STC2534-2023<\/p>\n
<\/p>\n
F <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2534-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n 17001-22-13-000-2023-00015-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos destinados a proteger la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en providencia paralela a esta los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, se dirime la impugnaci\u00f3n que promovi\u00f3 Carlos Arturo Mora Moscoso contra el fallo emitido el 6 de febrero de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales, en la acci\u00f3n de tutela que el recurrente instaur\u00f3 contra el Juzgado 1\u00ba de Familia de la misma ciudad, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso de disminuci\u00f3n de cuota alimentaria No.2022-00380-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor pretende que se ordene al Juzgado accionado que modifique la sentencia emitida en el proceso en comento con el fin que se valoren los medios probatorios que dan cuenta de las obligaciones econ\u00f3micas que tiene a su cargo (30 noviembre 2022). Subsidiariamente solicit\u00f3 que se declare la nulidad de lo actuado. <\/p>\n
Como soporte de su pedimento adujo que en un proceso de investigaci\u00f3n de la paternidad le fue asignada una cuota alimentaria provisional del 20% del salario; sin embargo, a su juicio, en dicho proceso no se tuvieron en cuenta las obligaciones que ten\u00eda a su cargo, por lo que present\u00f3 demanda de disminuci\u00f3n de cuota alimentaria, asunto que le correspondi\u00f3 al Juzgado 1\u00ba de Familia de Manizales, autoridad que profiri\u00f3 sentencia en la que accedi\u00f3 a la pretensi\u00f3n de disminuci\u00f3n de cuota alimentaria (30 noviembre 2022). <\/p>\n
A juicio del censor, en la mencionada providencia, le fueron impuestas cargas econ\u00f3micas abiertamente contrarias a lo pretendido, habida cuenta que la suma impuesta del 15% de todo el salario y dem\u00e1s emolumentos, es superior a la que se asum\u00eda con anterioridad que era \u00fanicamente respecto a su asignaci\u00f3n salarial mensual, lo cual le genera un perjuicio irremediable, toda vez que tiene otras obligaciones a su cargo. <\/p>\n
2. El Juzgado 1\u00ba de Familia de Manizales sostuvo que en el tr\u00e1mite del proceso no se present\u00f3 vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del accionante. Defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n y destac\u00f3 que la sentencia proferida en el proceso en cuesti\u00f3n estuvo fundada en el art\u00edculo 130 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda Judicial de Familia adujo que en el tr\u00e1mite del proceso no evidenci\u00f3 ninguna vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, por el contrario, la decisi\u00f3n estuvo soportada en las previsiones del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia. Se\u00f1al\u00f3 tambi\u00e9n que de existir variaci\u00f3n de las condiciones econ\u00f3micas del alimentante o las necesidades del alimentario, el gestor podr\u00e1 solicitar la modificaci\u00f3n de la cuota asignada. <\/p>\n
Jimena Carolina Bar\u00f3n Vanegas se opuso a la prosperidad del amparo, efecto para el cual adujo que no est\u00e1 satisfecho el requisito de inmediatez de la acci\u00f3n, que est\u00e1 configurada la temeridad y mala fe por parte del abogado del accionante. <\/p>\n
3. La primera instancia deneg\u00f3 el amparo por considerar que la providencia objeto de censura es razonable. <\/p>\n
4. El accionante impugn\u00f3. Para tal fin adujo que la sentencia emitida en el proceso en comento no se adec\u00faa a las disposiciones constitucionales previstas en el inciso 6\u00ba del art\u00edculo 42 de la Constituci\u00f3n Nacional toda vez que se les da un tratamiento diferente a sus hijos, pues la disminuci\u00f3n en su ingreso afecta directamente las condiciones de vida de sus dem\u00e1s hijas. Tambi\u00e9n adujo que se desconocieron los principios m\u00ednimos de razonabilidad jur\u00eddica establecidos en la sentencia T-073 de 2015. Destac\u00f3 que invoca la protecci\u00f3n constitucional para frenar los efectos de una decisi\u00f3n contraria a los derechos de todos sus hijos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El veredicto impugnado ser\u00e1 ratificado habida cuenta que la decisi\u00f3n objeto de censura es razonable. <\/p>\n
Revisadas las diligencias encuentra la Sala que, para emitir sentencia en el proceso en comento, el Juzgado accionado s\u00ed valor\u00f3 cada una de las circunstancias alegadas y probadas por el actor, lo que le permiti\u00f3 establecer cu\u00e1les son las necesidades del alimentado y qu\u00e9 capacidad econ\u00f3mica tiene el alimentante. Lo anterior le permiti\u00f3 establecer que aunque el aqu\u00ed actor aleg\u00f3 que tiene salario de $3\u2019686.764,oo, en realidad sus ingresos ascienden a $6.000.000, adem\u00e1s, que tiene obligaciones alimentarias con 3 menores m\u00e1s y que su actual compa\u00f1era sentimental no depende econ\u00f3micamente de \u00e9l; sobre la necesidad de alimentos del hijo del actor la autoridad judicial hall\u00f3 que, adem\u00e1s de los gastos propios para su subsistencia, el menor padeci\u00f3 COVID-19 lo que le ha generado dificultades de salud que han llevado a su progenitora a asumir gastos adicionales en medicamentos y especialistas particulares. Sobre lo probado en el expediente, el Juzgado precis\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) adem\u00e1s de las obligaciones que tiene con el ni\u00f1o Adri\u00e1n Luciano Mora Bar\u00f3n, tiene 3 m\u00e1s con las ni\u00f1as Mar\u00eda Jos\u00e9 Mora de 10 a\u00f1os, Isabella Mora Mayorga y Luciana Mora Mayorga de 6 a\u00f1os ambas, as\u00ed como qued\u00f3 establecido que su salario asciende a la suma de $6.000.000 de los cuales debe asumir otras obligaciones de car\u00e1cter financiero. El demandante tiene una familia constituida con la se\u00f1ora Laura Constanza Mayorga Mora de quien no se prob\u00f3 su dependencia econ\u00f3mica, sino que qued\u00f3 acreditado documentalmente que ostenta bienes de valor como son inmuebles a su nombre, as\u00ed como que labora en ocasiones en la universidad, de manera virtual, por lo que incluso aparece como cotizante en el Sistema de Seguridad Social en Salud. Que el se\u00f1or demandante no percibe un salario mensual en los t\u00e9rminos en que present\u00f3 la demanda en un valor de $3\u2019686.474, sino por un valor de $6\u2019000.000 mensuales, adicional a que es propietario de un bien inmueble en el municipio de San Jos\u00e9 del Guaviare (\u2026). <\/p>\n
En este punto la autoridad judicial tambi\u00e9n destac\u00f3 los quebrantos de salud que ha sufrido el menor y los gastos adicionales en que ha incurrido la madre por tales circunstancias. <\/p>\n
A partir de lo anterior, concluy\u00f3: <\/p>\n
Analizadas las circunstancias anteriores deber\u00e1 resolverse el problema jur\u00eddico planteado, a la luz del art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia, pues se constituye como presupuesto exigido, para la revisi\u00f3n de la cuota alimentaria, concretamente en consideraci\u00f3n de que al demandado le asisten otras tres obligaciones alimentarias de igual importancia que la del menor aqu\u00ed demandado, las cuales es evidente que no se tuvieron en cuenta en la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Duitama ,en el proceso de investigaci\u00f3n de paternidad, seguido en contra del se\u00f1or Mora Moscoso, por lo que se hace necesario efectivamente modificar el porcentaje salarial del 20% al que fue conferido, reconocer al demandado en aras de lograr, el equilibrio de la distribuci\u00f3n de los ingresos, en la totalidad de los menores consangu\u00edneos, en consecuencia se juzga como apropiado, pasar de una obligaci\u00f3n del 20% asignado a un 15% pero de todos los elementos que constituyen el salario del demandante Carlos Arturo Mora Moscoso al servicio de la Polic\u00eda Nacional. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Considerando las circunstancias actuales que rodean la vida del menor, esto es la primigenia edad en la que se encuentra cuya demanda de recursos, es naturalmente m\u00e1s alta que las de sus edades posteriores, sus quebrantos de salud y la ausencia total de un padre, cuyos rasgos f\u00edsicos desconoce, por lo cual requiere una satisfacci\u00f3n de necesidades, diferentes a las de sus hermanas que cuentan con el acompa\u00f1amiento constante de su padre, y de una madre que labora desde casa en una Universidad reconocida del pa\u00eds, en este orden de ideas se acceder\u00e1 a lo deprecado por el se\u00f1or Carlos Arturo respecto a la disminuci\u00f3n de alimentos, pasando de un 20% a un 15%, del salario vigente y del mismo porcentaje las primas, cesant\u00edas, intereses a las cesant\u00edas y en general todo lo que perciba por su labor en la instituci\u00f3n policial, dicho porcentaje ser\u00e1 descontado por el pagador de la Polic\u00eda Nacional. <\/p>\n
Lo anterior permite colegir que, aunque el gestor estime que la disminuci\u00f3n del porcentaje de alimentos del 20 al 15% es lesiva en la medida en que abarca no solo su salario sino las dem\u00e1s prestaciones de ley que recibe, lo cierto es que el Juzgado accionado para llegar a dicha conclusi\u00f3n analiz\u00f3 los medios suasorios existentes en el expediente, lo que le permiti\u00f3 tasar razonablemente los alimentos que requiere el ni\u00f1o Adri\u00e1n Luciano y la capacidad econ\u00f3mica de su padre para sufragarlos, sin que esto implique la desatenci\u00f3n de las dem\u00e1s obligaciones que el demandante tiene a cargo. <\/p>\n
Bajo ese marco puede afirmarse que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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