perito consider\u00f3 dos facetas: una adecuaci\u00f3n de las jardineras inconclusas y otra la implantaci\u00f3n de las \u00e1reas verdes faltantes. Cada una las estim\u00f3 por los costos de material m\u00e1s la administraci\u00f3n, imprevistos y utilidad (AUI) en $1\u2019195.517 y $2\u2019873.506, respectivamente. Total $4\u2019070.023. <\/p>\n
b) Con independencia del uso que se haya dado a los espacios, pues el reglamento lo permite, las \u00e1reas demarcadas como dep\u00f3sito 1 y 5 en el primer s\u00f3tano y dep\u00f3sito 11 en el segundo, no debieron quedar en la locaci\u00f3n prevista en planos porque, en dos casos, obstaculizan acceso y movilidad a personas en condiciones de discapacidad y, en otro, al cuarto el\u00e9ctrico de emergencia. Ahora bien, la reparaci\u00f3n a la copropiedad no se har\u00e1 considerando el \u00e1rea asignada a parqueaderos por el constructor (10.08 o 10.35 metros cuadrados, seg\u00fan planos), pues la afectaci\u00f3n recae en tres dep\u00f3sitos que en planos no tienen determinada su \u00e1rea. Para su estimaci\u00f3n se acoger\u00e1 el dictamen de la arquitecta Ballesteros, quien explic\u00f3 c\u00f3mo a partir del m\u00e9todo comparativo de mercado era posible asignar a un parqueadero de uso com\u00fan el valor de $21\u2019060.000, y c\u00f3mo, acudiendo al derecho que se asigna por la Ley 675 de 2001 al propietario que goza de la \u201cprebenda\u201d de uso exclusivo, se \u201cpuede cuantificar\u2026 un incremento del del 15%\u201d a los parqueaderos con esa caracter\u00edstica ($24\u2019219.000); a su vez, que el par\u00e1metro para valorar el garaje de uso privado \u201ctendr\u00e1 un mayor valor\u201d por contar con \u201cmatr\u00edcula inmobiliaria independiente\u201d, permitiendo al propietario \u201crealizar negociaciones\u201d (27\u2019378.000). Y si los tres dep\u00f3sitos, usados como estacionamientos, son bienes de uso exclusivo asociados a unidades de dominio probado, se atender\u00e1 la valuaci\u00f3n de la experta Ballesteros para los parqueaderos con esa categor\u00eda, pero considerada el \u00e1rea m\u00ednima se\u00f1alada en la norma -9.9 metros cuadrados- (art\u00edculo 4 del Decreto distrital 1108 de 2000), es decir, $24\u2019219.000 por cada uno. Total $72\u2019657.000. <\/p>\n
No hay que perder de vista que la demanda promovida cont\u00f3 con el benepl\u00e1cito de los copropietarios, como lo reconoci\u00f3 el administrador en su interrogatorio y que, al solicitar la indemnizaci\u00f3n por los incumplimientos normativos, no est\u00e1n reclamando a la constructora la adecuaci\u00f3n o modificaciones sino la \u201ccompensaci\u00f3n\u201d. Luego, le corresponder\u00e1 a la Copropiedad acordar con los propietarios lo que corresponda a cada uno de ellos para solucionar las afectaciones a sus derechos particulares, asunto que no compete a la jurisdicci\u00f3n, en la forma que se plante\u00f3 la demanda. <\/p>\n
c) Ahora bien, siendo una situaci\u00f3n innegable la falta de 13 cupos o espacios para bicicleteros en sentido vertical y que seg\u00fan qued\u00f3 explicado por los peritos en la audiencia del 30 de agosto, cada bicicleta necesita un espacio de 0.75 m2 y el metro se estim\u00f3 en un valor distinto por cada uno, pero que apenas difiere en $455 425, la Sala tomar\u00e1 el valor medio, lo multiplicar\u00e1 primero por la fracci\u00f3n de metro necesario por cada bicicleta y luego por el n\u00famero de cupos reclamados: <\/p>\n
$2.354.985 \u2217 0.75 \u2217 13 = $22.961.109 <\/p>\n
La indemnizaci\u00f3n no incluye el equipo o aparato para colocaci\u00f3n de las bicicletas, porque lo que se est\u00e1 reconociendo es la compensaci\u00f3n por el cupo donde el constructor no asumi\u00f3 el costo del elemento a utilizar. <\/p>\n
d) Por el sistema oruga salva escaleras cada perito present\u00f3 un valor. La demandante de $29\u2019155.000, adjuntando la cotizaci\u00f3n de GRAM en la que dice: \u201cLa oruga de movilidad asistida es un elevador m\u00f3vil \u00fanico y muy econ\u00f3mico. Representa una alternativa favorable a salva escaleras con plataforma. Gente en silla de ruedas est\u00e1 capacitada para bajar y subir escaleras rectas en su propia silla de ruedas sin ayuda de un asistente\u201d (se destaca). La arquitecta valor\u00f3 un equipo oruga en $14\u2019784.050, sin cotizaci\u00f3n adjunta, pero haciendo referencia a uno que se encuentra en LOCATEL, ofrecido como ORUGA ANTANO SALVAESCALERA Referencia: LG2004 Registro Sanitario: 2016DM-0015178. La Sala atender\u00e1 el valor presentado por el arquitecto Boh\u00f3rquez dado que justific\u00f3 su costo con la prueba pertinente. <\/p>\n
e) En relaci\u00f3n con la ejecuci\u00f3n de la obra para las rampas de acceso de la plataforma de estacionamiento al hall del ascensor en los s\u00f3tanos 1 y 2, se escoger\u00e1 el valor dado por el arquitecto Boh\u00f3rquez, quien explic\u00f3 que \u201cse necesitan salvar 9 cent\u00edmetros, pero para que se garantice que no se va a rodar la silla, el largo de 3.20 y el ancho de 1.20 con una pendiente solamente del 3%\u201d, por ser la que brinda mayor facilidad y comodidad para la persona con limitaciones frente a la obra propuesta por la arquitecta Ballesteros. <\/p>\n
Por lo anterior, la llamada excepci\u00f3n de improcedencia de perjuicios por estricto cumplimiento, basada en la aprobaci\u00f3n de la licencia por la curadur\u00eda y el cierre de la investigaci\u00f3n que adelant\u00f3 la Alcald\u00eda Local de Barrios Unidos (Resoluci\u00f3n 0399 del 14 de agosto de 2015), resultar\u00e1 impr\u00f3spera frente a la estimaci\u00f3n del perjuicio que se ha hecho. <\/p>\n
2.3. As\u00ed las cosas, la Corte concluye que los argumentos atr\u00e1s trascritos no lucen antojadizos, caprichosos o subjetivos, con independencia de que se compartan, siendo suficientes para justificar el decreto de pruebas de oficio y revocar el veredicto del a-quo, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la quejosa no es m\u00e1s que una mera diferencia de criterio acerca de la manera como, contrario a sus alegaciones, el Tribunal acusado, con apoyo en el an\u00e1lisis conjunto de las pruebas recaudadas, bajo el tamiz de la sana cr\u00edtica, y la interpretaci\u00f3n de las normas y la jurisprudencia que hall\u00f3 aplicables al caso, dilucid\u00f3, de cara a la naturaleza de la acci\u00f3n, se itera, que, \u00ab[c]omo las obligaciones pueden surgir de una convenci\u00f3n, de la mera voluntad de quien se obliga, del hecho que ha inferido injuria o \u201cpor disposici\u00f3n de la ley\u201d (art. 1494 del C.C.), \u2026la demandante reclam\u00f3, en concreto, da\u00f1os derivados de defectos o deficiencias en las zonas comunes de un edificio calificados como incumplimientos a normas constructivas, lo que no quiere decir, en estricto sentido, que se trate de una responsabilidad extracontractual, por lo cual el an\u00e1lisis se centrar\u00e1 en la \u00faltima fuente obligacional enunciada\u00bb; y en punto a la declaratoria de responsabilidad, adecuadamente observ\u00f3 que la prueba pericial arrimada con la demanda (que dentro de sus soportes incluy\u00f3 la interventor\u00eda en la que particip\u00f3 la arquitecta que luego fue citada a audiencia ante el ad-quem), junto con las probanzas decretadas de oficio en segundo grado -para lo cual estaba facultado el sentenciador de acuerdo a los precedentes de esta Corte-, daban certeza sobre la existencia del perjuicio y su cuantificaci\u00f3n; en cuyo caso, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juez de tutela] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Las anteriores razones imponen el despacho adverso del resguardo implorado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, deniega la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y, de no impugnarse este veredicto, oportunamente rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC2530-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC2530-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00903-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Construproyectos Line S.A.S. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71864","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71864","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71864"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71864\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71864"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71864"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71864"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}