STC2549-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2023-00074-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo de 31 de enero de 2023, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Gustavo Guevara Ortiz le instaur\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial y al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado, ambos de Valledupar, extensiva a las autoridades, partes y dem\u00e1s intervinientes en el proceso n\u00b0 2020-00115. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor pidi\u00f3 se le conceda la \u00ablibertad condicional\u00bb. <\/p>\n
Del escrito inaugural y los medios de convicci\u00f3n aportados se extrae que el promotor se halla privado de la libertad desde el 5 de junio de 2019 y el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Valledupar, lo conden\u00f3 con fundamento en un preacuerdo a 6 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n al hallarlo responsable en calidad de c\u00f3mplice de los delitos de apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezcla que lo contengan, concierto para delinquir simple, y hurto calificado y agravado (19 jun. 2020), decisi\u00f3n que apel\u00f3 y el Tribunal confirm\u00f3 (2 sep.2020), postul\u00f3 casaci\u00f3n y el asunto al momento de la radicaci\u00f3n del ruego se hallaba en tr\u00e1mite. Al considerar que cumpl\u00eda con los requisitos inst\u00f3 la concesi\u00f3n del mecanismo sustituto, pero le fue negado por no haber acreditado la reparaci\u00f3n integral a la v\u00edctima (26 sep. 2022), decisi\u00f3n que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, el juzgado mantuvo su prove\u00eddo y concedi\u00f3 la alzada (15 nov. 2022), el juez plural accionado ratific\u00f3 lo as\u00ed resuelto, pero ya por la gravedad de la conducta (22 dic. 2022). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que los funcionarios querellados en sus determinaciones no tuvieron en cuenta su proceso de resocializaci\u00f3n, la ausencia de antecedentes penales, el arraigo con su n\u00facleo familiar y la buena conducta intramural. <\/p>\n
2. Los convocados luego de relacionar lo rituado en las instancias resistieron los anhelos. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia desestim\u00f3 el ruego tras inferir la razonabilidad de las determinaciones cuestionadas. <\/p>\n
4. Recurri\u00f3 el actor e insisti\u00f3 en los argumentos del libelo, en los atinente a su proceso de resocializaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Como aspecto preliminar es importante anunciar que el examen de la presunta lesi\u00f3n de las prerrogativas incoadas por Guevara Ortiz recaer\u00e1 de forma exclusiva en el interlocutorio expedido por el Tribunal (19 dic. 2022), pues la determinaci\u00f3n del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Valledupar ya fue sometida al escrutinio de la colegiatura antes aludida, a trav\u00e9s del remedio vertical, de suerte que no resulta admisible una confrontaci\u00f3n similar, \u00abso pena de convertir este escenario [constitucional] en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC14012-2015, STC2377-2018, STC11805-2021, reiteradas entre muchas en STC13648-2022). <\/p>\n
Aclarado lo anterior, desde ya se anuncia que el desenlace objetado debe respaldarse, pues, en efecto, la negativa a concederle la libertad condicional al inconforme no es arbitraria o caprichosa, al margen de que se comparta o no. <\/p>\n
Es as\u00ed como, en el prove\u00eddo objeto de censura, el juez plural inici\u00f3 su estudio en la valoraci\u00f3n tanto de la conducta punible como el grado de participaci\u00f3n por las que result\u00f3 condenado Guevara Ortiz y estableci\u00f3 como marco normativo el art\u00edculo 30 de la Ley 1709 de 2014 para resaltar que la concesi\u00f3n de la libertad condicional, no operaba de manera autom\u00e1tica porque la misma norma le impone el deber al juez de valorar previamente la conducta punible y ese escenario explico que, <\/p>\n
(\u2026) antes de verificar la concurrencia de los dem\u00e1s presupuestos, esto es, el cumplimiento de las 3\/5 partes de la pena de prisi\u00f3n, se debe efectuar la valoraci\u00f3n de la conducta punible, como criterio orientador y determinante del juicio de ponderaci\u00f3n, que se contrasta con el modo en el que se ha cumplido la ejecuci\u00f3n de la pena, sin que por ello se est\u00e9 realizando un nuevo juicio sobre la conducta, en atenci\u00f3n a que la obligaci\u00f3n de la Judicatura es realizar ese an\u00e1lisis, acudiendo a lo que se consign\u00f3 en la sentencia condenatoria frente al tema, al modo en el que el comportamiento delictivo fue desplegado por la persona condenada, no solo desde su gravedad, sino abarcando en el an\u00e1lisis todas las circunstancias que rodearon el proceder delictivo, para as\u00ed compararlo con el modo en el que se ha desarrollado la ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n, y si ese examen arroja un resultado favorable para la persona condenada, y concurre el cumplimiento de los dem\u00e1s requisitos, ser\u00e1 posible conceder el beneficio que se depreca (Las negrillas son del texto). <\/p>\n
As\u00ed, afincado en precedentes de la homologa en lo penal (STP10-2015, 27 ene. y STP15008-2021,21 oct.), reliev\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) resulta bastante equivocada la afirmaci\u00f3n en virtud de la cual se asegura que quien vigila la ejecuci\u00f3n de la pena se releva del an\u00e1lisis de la valoraci\u00f3n de la conducta, cuando es claro que adquiere un especial protagonismo analizar la trascendencia del comportamiento punible desplegado, en una ponderaci\u00f3n m\u00e1s amplia, que no solo involucra la gravedad, sino todos aquellos aspectos que rodearon la comisi\u00f3n de los delitos en cada caso en concreto, atendiendo a la valoraci\u00f3n que al respecto, hizo el respectivo Juez de Conocimiento al dictar su sentencia, siendo preciso establecer c\u00f3mo se ha dado el proceso de resocializaci\u00f3n, con informaci\u00f3n clara, completa y precisa que permita realizar el comparativo y as\u00ed ponderar, para decidir si lo aconsejable es conceder el subrogado que se reclama. <\/p>\n
(\u2026) su funci\u00f3n era conseguir clientes que compraran el hidrocarburo apoderado, se encargaba de llevar los recipientes de pl\u00e1stico (pimpinas), hasta los predios de la finca con el fin de ser llenados de hidrocarburo, tambi\u00e9n consigui\u00f3 el veh\u00edculo donde transportaban las 23 pimpinas de gasolina apoderadas y que pretend\u00edan comercializar, hac\u00eda parte por tanto de un grupo de personas asociadas para cometer delitos en los municipios del sur del Cesar y Santander, en Aguachica y Barrancabermeja, entre otros, conformado por aproximadamente, 20 integrantes, que se ocupaban del apoderamiento de hidrocarburos, cada integrante cumpl\u00ed (sic) diferentes roles, que contribu\u00edan a la empresa criminal, y operaban desde el a\u00f1o 2017 a junio de 2019. Dentro de los integrantes estaban el aqu\u00ed procesado, el se\u00f1or GUSTAVO ORTIZ, Alejandro Arias Tovar y Jaison Guevara S\u00e1enz, para quienes se pudo determinar que participaron en varios episodios concretos. <\/p>\n
De tal manera que, puede colegirse que se trata de conductas punibles que ameritaban una respuesta punitiva seria y estricta, desde la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n, necesidad que no se diluye para la ejecuci\u00f3n de \u00e9sta, que tiene como finalidad lograr los cometidos propuestos, en particular, la retribuci\u00f3n justa por el da\u00f1o causado, la prevenci\u00f3n especial y la reinserci\u00f3n social, que no se satisfacen por el solo transcurso del tiempo, o el buen comportamiento en reclusi\u00f3n, aunque \u00e9ste importe para realizar el juicio de ponderaci\u00f3n, en tanto que permitir\u00eda establecer y apreciar si el se\u00f1or GUSTAVO GUEVARA ORT\u00cdZ, ha incluido en su comportamiento una intenci\u00f3n decidida de respetar las normas y los derechos ajenos, aspecto que no fue analizado por razones equivocadas, en criterio de la Sala, pues lo que en realidad se infiere del contenido del Auto AP2977 del 12 de julio de 2022, es que se ha de entender que tal examen debe afrontarse de cara a la necesidad de cumplir una sanci\u00f3n ya impuesta, por lo que no se trata de un mero y aislado examen de la gravedad de la conducta, sino de un estudio de la personalidad actual y los antecedentes de todo orden del sentenciado, para de esta forma evaluar su proceso de readaptaci\u00f3n social; por lo que en la apreciaci\u00f3n de estos factores debe conjugarse el impacto social que genera la comisi\u00f3n del delito bajo la \u00e9gida de los fines de la pena, los cuales, para estos efectos, son complementarios, no excluyentes. <\/p>\n
En esa l\u00ednea de pensamiento, al realizar la ponderaci\u00f3n de los medios de prueba resalt\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) se indica en los certificados de calificaci\u00f3n de conducta, emitidos por el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Bucaramanga, Santander, que la misma ha oscilado entre buena y ejemplar, no obstante, esos informes y certificaciones del Establecimiento Carcelario, no describen c\u00f3mo se lleg\u00f3 por parte del se\u00f1or condenado a esos resultados, no se menciona qu\u00e9 fue lo que hizo para lograrlos, descripci\u00f3n que ser\u00eda importante para realizar de mejor manera esa confrontaci\u00f3n de la forma en la que se ejecutaron las conductas delictivas, en las que tuvo una decidida y activa participaci\u00f3n del se\u00f1or recurrente, pues no s\u00f3lo se concert\u00f3, sino que coordinaba las tareas con los dem\u00e1s miembros del grupo criminal para lograr los cometidos criminales, en el hurto de los hidrocarburos, en distintos eventos, lo que sin duda revela una gravedad que comparada con lo que se ha podido conocer del modo en el que se cumple la ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n, no parece imponerse sobre el proceder al ejecutar la conducta punible, que no evidenci\u00f3 ning\u00fan aspecto especial a considerar en favor del se\u00f1or GUEVARA ORTIZ, y por tanto, esa comparaci\u00f3n, no informa que la persona condenada sea merecedora de la libertad condicional, no hay aspectos en esa resocializaci\u00f3n que impacten de manera superior y que hagan suponer que se justifica el otorgamiento de la Libertad Condicional, por encima de la valoraci\u00f3n de las conductas punibles por las que fue condenado. <\/p>\n
Tambi\u00e9n estudi\u00f3 la conducta intramural del inconforme y en ese orden de ideas resalt\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) las diferentes actividades dentro del penal, y un buen comportamiento, son insuficientes, comparados con la manera en la que despleg\u00f3 los comportamientos delictivos, para afirmar que es merecedor del beneficio deprecado, y por tanto, lo que se exige es que el se\u00f1or GUEVARA ORTIZ, contin\u00fae con el cumplimiento de la sanci\u00f3n impuesta, de tal modo que pese a que ha desarrollado diferentes actividades dentro del penal, que posiblemente le han permitido cambiar su actitud y hacerse m\u00e1s productiva para la sociedad, logrando desarrollar aptitudes y actitudes que le permiten introyectar la norma, y trabajar de forma positiva en su proceso de resocializaci\u00f3n, no es suficiente para la concesi\u00f3n de la Libertad Condicional solicitada, bajo el entendido de que el fin de la pena es lograr la resocializaci\u00f3n para la reinserci\u00f3n a la vida en comunidad, en procura de que los ciudadanos den lo mejor de s\u00ed, contribuyendo a la familia y a la sociedad, al incorporar en su actuar el respeto por el ordenamiento jur\u00eddico y por los derechos de sus cong\u00e9neres, y precisamente, cuando las personas estudian y trabajan, se les reconoce su esfuerzo, redimiendo pena, pero en modo alguno puede entenderse que este proceso de resocializaci\u00f3n solo tiene como objetivo que se conceda un subrogado o beneficio, pues de ser as\u00ed, no se estar\u00eda asimilando por la persona procesada el fin \u00faltimo que es la adecuada resocializaci\u00f3n, y esa noci\u00f3n del da\u00f1o causado y la reparaci\u00f3n a las v\u00edctimas, que le permita hacerse consciente de lo que su actuar il\u00edcito gener\u00f3, para de ese modo, enmendarse y garantizar la no repetici\u00f3n. <\/p>\n
Para concluir que, <\/p>\n
(\u2026) aplicando un test de proporcionalidad como m\u00e9todo para adoptar la decisi\u00f3n correspondiente, debe decirse que, contin\u00faa prevaleciendo la valoraci\u00f3n de la conducta punible, como tambi\u00e9n la reparaci\u00f3n a la v\u00edctima, y si bien, el se\u00f1or GUSTAVO GUEVARA ORT\u00cdZ, ha realizado diversas actividades que le han permitido redimir pena e iniciar su resocializaci\u00f3n, elementos que son importantes, tambi\u00e9n lo es que resultan insuficientes, para la satisfacci\u00f3n de los fines de la pena, pues al ponderar lo hasta ahora logrado con el da\u00f1o creado, adem\u00e1s de la indemnizaci\u00f3n, \u00e9stas a\u00fan resulta ser superior, por lo que no se acceder\u00e1 a la concesi\u00f3n de la Libertad Condicional, en tanto que tiene mayor relevancia la valoraci\u00f3n negativa de la conducta punible por el real da\u00f1o al que se someti\u00f3 a la sociedad. <\/p>\n
En este orden de ideas el otorgamiento del multicitado subrogado no pod\u00eda tener \u00e9xito porque, si bien cumpl\u00eda algunos de los presupuestos objetivos, esto es el confinamiento intramural de m\u00e1s de las tres quintas partes del castigo, su buen desempe\u00f1o como recluso, el arraigo social y familiar, tambi\u00e9n se tuvo en cuenta que las conductas punibles por las que fue condenado no permit\u00edan la concesi\u00f3n del beneficio al que aspiraba. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, independientemente de que se acojan o no las anteriores conclusiones, lo cierto es que no se les puede atribuir defecto alguno y, menos, calificarlas de arbitrarias o caprichosas, toda vez que, como se dijo, fueron fruto de una ex\u00e9gesis respetable del marco normativo que lo regula; labor en la que no es viable interferir, en virtud de la autonom\u00eda propia de los funcionarios (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, rese\u00f1ada en STC4613-2021). <\/p>\n
En consecuencia, se respaldar\u00e1 el veredicto revisado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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