STC2542-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2542-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-03-000-2023-00120-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la tutela que el Hotel Dann Carlton Medell\u00edn S.A. instaur\u00f3 contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y la Subdirecci\u00f3n de Asuntos Jurisdiccionales de la Direcci\u00f3n Nacional de Derecho de Autor; extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el radicado n\u00b011001-31-99-005-2017-98492-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor solicit\u00f3 que se deje sin efectos la providencia de primera instancia (11 jul. 2019) y aquella que desat\u00f3 la alzada (15 nov. 2022). <\/p>\n
En sustento, adujo que la Organizaci\u00f3n Sayco Acinpro interpuso demanda en su contra por infracci\u00f3n de derechos de autor, con miras a que se declarara que comunic\u00f3 p\u00fablicamente obras audiovisuales de titularidad de su representados durante el periodo comprendido desde el 1\u00b0 de enero de 2016 hasta el 30 de noviembre de 2017, sin haber obtenido autorizaci\u00f3n, ni cancelado la contraprestaci\u00f3n causada por divulgarlas p\u00fablicamente. La Direcci\u00f3n Nacional de Derechos de Autor conden\u00f3 a la demandada (11 jul. 2019)1, apel\u00f3, pero la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 la decisi\u00f3n (15 nov. 2022)2. <\/p>\n
Determinaciones de las que deriv\u00f3 la lesi\u00f3n a sus prerrogativas, pues a su parecer, se incurri\u00f3 en un defecto procedimental absoluto porque el demandante carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, ya que no era una sociedad de gesti\u00f3n colectiva y por esto mismo, no estaba habilitado para comparecer a la conciliaci\u00f3n prejudicial; adem\u00e1s, asegur\u00f3 que se present\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria porque no se demostr\u00f3 que el demandante representara a los autores de las obras, que estos fuesen realmente los titulares de los derechos de autor que reca\u00edan sobre ellas y tampoco que el establecimiento hotelero las hubiese comunicado, tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que la incorporaci\u00f3n de la inspecci\u00f3n judicial, realizada como prueba extraprocesal, fue defectuosa y que pese a que formul\u00f3 nulidad, esta fue desestimada3; por \u00faltimo, asegur\u00f3 que se relev\u00f3 al demandante del deber de probar que representaba a los titulares de las obras. <\/p>\n
2. Reiniciado el tr\u00e1mite, producto de la nulidad declarada el pasado 22 de febrero mediante prove\u00eddo ATL036-2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, ante la falta de enteramiento del escrito de tutela a la Procuradur\u00eda Treinta y Uno Judicial II para Asuntos Civiles de Bogot\u00e1 en su condici\u00f3n de tercero interviniente en el pleito que origin\u00f3 el auxilio, se procedi\u00f3 a sanear la acci\u00f3n de tutela mediante prove\u00eddo del 8 de marzo pasado, dando traslado nuevamente a los involucrados, previa notificaci\u00f3n de lo decidido, a fin de poder emitir la decisi\u00f3n que corresponda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El amparo ser\u00e1 denegado por las razones que pasan a explicarse. <\/p>\n
Sea lo primero se\u00f1alar que el examen constitucional recae exclusivamente en la providencia del Tribunal (15 nov. 2022), en tanto es aquella que finiquit\u00f3 definitivamente el litigio. Si el apelante omiti\u00f3 plantearle alg\u00fan reparo o el superior no dio respuesta a todos los formulados, aquel no puede reclamar ahora puesto que no agot\u00f3 los mecanismos de defensa a su alcance, en el \u00faltimo evento solicitando la adici\u00f3n. En este sentido, se advierte que el libelista no plante\u00f3 ante el ad quem los reparos concernientes a la valoraci\u00f3n probatoria de la titularidad de los derechos de autor, lo que hace imposible el estudio de las mencionadas censuras, puesto que no se cumple con el requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
Con ese panorama, al examinar la providencia cuestionada se encuentra que, respecto a la legitimaci\u00f3n en la causa de la demandante, el Tribunal inici\u00f3 por precisar: <\/p>\n
Aclarado lo precedente, con miras a resolver el primer cuestionamiento planteado debe memorarse que el art\u00edculo 10 de la Ley 44 de 1993 prev\u00e9 que \u201c\u2026[l]os titulares de derechos de autor y derechos conexos podr\u00e1n formar sociedades de gesti\u00f3n colectiva de derechos de autor y derechos conexos, sin \u00e1nimo de lucro con personer\u00eda jur\u00eddica, para la defensa de sus intereses\u2026\u201d, las cuales tienen dentro de sus atribuciones, entre otras, \u201c\u2026[r]epresentar a sus socios ante las autoridades jurisdiccionales y administrativas en todos los asuntos de inter\u00e9s general y particular para los mismos…\u201d \u2013art\u00edculos 13, numeral 1\u00b0 ibidem, art\u00edculo 49 Decisi\u00f3n 351 y 9\u00b0 del Decreto 3942 de 2010 -. <\/p>\n
Al amparo de esas disposiciones, mediante las Resoluciones 001 de 17 de noviembre de 1982 y 002 de 24 de diciembre de 1982, la Direcci\u00f3n Nacional de Derecho de Autor del Ministerio de Gobierno reconoci\u00f3 personer\u00eda jur\u00eddica, respectivamente, a la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia – SAYCO y a la Asociaci\u00f3n Colombiana de Int\u00e9rpretes y Productores Fonogr\u00e1ficos \u2013 ACINPRO, quienes en sus reformas estatutarias consagraron que como sociedades de gesti\u00f3n colectiva proteger\u00edan y defender\u00edan los derechos de sus asociados. <\/p>\n
Sobre ese aspecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretaci\u00f3n prejudicial realizada en el proceso 120-IP-2012 del 6 de febrero de 2013, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En consecuencia, al momento en que el titular de un derecho de autor o un derecho conexo le conf\u00eda a la sociedad de gesti\u00f3n colectiva la protecci\u00f3n de sus derechos, celebra un contrato en el cual se les autoriza para que puedan iniciar a su nombre las acciones necesarias para la defensa de sus derechos, as\u00ed como tambi\u00e9n se les hace el encargo de sus obras bajo el listado del repertorio, el cual a su vez la sociedad de gesti\u00f3n colectiva autoriza y protege frente a terceros\u2026\u201d. <\/p>\n
De las disposiciones legales citadas y la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 49 de la Decisi\u00f3n 351 de 1993, se desprende que Sayco y Acinpro como sociedades gestoras por disposici\u00f3n de la ley y de sus estatutos cuentan con legitimaci\u00f3n para promover una acci\u00f3n de infracci\u00f3n al derecho patrimonial de comunicaci\u00f3n p\u00fablica de obras musicales y fonogramas que formen parte del repertorio que administran. <\/p>\n
En uso de tal facultad las sociedades SAYCO y ACINPRO celebraron contrato de mandato con la Organizaci\u00f3n Sayco y Acinpro para que en su nombre y cuenta \u201c\u2026recaude las percepciones pecuniarias provenientes de la ejecuci\u00f3n y comunicaci\u00f3n p\u00fablica de las obras literario- musicales, interpretaciones, ejecuciones y producciones fotogr\u00e1ficas, que seg\u00fan la ley correspondan a los autores y compositores asociados a Sayco y a los artistas, int\u00e9rpretes, ejecutantes y productores del fonograma, asociados a Acinpro\u2026\u201d, en desarrollo del cual podr\u00e1 \u201c\u2026[r]epresentar a sus asociadas ante autoridades judiciales, policivas y administrativas sobre cuestiones que se susciten con el cobro o recaudo del derecho de ejecuci\u00f3n de obras musicales cualquiera sea el soporte y sobre toda otra materia relacionada con su objeto social\u2026\u201d (negrillas de ahora). <\/p>\n
As\u00ed, destac\u00f3 que las sociedades de gesti\u00f3n colectiva pueden representar a sus asociados en virtud de un mandato, de sus estatutos o por presunci\u00f3n legal y trajo a colaci\u00f3n jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n relativa al contrato de mandato: <\/p>\n
Desde esa \u00f3ptica, no es cierto que sea ineludible la existencia de un contrato para que una sociedad de gesti\u00f3n colectiva represente al titular de los derechos autorales, pues dicha facultad puede devenir de los estatutos, o mediante presunci\u00f3n legal. Por lo tanto, de poco monta resulta que las demandantes no hubieran adosado el convenio extra\u00f1ado por la pasiva, pues la habilidad para entablar esta acci\u00f3n puede devenir de los estatutos o la ley. <\/p>\n
De otra parte, la Corte Suprema de Justicia ha precisado sobre la figura del mandato que est\u00e1 \u201c\u2026asociada a la idea de favor o de encargo, ya sea que el colaborador act\u00fae en nombre propio o en nombre de quien requiere del auxilio ajeno. Se trata, entonces, de un instrumento de integraci\u00f3n y colaboraci\u00f3n que facilita satisfacer intereses del comitente, en cuyo beneficio se realizan actos que, por circunstancias de diversa \u00edndole, no puede o no desea llevar a cabo \u00e9l directamente. Tal herramienta permite, pues, que, a trav\u00e9s de una superposici\u00f3n personal, un sujeto de derecho realice una gesti\u00f3n por o para otro, ya como simple benevolencia, ora a cambio de una contraprestaci\u00f3n. Seg\u00fan el art\u00edculo 2156 del C\u00f3digo Civil, atendiendo la esfera de las facultades, el mandato es especial cuando \u201ccomprende uno o m\u00e1s negocios especialmente determinados\u201d, y es general si \u201cse da para todos los negocios del mandante\u201d o \u201cse da para todos, con una o m\u00e1s excepciones determinadas\u201d \u2026\u201d. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la Alta Corporaci\u00f3n Civil, tambi\u00e9n ha pregonado que \u201c\u2026[p]ara el buen suceso de la gesti\u00f3n encomendada, el mandante puede ceder o transferir algunas autorizaciones o facultades al mandatario, con el fin de que sean utilizadas estrictamente de acuerdo con los t\u00e9rminos convenidos, con independencia de que el mandato lleve o no consigo la facultad de representaci\u00f3n\u2026\u201d (negrillas de ahora). <\/p>\n
De esta manera, resalt\u00f3 el ad quem que los mandatarios de las mencionadas sociedades pueden otorgar poder a un abogado para que asuma su defensa jur\u00eddica en virtud del derecho de postulaci\u00f3n, pues no es necesario que aquellos presten tambi\u00e9n servicios jur\u00eddicos: <\/p>\n
Como se observa, seg\u00fan los lineamientos precedentes, si el mandante se encuentra autorizado para trasladar al mandatario las facultades que tiene, no cabe duda de que habilitadas por la ley como est\u00e1n las compa\u00f1\u00edas Sayco y Acinpro para administrar los derechos morales de sus asociados y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales, se encuentra posibilitada para traspasar esa potestad a la Organizaci\u00f3n Sayco y Acinpro, contrario a lo arg\u00fcido por la pasiva. <\/p>\n
No es necesario que la \u00faltima entidad en menci\u00f3n tenga como objeto social la prestaci\u00f3n de servicios jur\u00eddicos, como lo asever\u00f3 la demandada, para aceptar tal encargo, pues, a la larga, las sociedades de gesti\u00f3n colectiva les delegaron un mandato propio por disposici\u00f3n legal, como lo es velar por la salvaguarda de los intereses de los asociados, m\u00e1s no asumir su defensa jur\u00eddica de manera directa, labor que s\u00ed est\u00e1 reservada para los abogados o las empresas que prestan asistencia legal, para las cuales aplica la exigencia mencionada por la impugnante, contemplada en el inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 75 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, el otorgamiento de poder para la prestaci\u00f3n de servicios jur\u00eddicos la cual no se extiende a la Sociedad Sayco Acinpro, por la sencilla raz\u00f3n que no desarrolla la aludida actividad legal (negrillas de ahora). <\/p>\n
Bajo esas premisas, el Tribunal encontr\u00f3 acertada la determinaci\u00f3n del a quo al descartar la \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb e \u00abineptitud de la demanda por incumplimiento del requisito de procedibilidad de conciliaci\u00f3n previa extrajudicial\u00bb: <\/p>\n
Por tanto, los argumentos esgrimidos llevan a concluir que la Organizaci\u00f3n Sayco Acinpro est\u00e1 autorizada legalmente para adelantar el requisito de procedibilidad y obrar en el presente proceso en representaci\u00f3n de sus mandantes, raz\u00f3n por la cual acert\u00f3 el Juzgador de primer grado al desestimar las excepciones rotuladas \u201c\u2026falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u2026\u201d e \u201c\u2026ineptitud de la demanda por incumplimiento del requisito de procedibilidad de conciliaci\u00f3n previa extrajudicial\u2026\u201d (negrillas de ahora). <\/p>\n
Ahora, respecto a las quejas atinentes a la representaci\u00f3n de los titulares de los derechos de autor acot\u00f3: <\/p>\n
Sobre el memorado precepto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en interpretaci\u00f3n igualmente indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab…la citada norma andina establece una presunci\u00f3n iuris tantum, de la representaci\u00f3n o legitimaci\u00f3n procesal, tanto en la fase administrativa como en la judicial, en favor de las sociedades de gesti\u00f3n colectiva legalmente establecidas en el territorio andino. Esta presunci\u00f3n de representaci\u00f3n o legitimidad procesal vuelve m\u00e1s eficiente el sistema de gesti\u00f3n de derechos de autor y derechos conexos, y facilita su defensa y protecci\u00f3n, que, de lo contrario, en muchos casos, no ser\u00eda posible por cuenta del propio derecho \u2013 habiente\u2026 <\/p>\n
Sobre esta presunci\u00f3n de representaci\u00f3n o legitimaci\u00f3n procesal de una sociedad de gesti\u00f3n colectiva, este Tribunal considera que lo que se busca es proporcionar al autor y los dem\u00e1s titulares de derechos de propiedad intelectual, a trav\u00e9s de la sociedad de gesti\u00f3n colectiva, una herramienta eficaz y eficiente que permita proteger y ejercer de manera eficiente los derechos patrimoniales que se encuentran bajo su administraci\u00f3n, as\u00ed como la adecuada recaudaci\u00f3n de estos derechos <\/p>\n
Si se exigiera que una sociedad de gesti\u00f3n colectiva tenga que demostrar la representaci\u00f3n de todo su repertorio para que reci\u00e9n pueda protegerlo ante una autoridad y recaudar el derecho de sus asociados, ello implicar\u00eda que cada vez que esta exija a un tercero el pago por el uso no autorizado de los fonogramas que administra deba incurrir en cuantiosos gastos econ\u00f3micos, circunstancias que har\u00edan inviable una eficiente y adecuada recaudaci\u00f3n de los derechos de sus asociados. <\/p>\n
M\u00e1s a\u00fan si consideramos que el repertorio de los productores fonogr\u00e1ficos afiliados a una sociedad de gesti\u00f3n colectiva nacional o extranjera puede variar constantemente y que las incorporaciones de nuevos asociados a este tipo de entidades pueden efectuarse en cualquier momento, lo cual har\u00eda imposible que las sociedades de gesti\u00f3n colectiva puedan demostrar a tiempo real todo el repertorio que se encuentra bajo su administraci\u00f3n al momento de iniciar la defensa de los derechos de sus asociados o al momento de iniciar la recaudaci\u00f3n patrimonial correspondiente. Por dichas razones, se justifica que una sociedad de gesti\u00f3n colectiva no se encuentre obligada a demostrar la representaci\u00f3n de todo su repertorio por cada proceso iniciado o cada requerimiento de pago efectuado a un tercero\u2026\u201d <\/p>\n
As\u00ed las cosas, a diferencia de lo estimado por la pasiva, en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 49 Decisi\u00f3n 351 de 1993, existe una presunci\u00f3n iuris tantum, que las sociedades SAYCO y ACINPRO est\u00e1n legitimadas, acorde a lo consignado en sus estatutos, para ejercer la defensa de los derechos confiados a su administraci\u00f3n por los titulares, m\u00e1xime cuando ello no fue desvirtuado en el decurso procesal (negrillas de ahora). <\/p>\n
Por otro lado, frente la prueba de la infracci\u00f3n del derecho de comunicaci\u00f3n p\u00fablica de obras musicales y fonogramas rese\u00f1\u00f3: <\/p>\n
Seg\u00fan el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina existen dos elementos para que se configure, de manera indebida, un acto de comunicaci\u00f3n p\u00fablica de una obra protegida por el derecho de autor: \u201c\u2026el primero, el que un tercero, que no cuenta con la autorizaci\u00f3n del autor o titular de una obra, la ponga a disposici\u00f3n de una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar o permita que estas tengan acceso a ella; y, el segundo, que no haya existido una previa distribuci\u00f3n de ejemplares a dichas personas. As\u00ed mismo el acto ser\u00e1 p\u00fablico cuando se produzca para una colectividad, exceptu\u00e1ndose el \u00e1mbito familiar o dom\u00e9stico\u2026\u201d. (\u2026) <\/p>\n
Ergo, de los preceptos jur\u00eddicos tra\u00eddos a colaci\u00f3n emerge, sin dubitaci\u00f3n alguna, que la difusi\u00f3n de obras musicales en hoteles, a trav\u00e9s de receptores de radio, televisi\u00f3n, video y fonogramas, requiere autorizaci\u00f3n previa y expresa del titular. <\/p>\n
Concerniente al memorado t\u00f3pico, en hermen\u00e9utica del literal b) del art\u00edculo 13 de la Decisi\u00f3n 351, la Corporaci\u00f3n puntualiz\u00f3: <\/p>\n
\u201c\u2026Cuando en un hotel u otro establecimiento de hospedaje coloca televisores en las habitaciones de los hu\u00e9spedes, as\u00ed como en ambientes como en lobby, el bar, el restaurante, el gimnasio u otros espacios de uso com\u00fan y a trav\u00e9s de dichos televisores se difunde la se\u00f1al o emisi\u00f3n de una o m\u00e1s empresas de radiodifusi\u00f3n (de se\u00f1al abierta y\/o se\u00f1al cerrada), y dicha se\u00f1al o emisi\u00f3n contiene obras musicales, ello califica como un acto de comunicaci\u00f3n p\u00fablica de dichas obras musicales. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
El hecho que el hotel o establecimiento de hospedaje pague un monto determinado por el servicio de televisi\u00f3n por suscripci\u00f3n (se\u00f1al cerrada) no lo exonera de pagar la remuneraci\u00f3n correspondiente al titular de la obra audiovisual comunicada p\u00fablicamente o a la sociedad de gesti\u00f3n colectiva que representa a dicho titular\u2026 \u201d <\/p>\n
De manera, acorde con las precedentes directrices, la autorizaci\u00f3n para una forma de utilizaci\u00f3n de una obra musical, como puede ser la trasmisi\u00f3n por televisi\u00f3n, otorgada a quien presta ese servicio, y las prerrogativas econ\u00f3micas que se generan por su difusi\u00f3n, no se extienden a la que de tal creaci\u00f3n haga un tercero al p\u00fablico, por citar un ejemplo, un establecimiento de comercio que pone a disposici\u00f3n de sus clientes canales de obras musicales, dado el car\u00e1cter independiente que le reconoci\u00f3 la ley a una y otra forma de divulgaci\u00f3n. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, no le era dable a la encartada alegar que no deb\u00eda reconocer derecho patrimonial alguno a los autores, los titulares o representantes de las obras musicales y los fonogramas divulgados en el Hotel Dann Carlton de Medell\u00edn, por cuanto el operador de televisi\u00f3n por cable que contrat\u00f3 para proveer ese servicio en su establecimiento ya los hab\u00eda sufragado (negrillas de ahora). <\/p>\n
Bajo estos derroteros, concluy\u00f3 que el demandado no pod\u00eda valerse de la autorizaci\u00f3n concedida al operador del servicio de televisi\u00f3n, puesto que la ejecuci\u00f3n p\u00fablica de las obras en dicho establecimiento ameritaba tambi\u00e9n un reconocimiento patrimonial: <\/p>\n
Siendo ello as\u00ed, no cabe duda de que la compa\u00f1\u00eda convocada deb\u00eda contar con la autorizaci\u00f3n propia proveniente de las representantes de los autores o titulares de las obras musicales y fonogramas ejecutados p\u00fablicamente en su establecimiento hotelero, sin que bastara la permisi\u00f3n concedida al operador del servicio de televisi\u00f3n por cable por el cual se emit\u00edan dichas creaciones a sus hu\u00e9spedes, como qued\u00f3 visto. <\/p>\n
Un proceder en contrav\u00eda de ello es una franca infracci\u00f3n al memorado derecho autoral. Por ende, la compa\u00f1\u00eda convocada infringi\u00f3 la comunicaci\u00f3n p\u00fablica por ejecutar obras musicales y fonogramas, sin contar con la autorizaci\u00f3n pertinente, ni pagar la contraprestaci\u00f3n debida (negrillas de ahora). <\/p>\n
Finalmente, en lo que respecta a la prueba extraprocesal, estableci\u00f3: <\/p>\n
6.9. En punto a las censuras frente al Juzgador por: fundar la sentencia en una inspecci\u00f3n judicial extraprocesal arrimada al juicio pretempor\u00e1neamente[sic], solo incorporar al litigio las pruebas solicitadas sin decretarlas, no suspender el proceso mientras se surt\u00eda la interpretaci\u00f3n judicial por el Tribunal de Justicia de la comunidad Andina y adecuar el tr\u00e1mite al de un juicio verbal, posibles irregularidades que debe examinar la Colegiatura, hay que precisar que no tienen recepci\u00f3n, porque en virtud del principio de preclusi\u00f3n que gobierna las actuaciones judiciales, no le es permitido al apelante volver en la alzada sobre aspectos procesales que quedaron zanjados por el funcionario de conocimiento en el decurso de la primera instancia. <\/p>\n
Acerca de la aludida regla, la Sala de Casaci\u00f3n Civil ha dicho que \u201c\u2026[o]pera tambi\u00e9n la preclusi\u00f3n, y tienen que acatarse por tanto sus efectos propios, cuando dentro de la oportunidad se\u00f1alada el litigante ejercita v\u00e1lidamente la facultad de que se trata, pues es apenas obvio pensar que si el derecho se ejerci\u00f3 anteriormente, la decisi\u00f3n judicial correspondiente deba producir como consecuencia la clausura de la respectiva etapa del proceso, impidiendo que la misma pretensi\u00f3n pueda ventilarse nuevamente en el mismo (\u2026)\u201d (negrillas de ahora). <\/p>\n
De lo expuesto se colige que, independientemente de que se compartan, las reflexiones del prove\u00eddo refutado no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, producto como son, de una ex\u00e9gesis admisible de la normativa aplicable en materia de derechos de autor, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que todas las inconformidades del censor fueron debidamente atendidas al dirimir la instancia; cosa distinta es que el quejoso difiera de esa hermen\u00e9utica, lo que no habilita la injerencia constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el infolio a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Ver expediente:1-2017-98492 OSA vs Hotel Dann Carlton Medell\u00edn S.A; Folios 20 al 32, Cuaderno 2 <\/p>\n
2\u0002 Ibidem, Cuaderno 6, PDF \u00ab20sentencia\u00bb <\/p>\n
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STC2542-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC2542-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-03-000-2023-00120-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la tutela que el Hotel Dann Carlton Medell\u00edn S.A. instaur\u00f3 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71873","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71873","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71873"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71873\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71873"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71873"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71873"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}