STC2652-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01011-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Eduardo Rivera Cifuentes e Inversiones y Jur\u00eddica R.C.L.E. Comercial S.A.S. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Noveno Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el pleito radicado bajo el n\u00b0 2021-00380. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre y como representante legal de la sociedad mercantil en menci\u00f3n, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, m\u00ednimo vital y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que para hacer efectivo el pago del capital e intereses derivados de \u00abun contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales [profesionales de abogado] por la gesti\u00f3n en el cobro de 4 pagar\u00e9s\u00bb, impetr\u00f3 demanda ejecutiva contra Mar\u00eda Josefa Arboleda Garc\u00eda, se\u00f1alando que los intereses de mora ser\u00edan \u00abliquidados seg\u00fan lo dispuesto por el art\u00edculo 884 C. Co. (\u2026), desde el d\u00eda 28 de enero de 2013 hasta el d\u00eda 24 de agosto de 2021\u00bb. <\/p>\n
Que al subsanar la demanda precis\u00f3 que \u00abel periodo sobre el cual depreca los intereses [moratorios] con respecto a los honorarios causados en la defensa de la demandada en el proceso [2013-00539], relacionado con el pagar\u00e9 (\u2026), ahora se adecua, de $250\u00b4000.000, ser\u00e1n a partir del 30 de enero de 2013, hasta el momento que se efect\u00fae el pago de la obligaci\u00f3n, a la tasa m\u00e1xima legal (\u2026)\u00bb, lo que, en su sentir, se acompasa con \u00abla cl\u00e1usula octava del contrato \u00bb. <\/p>\n
Que, mediante auto del 16 de diciembre de 2021, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medell\u00edn libr\u00f3 mandamiento de pago, \u00abnegando [parcialmente] lo solicitado en la demanda inicial como tambi\u00e9n en la adecuaci\u00f3n\u00bb, y en lo atinente a intereses moratorios, lo hizo \u00ab\u00fanicamente a partir del d\u00eda 30 de agosto del a\u00f1o 2021, [por lo que] considero que existe una indebida interpretaci\u00f3n del contrato que respalda la demanda (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Que contra dicho prove\u00eddo interpuso recurso de reposici\u00f3n, insistiendo en que, para librar orden de apremio, se debi\u00f3 realizar \u00abel estudio muy minucioso y a fondo del plenario\u00bb, y al no hacerlo, tanto el juzgado como el tribunal (este \u00faltimo en sede de queja), incurrieron en \u00abdefecto procedimental absoluto\u00bb. <\/p>\n
3. De lo antedicho, se infiere que lo pretendido es que se modifique la orden de pago librada dentro de la ejecuci\u00f3n n\u00b0 2021-00380, en el sentido de acoger los dem\u00e1s rubros indicados en la demanda y su subsanaci\u00f3n. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la sala enjuiciada, inform\u00f3 que, en el ejecutivo cuestionado, cuya \u00abbase es un contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales por la gesti\u00f3n en el cobro de 4 pagar\u00e9s, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medell\u00edn libr\u00f3 mandamiento de pago por unos conceptos y neg\u00f3 por otros\u00bb. Que \u00abla parte demandante s\u00f3lo interpuso el recurso de reposici\u00f3n en contra de la negativa del mandamiento de pago; la a quo, mediante auto del 16 de mayo de 2022 resolvi\u00f3 no reponer la decisi\u00f3n; [que enseguida] present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n en contra del auto que resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n. La a quo no concedi\u00f3 el recurso y dicha decisi\u00f3n fue objeto de reposici\u00f3n y en subsidio queja\u00bb. <\/p>\n
Que, al desatar la controversia, ese despacho \u00abestim\u00f3 bien denegada la concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, por cuanto la providencia que resuelve la reposici\u00f3n no es susceptible de ning\u00fan recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el auto recurrido; ese no era el caso, en tanto el auto del 16 de mayo de 2022, que resuelve la reposici\u00f3n, redunda sobre los mismos puntos que fueron argumento basilar de la negativa del mandamiento de pago del 16 de diciembre de 2021 (\u2026), por lo tanto, la alzada era improcedente y as\u00ed se resolvi\u00f3 el recurso de queja\u00bb, y \u00aben ese contexto, ninguna vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de la tutelante se puede predicar en el caso concreto (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez Novena Civil del Circuito de Medell\u00edn, precis\u00f3 que \u00abla orden de apremio, fue recurrida por el profesional del derecho que asiste los intereses del ejecutante, recurso que se resuelve de forma desfavorable; posteriormente, (\u2026) formula recurso de apelaci\u00f3n [el cual] fue rechazado de plano por improcedente, dado que no lo present\u00f3 en subsidio de aquel de reposici\u00f3n. Luego, de manera antit\u00e9cnica formula recurso de reposici\u00f3n contra esta providencia y en subsidio manifest\u00f3 \u201capelar\u201d ante el Superior. El juzgado en interpretaci\u00f3n del sentir del profesional del derecho, resuelve el recurso de reposici\u00f3n y en subsidio concede la queja. El Tribunal (\u2026), al resolver sobre la queja consider\u00f3 bien denegado el recurso y procedi\u00f3 a devolver el expediente\u00bb. Acot\u00f3 que estando surtidas las etapas pertinentes, est\u00e1 pendiente \u00abemitir auto que ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n\u00bb, y que como la actuaci\u00f3n surtida \u00abno es constitutiva de vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales (\u2026) se debe denegar [la] protecci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el actor, al resolver el recurso de queja formulado al interior del ejecutivo n\u00b0 2021-00380, o si, por el contrario, tal decisi\u00f3n denota razonabilidad que impida la intervenci\u00f3n del fallador constitucional. <\/p>\n
Esto, porque si bien la acci\u00f3n tambi\u00e9n se dirigi\u00f3 contra lo resuelto por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de la misma ciudad, el examen se circunscribir\u00e1 a la providencia dictada por su superior funcional, en la medida en que corresponde a la definici\u00f3n del caso ac\u00e1 debatido, puesto que \u00abes inane detenerse [al an\u00e1lisis de la providencia inicial cuando \u00e9sta] al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may. 2014, rad. 00834-00, citada en STC14982-2022, 9 nov., rad. 03699-00, entre otras). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Conforme a la decantada jurisprudencia de esta Corte, en l\u00ednea de principio la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el actor identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia criticada no sea sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Analizados los argumentos de la queja con observancia en las piezas procesales adosadas al expediente, la Corte establece que la acci\u00f3n incoada no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, comoquiera que la determinaci\u00f3n censurada, no constituye defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla. <\/p>\n
En efecto, para que la colegiatura acusada, en sala unitaria del 14 de febrero de 2023, hubiera resuelto \u00abdeclarar bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante en contra del auto del 16 de mayo de 2022\u00bb, mediante el cual el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medell\u00edn desestim\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n impetrado contra el auto que libr\u00f3 mandamiento de pago, se vali\u00f3 de una motivaci\u00f3n que obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable, por ende, lejos de constituir yerro susceptible de enmendarse a trav\u00e9s de este excepcional instrumento supralegal. <\/p>\n
Ciertamente, luego de memorar que las pretensiones de la compa\u00f1\u00eda representada por el ac\u00e1 inconforme, se dirigieron a recaudar obligaciones dinerarias derivadas de \u00abun contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales por la gesti\u00f3n en el cobro de 4 pagar\u00e9s\u00bb, indic\u00f3 que el a-quo, \u00abmediante auto del 16 de diciembre de 2021, libr\u00f3 mandamiento de pago solo por $75\u2019000.000 [correspondiente al primero de dichos t\u00edtulos valores] m\u00e1s los intereses de mora contados desde el 30 de agosto de 2021 y por $1\u2019800.000 m\u00e1s los intereses de mora desde el 30 de agosto de 2021. Respecto a las dem\u00e1s pretensiones neg\u00f3 el mandamiento de pago por no cumplir los requisitos de exigibilidad y expresividad\u00bb. <\/p>\n
Advirti\u00f3 seguidamente que, contra la anterior decisi\u00f3n, el representante judicial de la parte ejecutante \u00abinterpuso el recurso de reposici\u00f3n (\u2026), considerando que no se hab\u00eda efectuado una correcta interpretaci\u00f3n del contrato de prestaci\u00f3n de servicios base de la ejecuci\u00f3n. Mediante auto del 16 de mayo de 2022 la a quo resolvi\u00f3 no reponer la negativa del mandamiento de pago; reiterando la falta de exigibilidad y expresividad de las obligaciones reclamadas respecto a los honorarios por el cobro de los pagar\u00e9s 2, 3 y 4\u00bb. <\/p>\n
Que de cara a esa nueva resoluci\u00f3n, \u00abla parte demandante present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n en contra del auto del 16 de mayo de 2022, el cual fue rechazado por la a quo, que entendi\u00f3 que se estaba atacando el auto del 16 de diciembre de 2021 y, por tanto, se\u00f1al\u00f3 que el recurso de apelaci\u00f3n debi\u00f3 interponerse en subsidio del recurso de reposici\u00f3n y no despu\u00e9s de haberse resuelto el recurso horizontal como se hizo\u00bb, postura que para el caso examinado no encontr\u00f3 configurada, ya que \u00abla parte demandante fue clara en indicar en su escrito que interpon\u00eda el recurso de apelaci\u00f3n en contra del auto del 16 de mayo de 2022 que fue el que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n\u00bb. No obstante, asever\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la apelaci\u00f3n no deb\u00eda ser concedida (\u2026), porque el auto atacado, que es el del 16 de mayo de 2022, no es susceptible de ning\u00fan recurso de conformidad con el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, por cuanto estaba resolviendo el recurso de reposici\u00f3n y no contiene puntos no decididos en la anterior providencia, respecto a la negativa del mandamiento de pago, que abran la posibilidad de impugnar esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 318 ejusdem precept\u00faa: \u201cEl auto que decide la reposici\u00f3n no es susceptible de ning\u00fan recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podr\u00e1n interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos\u201d (Resaltos del Tribunal). El auto del 16 de mayo de 2022, que resuelve la reposici\u00f3n, redunda sobre los mismos puntos que fueron argumento basilar de la negativa del mandamiento de pago del 16 de diciembre de 2021: falta de expresividad y falta de exigibilidad; al no contener puntos nuevos, el debate sobre la negaci\u00f3n de la orden de apremio debe tenerse por concluido en esa decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 el recurso horizontal; la apelaci\u00f3n y cualquier recurso se torna improcedente y, en consecuencia, la alzada se estima bien denegada\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, concluy\u00f3 que \u00abel auto que neg\u00f3 el mandamiento de pago tiene apelaci\u00f3n, pero el actor no la interpuso; la providencia que resuelve la reposici\u00f3n ya no es susceptible de ning\u00fan recurso, en tanto no contiene puntos no decididos en el auto anterior, como en este caso, por lo que ya la alzada es improcedente\u00bb. <\/p>\n
Conforme con lo que acaba de verse, los argumentos y la conclusi\u00f3n adoptada por la autoridad judicial accionada, no determinan defecto procedimental, f\u00e1ctico o de otra \u00edndole que amerite la injerencia del fallador constitucional para variar lo resuelto, pues la actuaci\u00f3n confutada no se muestra antojadiza, es decir, no revela desmesura, por tanto, carece de capacidad para desencadenar amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada. <\/p>\n
Se advierte, entonces, que la posici\u00f3n de la parte actora frente a la providencia judicial, es solo una divergencia conceptual frente a la cual la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que \u00abno constituye v\u00eda de hecho las meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces [cognoscentes]\u00bb (CSJ STC, 21 jul. 1995, exp. 2397, citada en STC932-2023, 8 feb., rad. 2022-00313-01, entre otras). <\/p>\n
En ese mismo sentido esta Corporaci\u00f3n ha enfatizado que mientras la decisi\u00f3n reprochada cuente con el suficiente soporte jur\u00eddico, la tutela no se abre paso, porque: \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 11 dic. 2009, exp. 02212-00, citada, entre otras, en STC448-2023, 25 ene., rad. 01250-01). <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que la tutela procede solo cuando lo actuado se encuentre afectado por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite, pues este mecanismo \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada, entre otras, en STC2063-2023, 8 mar., rad. 00801-00). <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
Sin perjuicio de la definici\u00f3n dada al problema jur\u00eddico planteado en este asunto, precisa la Sala que, si la inconformidad de la accionante se enfila contra el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, espec\u00edficamente por negar la orden de pago frente a algunas de las obligaciones reclamadas, el amparo es igualmente inviable por incumplir el requisito de la subsidiariedad en la modalidad de incuria. <\/p>\n
Lo anterior, habida cuenta que, contra el prove\u00eddo del 16 de mayo de 2021, la parte actora cont\u00f3 con la posibilidad de interponer el recurso de apelaci\u00f3n de manera directa o subsidiaria del de reposici\u00f3n, seg\u00fan se desprende de lo preceptuado en el art\u00edculo 438 del C\u00f3digo General del Proceso, al se\u00f1alar que \u00abel mandamiento de pago no es apelable\u00bb, pero \u00abel auto que lo niegue total o parcialmente, lo ser\u00e1 en el efecto suspensivo\u00bb, como ocurri\u00f3 en el caso sub j\u00fadice. <\/p>\n
As\u00ed, aunado al criterio inicialmente desarrollado, la Sala advierte que la pretendida modificaci\u00f3n del auto de apremio, desborda la competencia del juez de tutela, por cuanto era en las instancias surtidas al interior del juicio donde deb\u00eda buscarse remediar la controversia, pues recu\u00e9rdese que a la salvaguarda se acude cuando no existen otros instrumentos de defensa al alcance del interesado, o luego de agotarse estos y obtenerse tras ello una resoluci\u00f3n arbitraria, sin que ninguna de esas situaciones se configure en esta ocasi\u00f3n. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se desestimar\u00e1 el auxilio implorado, habida cuenta que la determinaci\u00f3n refutada, no es producto de un subjetivo criterio que conlleve desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga la aptitud para lesionar las prerrogativas invocadas, aunado a que la promotora actu\u00f3 con incuria. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo pretendido con la acci\u00f3n de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC2652-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01011-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Eduardo Rivera Cifuentes e […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71900","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71900","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71900"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71900\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71900"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71900"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71900"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}