STC2547-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2547-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2022-00648-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 6 de febrero de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Myriam Estela Serna Orrego contra los Juzgados D\u00e9cimo Civil del Circuito y Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, ambos de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad jur\u00eddica, dignidad y \u00abefectividad de los principios y fines constitucionales\u00bb que dice vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se ordene al estrado acusado \u00abla suspensi\u00f3n inmediata de la diligencia de remate sobre los inmuebles\u2026 fijada para el 10 de noviembre de 2022\u2026 hasta que se resuelva la admisi\u00f3n del proceso de reorganizaci\u00f3n abreviada ante la Superintendencia de Sociedades interpuesto por [su] parte, en beneficio de la leg\u00edtima defensa y debido proceso y la suspensi\u00f3n por el aval\u00fao del remate\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Banco Scotiabank Colpatria SA y Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn ESP adelantaron un proceso ejecutivo contra Myriam Estela Serna Orrego y Pedro Emilio Hoyos S\u00e1nchez, el que conoci\u00f3 inicialmente el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Medell\u00edn y luego el Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, ambos de Medell\u00edn, \u00faltimo que program\u00f3 el 22 de septiembre de 2022 la diligencia de remate, el que no se llev\u00f3 a cabo. <\/p>\n
2.2. As\u00ed mismo, la accionante present\u00f3 demanda de insolvencia ante la Intendencia Regional de Medell\u00edn, la que teniendo en cuenta que el domicilio de la solicitante era en Santa Marta, el 22 de septiembre de 2022 lo remiti\u00f3 por competencia a la Intendencia Regional de Barranquilla, \u00faltima que inadmiti\u00f3 dicha solicitud y el 19 de octubre de 2022 la rechaz\u00f3. <\/p>\n
2.3. El estrado de ejecuci\u00f3n acusado, con auto de 20 de septiembre de 2022, neg\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso fundada en que la accionante hab\u00eda formulado un tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n; el 9 de noviembre de 2022 la gestora pidi\u00f3 suspensi\u00f3n de remate por inconformidades con el aval\u00fao e interpuso esta tutela; y en la diligencia de 10 de noviembre de 2022 el estrado acusado desestim\u00f3 las solicitudes impetradas, llev\u00f3 cabo el remate y le adjudic\u00f3 el bien a Juan Fernando Flores Arcila. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 la accionante que en la actualidad atravesaba una cr\u00edtica situaci\u00f3n financiera con serias y graves dificultades para el pago oportuno de las obligaciones a su cargo, en especial con el sector bancario, ello por cuanto la actividad laboral hab\u00eda deca\u00eddo debido a la pandemia y a la crisis mundial. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que no contaba con los recursos suficientes para cubrir sus compromisos econ\u00f3micos y como consecuencia de ello se hab\u00eda visto inmersa en cobros de procesos hipotecarios, intereses moratorios y perjuicios que incrementan los pagos que deb\u00eda realizar, agravando a\u00fan m\u00e1s su crisis financiera. <\/p>\n
2.6. Adujo que acudi\u00f3 al proceso de reorganizaci\u00f3n econ\u00f3mica con el fin de que se le permitiera llegar a un acuerdo con los acreedores del sector financiero y lograr recuperar su capacidad econ\u00f3mica productiva, adem\u00e1s de no perder su casa y la de su familia; y que el d\u00eda 14 de septiembre de 2022 radic\u00f3 la solicitud ante la Superintendencia de Sociedades presentando un plan de pagos a los deudores, en especial, al Banco Scotiabank Colpatria. <\/p>\n
2.7. Sostuvo que el d\u00eda 15 de septiembre de 2022 envi\u00f3 memorial al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn, dirigido al proceso que se sigue en su contra, para que se suspendiera la diligencia de remate, mientras se resolv\u00eda la admisi\u00f3n del proceso de insolvencia econ\u00f3mica ante la Superintendencia de Sociedades, pues es derecho del deudor salvar su patrimonio y el efecto es la suspensi\u00f3n de los procesos que se encuentren en curso en los juzgados. <\/p>\n
2.8. Asever\u00f3 que un d\u00eda antes del remate, el estrado de ejecuci\u00f3n acusado no accedi\u00f3 a la suspensi\u00f3n del proceso, pues la Superintendencia no hab\u00eda resuelto la admisi\u00f3n de la insolvencia presentada, empero que su solicitud no era ilegal, pues estaba en tr\u00e1mite dicho procedimiento. <\/p>\n
2.9. Refiri\u00f3 que el remate fijado para el 22 de septiembre no se pudo realizar porque el internet del despacho ten\u00eda inconvenientes, motivo por el cual el juzgado reprogram\u00f3 la audiencia para el d\u00eda 10 de noviembre de 2022 a las 9:00 a.m.; y que el d\u00eda 9 de noviembre de 2022 solicit\u00f3 que se suspendiera dicha diligencia, puesto que el aval\u00fao del bien no ten\u00eda una vigencia inferior a un a\u00f1o. <\/p>\n
2.10. Afirm\u00f3 que el remate se soportaba con un aval\u00fao catastral gener\u00e1ndosele una lesi\u00f3n enorme, pues el valor comercial de los inmuebles era superior; que el proceso era nulo porque no los hab\u00edan notificado en debida forma del juicio ejecutivo ni del mandamiento de pago; y que se cometieron errores manifiestos en detrimento del derecho sustancial y sus garant\u00edas esenciales. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn ESP se\u00f1al\u00f3 que no era la entidad que deb\u00eda garantizar los derechos de la gestora, pues el libelo se refer\u00eda a actuaciones u omisiones de los estrados criticados; que exist\u00eda una falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues nada tuvo que ver en los hechos denunciados ni ten\u00eda inter\u00e9s jur\u00eddico en el proceso; y que no hab\u00eda conculcado prerrogativa esencial alguna. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn realiz\u00f3 un recuento de lo acontecido e indic\u00f3 que hab\u00eda resuelto todas las solicitudes elevadas, sin que se advirtiera una mora judicial ni tardanza injustificada dada la carga laboral de ese estrado -1700 procesos activos, las acciones constitucionales, el escaso personal y la emergencia sanitaria que oblig\u00f3 al cierre de las sedes judiciales-; y que las actuaciones estaban enmarcadas en el respeto del debido proceso y de las garant\u00edas de las partes: Remiti\u00f3 el link del proceso criticado. <\/p>\n
3. La Intendencia Regional de Barranquilla de la Superintendencia de Sociedades refiri\u00f3 que no le constaban los hechos, pues era ajena al remate que daba origen a la tutela; que el 14 de septiembre de 2022 la actora solicit\u00f3 la admisi\u00f3n de un proceso de insolvencia empresarial, el que el 22 de ese mismo mes le fue remitido por la Intendencia Regional de Medell\u00edn; que el 30 de septiembre siguiente se requiri\u00f3 a la accionante con miras a que subsanara las falencias presentadas, pero como en la oportunidad procesal no lo hizo, procedi\u00f3 a rechazar la solicitud el 19 de octubre, por lo que a la fecha no exist\u00eda proceso de reorganizaci\u00f3n en tr\u00e1mite, \u00abergo, ning\u00fan efecto o consecuencia jur\u00eddica derivado de este\u00bb. <\/p>\n
4. Alex Mario Duque, curador ad-litem de Juan Fernando Fl\u00f3rez Arcila, Judith Alexandra G\u00f3mez Zapata y Juan Guillermo Jaramillo Gaviria, adujo que se tuviera en cuenta que sus representados -postores y adjudicatario en la diligencia de remate- no se vieran afectados por las discusiones superadas al momento de dicha actuaci\u00f3n, la que se realiz\u00f3 previo cumplimiento de las exigencias legales; y que no se deb\u00eda tener en cuenta el reclamo de la gestora, en tanto que el proceso de reorganizaci\u00f3n presentado hab\u00eda sido rechazado desde octubre del a\u00f1o pasado. <\/p>\n
5. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional, en Sala mayoritaria, deneg\u00f3 el amparo al considerar que la accionante fue notificada personalmente el 29 de noviembre de 2019 del auto que libr\u00f3 mandamiento de pago, as\u00ed como del que adicion\u00f3 el mismo; que no se advert\u00eda que la promotora hubiera acudido al proceso a plantear la nulidad por indebida notificaci\u00f3n, lo que evidenciaba que no cumpl\u00eda con la inmediatez, en tanto que fue una notificaci\u00f3n concretada hace 3 a\u00f1os, la que adem\u00e1s no se discuti\u00f3 por los mecanismos procedentes; que no se cumpl\u00eda con la subsidiariedad, en tanto que no fueron controvertidas la providencia de 23 de febrero de 2022, con la que se corri\u00f3 traslado del aval\u00fao, ni el prove\u00eddo de 6 de octubre de 2022 que fij\u00f3 fecha para realizar el remate; que solo hasta el 8 de noviembre de 2022 la petente adujo la irregularidad que exist\u00eda en el aval\u00fao, peticion que se encontraba pendiente de decidir cuando se formul\u00f3 la tutela, puesto que no se hab\u00eda llevado a cabo la almoneda; y que en dicha diligencia, el fallador acusado se pronunci\u00f3 indicando que no exist\u00eda irregularidad en el aval\u00fao, pues cuando se fij\u00f3 la data para llevarse a cabo la misma, el aludido aval\u00fao ten\u00eda menos de un a\u00f1o. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que no se cumpl\u00eda con el presupuesto de subsidiariedad, pues la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso por el tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n formulado era del 20 de septiembre de 2022 y no fue recurrida; que si bien el art\u00edculo 20 de la Ley 1116 de 2006 indicaba que los efectos del proceso de reorganizaci\u00f3n se daban a partir de la fecha de su inicio, ello no ocurri\u00f3 en el caso concreto, pues la solicitud presentada por la actora fue rechazada, en tanto que no cumpli\u00f3 con las exigencias que hiciera la Superitendencia de Sociedades, por lo que no era posible que reclamara la materializaci\u00f3n de los efectos frente a una situaci\u00f3n que no se concret\u00f3; y que no se evidenciaba vulneraci\u00f3n de los derechos de la actora. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que se deb\u00eda tener en cuenta el salvamento efectuado en relaci\u00f3n al aval\u00fao; que se ten\u00eda que estudiar el procedimiento irregular que se presentaba en la audiencia de remate, pues se debi\u00f3 suspender el mismo por una queja propuesta; que el bien se hab\u00eda valorizado, por lo que al tener en cuenta el aval\u00fao catastral se presentaba una lesi\u00f3n; que el Tribunal resolvi\u00f3 la queja cuando estaba en tr\u00e1mite esta tutela, pero debi\u00f3 ser al contrario para amparar sus derechos; que no se efectu\u00f3 un control de legalidad frente a su enteramiento; y que se deb\u00eda suspender la aprobaci\u00f3n del remate, pues no cont\u00f3 con la oportunidad legal de defenderse. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Descendiendo al sub examine, advierte la Corte que la solicitud de amparo est\u00e1 llamada a fracasar, comoquiera que auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, no se vislumbra que la accionante hubiese agotado los mecanismos de defensa con los que contaba. <\/p>\n
En efecto, la promotora del resguardo fue pasiva durante el tr\u00e1mite criticado, pues fue notificada personalmente del mandamiento de pago, sin que controvirtiera su enteramiento; guard\u00f3 silencio frente al aval\u00fao cuando se le corri\u00f3 traslado del mismo; no critic\u00f3 el auto de 20 de septiembre de 2022, con el que se neg\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso porque hab\u00eda interpuesto un tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n, \u00faltimo que en todo caso se rechaz\u00f3; y tampoco alleg\u00f3 nuevo aval\u00fao conforme con lo dispuesto en el art\u00edculo 457 C\u00f3digo General del Proceso, por lo que desperdici\u00f3 el escenario id\u00f3neo para exponer sus reclamos. <\/p>\n
De ese modo el reclamo se torna improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el gestor del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante este instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u2026 (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01; STC, 6 oct. 2016; rad. 2016-00208-01; y STC15463, 28 oct. 2016, rad. 2016-00865-01). <\/p>\n
3. De otro lado, frente a los argumentos expuestos en la impugnaci\u00f3n en punto a los reclamos por lo acontecido en la diligencia de remate y el tr\u00e1mite surtido a continuaci\u00f3n por el Tribunal Superior de Medell\u00edn, se observa que los mismos constituyen hechos nuevos, no incluidos en el libelo inicial, frente a los que no puede entrar a manifestarse la Sala en esta instancia, toda vez que desconocer\u00eda el derecho de defensa de los involucrados en esta situaci\u00f3n. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los aspectos in\u00e9ditos que se presentan en el curso de la tutela, se ha dicho que: <\/p>\n
\u2026Es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad – deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 2011-00003-01; reiterada en STC, 10 may. 2011, rad. 2011-00416-01; y STC, 3 oct. 2013, rad. 2013-01090-01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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