STC2545-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2545-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-02624-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 24 de enero de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gabriel Arc\u00e1ngel Guti\u00e9rrez Mesa contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclama la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social, m\u00ednimo vital, vida en condiciones dignas y \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, presuntamente vulneradas por la autoridad accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se \u00abdeje sin efectos la sentencia SL 2545 de 2022 proferida el d\u00eda\u2026 21 de junio de 2022\u2026, ordenando reconocer y pagar la pensi\u00f3n de invalidez de origen com\u00fan a cargo de\u2026 Colpensiones en los mismos t\u00e9rminos establecidos en las sentencias de primera y segunda instancia, en aplicaci\u00f3n del precedente constitucional que permite aplicar el decreto 758 de 1990 en aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Gabriel Arc\u00e1ngel Guti\u00e9rrez Mesa promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra Colpensiones, con miras a que se reconociera y pagara la pensi\u00f3n de invalidez de origen com\u00fan, mesadas adicionales, intereses moratorios, lo probado ultra y extrapetita y las costas del proceso. <\/p>\n
2.2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medell\u00edn, el que dict\u00f3 sentencia el 28 de enero de 2019, en la que conden\u00f3 a Colpensiones a pagar dicha pensi\u00f3n a partir del 30 de enero de 2014, el retroactivo, una mesada equivalente al salario m\u00ednimo legal mensual vigente e intereses moratorios, decisi\u00f3n que consultada, fue confirmada en fallo de 23 de septiembre de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad. <\/p>\n
2.3. Tras ser recurrida en casaci\u00f3n, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, el 31 de mayo de 2022 la cas\u00f3, revoc\u00f3 la providencia de primer grado y absolvi\u00f3 a la demandada de las pretensiones incoadas. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 el accionante que contaba con 62 a\u00f1os; que estuvo afiliado a Colpensiones, en donde cotiz\u00f3 590 semanas; que debido a sus quebrantos de salud se dictamin\u00f3 que perdi\u00f3 su capacidad laboral en un 59.57% de origen com\u00fan; y que deprec\u00f3 la pensi\u00f3n de invalidez pero le fue denegada, por lo que promovi\u00f3 el juicio criticado. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que se cometieron defectos que conllevaron a la violaci\u00f3n de los derechos; que se adopt\u00f3 una decisi\u00f3n contraria a los principios de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa y de favorabilidad, as\u00ed como a las normas jur\u00eddicas que regulaban el asunto. <\/p>\n
2.6. Adujo que aun cuando se acogiera la posici\u00f3n sostenida por la Sala acusada en relaci\u00f3n a los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n de invalidez de un afiliado, en vigencia de la Ley 860 de 2003, esto es, el cumplimiento de 50 semanas de cotizaci\u00f3n en los tres a\u00f1os inmediatamente anteriores a la estructuraci\u00f3n de invalidez, la determinaci\u00f3n censurada seguir\u00eda incurriendo en defecto sustantivo por no dar aplicaci\u00f3n al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. <\/p>\n
2.7. Sostuvo que el aludido principio hab\u00eda sido ampliamente desarrollado por las Cortes Constitucional y Suprema de Justicia, estableciendo que si un afiliado hab\u00eda dejado acreditados los requisitos para acceder a un derecho en vigencia de una normatividad anterior, ese derecho persist\u00eda, a pesar de que el hecho generador ocurriera en vigencia de una ley posterior; y que dicha situaci\u00f3n fue ignorada por la autoridad acusada. <\/p>\n
2.8. Refiri\u00f3 que la decisi\u00f3n criticada violaba gravemente uno de los pilares del sistema de seguridad social, el in dubio pro operario, pues efectuaba una interpretaci\u00f3n que no se deduc\u00eda de la norma al resultar desfavorable a los intereses del beneficiario; que se deb\u00eda respetar la jurisprudencia constitucional; que no contaba con un ingreso que le permitiera satisfacer sus necesidades b\u00e1sicas; y que agot\u00f3 la v\u00eda gubernativa y ordinaria. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn indic\u00f3 que en providencia de 23 de septiembre de 2020 resolvi\u00f3 el grado jurisdiccional de consulta; que consider\u00f3 que al gestor le asist\u00eda el derecho a la pensi\u00f3n de invalidez deprecada en aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa; y que el asunto fue analizado a la luz de la normatividad y la jurisprudencia vigente. <\/p>\n
2. La Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que la determinaci\u00f3n criticada se adopt\u00f3 en atenci\u00f3n a la jurisprudencia de la Sala permanente; que de conformidad con la fecha de estructuraci\u00f3n del estado de invalidez del accionante, esto es, el 30 de enero de 2014, la norma aplicable era la Ley 860 de 2003, pero no se reun\u00edan las exigencias all\u00ed previstas; que el gestor no era acreedor de la aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa debido al tr\u00e1nsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 860 de 2003; que el precedente constitucional se deb\u00eda evaluar en cada caso; y que no se vulner\u00f3 ning\u00fan derecho fundamental del accionante. <\/p>\n
3. Colpensiones se\u00f1al\u00f3 que la tutela no era una tercera instancia; que no hab\u00eda conculcado prerrogativa esencial alguna; que no se cumpl\u00eda con las causales de procedibilidad del resguardo; que exist\u00eda cosa juzgada; y que no se prob\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
4. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en liquidaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que no hizo parte ni fue llamado al juicio criticado; que lo debatido en el proceso era un asunto que le correspond\u00eda a Colpensiones; y que solicitaba su desvinculaci\u00f3n de esta acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
5. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al considerar que no exist\u00eda vulneraci\u00f3n de los derechos del promotor; que el accionante pretend\u00eda se sustituyera el an\u00e1lisis efectuado por el fallador criticado; que la autoridad censurada actu\u00f3 en derecho y dentro del marco de la autonom\u00eda e independencia otorgadas por la ley; y que solo se advert\u00eda una discrepancia de criterio frente a interpretaciones normativas o valoraciones probatorias efectuadas por el juez natural. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que no era admisible que no se aplicara el principio de condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa sin argumentaci\u00f3n que justificara v\u00e1lidamente tal actuaci\u00f3n; y que superaba las condiciones establecidas para el efecto por la Corte Constitucional. <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que la sentencia criticada no luce arbitraria, pues se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026Teniendo en cuenta el \u00fanico cargo formulado contra la sentencia del Tribunal, a la Corporaci\u00f3n le corresponde establecer, si aqu\u00e9l se equivoc\u00f3 al acudir al Acuerdo 049 de 1990, en virtud del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, para conceder la pensi\u00f3n de invalidez a favor del demandante. <\/p>\n
Como las acusaciones se presentan por la senda de puro derecho, permanecen inc\u00f3lumes los siguientes supuestos: i) al accionante se le dictamin\u00f3 una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 59,57 %, estructurada a partir del 30 de enero de 2014; ii) no reuni\u00f3 50 semanas de cotizaci\u00f3n dentro de los 3 a\u00f1os anteriores en los que se le dictamin\u00f3 la mengua de su fuerza laboral, sino solo 4 ciclos y, iii) alcanz\u00f3 a cotizar en el ISS 490 semanas antes del 1\u00b0 de abril de 1994. <\/p>\n
Dicho esto, para resolver los cuestionamientos de la cesura, es suficiente con manifestar que esta Corporaci\u00f3n, de manera reiterada, ha sostenido que la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa no habilita a realizar una b\u00fasqueda hist\u00f3rica de legislaciones para encontrar la que se acomode al caso debatido, pues ser\u00eda otorgar una aplicaci\u00f3n plus ultractiva a la ley, obviando que las leyes sociales son de aplicaci\u00f3n inmediata y, por lo general, surten efectos hacia futuro. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha precisado, que la normativa que debe aplicarse a asuntos como el debatido, es la vigente al momento de la estructuraci\u00f3n de la invalidez, que lo es, atendiendo a la fecha dictaminada, la Ley 860 de 2003, sin que se hubieran reunido las exigencias all\u00ed previstas, como que no se acreditaron las 50 semanas exigidas y tampoco se re\u00fanen, las condiciones del par\u00e1grafo 2\u00b0 ib\u00eddem, ya que, los per\u00edodos aportados, para un total de 490 ciclos, conforman una cantidad inferior al 75 % de las exigidas para acceder a la pensi\u00f3n all\u00ed prevista. <\/p>\n
Igualmente, el petente no pod\u00eda beneficiarse de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, por el paso entre la Ley 100 de 1993 y la 860 de 2003, porque solo es posible diferir los efectos de la mentada normatividad, hasta el 26 de diciembre de 2006, es decir, por 3 a\u00f1os despu\u00e9s de su vigencia. <\/p>\n
Sobre lo tratado, en la sentencia de casaci\u00f3n CSJ SL5657-2021, entre otras muchas, se indic\u00f3\u2026 <\/p>\n
Por lo antes expuesto, el Tribunal cometi\u00f3 los yerros jur\u00eddicos atribuidos en la impugnaci\u00f3n y, por esa raz\u00f3n, el cargo prospera\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, esta Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta o no, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio frente a la valoraci\u00f3n efectuada en la determinaci\u00f3n criticada, en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la [interpretaci\u00f3n] que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido en precedencia, se advierte que la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
5. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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