STC2553-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2553-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00924-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Sandra Patricia Pati\u00f1o Andrade contra la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de su derecho esencial de petici\u00f3n, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial acusada por la tardanza en pronunciarse sobre su petici\u00f3n, en punto de impartir celeridad al juicio que, en sede de alzada, tramita esa colegiatura. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se ordene al Tribunal \u00abresponda de forma clara, de fondo y congruente a la petici\u00f3n incoada\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso: <\/p>\n
2.1. Jhon Jairo Guerrero Guerrero promovi\u00f3 proceso ejecutivo en contra de Sandra Patricia Pati\u00f1o Andrade, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar, quien surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 11 de febrero de 2021 declar\u00f3 oficiosamente probada la excepci\u00f3n de \u00abrenuncia del ejecutante\u2026 a la acci\u00f3n y derecho que pudiere tener sobre el t\u00edtulo valor base de recaudo contra la ejecutada\u2026, conforme se pact\u00f3 en la Escritura P\u00fablica 4.626 del 28 de diciembre de 2018\u00bb;decisi\u00f3n recurrida en alzada por el Jhon Jairo. <\/p>\n
2.2. Remitidas las diligencias al Tribunal, el 28 de abril de 2021 se someti\u00f3 a reparto, ingresando al despacho al d\u00eda inmediatamente siguiente; luego, el 26 de agosto de 2022 el colegiado requiri\u00f3 al a quo con el fin de que \u00abcompar[tiera] nuevamente la carpeta virtual del expediente, acatando lo dispuesto en el protocolo para la gesti\u00f3n de documentos electr\u00f3nicos, digitalizaci\u00f3n y conformaci\u00f3n\u00bb, carga que cumpli\u00f3 el Juzgado el 31 de agosto de esa data. <\/p>\n
2.3. Refiri\u00f3 la actora que est\u00e1 pendiente de resolver la apelaci\u00f3n formulada contra la sentencia emitida el 11 de febrero de 2021, sin que a la fecha exista decisi\u00f3n de fondo; que \u00abdurante este tiempo h[a] solicitado informaci\u00f3n del proceso y solo h[a] recibido respuesta de que se encuentra al despacho para resoluci\u00f3n de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que el 15 de enero de 2023 formul\u00f3 \u00abderecho de petici\u00f3n con el fin de solici[tar] en derecho\u2026 una pronta pronunciaci\u00f3n, toda vez que es[t\u00e1] afectada desde lo econ\u00f3mico hasta lo emocional. Dado que esta situaci\u00f3n de embargos de 3 a\u00f1os [la] lleva a estar fuera del sistema financiero dejando que se atente contra el bienestar propio y de [sus] hijos\u00bb; empero, no existe respuesta a su solicitud, incumpli\u00e9ndose los t\u00e9rminos dispuestos en la Ley 1755 de 2015. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior de Valledupar solicit\u00f3 negar la salvaguarda por improcedencia del derecho de petici\u00f3n en actuaciones judiciales; manifest\u00f3 que ante las diversas solicitudes de informaci\u00f3n radicadas por la actora, el 13 de julio de 2022 le indic\u00f3 el funcionamiento de turnos para fallar y la posici\u00f3n en que se encontraba espec\u00edficamente; que consultado el sistema de gesti\u00f3n judicial siglo XXI, el proceso correspondi\u00f3 por reparto al despacho n\u00b0 003 el 28 de abril de 2021 y el 26 de agosto de 2022 requiri\u00f3 el Juzgado para que adecuara el expediente seg\u00fan el protocolo de gesti\u00f3n de documentos electr\u00f3nicos, regresando al despacho el 31 de agosto de ese mismo a\u00f1o; remiti\u00f3 link para la consulta del expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar indic\u00f3 que lo censurado es el actuar del colegiado, por lo que no tiene injerencia constitucional, destacando que remiti\u00f3 el proceso al Tribunal el 24 de marzo de 2021 para surtir la apelaci\u00f3n de la sentencia emitida en primera instancia; remiti\u00f3 link para consulta del expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Lilibeth Paola Olivares Plata, quien indic\u00f3 actuar como apoderada judicial de Jhon Jairo Guerrero Guerrero, alleg\u00f3 escrito sin aportar el poder especial para actuar en el presente tr\u00e1mite constitucional, por lo que su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, la accionante reprocha que el despacho criticado no haya emitido una respuesta a la petici\u00f3n que impetr\u00f3, encaminada a tramitar la apelaci\u00f3n formulada en el juicio ejecutivo incoado por Jhon Jairo Guerrero Guerrero en su contra, pues \u00abhan transcurrido 16 meses, y hasta el d\u00eda de hoy 21 meses\u00bb sin decisi\u00f3n de segunda instancia, m\u00e1xime cuando est\u00e1 \u00abafecta[da] desde lo econ\u00f3mico hasta lo emocional, dado que esta situaci\u00f3n de embargos de 3 a\u00f1os [la] lleva a estar fuera del sistema financiero dejando que se atente contra el bienestar propio y de [sus] hijos\u00bb. <\/p>\n
Frente a dicho cuestionamiento resulta preciso se\u00f1alar, que muy a pesar de las alegaciones de la tutelante, acorde con la consistente jurisprudencia de esta Corte, que en los tr\u00e1mites de naturaleza judicial deviene inviable el derecho de petici\u00f3n, comoquiera que dichos asuntos est\u00e1n sujetos a sus propias reglas de procedimiento. <\/p>\n
Al respecto, se ha explicado: <\/p>\n
\u2026si bien el se\u00f1or\u2026 reclama la protecci\u00f3n de su derecho de petici\u00f3n frente a la\u2026 accionada, la jurisprudencia constitucional tiene establecido que en la \u00f3rbita de los procesos judiciales no tiene cabida esa prerrogativa fundamental, salvo lo concerniente a actuaciones de linaje administrativo, y ello tiene su explicaci\u00f3n en que las normas procesales son las llamadas a ser aplicadas para efectos de dar respuesta a las solicitudes de las partes. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido que \u2018\u2026las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026 (Sentencias de 20 y 31 de marzo de 2000. Expedientes T-4822 y T-4867, respectivamente)\u201d (CSJ STC, 3 oct. 2012, rad. 2012-01784-01). <\/p>\n
En ese orden, como la petici\u00f3n de la gestora no est\u00e1 encaminada a obtener una respuesta sobre alg\u00fan tema administrativo del Tribunal, sino por el contrario pretende una resoluci\u00f3n al interior de un tr\u00e1mite judicial, como es la resoluci\u00f3n de la apelaci\u00f3n de la sentencia de primera instancia, la solicitud de amparo deviene improcedente. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Ahora, en punto a la vulneraci\u00f3n al debido proceso en el juicio criticado, ha de resaltarse que en los precisos casos en los cuales el funcionario judicial incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si la afectada no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3.1. Descendiendo al caso sub examine advierte la Corte que el juzgado enjuiciado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, pues examinados los fundamentos de la queja constitucional, esto es, que han trascurrido m\u00e1s de veinte (20) meses sin que la Sala Civil – Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior de Valledupar haya impartido el tr\u00e1mite pertinente para emitir sentencia de segunda instancia al interior del juicio ejecutivo que Jhon Jairo Guerrero Guerrero inco\u00f3 contra la accionante, se evidencia una tardanza injustificada para adoptar alguna determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular, pertinente es recordar que, con respecto a problem\u00e1ticas de esta especie, donde se critican situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n supralegal, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir: <\/p>\n
\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior. <\/p>\n
Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019 (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00; criterio reiterado, entre muchas otras, en STC5559-2019, 8 may., rad. 2019-01082-00). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Teniendo en cuenta lo anterior, el resguardo deprecado habr\u00e1 de concederse, ya que se ha imposibilitado la pronta resoluci\u00f3n del caso concreto, tardanza que se muestra injustificada si en cuenta se tiene que el proceso cuestionado se radic\u00f3 desde el 28 de abril de 2021, sin que a la fecha, ni siquiera, se haya pronunciado sobre su admisi\u00f3n y respectivo tr\u00e1mite conforme lo dispone el art\u00edculo 14 del decreto 806 de 2020 \u2013norma vigente para la interposici\u00f3n del recurso-, desatendiendo lo expresamente reglado en el canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso, espec\u00edficamente, lo referente a que \u00abel plazo para resolver la segunda instancia, no podr\u00e1 ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepci\u00f3n del expediente en la secretar\u00eda del juzgado o tribunal\u00bb. <\/p>\n
La anterior consideraci\u00f3n no sufre ninguna alteraci\u00f3n con el auto emitido el 26 de agosto de 2022, por medio del cual se requiri\u00f3 al a quo con el fin de que acatara el protocolo para la gesti\u00f3n de documentos electr\u00f3nicos, digitalizaci\u00f3n y conformaci\u00f3n, si en cuenta se tiene que, adem\u00e1s de que dicho prove\u00eddo se emiti\u00f3 16 meses despu\u00e9s de haberse allegado el expediente, tambi\u00e9n lo es que esa carga la cumpli\u00f3 el Juzgado el 31 de agosto de esas calendas, es decir, hace m\u00e1s de 6 meses, de donde, se insiste, la mora en impartir el tr\u00e1mite pertinente es injustificada. <\/p>\n
Sobre el tema en comento (mora judicial), la Corte, en pret\u00e9ritas ocasiones, ha precisado que: <\/p>\n
No da cuenta la accionada de circunstancias especiales que ameriten una valoraci\u00f3n particular frente a la dilaci\u00f3n presentada, pues como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n, \u2018la justificaci\u00f3n del retraso judicial s\u00f3lo resulta posible frente a situaciones de hecho sobrevivientes e insuperables, que tiene[n] lugar a\u00fan a pesar de la gesti\u00f3n diligente del juez\u2019. Situaciones como la congesti\u00f3n de los despachos judiciales en raz\u00f3n del creciente n\u00famero de litigios sometidos al conocimiento de la jurisdicci\u00f3n -algunos de ellos con apreciable grado de complejidad-; el incremento de los negocios civiles que se asignan a los tribunales superiores a efectos de resolver recursos atribuidos a su competencia, o las enfermedades que padecieron la funcionaria judicial y su familia, no constituyen razones suficientes que puedan explicar una demora como la que ella misma admite en la decisi\u00f3n del recurso de revisi\u00f3n, que a la fecha es de tres a\u00f1os y nueve meses (STC, 28 sep. 2012, rad. 2012-02083-00; reiterada en STC12696-2014, 18 sep. 2014, rad. 2014-2009-00) (Subrayas fuera de texto). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Bajo esa perspectiva, no cabe duda que el estrado convocado ha trasgredido las garant\u00edas de la accionante, habida cuenta que ha superado con holgura y sin justificaci\u00f3n razonable, el t\u00e9rmino previsto por la norma adjetiva civil aplicable para tramitar la segunda instancia en el juicio fustigado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, concede el resguardo al derecho al debido proceso de Sandra Patricia Pati\u00f1o Andrade. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero: Ordenar a la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar que, en el t\u00e9rmino de los tres (3) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, si a\u00fan no lo ha hecho, adopte las determinaciones que en derecho corresponda para impartir el tr\u00e1mite de segunda instancia en el juicio ejecutivo adelantado bajo el radicado 20001-31-03-001-2019-00297 incoado por Jhon Jairo Guerrero Guerrero contra Sandra Patricia Pati\u00f1o Andrade, de conformidad con la parte motiva de este fallo. <\/p>\n
La autoridad judicial accionada informar\u00e1 sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. Rem\u00edtasele copia de esta providencia. <\/p>\n
Segundo. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a todos los interesados y, en oportunidad, en caso de no impugnarse este veredicto, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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