STC2544-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC2544-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 17001-22-13-000-2023-00024-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Manizales el 24 de febrero de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que Luz Mery Garc\u00eda Giraldo formul\u00f3 contra los Juzgados Quinto Civil del Circuito y Quinto Civil Municipal, ambos de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso de pertenencia radicado bajo el n\u00famero 2020-498. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y vivienda, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que Sandra Janeth Garc\u00eda Cano, Mateo y Santiago Garc\u00eda Garc\u00eda, iniciaron en su contra proceso reivindicatorio de radicado 2016-325, sobre un inmueble que dijo haber ocupado con \u00e1nimo de se\u00f1ora y due\u00f1a desde el a\u00f1o 2012 -cuando falleci\u00f3 su progenitora- y, antes, desde 1984, en compa\u00f1\u00eda de esta, cuando fue comprada con el producto de la venta de otra casa de sus padres, ubicada en el barrio F\u00e1tima. Destac\u00f3, que dicho predio fue puesto a nombre de su hermano Jos\u00e9 \u00c1lvaro, por los riesgos jur\u00eddicos que, por esa \u00e9poca, amenazaban a su padre. <\/p>\n
Refiri\u00f3, que su hermano \u00absostuvo una uni\u00f3n marital de hecho con la se\u00f1ora Sandra Janeth Garc\u00eda Cano, quien de manera irregular tramit\u00f3 en forma extempor\u00e1nea, contrariando los t\u00e9rminos de la ley 54 de 1990 art. 8, ante el Juzgado 5\u00ba de Familia del Circuito de Manizales seg\u00fan radicado 17001- 3110-005-2017-00321-00 una uni\u00f3n marital de hecho y que le sirvi\u00f3 de base, tambi\u00e9n de forma irregular, contrariando los dictados del Decreto \u2013Ley 960 de 1970, para corregir mediante Escritura P\u00fablica ante la Notar\u00eda Primera de Manizales el error en la c\u00e9dula de mi hermano Jos\u00e9 \u00c1lvaro- Ya fallecido- y proceder a la adjudicaci\u00f3n y distribuci\u00f3n de los bienes relictos, incluido el bien, del cual soy poseedora\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado de conocimiento declar\u00f3 en el proceso reivindicatorio la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, por lo que su posesi\u00f3n se mantuvo inc\u00f3lume. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que, posteriormente, y ante el mismo Juzgado Quinto Civil Municipal de Manizales promovi\u00f3 proceso de pertenencia sobre el mismo inmueble en el que ejerc\u00eda su posesi\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado Municipal imparti\u00f3 un tr\u00e1mite equivocado al proceso, pues pese a que solicit\u00f3 desde la demanda que se siguiera como una pertenencia de bien de \u00abinter\u00e9s social\u00bb, se hizo caso omiso, lo que ocasion\u00f3, un retardo injustificado en la calificaci\u00f3n de la demanda, adem\u00e1s que en el tr\u00e1mite se present\u00f3 i) un recorte de la prueba testimonial, ii) el decreto de una prueba pericial no procedente, iii) una intervenci\u00f3n contraria a derecho del curador ad litem, iv) la falta de estudio de las pruebas que acreditaban las mejoras, v) un indebido direccionamiento de los interrogatorios de parte, vi) el desconocimiento de una posesi\u00f3n reconocida y, vii) la negaci\u00f3n inicial del recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que como en la sentencia se desestim\u00f3 su calidad de poseedora, apel\u00f3 la decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Manizales y si bien, en la audiencia de reconstrucci\u00f3n de su interrogatorio en segunda instancia ratific\u00f3 su calidad de poseedora del inmueble obtuvo una decisi\u00f3n desfavorable, la que -en su sentir- es contraria a derecho, y desconoci\u00f3 el principio de congruencia. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, consult\u00f3 con distintos abogados las sentencias proferidas en su contra, y le indicaron que constitu\u00edan \u00abuna clara violaci\u00f3n del derecho de defensa y al debido proceso garantizado por la Carta Pol\u00edtica, puesto que los funcionarios judiciales, al negar la prescripci\u00f3n que supliqu\u00e9, no apreciaron las circunstancias particulares en las que me encontraba como actora en calidad de poseedora, no como tenedora, tal y como se indic\u00f3 en el fallo del Juzgado del Circuito en segunda instancia por la apelaci\u00f3n que present\u00f3 mi apoderado\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3, \u00abla revocatoria o modificaci\u00f3n de las sentencias del Juzgado 5 Civil Municipal y del Circuito en el referido proceso de prescripci\u00f3n adquisitiva de vivienda de inter\u00e9s social, y se declare la nulidad de las mismas sentencias, as\u00ed como la suspensi\u00f3n de su cumplimiento, hasta que se dicte una sentencia de manera recta y sin errores jur\u00eddicos, como los son las pruebas de testigos que no se practicaron, la posesi\u00f3n que se hab\u00eda reconocido y se contin\u00fae sosteniendo sobre la casa que no supera los salarios que la ley permite para tal fin, y no variando la posesi\u00f3n que tengo sobre tal vivienda, no como tenedora, sino como poseedora con el \u00e1nimo de se\u00f1ora y due\u00f1a.\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil Municipal de Manizales, refiri\u00f3 las principales actuaciones procesales del proceso cuestionado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad, se\u00f1al\u00f3 que sus decisiones y en especial la sentencia que profiri\u00f3 fue adoptada en el marco del debido proceso y con acatamiento de la ley y los preceptos aplicables para el caso concreto, atendiendo las particularidades del asunto, por lo que, contrario a lo manifestado por la accionante no se configura ninguna v\u00eda de hecho, ni se vulner\u00f3 el principio de congruencia en tanto la decisi\u00f3n de primer nivel neg\u00f3 la pertenencia con fundamento en la ausencia de la calidad de poseedora de la demandante, conclusi\u00f3n coincidente con la de segunda instancia.<\/p>\n
3. Sandra Janeth Garc\u00eda Cano, Mateo y Santiago Garc\u00eda Garc\u00eda, solicitaron negar el amparo en tanto que \u00ablos juzgados convocados tomaron sus decisiones de manera congruente con los hechos, pretensiones y excepciones probadas dentro del proceso, garantizando el oportuno uso del derecho de defensa por parte de las partes, puesto que se nos permiti\u00f3 hacer uso de cada una de las herramientas establecidas en la ley para ello\u00bb. <\/p>\n
Agregaron, que no se reunieron los presupuestos generales ni especiales para la procedibilidad del amparo invocado, y se observ\u00f3 un abuso del derecho por parte de la actora. <\/p>\n
El Tribunal Superior de Manizales, neg\u00f3 el amparo tras considerar razonables las decisiones judiciales cuestionadas. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que la accionante no cumpli\u00f3 con el requisito de la subsidiariedad de la tutela, en relaci\u00f3n con la decisi\u00f3n que en su momento adecu\u00f3 el tr\u00e1mite del proceso cuestionado, audiencia de 8 de marzo de \u00ab2002\u00bb (sic) pues no present\u00f3 los recursos de ley que ten\u00eda a su alcance. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que la misma situaci\u00f3n se observaba frente al presunto desconocimiento del origen irregular de la propiedad en cabeza de los demandados, fundado en que los propietarios registrados del bien a usucapir lo derivaron de un proceso de existencia de sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes tramitado cuando la acci\u00f3n estaba prescrita y mediando la indebida correcci\u00f3n de una escritura p\u00fablica, \u00abaspectos que a no dudar, debieron ser expuestos y alegados dentro del proceso de familia, a fin de que en ese escenario, ante el juez natural, se estudiaran desde el punto de vista jur\u00eddico y probatorio\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo, que la demandante no realiz\u00f3 ning\u00fan esfuerzo probatorio para acreditar su posesi\u00f3n, por lo que no pas\u00f3 de ser una mera afirmaci\u00f3n sin soporte alguno, y adem\u00e1s, \u00absu estudio dentro del proceso de pertenencia escapa al marco de competencia de ese tipo de acciones, y de haberse abordado de forma avante su an\u00e1lisis, habr\u00eda conducido a una falta de legitimaci\u00f3n por pasiva y por tanto a la improsperidad de la prescripci\u00f3n adquisitiva\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que la sentencia de segunda instancia cuestionada no pod\u00eda tacharse de caprichosa, debido a que \u00abse estudiaron de forma razonada y motivada las inconformidades planteadas por la apelante en su escrito de sustentaci\u00f3n, situaci\u00f3n distinta es que no fueran de recibo; pero en todo caso, el principio de congruencia se encuentra satisfecho en aqu\u00e9l prove\u00eddo, pues su estructura triangulada enmarcada por esa decisi\u00f3n, la de primera y los argumentos de la apelaci\u00f3n est\u00e1 satisfecha\u00bb <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante para insistir en sus pretensiones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho. (CSJ. STC1526-2022, STC6747-2022, STC7925-2022, STC10431-2022, STC16655-2022, STC705-2023, STC1002-2023 y STC1886-2023, entre muchas). <\/p>\n
Solo en dicha situaci\u00f3n se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, en especial, que se acuda oportunamente a la queja constitucional y que previamente se agoten todos los recursos ordinarios y extraordinarios existentes en el ordenamiento procesal, para evitar la situaci\u00f3n de que se trate, debido el car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Luz Mery Garc\u00eda Giraldo acudi\u00f3 inconforme con las sentencias proferidas emitidas por los Juzgados Quinto Civil Municipal y Quinto Civil del Circuito de Manizales en el proceso de pertenencia que promovi\u00f3, en s\u00edntesis, porque se desconoci\u00f3 el principio de congruencia, al haberse desechado su calidad de poseedora sobre el bien inmueble a usucapir, ya que, i) se decret\u00f3 y valor\u00f3 indebidamente una prueba pericial, para determinar el aval\u00fao del predio, ii) se omiti\u00f3 el principio de cosa juzgada y la confesi\u00f3n de los demandados, iii) se le aplic\u00f3 al proceso un tr\u00e1mite irregular que condujo a la limitaci\u00f3n de sus oportunidades probatorias y a la doble instancia y, v) no se tom\u00f3 en cuenta el origen indebido de la propiedad, en cabeza de los demandados. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Revisada la actuaci\u00f3n, se encontr\u00f3 acreditado, con relevancia para lo que habr\u00e1 de decidirse, lo siguiente, <\/p>\n
3.1 La se\u00f1ora Luz Mery Garc\u00eda Giraldo present\u00f3 demandada de pertenencia por prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio de vivienda de inter\u00e9s social en contra de Sandra Janeth Garc\u00eda, Mateo y Santiago Garc\u00eda Garc\u00eda, as\u00ed como contra de personas indeterminadas. <\/p>\n
El Juzgado Quinto Civil Municipal de Manizales, admiti\u00f3 la demanda el 8 de abril de 2021, como un \u00abverbal especial para la titulaci\u00f3n de la posesi\u00f3n material sobre inmueble urbano de peque\u00f1a entidad econ\u00f3mica\u00bb y se le imprim\u00f3 el tr\u00e1mite especial regulado por la Ley 1561 de 2012. <\/p>\n
Contra esa decisi\u00f3n no se interpuso recurso alguno. <\/p>\n
3.2 Los demandados se opusieron a las pretensiones y formularon las excepciones que denominaron, \u00abMutaci\u00f3n de la relaci\u00f3n de tenencia en posesi\u00f3n material en desmedro de los comodatarios; Inexistencia de causa para demandar por parte del demandante; Abuso del derecho por parte del demandante; Mala fe del demandante\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, se design\u00f3 curador ad litem para las personas indeterminadas. <\/p>\n
3.3 Agotadas las etapas procesales pertinentes, se convoc\u00f3 a las partes el 8 de marzo de 2022 a la audiencia de que tratan los art\u00edculos 372 y 373 del C\u00f3digo General del Proceso en la que se escucharon los interrogatorios, se realiz\u00f3 la fijaci\u00f3n del litigio y se efectu\u00f3 un control de legalidad, para adecuar el tr\u00e1mite del proceso de verbal, a verbal sumario. <\/p>\n
Contra esta decisi\u00f3n, no se plantearon recursos. <\/p>\n
3.4 Finalizadas las fases de instrucci\u00f3n y alegatos de conclusi\u00f3n, el Juzgado Quinto Civil Municipal de Manizales profiri\u00f3 sentencia el 10 de marzo de 2022, en la que declar\u00f3 pr\u00f3spera la excepci\u00f3n denominada \u00abinexistencia de causa para demandar por parte de la demandante\u00bb y neg\u00f3 las pretensiones, en resumen, porque el bien no era de inter\u00e9s social y porque la demandante no ten\u00eda la calidad de poseedora que aleg\u00f3 en la demanda. <\/p>\n
3.5 Apelada la sentencia, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Manizales, en fallo de 19 de diciembre de 2022, confirm\u00f3 la de primera instancia, y para adoptar la decisi\u00f3n, estudi\u00f3 de la posesi\u00f3n en cabeza de la demandante, respecto de la cual, se\u00f1al\u00f3; <\/p>\n
\u00abRevisadas con rigor las declaraciones solicitadas por las partes, concluye esta funcionaria que le asiste raz\u00f3n a la juez de primer nivel al desestimar la calidad de poseedora de la demandante, en tanto su propio interrogatorio evidencio graves contradicciones en cuanto al inicio de su posesi\u00f3n, los hechos que denotaron ese \u00e1nimo de se\u00f1or\u00edo, la realizaci\u00f3n de mejoras en el predio el extremo activo, y las contribuciones para servicios p\u00fablicos y predial que hizo el propietario hasta su muerte, y luego continuaron en cabeza de su compa\u00f1era permanente y hoy copropietaria Sandra Janeth Garc\u00eda, aspectos que denotan la configuraci\u00f3n de actos de mera tolerancia del propietario con sus consangu\u00edneos en primer y segundo orden, y evidencian que nunca la actora ha detentado el bien como su due\u00f1a, sino simplemente como tenedora\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la valoraci\u00f3n de los testimonios decretados por solicitud de la demandante, se\u00f1al\u00f3 que \u00abno s\u00f3lo fueron vagos e imprecisos, sino que adem\u00e1s no dieron cuenta de la ciencia de su dicho que permitiera darle credibilidad a sus afirmaciones atinentes a que el predio es de la demandante, el inmueble lo visitaban en forma espor\u00e1dica y all\u00ed vieron siempre a todo el n\u00facleo familiar del se\u00f1or Jos\u00e9 \u00c1lvaro Garcia Giraldo, incluso a \u00e9ste \u00faltimo, y no pudieron dar cuenta de la interversi\u00f3n del t\u00edtulo de la demandante que ella misma relata, consistente en el deceso de su progenitora\u00bb. <\/p>\n
Al abordar el tema de la \u00abcosa juzgada\u00bb, la que se fund\u00f3 en la sentencia del proceso reivindicatorio fallado de manera previa, advirti\u00f3 que dicha figura no se hab\u00eda presentado, \u00abporque no existe la triple identidad que este fen\u00f3meno apareja, no existe identidad de causa, en tanto el primer proceso pretend\u00eda la reivindicaci\u00f3n del bien, este asunto pretende obtener la declaratoria de pertenencia, y si bien ambos versan sobre la posesi\u00f3n material del mismo inmueble, en la acci\u00f3n real ni siquiera en la sentencia se analiz\u00f3 a fondo la calidad de poseedora de la aqu\u00ed accionante y en cambio, se declar\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa de los demandantes. (\u2026) Aunado a lo anterior, no puede perderse de vista que toda confesi\u00f3n admite prueba en contrario, y precisamente en este caso existe abundante material probatorio que da cuenta de la calidad de tenedora de la actora, en contraposici\u00f3n a la confesi\u00f3n que por apoderado se hiciera en el proceso reivindicatorio, careciendo dicha confesi\u00f3n de la inmutabilidad que predica la recurrente\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, se\u00f1al\u00f3 \u00abirrelevante\u00bb la inconformidad planteada frente a si el bien era, o no, de inter\u00e9s social, pues, en cualquier caso, la demandante no era poseedora de este, por lo que no pod\u00eda adquirirlo por prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio y en los t\u00e9rminos expuestos, confirm\u00f3 que no se hab\u00eda acreditado la calidad de poseedora de la demandante. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Revisada la actuaci\u00f3n anterior a la sentencia, lo primero que se advirti\u00f3 es que la accionante no present\u00f3 ning\u00fan recurso contra de la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 el Juzgado de conocimiento de primera instancia en desarrollo de la audiencia de 8 de marzo de 2022, cuando realiz\u00f3 un control de legalidad y determin\u00f3 que al proceso se le hab\u00eda dado un tr\u00e1mite indebido desde la admisi\u00f3n de la demanda, limit\u00e1ndolo al verbal, cuando en realidad correspond\u00eda al \u00abverbal sumario\u00bb, aplicable a los procesos de pertenencia de m\u00ednima cuant\u00eda, debido al aval\u00fao del bien referido por la propia demandante en su escrito inicial ($40.100.000). <\/p>\n
El escenario id\u00f3neo para alegar lo que equivocadamente se indic\u00f3 en esta especial acci\u00f3n, era ante la juez natural y no de manera extempor\u00e1nea por esta v\u00eda residual, lo que a todas luces confirm\u00f3 la ausencia del requisito de la subsidiariedad que siempre debe acompa\u00f1ar a la tutela, habida cuenta que, a pesar de la inconformidad expuesta por la quejosa en este mecanismo, se mantuvo silente en el proceso y no refut\u00f3 la decisi\u00f3n que ahora no consulta sus intereses. <\/p>\n
Debe tenerse presente que la falta de proposici\u00f3n oportuna y adecuada de los instrumentos de defensa judicial constituye una desidia procesal que no puede sanearse con esta acci\u00f3n extraordinaria, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando los interesados dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el ordenamiento jur\u00eddico, quedan sujetos a las consecuencias de las decisiones judiciales que le sean adversas a sus pretensiones, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria. (CSJ. STC12514-2021, STC14292-2021, STC2292-2022, STC2818-2022, STC3819-2022, STC7217-2022 y STC16910-2022, entre muchas). <\/p>\n
<\/p>\n
5. Adem\u00e1s de lo anterior, acudi\u00f3 a este mecanismo expedido y sumario de manera tard\u00eda, si se tiene en cuenta que la decisi\u00f3n que reprocha se adopt\u00f3 en la audiencia de 8 de marzo de 2022 sin que alegara justificaci\u00f3n alguna para tal demora, no debe olvidarse que, como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, seis (6) meses es un plazo razonable para tales fines (CSJ. STC. 14 sep. 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en STC. 27 oct. 2011, exp. 2011-02245-00 y recientemente en STC1526-2022, STC6331-2022, STC7548-2022 y STC379-2023, entre otras). <\/p>\n
<\/p>\n
6. Ahora, las sentencias proferidas no pueden tildarse de caprichosas por la simple divergencia exteriorizada por la accionante a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, pues si no logr\u00f3 acreditar su calidad de poseedora en el proceso de pertenencia que inici\u00f3, era claro, sus pretensiones estaban destinadas a ser negadas, como en efecto sucedi\u00f3, pues dicha calidad constituye uno de los pilares esenciales de ese tipo de demandas, sin el cual, no es posible acceder a lo solicitado. <\/p>\n
<\/p>\n
7. De otra parte, la inconformidad exteriorizada por la actora con la valoraci\u00f3n probatoria realizada en los pronunciamientos de los Juzgados accionados no resultaba suficiente para acudir al juez constitucional, con el fin de discutir sus fundamentos en el \u00e1mbito de sus competencias, e intentar reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente, como si se tratara de una tercera instancia, y en evidente ausencia de las irregularidades denunciadas. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en STC1212-2022 y STC16655-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
8. Restar se\u00f1alar que en esta ocasi\u00f3n no se demostr\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable que activara el mecanismo de manera excepcional, para cuya finalidad, como es bien conocido, no basta con realizar una serie de manifestaciones sin fundamento probatorio, ya que estas requieren del sustento suficiente para que el director de la tutela analice la imperiosa necesidad de inmiscuirse o no, en el caso concreto. <\/p>\n
<\/p>\n
9. Como consecuencia de lo expuesto, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC2544-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC2544-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 17001-22-13-000-2023-00024-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71875","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71875","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71875"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71875\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71875"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71875"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71875"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}