STC2535-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2535-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00472-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luis Guillermo Barbosa Araque contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de esta ciudad, la Procuradur\u00eda Delegada para la Casaci\u00f3n Penal y la Defensor\u00eda del Pueblo, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la salvaguarda constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa t\u00e9cnica, integridad, igualdad y \u00abcongruencia\u00bb, que dice vulnerados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se \u00abfaculte la reconsideraci\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y ser admitido, sin ninguna dilaci\u00f3n a efectos de sustentarla y lograr estar en la Honorable Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Dentro de un proceso penal adelantado contra Luis Guillermo Barbosa Araque, el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1 profiri\u00f3 sentencia el 21 de mayo de 2020, en la que lo conden\u00f3 a la pena de 272 meses de prisi\u00f3n por la comisi\u00f3n de los punibles de acceso carnal violento y actos sexuales con menor de 14 a\u00f1os, agravados en raz\u00f3n del parentesco y comunidad de vida. Esta decisi\u00f3n fue objeto de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. En fallo de 17 de noviembre de 2020 la Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado, determinaci\u00f3n que fue recurrida en casaci\u00f3n; y en prove\u00eddo de 11 de noviembre de 2022 la Sala de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 la demanda, por lo que el accionante present\u00f3 mecanismo de insistencia, pero la Procuradur\u00eda no accedi\u00f3 a la misma. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que se inadmiti\u00f3 su demanda de casaci\u00f3n por circunstancias que se deben reconsiderar y mirar desde otra \u00f3ptica para que sea evaluado dicho recurso; y que en la providencia criticada se consign\u00f3 la satisfacci\u00f3n de las exigencias de claridad y coherencia argumentativa. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que en el libelo su defensor atac\u00f3 a los falladores de instancia aduciendo que el agravante de la violencia no fue incluido en la acusaci\u00f3n, por lo que no tuvo la oportunidad de defenderse de ese cargo, sin embargo, no tuvo una defensa id\u00f3nea para controvertir, dej\u00e1ndolo \u00aben un \u2018inmerso abismo\u2019 jur\u00eddico\u00bb, sin la posibilidad de exponer sus argumentos y poni\u00e9ndolo en \u00abuna balanza desigual\u00bb; adem\u00e1s que no cuestion\u00f3 las sentencias y no profundiz\u00f3 en los yerros en detalle. <\/p>\n
2.5. Sostuvo que su abogado present\u00f3 un \u00fanico cargo, contemplado en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 181 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, pero no fue suficiente; que demand\u00f3 la sentencia condenatoria por incurrir, entre otros, en desconocimiento del debido proceso, defensa, igualdad, de los principios de transparencia y legalidad; y que no tuvieron asidero los yerros anotados. <\/p>\n
2.6. Refiri\u00f3 que en la norma mencionada no se estableci\u00f3 presupuesto adicional para ejercer el recurso extraordinario, en tanto que solo era necesaria la afectaci\u00f3n de una garant\u00eda fundamental, sin importar el delito; que la Corte Suprema de Justicia en el 2008 precis\u00f3 algunas condiciones m\u00ednimas para que fuera admitido el recurso extraordinario; y que si la casaci\u00f3n penal era un control de constitucionalidad y legalidad de los fallos, era necesario e ineludible la verificaci\u00f3n del respeto de los derechos. <\/p>\n
2.7. Asever\u00f3 que esta acci\u00f3n excepcional era el mecanismo para que fuera admitido su recurso; que en un sistema con tendencia acusatoria no siempre era acertado sostener que la defensa t\u00e9cnica se desaroll\u00f3 en forma v\u00e1lida; que no se realiz\u00f3 la audiencia de 21 de noviembre de 2018, pues no hab\u00eda guarda para su traslado; y que ese tipo de omisiones jugaron en su contra, pues al no poder esclarecer lo expresado en su contra qued\u00f3 en desigualdad de armas. <\/p>\n
2.8. Afirm\u00f3 que se vulner\u00f3 su defensa t\u00e9cnica; que la legalizaci\u00f3n de la captura fue adelantada por una abogada que dijo recibir honorarios de un familiar suyo, pero desconoc\u00eda si trabajaba para la Rama Judicial; que en dicha diligencia se encontraba bajo los efectos sedantes suministrados en la Clinica Corpas, en donde asistieron sus primeros auxilios luego de haber sido \u00abgolpeado brutalmente por la Polic\u00eda Nacional\u00bb, en tanto que le fracturaron dos costillas y una falange de la mano derecha, por lo que era urgente una intervenci\u00f3n quir\u00fargica o perd\u00eda la movilidad, lo que ocurri\u00f3 \u00abcomo en el corredor de la muerte pues para ello solo importaba legalizar [su] captura, a e[x]pensas de [su] propia vida\u00bb, esto debido al amarillismo de las redes sociales que difundieron una mentira. <\/p>\n
2.9. Manifest\u00f3 que luego lo dejaron en libertad, por lo que decidi\u00f3 dirigirse a donde sus padres para recuperarse y demandar a la Polic\u00eda por abuso de fuerza, pero una \u00abturba\u2026 decid[i\u00f3] atacar la propiedad\u00bb, poniendo en riesgo la vida de sus progenitores de la tercera edad, en tanto que las personas quer\u00edan hacer justicia seg\u00fan su apreciaci\u00f3n personal y desconocimiento de los hechos. <\/p>\n
2.10. Anot\u00f3 que fue rescatado por un cami\u00f3n del esmad, le pusieron un traje de ellos y en el automotor un polic\u00eda lo atac\u00f3, por lo que los compa\u00f1eros intervinieron y nuevamente fue trasladado a urgencias; que el m\u00e9dico tratante confirm\u00f3 su estado de salud y el procedimiento a seguir, pero la Polic\u00eda lo llev\u00f3 a paloquemado para legalizar su captura; que en la actualidad el perjuicio recibido hab\u00eda sido grave; y que fue afectada su integridad f\u00edsica. <\/p>\n
2.11. Agreg\u00f3 que ten\u00eda derecho a un juicio m\u00e1s all\u00e1 de toda duda; que no se dar\u00eda por vencido, pues cre\u00eda en la Carta Pol\u00edtica; que los abogados adscritos a la Defensor\u00eda del Pueblo lo abandonaron a su suerte, no hubo gesti\u00f3n ni compromiso con el proceso, en tanto que no eran diligentes para obtener material probatorio; que los defensores deb\u00edan cumplir con las obligaciones previstas en el art\u00edculo 31 de la Ley 941 de 2005; que lo ideal era que tuviera igualdad de armas y condiciones, en donde pudiera controvertir, refutar y probar; y que la insistencia fue desestimada. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n indic\u00f3 que el 11 de noviembre de 2022 inadmiti\u00f3 la demanda impetrada por no reunir las exigencias del recurso ni evidenciar que la declaraci\u00f3n contenida en el fallo se alejara de lo probado en el proceso; que no incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho alguna, pues la decisi\u00f3n emitida plante\u00f3 a espacio los motivos por los cuales se adopt\u00f3 la misma; que la tutela no era una instancia adicional; y que el juicio se surti\u00f3 al amparo de la legalidad imperante en el momento en que se tramit\u00f3 la actuaci\u00f3n examinada. <\/p>\n
2. El Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1 tras realizar un recuento de las actuaciones surtidas en ese despacho, se\u00f1al\u00f3 que remiti\u00f3 el expediente al Tribunal en mayo de 2020; y que cumpli\u00f3 con la ritualidad prevista en la Ley 906 de 2004, respetando las garant\u00edas y derechos fundamentales. <\/p>\n
3. La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Bogot\u00e1 refiri\u00f3 que no hab\u00eda conculcado prerrogativa esencial alguna, por lo que solicitaba su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite excepcional. <\/p>\n
4. La Coordinaci\u00f3n de los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema inform\u00f3 que como la casaci\u00f3n fue inadmitida el asunto no fue asignado a ning\u00fan fiscal de esa dependencia. <\/p>\n
5. La Procuradur\u00eda Delegada de Intervenci\u00f3n Primero para Casaci\u00f3n Penal adujo que el 1\u00ba de febrero de 2022 deneg\u00f3 la solicitud de insistencia, cuyos argumentos quedaron consignados en dicho concepto; que no se vulneraron los derechos alegados, en tanto que se agotaron la totalidad de las instancias dentro del proceso, con resultado diferente a las pretensiones del gestor; que se pretend\u00eda que se admitiera una demanda que no cumpl\u00eda con los requisitos exigidos por la ley; que no se le entregaron los insumos argumentativos que permitieran hacer uso de la facultad de insistir, pues para ello debe precisarle en que se equivoc\u00f3 la Sala convocada al inadmitir la demanda, se\u00f1alar en donde estuvo el error, el derecho violado y su incidencia, sin que le correspondiera a la Corte o al Ministerio P\u00fablico suplir dichos vac\u00edos. <\/p>\n
6. La Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00eda de Bogot\u00e1 adujo que el asunto lo conoci\u00f3 la Fiscal\u00eda 269, por lo que le corr\u00eda traslado para su conocimiento y fines pertinentes. <\/p>\n
7. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que la Sala de Casaci\u00f3n Penal acusada, en el prove\u00eddo de 11 de noviembre de 2022, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026De acuerdo con el art\u00edculo 448 de la Ley 906 de 2004, el \u00abacusado no podr\u00e1 ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusaci\u00f3n, ni por delitos por los cuales no se haya solicitado condena\u00bb, mandato que surge de la interpretaci\u00f3n de los art\u00edculos 29, 31 y 250 de la Carta Pol\u00edtica, 8 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos. <\/p>\n
Lo anterior porque la congruencia confiere racionalidad y coherencia a la actuaci\u00f3n procesal y permite que el procesado ejerza en forma efectiva su defensa, en la medida que s\u00f3lo puede ser condenado por hechos y delitos contenidos en la acusaci\u00f3n, sin que sea posible sorprenderlo con imputaciones frente a las que no ejerci\u00f3 contradicci\u00f3n. <\/p>\n
La Corte ha precisado que el citado principio puede ser infringido por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, cuando el funcionario judicial condena en alguno de los siguientes eventos\u2026 Y ha clarificado que como la congruencia no es estricta, sino flexible, es viable que, sin lesionar dicho principio, el juez se desv\u00ede jur\u00eddicamente del contenido de la acusaci\u00f3n y condene por un delito diverso al all\u00ed imputado, siempre que\u2026 Con todo, tambi\u00e9n ha precisado la Sala que la descripci\u00f3n f\u00e1ctica de los hechos atribuidos al procesado no puede ser objeto de modificaci\u00f3n sustancial a lo largo del proceso, entendido este como el tr\u00e1mite formalizado que comienza con la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n y termina con la sentencia ejecutoriada, de suerte que la obligaci\u00f3n de conservar el n\u00facleo central del componente f\u00e1ctico opera desde la formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n (CSJ SP4792-2018). Al respecto, la jurisprudencia ha precisado\u2026 <\/p>\n
El proceso regido por la Ley 906 de 2004, entonces, adopta un sistema r\u00edgido de la descripci\u00f3n f\u00e1ctica y flexible la delimitaci\u00f3n t\u00edpica o jur\u00eddica, en virtud del cual el principio de congruencia se satisface si se describen clara, precisa y detalladamente los hechos, mientras que la calificaci\u00f3n jur\u00eddica puede ser modificada durante el proceso \u00abpor el \u00f3rgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa\u00bb (CSJ SP4792-2018). <\/p>\n
3. Pues bien, en la audiencia de imputaci\u00f3n la Fiscal\u00eda comunic\u00f3 a LUIS GUILLERMO BARBOSA ARAQUE que le atribu\u00eda responsabilidad por la comisi\u00f3n de los delitos de acceso carnal y actos sexuales abusivos, con menor de catorce a\u00f1os, agravados en raz\u00f3n del parentesco y la comunidad de vida, en concurso homog\u00e9neo y sucesivo, de los art\u00edculos 208, 209, 211-5 del C\u00f3digo Penal, cargos que mantuvo en la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
Tanto la sentencia de primera y como la de segunda instancia respetaron la imputaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica contenida en la acusaci\u00f3n, de manera que permaneci\u00f3 inc\u00f3lume a lo largo del proceso, por lo que no hay lugar a anular la actuaci\u00f3n, ya que, contrario a lo sostenido por el demandante, los fallos de instancia no adicionaron hechos no considerados en la imputaci\u00f3n y acusaci\u00f3n. <\/p>\n
Menci\u00f3n que, por dem\u00e1s, no tuvo consecuencias en la tasaci\u00f3n de la pena porque los citados art\u00edculos no consagran circunstancias de agravaci\u00f3n punitiva sino la definici\u00f3n de lo que debe entenderse por acceso carnal \u2013art. 212- y la descripci\u00f3n de algunas situaciones que se consideran violentas en la realizaci\u00f3n de los delitos contra la libertad, integridad y formaci\u00f3n sexuales -212A-. <\/p>\n
Como ha precisado la jurisprudencia de la Sala, este \u00faltimo precepto \u00abno hace m\u00e1s que recoger, para explicitar el t\u00e9rmino, varias de las posibilidades que al respecto ven\u00edan desarrollando los jueces y la doctrina extranjera, a fin de precisarla en un solo cuerpo y positivizarla, como interpretaci\u00f3n aut\u00e9ntica, debiendo destacarse que en sentido expreso la norma no describe qu\u00e9 es la violencia, sino que enuncia algunos aspectos que hacen parte de la misma, sin que, as\u00ed, pueda afirmarse que en solo estos casos existe o deber\u00eda entenderse existir el fen\u00f3meno\u00bb. (CSJ SP 7\/02\/2022, rad. 49799). <\/p>\n
Por dem\u00e1s, los supuestos f\u00e1cticos comunicados al acusado en las audiencias de imputaci\u00f3n y acusaci\u00f3n evidentemente contienen hechos jur\u00eddicamente relevantes que rese\u00f1an el contexto de violencia dentro del cual actu\u00f3 el sentenciado, con independencia de que no se mencionara directamente esa palabra. <\/p>\n
As\u00ed, por ejemplo, a BARBOSA ARAQUE se atribuyeron actos de violencia f\u00edsica \u2013 tocamientos sin consentimiento, introducci\u00f3n de dedos y pene a la fuerza- y violencia sicol\u00f3gica \u2013mostrar videos para adultos, masturbarse frente a las ni\u00f1as, amenazar para que guardaran silencio-, comportamientos todos que, sin lugar a dudas, se enmarcan en la definici\u00f3n contenida en el art\u00edculo 212A del C\u00f3digo Penal citado por las instancias a partir del estudio de los hechos jur\u00eddicamente relevantes imputados por la Fiscal\u00eda. <\/p>\n
En suma, acorde con lo expuesto en precedencia, resulta claro que el reparo no se sujeta a las reglas que gobiernan la postulaci\u00f3n y demostraci\u00f3n de errores de \u00edndole casacional y, por ello, la demanda se inadmitir\u00e1, pues, adem\u00e1s, no se advierte la infracci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales que imponga superar los defectos se\u00f1alados\u2026 <\/p>\n
Y al pronunciarse sobre la solicitud de insistencia, la Procuradur\u00eda convocada precis\u00f3: <\/p>\n
\u2026De ser inadmitida la demanda de casaci\u00f3n el recurrente estar\u00e1 legitimado para ejercer el mecanismo especial de insistencia, cuyo fundamento y finalidad es rebatir los argumentos o demostrar los errores en el que incurri\u00f3 la Corporaci\u00f3n para inadmitir la demanda de casaci\u00f3n, lo que conlleva, de igual forma, una t\u00e9cnica casacional que no puede ser concebida como un recurso de \u00faltimo momento donde contin\u00fae el debate f\u00e1ctico y jur\u00eddico promovido a lo largo de las instancias ordinarias del proceso penal, pues, su contenido debe ser clara, precisa y coherente, para arribar a la conclusi\u00f3n que la inadmisi\u00f3n de la demanda no est\u00e1 acorde con el ordenamiento jur\u00eddico, esfuerzo que compete por entero al libelista, ci\u00f1\u00e9ndose a lo considerado por la Sala Penal; m\u00e1s no, de realizar toda clase de cuestionamientos como si se tratara de una instancia adicional a las ya agotadas, ni una oportunidad para corregir la demanda de casaci\u00f3n por los eventuales errores que \u00e9sta presente, o para ampliar los argumentos all\u00ed expuestos; por ello, el recurrente debe demostrar a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, con la t\u00e9cnica exigida, los yerros en que incurri\u00f3 la Sala Penal al momento de inadmitir su demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Supuestos que no ocurre en el presente caso, al observar que, el recurrente no ofreci\u00f3 ning\u00fan elemento de juicio concreto con el cual acreditar\u00e1 en qu\u00e9 consistieron las falencias y\/o equivocaciones de la Sala Penal al inadmitir su demanda de Casaci\u00f3n, en tanto que, el defensor se limit\u00f3 a reprochar, de manera general, la decisi\u00f3n tomada por la Corporaci\u00f3n, mediante un correo electr\u00f3nico, donde aduj\u00f3 que iba a presentar un escrito donde contradec\u00eda las consideraciones del auto inadmisorio de la demanda de casaci\u00f3n, sin que se aportar\u00e1 el mismo al expediente judicial, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
No se puede olvidar, tal como se mencion\u00f3 anteriormente, que, el mecanismo de insistencia no trata de una instancia adicional para revaluar la apreciaci\u00f3n probatoria o la actuaci\u00f3n de los que participan en el proceso penal, sino, de indicar de manera clara y coherente que las consideraciones de la cuales se fundament\u00f3 la Corporaci\u00f3n son err\u00f3neas, lo que llevaron a inadmitir la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Es importante recordar que la Procuradur\u00eda no es la encargada de subsanar los errores o vac\u00edos en las que incurre el recurrente en la demanda de casaci\u00f3n, como en el escrito de insistencia, por las razones anteriormente dichas, motivo por el cual, no existe fundamento en este caso para insistir ante la Sala Penal la admisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo anterior, este Representante del Ministerio P\u00fablico comparte el auto inadmisorio de la Corporaci\u00f3n, la que dio una justificada y completa respuesta a los reparos presentados en la demanda de casaci\u00f3n, y por tanto, se abstiene de acceder a la petici\u00f3n elevada por el peticionario, decisi\u00f3n que ser\u00e1 debidamente comunicada al interesado y allegada al Magistrado Ponente. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las decisiones controvertidas no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, con independencia de que se compartan, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio frente a las determinaciones con las que se inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n y se desestim\u00f3 la insistencia propuesta; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. En adici\u00f3n, encuentra la Sala que el amparo tampoco est\u00e1 llamado a prosperar, comoquiera que al alcance del promotor estuvo el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, para exponer las quejas que por v\u00eda de tutela alega, medio de defensa que no aprovech\u00f3 adecuadamente, pues su libelo fue inadmitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte el 11 de noviembre de 2022, siendo ese el escenario id\u00f3neo para rebatir la valoraci\u00f3n efectuada. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen en las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico o no se hace uso de los mismos en debida forma, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el gestor del amparo <\/p>\n
(\u2026) desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
5. Finalmente, en lo atinente a las supuestas anomal\u00edas en las que incurri\u00f3 la defensa del gestor, se advierte que la supuesta negligencia de dichos profesionales: <\/p>\n
\u2026no es suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito el amparo constitucional, pues, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte, aqu\u00e9lla ser\u00eda imputable a ella misma y no al juez acusado, dado que (\u2026) con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales (CSJ STC 18 may. 2009, rad. 00508 -01). <\/p>\n
6. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC2535-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC2535-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00472-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luis Guillermo Barbosa […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71868","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71868","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71868"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71868\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71868"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71868"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71868"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}