STC2649-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2649-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-00908-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Emilsen Angulo Guevara, en calidad de Alcaldesa Distrital de Tumaco, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tumaco, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando en nombre propio y en la prenotada calidad, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, honra, buen nombre, entre otras, supuestamente vulneradas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el marco de la acci\u00f3n de tutela que la Procuradur\u00eda 401 Judicial I Penal y la Personer\u00eda Distrital de Tumaco interpusieron en favor de varios ciudadanos detenidos transitoriamente en el Comando de Polic\u00eda de esa urbe (rad. n.\u00ba 2020-00014), el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad concedi\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada \u2013decisi\u00f3n ratificada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto\u2013; y, en tal virtud, dict\u00f3 una serie de \u00f3rdenes a varias entidades \u2013como el INPEC, la USPEC\u2013, dentro de las cuales figura en el ordinal s\u00e9ptimo: <\/p>\n
\u00abORDENAR, a la Alcaldesa Municipal de Tumaco, para que, con el apoyo de la USPEC y el INPEC, dentro de los cinco (5) meses siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n adecue un inmueble que cumpla con las condiciones m\u00ednimas de seguridad y de subsistencia digna y humana, para la reclusi\u00f3n transitoria de los internos que, a pesar de hab\u00e9rsele resuelto su situaci\u00f3n con medida de aseguramiento de detenci\u00f3n intramural, pasadas treinta y seis (36) horas luego de su ingreso a los establecimientos de detenci\u00f3n transitoria, no puedan ser trasladados de inmediato al EPMSC de Tumaco u otro establecimiento carcelario o penitenciario a cargo del INPEC donde cumplan la medida de aseguramiento\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
2.2. En ese sentido, la aqu\u00ed libelista adujo que, dada la complejidad del mandato, y pese a las dificultades en materia de inmuebles en esa localidad, la administraci\u00f3n logr\u00f3 ubicar uno en el barrio \u2018La Cordialidad\u2019, pero, al adelantar las etapas precontractual y contractual, se suscitaron una serie de problemas con la comunidad aleda\u00f1a \u2013\u00abcomo marchas de los vecinos del sector, exhibiendo objetos peligrosos, amenazas e improperios\u00bb\u2013, por lo que, ante las v\u00edas de hecho \u2013\u00abbloqueo de v\u00edas principales y amenazas contra los funcionarios\u00bb\u2013, se continu\u00f3 la b\u00fasqueda en distintos sectores. <\/p>\n
2.3. Al no encontrar otro predio en condiciones m\u00ednimas de seguridad, con el prop\u00f3sito de minimizar la afectaci\u00f3n a los derechos humanos de los detenidos, ofici\u00f3 al Director del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Ipiales, con el fin de suscribir un convenio interadministrativo que permitiera la asignaci\u00f3n de cupos, raz\u00f3n por la cual insisti\u00f3 ante el cognoscente que, \u00abde manera previa a adelantar el incidente de desacato, se nos permitiera continuar [con] las gestiones para buscar una soluci\u00f3n sustancial\u00bb. <\/p>\n
2.4. En ese contexto, dada la falta de materializaci\u00f3n de la acci\u00f3n afirmativa dispuesta en la providencia rese\u00f1ada, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tumaco adelant\u00f3 las etapas de rigor en el incidente de desacato \u2013en las que aquella compareci\u00f3 informando las gestiones que ha desplegado como alcaldesa\u2013; pero, con prove\u00eddo de 24 de enero de 2023, se le sancion\u00f3 con tres (3) d\u00edas de arresto y multa de otros tres (3) SMMLV, aun cuando, en su criterio, (i) no se prob\u00f3 su responsabilidad subjetiva, (ii) se incurri\u00f3 en deficiente motivaci\u00f3n y (iii) se dej\u00f3 de valorar el material probatorio, aunado a que \u00ablos argumentos de defensa y las pruebas aportadas ni siquiera son mencionados por el se\u00f1or Juez de conocimiento\u00bb. <\/p>\n
2.5. Seguidamente, al desatar el grado jurisdiccional de consulta, con determinaci\u00f3n de 10 de febrero de 2023, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto confirm\u00f3 la resoluci\u00f3n sancionatoria, porque \u00ablas excusas planteadas por la administraci\u00f3n municipal para el incumplimiento del fallo, radican en gestiones administrativas a las que se ha dado lugar de manera reciente, y que a\u00fan a pesar del prolongado transcurso del tiempo, a\u00fan no se ha logrado una actuaci\u00f3n concreta en orden al cumplimiento de la acci\u00f3n de tutela, \u00f3rdenes de rango constitucional que ameritaban una actuaci\u00f3n urgente frente a su cumplimiento\u00bb. <\/p>\n
2.6. En ese orden, la inconforme se\u00f1al\u00f3 que no se tuvo en cuenta que \u00abnos dispusimos de manera inmediata a cumplir con lo dispuesto por la administraci\u00f3n de justicia, bajo la direcci\u00f3n de la suscrita Alcaldesa, para el efecto, se realiz\u00f3 (sic) todas las gestiones posibles con el prop\u00f3sito de conseguir un inmueble que cumpliese con las especificaciones detalladas en la reglamentaci\u00f3n pertinente. En documento remitido al Despacho M Juez de conocimiento (sic) el 26 de septiembre de 2022, la Jefe de la Oficina jur\u00eddica de la Alcald\u00eda Distrital manifest\u00f3 los argumentos conforme a los cuales no se ha podido determinar o ubicar un inmueble en el Distrito que cumpla con las condiciones que se determinan en la sentencia de tutela\u00bb. <\/p>\n
2.7. As\u00ed mismo, reliev\u00f3 que \u00abentendiendo que si bien, existen situaciones que a todas luces imposibilitan al menos de manera inmediata la consecuci\u00f3n de un inmueble con tales caracter\u00edsticas, desde el Distrito en el mismo documento se estableci\u00f3 (sic) una serie de compromisos que conforme a gestiones adelantadas desde el ente territorial permitir\u00edan brindar una soluci\u00f3n a la problem\u00e1tica que se presenta con los PPL en el Distrito de Tumaco. En tal sentido, se adelantaron diferentes gestiones y se generaron espacios de concertaci\u00f3n con el Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Ipiales a fin de concertar con el mismo la posibilidad de suscribir un convenio interadministrativo que permitiera entre otras tantas necesidades priorizar el traslado de los PPL a este establecimiento, obteniendo como respuesta por parte del funcionario la viabilidad de la posibilidad siempre y cuando se coordinara y se aprobara a trav\u00e9s del establecimiento penitenciario de Tumaco\u00bb. <\/p>\n
2.8. Por \u00faltimo, adujo que \u00abno se puede pensar, de manera responsable, en que la criminalidad presente en el territorio de nuestra jurisdicci\u00f3n (narcotraficantes, miembros de grupos terroristas, sicarios a \u00f3rdenes de estos grupos, etc.), se pueden detener simplemente adecuando cualquier inmueble del territorio en donde la inmensa mayor\u00eda son precarias construcciones en madera y las pocas que hay, que tienen material de cemento, son demasiado peque\u00f1as y\/o establecidas para temas por completo diferentes. Lo que permite concluir que no se trata simplemente de adecuar un lugar, en nuestras condiciones ello no funciona as\u00ed, para hacerlo con responsabilidad se necesita en realidad adecuar un sitio con condiciones muy similares a las de una verdadera c\u00e1rcel territorial con especificaciones de seguridad, t\u00e9cnicas, de infraestructura tecnol\u00f3gica y f\u00edsica\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, se infiere que, a trav\u00e9s de este mecanismo, busca la invalidaci\u00f3n de las providencias que le resultaron adversas. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario \u2013 INPEC solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
2. El Ministerio de Justicia y del Derecho, por conducto de la Direcci\u00f3n de Pol\u00edtica Criminal y Penitenciaria, manifest\u00f3 que \u00abno ha realizado acciones ni puede endilg\u00e1rsele omisi\u00f3n alguna que lesione los derechos fundamentales alegados como violados. Se reitera que esta entidad carece de competencia frente a los distintos requerimientos de los accionantes, dado que no tiene poder coercitivo para exigir lo que se debate, y, de ejecutar lo pretendido por aquel, infringir\u00eda los l\u00edmites constitucionales y legales impuestos a las labores a su cargo\u00bb. <\/p>\n
3. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios \u2013 USPEC tambi\u00e9n reliev\u00f3 que no es la entidad llamada a responder en este asunto. <\/p>\n
4. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Tumaco relat\u00f3 las actuaciones de la causa constitucional y explic\u00f3 que \u00abde acuerdo al arsenal (sic) probatorio recaudado en la etapa de pruebas la accionada no acredit\u00f3 el cabal cumplimiento de lo ordenado y por tanto se profiri\u00f3 fallo el 24 de enero de la anualidad que avanza, aplicando una sanci\u00f3n en la forma y t\u00e9rminos previstos por art\u00edculo 52 de la decreto (sic) 2591de 1991\u00bb. <\/p>\n
5. Una funcionaria de la Subsecretar\u00eda de Talento Humano de la Gobernaci\u00f3n de Nari\u00f1o remiti\u00f3 la comunicaci\u00f3n del inicio de esta causa a la Secretar\u00eda de Gobierno de dicho ente territorial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite del desacato que se promovi\u00f3 contra Mar\u00eda Emilsen Angulo Guevara, en su calidad de Alcaldesa Distrital de Tumaco (rad. n.\u00ba 2020-00014), por ratificar, en sede de consulta, la resoluci\u00f3n sancionatoria impuesta por el a quo, dada la supuesta inobservancia del mandato constitucional. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo involucra los prove\u00eddos de 24 de enero y 10 de febrero de 2023, proferidos por los despachos denunciados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a este \u00faltimo, esto es, el del ad quem, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
2. De la tutela contra decisiones adoptadas dentro de un incidente de desacato. <\/p>\n
La reiterada jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que, en principio, la salvaguarda no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial, y que s\u00f3lo excepcionalmente puede acudirse a ella, en los casos en los que el funcionario profiera alguna decisi\u00f3n caprichosa o arbitraria, y en el entendido de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y no disponga de otros medios efectivos de defensa judicial. <\/p>\n
A tono con lo anterior, cuando la tutela se enfila contra lo resuelto al interior de un incidente de desacato de fallo proferido en acci\u00f3n de similar rango constitucional, por regla general su abordaje se muestra impertinente, porque: <\/p>\n
\u00abla actividad judicial que se inicia en el marco del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, solo puede ser examinada por los funcionarios competentes para tramitar los instrumentos jur\u00eddicos enunciados y previstos, que frente a los prove\u00eddos que se profieran en el tr\u00e1mite de los incidentes de desacato, no se considera procedente ning\u00fan otro instrumento diferente de reestudio, incluida como es natural la acci\u00f3n de tutela, [ya que] es evidente que la real intenci\u00f3n del legislador, en relaci\u00f3n con el incidente de desacato, era que se regulara a s\u00ed mismo, a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n incidental y su eventual consulta cuando se impusiere sanci\u00f3n, con total autonom\u00eda y sin injerencia de \u00f3rganos externos, aun de nivel constitucional, que puedan interferir en sus decisiones\u00bb (CSJ STC, 29 nov. 2006, exp. 01927-01, citada entre otras en STC4260-2019, 3 abr. 2019, rad. 00053-00). <\/p>\n
Sobre las excepciones para atacar la decisi\u00f3n de un incidente de desacato por la misma v\u00eda en el que se origin\u00f3, se ha expuesto que procede cuando se extraiga con solvencia la violaci\u00f3n de derechos tambi\u00e9n de orden superior, como cuando el juez de dicha tramitaci\u00f3n \u00abse extralimita en el cumplimiento de sus funciones, cuando vulnera el derecho a la defensa de las partes o cuando impone una sanci\u00f3n arbitraria\u00bb (CC T-1113\/05), y se ceder\u00eda al principio de la cosa juzgada si \u00abse encuentra plenamente probada la ilegalidad de una decisi\u00f3n por parte de las autoridades disciplinarias competentes, como el fraude a la ley o un fraude procesal\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Por su parte, esta Corte ha dispensado el auxilio en los eventos en que la providencia reviste caracter\u00edsticas vulneradoras del debido proceso, \u00abcomo cuando se omiten etapas de su tr\u00e1mite legal y en aquellos casos excepcionales, en que se invoca ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 8 feb. 2008 rad. 00344-01, citada en STC16838-2018, 19 dic. 2018, rad. 00048-01, entre otras). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, con soporte en las premisas que anteceden y de la valoraci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n adosados al expediente, la Sala precisa que habr\u00e1 de concederse el amparo, comoquiera que, al expedir la decisi\u00f3n con la que confirm\u00f3, en sede de consulta, la atribuci\u00f3n de responsabilidad de la aqu\u00ed gestora, en calidad de Alcaldesa Distrital de Tumaco, el ad quem de la causa auscultada incurri\u00f3 en defecto de motivaci\u00f3n insuficiente, lo que hace necesaria la intervenci\u00f3n del fallador excepcional, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. En efecto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto ratific\u00f3, con prove\u00eddo de 10 de febrero de 2023, las sanciones impuestas por el estrado Primero Civil del Circuito de Tumaco, porque, en ejercicio del control judicial respectivo, encontr\u00f3 que \u00ab la orden de tutela emitida por el Juzgado A quo, consisti\u00f3 en que la Alcald\u00eda Municipal de Tumaco, dentro de los cinco meses siguientes a la notificaci\u00f3n del fallo, deb\u00eda adecuar un inmueble que cumpla con las condiciones m\u00ednimas de seguridad y de subsistencia digna y humana, para la reclusi\u00f3n transitoria de los internos que, a pesar de hab\u00e9rsele resuelto su situaci\u00f3n con medida de aseguramiento de detenci\u00f3n intramural, pasadas treinta y seis (36) horas luego de su ingreso a los establecimientos de detenci\u00f3n transitoria, no puedan ser trasladados de inmediato al EPMSC de Tumaco u otro establecimiento carcelario o penitenciario a cargo del INPEC donde cumplan la medida de aseguramiento\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, sobre el componente subjetivo, arguy\u00f3 que \u00ablas excusas planteadas por la administraci\u00f3n municipal para el incumplimiento del fallo, radican en gestiones administrativas a las que se ha dado lugar de manera reciente, y que a\u00fan a pesar del prolongado transcurso del tiempo, a\u00fan no se ha logrado una actuaci\u00f3n concreta en orden al cumplimiento de la acci\u00f3n de tutela, \u00f3rdenes de rango constitucional que ameritaban una actuaci\u00f3n urgente frente a su cumplimiento, la cual se extend\u00eda para un plazo m\u00e1ximo de cinco meses, y ya habiendo transcurrido m\u00e1s de dos a\u00f1os, dan cuenta del desobligo, desatenci\u00f3n, negligencia y el total alejamiento a una intenci\u00f3n de atender lo resuelto\u00bb. <\/p>\n
Por ello, se\u00f1al\u00f3 que \u00abseg\u00fan escrito allegado el nueve (9) de febrero de los cursantes por la Alcald\u00eda Municipal de Tumaco, se indica que apenas se ha ubicado la existencia de un inmueble el cual se determina como \u201csusceptible de adecuaciones\u201d, lo cual significa que las mismas, que fueron precisamente el contenido principal de la orden constitucional, a\u00fan no empiezan a desarrollarse, de ah\u00ed que la solicitud de inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n no puede resolverse de manera favorable\u00bb. <\/p>\n
3.2. No obstante, la autoridad encartada omiti\u00f3 analizar las circunstancias esbozadas por la incidentada, que refer\u00edan las dificultades acaecidas en el marco de la ejecuci\u00f3n de las actuaciones tendientes al acatamiento del mandato de \u00abadecuar\u00bb un inmueble para las personas que se encuentran detenidas transitoriamente en dicho municipio, as\u00ed como las gestiones que afirma haber adelantado en procura de que se conjure la afectaci\u00f3n detectada en la providencia de tutela, en relaci\u00f3n con la poblaci\u00f3n que se pretende proteger. <\/p>\n
Al respecto, no se evidencia pronunciamiento integral sobre los argumentos y medios de convicci\u00f3n adosados a ese tr\u00e1mite, como es el caso del oficio de 26 de septiembre de 2022, en el que la alcaldesa manifest\u00f3 al director del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Ipiales la intenci\u00f3n de suscribir un convenio interadministrativo, \u00abdado el nivel de hacinamiento de m\u00e1s de 60% que tiene el Centro Penitenciario de Mediana y Baja Seguridad de Tumaco\u00bb, o la informaci\u00f3n de que se est\u00e1 a la espera de que concluya el proceso de aval\u00fao de un predio \u00abubicado en el sector de Bucheli, zona rural del Distrito de Tumaco\u00bb, para viabilizar la compra por parte del ente territorial \u2013como se refiri\u00f3 en la contestaci\u00f3n de la Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica\u2013, entre varios otros suasorios, sobre los cuales no hubo razonamiento alguno. <\/p>\n
Por el contrario, el ad quem de ese asunto se limit\u00f3 a se\u00f1alar que \u00ablas excusas planteadas por la administraci\u00f3n municipal para el incumplimiento del fallo, radican en gestiones administrativas a las que se ha dado lugar de manera reciente\u00bb, pese a que, como autoridad judicial le asiste el deber de verificar las defensas esgrimidas por la all\u00ed querellada y el alcance de esas exculpaciones a efectos de determinar, en un ejercicio de ponderaci\u00f3n adecuado, si son suficientes o no para variar lo dispuesto por el a quo. <\/p>\n
3.3. En lo concerniente a esta causal de procedencia, la jurisprudencia ha sostenido que, uno de los eventos en los cuales se habilita el amparo para conjurar las afectaciones que pueden suscitar las actuaciones judiciales sobre los derechos fundamentales, es la expedici\u00f3n de una providencia que desconozca la obligaci\u00f3n de una \u00abdebida motivaci\u00f3n\u00bb. Sobre el tema, esta Sala ha recalcado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la motivaci\u00f3n de las sentencias constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual \u00e9sta debe ser, para el caso concreto, suficiente, es decir, \u2018(\u2026) la funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n. La sentencia, como acto procesal que es, [\u2026] debe ser motivada \u2018de manera breve y precisa\u2019 \u2013pero necesariamente fundamentada-, dicha evaluaci\u00f3n debe cobijar el \u2018examen cr\u00edtico de las pruebas y a los razonamientos legales\u2019 que sean indispensables para fundamentarla [\u2026] la funci\u00f3n del juez radica en la definici\u00f3n del derecho y uno de los principios en que se inspira reside en el imperativo de que, sin excepciones, sus providencias est\u00e9n clara y completamente motivadas. <\/p>\n
La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constituci\u00f3n para resolver los casos concretos, con base en la aplicaci\u00f3n de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposici\u00f3n que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstenci\u00f3n, forzosa para el sujeto pasivo del fallo\u00bb (CSJ STC 22 may. 2003, exp. 00526-01, citada en STC, 3 nov. 2011, exp. 02274-00, ratificada y reiterada en STC7781-2016, 13 jun. y STC6688-2018, 23 may.). <\/p>\n
Igualmente, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que, en estas circunstancias, \u00absufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de sentencias en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales\u00bb (CSJ STC 2 mar. 2008, rad. 00384-00, reiterada entre otras en STC 16 feb. 2011, rad. 2010-445-01, y STC9162-2015, 15 jul.). <\/p>\n
3.4. Conforme con ello, con la expedici\u00f3n de la providencia que desat\u00f3 el grado jurisdiccional de consulta del incidente de desacato, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto incurri\u00f3 en la referida causal de procedencia excepcional del amparo, en la medida en que no sustent\u00f3 adecuada ni suficientemente la decisi\u00f3n de confirmar las amonestaciones que se profirieron por el a quo en esa causa, con lo que se dej\u00f3 al margen de la discusi\u00f3n la necesidad de establecer con claridad y precisi\u00f3n si exist\u00eda o no m\u00e9rito para proceder en tal sentido. <\/p>\n
En ese orden, ante la deficiencia avizorada, la Sala concluye que la autoridad convocada afect\u00f3 las garant\u00edas emanadas del debido proceso de la actora, pues el prove\u00eddo atacado dej\u00f3 de lado el estudio de aspectos esenciales para definir la instancia a su cargo; y, por tanto, se justifica la concurrencia del sentenciador de tutela para restablecer los derechos fundamentales conculcados e impartir la orden para que dicha situaci\u00f3n vuelva a ser examinada a la luz de las pruebas y la normativa aplicable. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo anterior, se conceder\u00e1 el amparo del derecho fundamental al debido proceso de la promotora; y, en tal virtud, se dejar\u00e1 sin efecto el prove\u00eddo de 10 de febrero de 2023, para que, nuevamente, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto examine el expediente y dicte la decisi\u00f3n a que haya lugar, con observancia en las consideraciones expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER el amparo del derecho fundamental de debido proceso de la actora. <\/p>\n
SEGUNDO: DEJAR sin valor ni efecto el prove\u00eddo de 10 de febrero de 2023, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto \u2013as\u00ed como los que de \u00e9l se desprendan\u2013, en el marco del grado jurisdiccional de consulta de la resoluci\u00f3n sancionatoria dictada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tumaco (rad. n.\u00ba 2020-00014). <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR a la citada autoridad que, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de este pronunciamiento, expida la decisi\u00f3n que en derecho corresponda, con observancia en las consideraciones expuestas en precedencia. <\/p>\n
CUARTO: COMUNICAR lo aqu\u00ed resuelto a las partes por un medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, remitir las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC2649-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC2649-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-00908-00 (Aprobado en Sala de veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Emilsen Angulo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71898","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71898","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71898"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71898\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71898"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71898"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71898"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}