STC2617-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2617-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-00034-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del 15 de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 26 de enero de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 la salvaguarda exigida por Jes\u00fas Ariel Pe\u00f1aranda Ortiz en contra del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado 2010-00358. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, a trav\u00e9s de apoderada, procura la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, petici\u00f3n y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente quebrantadas por la autoridad jurisdiccional accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se extraen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El Edificio Mar\u00eda Alicia P.H. instaur\u00f3 una demanda ejecutiva acumulada en contra de Mar\u00eda Celina Ortiz Pe\u00f1aranda, que correspondi\u00f3 al Juzgado Cincuenta Civil Municipal y Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, ambos de Bogot\u00e1, los cuales ordenaron seguir adelante con la ejecuci\u00f3n el 12 y 4 de abril de 2012 y 2018 respectivamente, decretaron el aval\u00fao y remate de los bienes embargados y ordenaron practicar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
2.2. La fase de ejecuci\u00f3n la adelanta el juzgado de ejecuci\u00f3n del circuito accionado, tr\u00e1mite en el que, surtidas algunas etapas procesales y tras el fallecimiento de la demandada Mar\u00eda Celina Ortiz, el actor solicit\u00f3 ser reconocido como sucesor procesal y pidi\u00f3 que se requiriera al secuestre de los inmuebles involucrados en el proceso a fin que rindiera informe de los arriendos recibidos, sin embargo, a la fecha no se han resuelto dichos pedimentos. <\/p>\n
3. El promotor considera que, el juzgado ha incurrido en mora en la resoluci\u00f3n de los memoriales presentados por su apoderada desde hace m\u00e1s de dos a\u00f1os, en los que, (i) se opuso a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada el 3 de diciembre de 2019, (ii) informa el fallecimiento de la ejecutada y solicita el reconocimiento como sucesor procesal, el 21 de julio de 2022 y las (iii) solicitudes de acceso al expediente, as\u00ed como un derecho de petici\u00f3n de finales del a\u00f1o pasado, destacando que el juzgado accionado solo hasta el 12 de diciembre anterior decidi\u00f3 no tramitar a su petici\u00f3n y lo reconoci\u00f3 como sucesor de la ejecutada, entre otras. <\/p>\n
4. Con base en lo expuesto, el actor pretende que se ordene al Juzgado accionado resolver el derecho de petici\u00f3n enviado en diciembre de 2022 y que informe porque ha desatendido las solicitudes realizadas desde hace dos a\u00f1os, neg\u00e1ndole la asistencia y participaci\u00f3n en las diligencias realizadas. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
2. Quien dijo ser la apoderada del edificio Mar\u00eda Alicia P.H. solicit\u00f3 que se niegue el amparo por considerar que las actuaciones del juzgado son p\u00fablicas por lo que el tutelante tuvo acceso a todas las decisiones notificadas por estado. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional desestim\u00f3 la salvaguarda exigida, para ello expuso que las solicitudes resueltas por los administradores de justicia en los procesos a su cargo, no se rigen por el derecho de petici\u00f3n sino por las reglas procesales respectivas, asimismo, consider\u00f3 que no hab\u00eda mora injustificada en la resoluci\u00f3n de las peticiones del actor, pues con auto de 12 de diciembre de 2022, lo reconoci\u00f3 como sucesor procesal de la parte ejecutada, neg\u00f3 la solicitud de suspensi\u00f3n del proceso, rechaz\u00f3 de plano la nulidad propuesta y entre otras decidi\u00f3 no aprobar el remate por advertir que hay un acreedor de mejor derecho, lo que evidencia que las peticiones han sido resueltas conforme a las reglas procesales; adem\u00e1s, el actor no alleg\u00f3 prueba de que el despacho le haya negado el acceso al expediente o le haya impedido participar en las diligencias. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor impugn\u00f3 fincado en que solo hasta que radic\u00f3 el derecho de petici\u00f3n el juzgado accedi\u00f3 a realizar las audiencias solicitadas desde meses atr\u00e1s y que tal es la mora que solo hasta el auto de 12 de diciembre anterior le reconoci\u00f3 como sucesor procesal de la parte ejecutada; tambi\u00e9n adujo, que lo pretendido es que se deje sin efecto la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito \u00abQUE SE DEJO EN FIRME SIN QUE TUVIERA LA OPORTUNIDAD DE PRONUNCIARME RESPECTO A ELLA\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor pretende que, se ordene al juzgado accionado dar una respuesta a la petici\u00f3n que radic\u00f3 dentro del proceso ejecutivo No. 2010-00358, y que le informe porque ha desatendido las solicitudes realizadas desde hace dos a\u00f1os, neg\u00e1ndole la asistencia y participaci\u00f3n en las diligencias realizadas. <\/p>\n
2. Recu\u00e9rdese que el derecho previsto en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, desarrollado en la Ley 1755 de 2015, se compone de la facultad que ostenta toda persona de presentar peticiones a las autoridades y, en ciertos casos, a los particulares, a fin de obtener una respuesta de fondo, oportuna y congruente en relaci\u00f3n con la cuesti\u00f3n planteada. Sin embargo, es importante aclarar que, frente a solicitudes dirigidas a autoridades jurisdiccionales por el tr\u00e1mite de un proceso a su cargo, esta Corporaci\u00f3n ha reiterado su improcedencia, en tanto \u00ablas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio1\u00bb. <\/p>\n
3. En ese orden, como las solicitudes formuladas ten\u00edan la finalidad de reclamar un pronunciamiento en el tr\u00e1mite del proceso censurado, no resulta viable alegar la lesi\u00f3n de la prerrogativa estatuida en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n, mucho menos exigirle a la querellada a responderle en los t\u00e9rminos consagrados en la Ley 1755 de 2014. <\/p>\n
4. Ahora bien, vistas las actuaciones procesales, advierte esta Sala que, con auto de 12 de diciembre pasado, el juzgado se pronunci\u00f3 respecto a las solicitudes planteadas por el actor, le inform\u00f3 que el derecho de petici\u00f3n era improcedente, rechaz\u00f3 de plano la nulidad propuesta y decidi\u00f3 no aprobar el remate realizado, tras advertir que hay un acreedor de mejor derecho, dado que los inmuebles rematados adeudan un impuesto predial, para el efecto requiri\u00f3 por cinco d\u00edas para que acreditaran el pago de dichos emolumentos, so pena de improbar el remate, lo que evidencia que el juzgado accionado ha desplegado actuaciones procesales para dar impulso al proceso y resolver las peticiones planteadas, conforme a las reglas procesales, por lo que no se configura una mora judicial, lo que impide concluir que la autoridad judicial ha tenido un comportamiento \u00abdesidioso, ap\u00e1tico o negligente\u00bb, por lo que la tutela propuesta no es procedente. <\/p>\n
5. Finalmente, en atenci\u00f3n a la queja propuesta en el escrito de impugnaci\u00f3n relativa a que el Despacho \u00abse deje sin efecto la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito que se dej\u00f3 en firme sin que tuviera la oportunidad de pronunciarme\u00bb, se advierte su inviabilidad. En efecto, entra\u00f1a un hecho nuevo ajeno a la discusi\u00f3n inicial, lo cual no es posible dilucidar en esta instancia porque el accionado no tuvo la oportunidad para ejercer el derecho de contradicci\u00f3n ante el a quo. De suerte que de ser estudiado se atentar\u00eda el derecho de defensa que le asiste a las partes (CSJ STC-16880-2022). <\/p>\n
En la misma l\u00ednea, no \u00abpuede perderse de vista que \u2018existe en cabeza de los sujetos procesales el deber de vigilancia y control que sobre la gesti\u00f3n de su mandatario ha de ejercer la parte interesada\u2019\u00bb (CSJ STC, 10 may. 2011, rad. 2011- 00365-01, reiterada en CSJ STC, 19 ene. 2012, rad. 2011- 01601-01, CSJ STC10177-2018, CSJ STC4839-2021 y CSJ STC247-2022). <\/p>\n
6. Por lo razonado, se refrendar\u00e1 la determinaci\u00f3n de primer nivel, en cuanto neg\u00f3 la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Ver cita en CSJ STC1622-2020 y CSJ STC4252-2022. <\/p>\n
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