STC2579-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC2579-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02501-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se extrae que Dick Laurence Puentes Acosta promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra la Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, los Juzgados Primero Promiscuo de Familia de El Espinal y Promiscuo de Familia de El Guamo, la Defensor\u00eda de Familia del ICBF y la Procuradur\u00eda Delegada de Familia, por las actuaciones del proceso ejecutivo de alimentos n\u00ba 2018-02260 adelantado en su contra ante el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de El Espinal y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
El asunto radicado bajo el n\u00ba 2021-02377, fue conocido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil y adelantado el tr\u00e1mite en sentencia STC12451-2021 de 22 de septiembre de 2021 neg\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional tras determinar que la decisi\u00f3n cuestionada era razonable, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en sentencia STL14327-2021 de 13 de octubre de 2021. <\/p>\n
Adujo el accionante que las autoridades accionadas incurrieron en defecto sustantivo por indebida interpretaci\u00f3n de los art\u00edculos 314 y 316 del C\u00f3digo General del Proceso, en relaci\u00f3n con el desistimiento de las pretensiones como forma anticipada de terminaci\u00f3n de un proceso judicial, adem\u00e1s, en defectos f\u00e1ctico y procedimental, \u00abpues de haberse analizado subjetiva y objetivamente la decisi\u00f3n contenida en audiencia del 20 de mayo de 2021 proferida dentro del ejecutivo con radicaci\u00f3n 2018-00260, sin el m\u00e1s m\u00ednimo desgaste mental se pod\u00eda inferir con meridiana claridad que dicha providencia es una palpable v\u00eda de hecho\u00bb. (sic) <\/p>\n
Con fundamento en lo narrado solicit\u00f3 dejar sin efecto las sentencias STC12451-2021 y STL14327-2021 proferidas por las Salas de Casaci\u00f3n Civil y Laboral en la acci\u00f3n de tutela n\u00ba 2021-02377 y, en su lugar, acceder a sus pretensiones iniciales. <\/p>\n
2. El presente asunto en sede de impugnaci\u00f3n correspondi\u00f3 al Magistrado Luis Alonso Rico Puerta, quien con fundamento del numeral 6\u00ba del art\u00edculo 56 de la Ley 906 de 2004 manifest\u00f3 su impedimento para conocer de la misma, al haber suscrito la sentencia STC12451-2021 de 22 de septiembre de 2022 cuestionada por el actor, y, en consecuencia, dispuso remitir las diligencias a los siguientes despachos para lo pertinente. <\/p>\n
Posteriormente, manifestaron impedimento para conocer del mismo los H. Magistrados Francisco Jos\u00e9 Ternera Barrios, Hilda Gonz\u00e1lez Neira, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Octavio Augusto Tejeiro Duque, con fundamento en la causal 6\u00aa del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, por haber participado en la Sala de decisi\u00f3n en la que se aprob\u00f3 la sentencia aqu\u00ed controvertida. <\/p>\n
Ingresadas las actuaciones a este Despacho, el 19 de julio de 2022 se expres\u00f3 que no concurr\u00eda causal de impedimento para conocer de la acci\u00f3n de tutela formulada por Dick Laurence Puentes Acosta que se profiri\u00f3 en la sentencia constitucional, por no haber participado en la Sala en que fue aprobada la providencia STC 12451-2021. <\/p>\n
No obstante, en providencia de 17 de agosto de 2022 se advirti\u00f3 la configuraci\u00f3n del impedimento para resolver el asunto, en los t\u00e9rminos numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, puesto que, la suscrita, como Magistrada, hace parte de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, autoridad directamente accionada, y, en ese orden, se orden\u00f3 remitir el expediente a la Presidencia de la Sala Plena para lo pertinente y el 1\u00ba de noviembre de 2022 fue devuelto nuevamente a este Despacho. <\/p>\n
Mediante auto de 8 de noviembre siguiente, se reiter\u00f3 el impedimento y se dispuso enviar las actuaciones a la Presidencia de la Sala para lo pertinente. <\/p>\n
3. En relaci\u00f3n con los impedimentos advertidos, la Sala de Casaci\u00f3n Civil integrada por los conjueces designados, en auto ATC153-2023 de 15 de febrero de 2023, resolvi\u00f3 negar el manifestado por la suscrita y acept\u00f3 los dem\u00e1s. Igualmente, ordeno remitir las actuaciones a este Despacho para lo pertinente. <\/p>\n
En aras de atender lo dispuesto en la providencia referida, este amparo ser\u00e1 decidido por los Conjueces previamente designados y la suscrita Magistrada como Ponente. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral a trav\u00e9s del Magistrado Ponente de la decisi\u00f3n cuestionada, manifest\u00f3 no haber incurrido en vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados por el accionante, en raz\u00f3n a que se analizaron las decisiones reprochadas proferidas por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 13 de julio de 2021, as\u00ed como la del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de El Espinal de 21 de mayo del mismo a\u00f1o, y se concluy\u00f3 que en las mismas no se incurri\u00f3 en ninguna de las causales espec\u00edficas, descritas, entre otras sentencias, en fallo SU-116 de 2018. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, adem\u00e1s, que se est\u00e1 cuestionando una acci\u00f3n de igual naturaleza, lo que hace improcedente el amparo, seg\u00fan criterio reiterado de la Corte Constitucional, sin que, adem\u00e1s, se advierta la configuraci\u00f3n de algunas de las causales eximentes de dicha regla. Por otra parte, indic\u00f3 que se incumple el presupuesto de la subsidiariedad, en tanto que se encontraba pendiente de ser seleccionado para revisi\u00f3n por parte de la mencionada Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, expuso que el amparo invocado era improcedente al controvertir una decisi\u00f3n proferida en un asunto constitucional debidamente culminado y sin que se observe la concurrencia de las reglas jurisprudenciales se\u00f1aladas en la sentencia SU627 de 2015 para su estudio excepcional en esta sede. <\/p>\n
3. El Juzgado Promiscuo de Familia de Guamo, relat\u00f3 las actuaciones del proceso ejecutivo de alimentos iniciado por Jinna Paola Aranda Garz\u00f3n contra Dick Laurence Puentes Acosta tramitado en ese despacho y se\u00f1al\u00f3 que al perder competencia para seguir conociendo del asunto, es al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Espinal a quien le corresponde dar respuesta a los requerimientos del accionante. Igualmente, afirm\u00f3 que no ha incurrido en vulneraci\u00f3n alguna a los derechos invocados por el actor. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo, tras determinar que el peticionario atac\u00f3 los fallos constitucionales proferidos por la Salas Hom\u00f3logas Laboral y Civil de esta Corporaci\u00f3n, sin se\u00f1alar circunstancia alguna, que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, justifique la intervenci\u00f3n en sede de tutela. <\/p>\n
Con todo, destac\u00f3 que, analizadas las sentencias proferidas en el tr\u00e1mite constitucional objeto de debate, se evidenciaba que los jueces de instancia concluyeron a partir de las pruebas aportadas para el estudio del amparo constitucional y revisadas las providencias del proceso ejecutivo de alimentos 2018-00260, que no se advert\u00eda v\u00eda de hecho alguna en las mismas, y porque adem\u00e1s eran razonables, en la medida que obedecen a la labor hermen\u00e9utica propia del juez natural. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue presentada por el accionante, quien manifest\u00f3 reservarse el derecho a sustentar la impugnaci\u00f3n en la oportunidad correspondiente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se advierte el fracaso de la queja propuesta por Dick Laurence Puentes Acosta frente a las sentencias STC12451-2021 y STL14327-2021 proferidas por la Sala de Casaci\u00f3n Civil y de Casaci\u00f3n Laboral, respetivamente, en la acci\u00f3n de tutela n\u00ba 2021-02377, mediante las cuales, se dispuso negar el amparo invocado, teniendo en cuenta que las decisiones que se adopten en virtud de una acci\u00f3n de tutela, no pueden ser objeto de controversia constitucional a trav\u00e9s de ese mismo mecanismo, <\/p>\n
\u00abEl fundamento de tal improcedencia se encuentra, por un lado, en que se debe respetar la funci\u00f3n judicial que se concreta en la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales y, por otro, garantizar la defensa del acceso efectivo a la justicia, el cual se ver\u00eda truncado si no se cierra la posibilidad de cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela en virtud de la espiral indefinida que podr\u00eda generarse. Esta posibilidad afectar\u00eda la seguridad jur\u00eddica y la cosa juzgada adem\u00e1s de generar un perjuicio al goce efectivo de los derechos constitucionales que la tutela busca garantizar\u00bb (Corte constitucional Sentencia SU-1219 de 2001). <\/p>\n
Adem\u00e1s, esta Sala reiteradamente ha denegado tales amparos a fin de evitar <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ. STC 2004-00863-00 de 26 de agosto de 2004, citada en STC2255-2021, STC1170-2022, STC2968-2022 y, STC9203-2022). <\/p>\n
Igualmente se resalta, que si bien la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 de 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios que, de manera excepcional, permiten la procedencia de la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica frente a otra del mismo linaje, tales excepciones, relacionadas, como lo ha comprendido esta Sala, con la protecci\u00f3n al debido proceso, tienen lugar cuando (i) \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, siempre y cuando \u00abse cumplan los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb; (ii) si la decisi\u00f3n es producto de un \u00abfraude\u00bb; o (iii) si se debaten \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, lesivos del \u00abdebido proceso\u00bb (CSJ. STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, reiterada en la STC8657-2021, STC10894-2021 y, STC11408-2022), no obstante, las mismas no se encuentran demostradas en este asunto. <\/p>\n
2. Aunado a lo expuesto y si el solicitante consideraba que alguna equivocaci\u00f3n existi\u00f3 en los fallos de tutela cuestionados, debi\u00f3 concurrir a la Corte Constitucional para solicitar la revisi\u00f3n de los mismos -art. 33 del Dto. 2591 de 1991-, no obstante, se constata que ese Alto Tribunal excluy\u00f3 el asunto de su estudio el 28 de febrero de 20221 (exp. T8541360), con lo cual las decisiones reprochadas adquirieron firmeza, siendo inviable reabrir el debate tutelar. <\/p>\n
En cuanto a lo anotado, esta Sala ha indicado: <\/p>\n
\u00abUna vez ha culminado el proceso de revisi\u00f3n por parte de la Corte, \u2018no hay lugar para reabrir el debate\u2019 y, por tanto, la decisi\u00f3n se torna inmutable y definitivamente vinculante, revisti\u00e9ndose de la calidad de cosa juzgada. As\u00ed las cosas, \u2018(\u2026) [d]ecidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n y precluido el lapso establecido para insistir en la selecci\u00f3n de un proceso de tutela para revisi\u00f3n (\u2026), opera el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.). Una vez ha quedado definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisi\u00f3n judicial de la Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido\u2019. Por lo anterior, se reitera, incluso en casos en los cuales la misma parte demandante vencedora en una litis precedente, instaure una nueva acci\u00f3n de tutela que de alguna manera permita a la parte vencida en ese proceso anterior cuestionar aquella decisi\u00f3n, tales argumentos no ser\u00e1n procesalmente admisibles, pues la decisi\u00f3n del juez de tutela, una vez surtido el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n en la Corte Constitucional, se encuentra revestida de la calidad de la cosa juzgada constitucional\u201d (sentencia T-218 de 2012)\u00bb (CSJ. STC de 25 de junio de 2013, exp. 01262-00, reiterada en STC14099-2021 y STC591-2022, entre otras). <\/p>\n
3. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
LUIS RAMON GARC\u00c9S DIAZ <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
HERNANDO HERRERA MERCADO <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n