STC2647-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2647-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-00990-00 (Aprobado en Sala de veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Oscar Fernando Vanegas \u00c1vila, en su condici\u00f3n de Personero del Municipio de Puerto Rond\u00f3n contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Tribunal Administrativo de Arauca y el Juzgado Segundo de Familia de la ciudad capital; la Nueva EPS, la Defensor\u00eda del Pueblo, la Unidad Administrativa Especial de Salud de esa localidad \u2013UAESA, la Superintendencia Nacional de Salud, Sanitas EPS, el Ministerio Nacional de Salud y Protecci\u00f3n Social y el Municipio de Puerto Rond\u00f3n, as\u00ed como las partes e intervinientes en los asuntos n.\u00ba 2022-00013 y 2022-00083. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando en la prenotada calidad, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la vida, \u00abacceso a la salud y (\u2026) seguridad social\u00bb, supuestamente vulnerados por la autoridad encartada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba recopilados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
2.1. El reclamante promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra la Nueva EPS, la Supersalud y otros (rad. n.\u00ba 2022-00013) en procura de que se ordenara a la primera de ellas adoptar \u00ablas medidas t\u00e9cnicas, administrativas, financieras y jur\u00eddicas que conlleven a la apertura de una oficina de atenci\u00f3n al usuario en el MUNICIPIO DE PUERTO ROND\u00d3N\u00bb, puesto que \u00ablos 413 usuarios -afiliados (\u2026), deben desplazarse al municipio de Tame en busca de la autorizaci\u00f3n de servicios prescritos por sus m\u00e9dicos tratantes\u00bb1. <\/p>\n
El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo de Familia de Arauca, quien concedi\u00f3 el amparo. Sin embargo, al desatar la impugnaci\u00f3n propuesta por la entidad promotora de salud, la Sala \u00danica del Tribunal Superior de la ciudad capital revoc\u00f3 lo dispuesto en primer grado, en tanto advirti\u00f3 que la \u00abpretensi\u00f3n realmente est\u00e1 orientada a cuestionar la ausencia de mecanismos que garanticen el debido ejercicio de los derechos de los consumidores y usuarios de la NUEVA EPS en la referida municipalidad, asunto que no puede ser cuestionado a trav\u00e9s de la tutela sino mediante la acci\u00f3n popular\u00bb. <\/p>\n
2.3. El aqu\u00ed gestor acudi\u00f3 nuevamente al presente mecanismo, argumentando, en lo fundamental, que \u00ab[d]entro de las alertas que se han emitido a la defensor\u00eda del Pueblo, se ha puesto en conocimiento (\u2026) la prohibici\u00f3n y limitaci\u00f3n de los grupos armados organizados a las comunidades campesinas del uso del celular, (\u2026) por lo que es materialmente imposible que dichas comunidades [lo] usen (\u2026) para solicitar citas o autorizar las \u00f3rdenes m\u00e9dicas\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00ab[e]s urgente que se ordene a las EPS brindar la atenci\u00f3n de manera presencial, pero no solo tener oficinas de adorno, sino que se cuente con los elementos tecnol\u00f3gicos adecuados para brindar la atenci\u00f3n, porque las dos tienen unos espacios, pero en el caso de SANITAS EPS tiene restricciones en los horarios, pues atiende 4 d\u00edas a la semana de ha (sic) medio d\u00eda, mientras que la NUEVA EPS tiene una oficina que solo tiene un cub\u00edculo son (sic) computador\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que (i) se revoque \u00abla providencia del diecinueve (19) de abril de 2022 emitid[a] por el Tribunal Superior de Arauca, (\u2026) dentro del proceso (\u2026) 2022-00013-01 y [se profiera] una nueva sentencia teniendo de presente que el remedio constitucional propuesto no ha sido eficaz para resolver la situaci\u00f3n\u00bb; y (ii) se ordene \u00abal Tribunal Administrativo de Arauca, darle tr\u00e1mite sin dilataciones (sic) a la Acci\u00f3n Popular dentro del proceso (\u2026) 2022 00083 00\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS VINCULADOS. <\/p>\n
1. La Subdirecci\u00f3n de Defensa Jur\u00eddica de la Superintendencia Nacional de Salud solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, \u00abteniendo en cuenta que, la violaci\u00f3n de los derechos que se alegan como conculcados, no deviene de una acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible [a esa entidad]\u00bb. <\/p>\n
2. Nueva EPS refiri\u00f3 \u00abla falta de legitimaci\u00f3n por pasiva de NUEVA EPS para asumir una responsabilidad que se encuentra en cabeza exclusivamente de las entidades accionadas y las dem\u00e1s entidades relacionadas por el accionante en las pretensiones\u00bb. <\/p>\n
3. Sanitas EPS se\u00f1al\u00f3 que \u00ab[n]o existe en el presente caso NINGUNA CONDUCTA DE EPS SANITAS S.A.S., que haga necesaria la puesta en marcha del presente mecanismo, pues actualmente NO HAY EVIDENCIA ALGUNA DE NEGACI\u00d3N DE SERVICIOS\u00bb. <\/p>\n
4. El Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social adujo que \u00abno existe ning\u00fan soporte Constitucional, legal, jurisprudencial o doctrinal que permita siquiera inferir que este Ministerio pueda tener alguna injerencia, directa o indirecta, en las decisiones judiciales cuestionadas mediante esta Acci\u00f3n de Tutela, m\u00e1xime cuando las mismas, fueron motivadas en leyes que actualmente se encuentran vigentes, que fueron recurridas y estudiadas en el proceso ejecutivo a saber a la luz de los hechos y pruebas obrantes dentro del proceso judicial\u00bb. <\/p>\n
5. La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Arauca reliev\u00f3 que \u00abno est\u00e1 legitimada en la causa por pasiva para responder por los hechos o las presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales expuestos en el escrito\u00bb. <\/p>\n
6. El Tribunal Administrativo de Arauca remiti\u00f3 el enlace de acceso al expediente digital de la acci\u00f3n popular. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias de la misma naturaleza. Improcedencia y excepciones. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, al tenor del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, el veredicto en estos asuntos es susceptible del recurso de impugnaci\u00f3n, y \u00aben todo caso\u00bb de \u00absu eventual revisi\u00f3n\u00bb, mecanismo respecto del cual la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) excluye la posibilidad de impugnar las sentencias de tutela mediante una nueva acci\u00f3n de tutela \u2013 bajo la modalidad de presuntas v\u00edas de hecho – porque la Constituci\u00f3n defini\u00f3 directamente las etapas b\u00e1sicas del procedimiento de tutela y previ\u00f3 que los errores de los jueces de instancia, o inclusive sus interpretaciones de los derechos constitucionales, siempre pudieran ser conocidos y corregidos por un \u00f3rgano creado por \u00e9l \u2013 la Corte Constitucional \u2013 y por un medio establecido tambi\u00e9n por \u00e9l \u2013 la revisi\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) la importancia de evitar que toda sentencia de tutela pueda impugnarse, a su vez, mediante una nueva tutela, con lo que la resoluci\u00f3n del conflicto se prolongar\u00eda indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jur\u00eddica como del goce efectivo de los derechos fundamentales, radica en la necesidad de brindar una protecci\u00f3n cierta, estable y oportuna a las personas cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados. De all\u00ed la perentoriedad de los plazos para decidir, la informalidad del procedimiento y el mecanismo de cierre encomendado a la propia Corte Constitucional, v.gr. el tr\u00e1mite procesal de la revisi\u00f3n eventual, con miras a garantizar la unificaci\u00f3n de criterios y la supremac\u00eda constitucional. Todo ello por decisi\u00f3n del Constituyente, que opt\u00f3 por regular de manera directa la acci\u00f3n de tutela y no sigui\u00f3 la t\u00e9cnica tradicional de deferir al legislador estos aspectos de orden procedimental. <\/p>\n
(\u2026) La \u00fanica alternativa para manifestar inconformidad con la sentencia de tutela de segunda instancia propiamente dicha que se encuentra en firme, es la intervenci\u00f3n de la parte interesada en el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, ya que de otra forma se propiciar\u00eda una cadena interminable de demandas contra sentencias de tutela, lo que pugna contra la efectividad de este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional (art. 86 C.P.), contra el principio fundamental dirigido a asegurar el goce efectivo de los derechos y deberes constitucionales (art. 2 C.P.) y contra el principio de la seguridad jur\u00eddica\u00bb (SU-1219\/01). <\/p>\n
Determinada como regla general su improcedencia, esta Corte ha precisado que \u00abde manera sumamente excepcional, se ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respectivo tr\u00e1mite\u00bb (CSJ STC, 25 jun. 2012, rad. 00069-01); \u00abo cuando la decisi\u00f3n afecta de manera grave una garant\u00eda fundamental en sujetos considerados de especial protecci\u00f3n\u00bb (CSJ STP, 3 jul. 2012, rad. 60963). <\/p>\n
La Corte Constitucional unific\u00f3 dichos criterios al se\u00f1alar que: \u00ab[s]i la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n\u00bb (CC SU-627\/15). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Examinados los argumentos de la presente queja constitucional, con sujeci\u00f3n en las premisas que anteceden, la Corte establece que no se abre paso, comoquiera que se dirige contra una determinaci\u00f3n proferida en otra acci\u00f3n de similar naturaleza, desatendiendo as\u00ed una de las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad del resguardo. <\/p>\n
En efecto, a trav\u00e9s de este mecanismo, el convocante reprocha lo resuelto en el fallo del 19 de abril de 2022, mediante el cual, el tribunal encartado revoc\u00f3 lo dispuesto por el Juzgado Segundo de Familia de Arauca y, en su lugar, neg\u00f3 el amparo incoado por Oscar Fernando Vanegas \u00c1vila, en su condici\u00f3n de Personero del Municipio de Puerto Rond\u00f3n contra Nueva EPS y otros (rad. n.\u00b0 2022-00013). <\/p>\n
Al respecto, cabe destacar que este particular instrumento no ha sido erigido para censurar decisiones surtidas al interior de un tr\u00e1mite similar, pues ello implicar\u00eda abrir la puerta a una espiral infinita de procedimientos de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del asunto. <\/p>\n
4. De la cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
Esta instituci\u00f3n jur\u00eddica tiene cabida en el caso que se analiza, en raz\u00f3n a que la salvaguarda constitucional formulada de manera previa por el libelista fue excluida de revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional el 29 de julio de 2022 (T- 8.770.528), configur\u00e1ndose as\u00ed en este evento el fen\u00f3meno de cosa juzgada constitucional, cuya funci\u00f3n es \u00abotorgar a ciertas providencias el car\u00e1cter de inmutables, definitivas, vinculantes y coercitivas, al punto que las partes no pueden ventilar de nuevo el asunto que fue objeto de resoluci\u00f3n judicial\u00bb (CC T-185\/13), y tiene lugar una vez \u00abdecidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n y preclu\u00eddo el lapso establecido para insistir en la selecci\u00f3n de un proceso de tutela para revisi\u00f3n\u00bb (CC SU-1219\/01 y T-218\/12). <\/p>\n
5. Precisi\u00f3n adicional. <\/p>\n
Finalmente, respecto de los cuestionamientos efectuados por el gestor sobre la acci\u00f3n popular rad. n.\u00b0 2022-00083, una vez verificado el expediente digital del referido tr\u00e1mite, advierte la Sala que el Tribunal Administrativo de Arauca en prove\u00eddo del 10 de marzo de 2023, resolvi\u00f3 \u00abNO REPONER el auto del 16 de diciembre de 2022, que rechaz\u00f3 la demanda\u00bb3, situaci\u00f3n que no impide que el interesado promueva nuevamente dicho mecanismo constitucional previo cumplimiento de los requisitos exigidos para ello. <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, citada entre otras en STC14735-2022, 2 nov. 2022, rad. 00981-01). <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se declarar\u00e1 la improcedencia de esta acci\u00f3n, por cuanto se dirige contra lo definido en una de similar naturaleza jur\u00eddica, precis\u00e1ndose que dicha determinaci\u00f3n ya hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el resguardo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 De conformidad con la sentencia del 2 de marzo de 2022 proferida por el estrado Segundo de Familia de Arauca <\/p>\n
2\u0002 Autos del 31 de agosto y 16 de diciembre de 2022. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u00ab51AutoResuelveReposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
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STC2647-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC2647-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-00990-00 (Aprobado en Sala de veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Oscar Fernando Vanegas \u00c1vila, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71897","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71897","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71897"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71897\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71897"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71897"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71897"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}