STC2656-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2656-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00993-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La persona jur\u00eddica solicitante, actuando a trav\u00e9s de su representante legal y los dem\u00e1s demandantes haci\u00e9ndolo en su propio nombre, acudieron a este mecanismo supralegal buscando el amparo de los derechos fundamentales \u00aba la protecci\u00f3n constitucional de la empresa\u00bb, m\u00ednimo vital, igualdad, debido proceso, trabajo, dignidad humana y a la salud \u00aben conexidad con la vida\u2026 igualdad… protecci\u00f3n del sujeto vulnerable\u2026 vida digna\u2026 m\u00ednimo vital y\u2026 seguridad social\u00bb. <\/p>\n
2. En sustento, relataron que en el Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Medell\u00edn curs\u00f3 el proceso aludido promovido por la empresa Administradora AYB Inmobiliaria S.A.S. contra Group SN S.A.S., el cual finaliz\u00f3 con sentencia estimatoria proferida el 26 de octubre de 2021, en la que se orden\u00f3 la restituci\u00f3n de inmueble sobre el que recay\u00f3 la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Dijeron que, para materializar la orden de entrega la c\u00e9lula judicial cognoscente comision\u00f3 al Juzgado Treinta Civil Municipal de Despachos Comisorios de la misma ciudad, el cual dispuso adelantar la respectiva diligencia el pasado 24 de febrero, pero que, previo a ello, dieron aviso de la iniciaci\u00f3n de un proceso de reorganizaci\u00f3n abreviado admitido d\u00edas antes por la Superintendencia de Sociedades y solicitaron, adem\u00e1s, la suspensi\u00f3n del desalojo y la remisi\u00f3n de esa actuaci\u00f3n al juez del concurso. <\/p>\n
Se\u00f1alaron que, como tales pedimentos no fueron acogidos, en la oportunidad procesal la sociedad demandada se opuso a la entrega aduciendo la circunstancia arriba descrita, la cual fue rechazada con fundamento en el art\u00edculo 309 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Contra tal decisi\u00f3n, agregaron, se interpusieron los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, siendo resuelto el primero desfavorablemente a los intereses de la demandada y remiti\u00e9ndose el segundo al Tribunal Superior de Medell\u00edn para desatar la alzada. <\/p>\n
Advirtieron que ante la no prosperidad de la oposici\u00f3n, la diligencia sigui\u00f3 su curso y se realiz\u00f3 el cambio de guardas en las puertas del inmueble \u00abquedando dentro del mismo toda la maquinaria, bienes muebles y enseres, producci\u00f3n y efectos personales del promotor y sus trabajadores, incluyendo unos peces vivos\u00bb raz\u00f3n por la cual solicitaron al representante de la sociedad demandante les permitiera el ingreso \u00abpara retirar la maquinaria, bienes y dem\u00e1s de propiedad del aqu\u00ed accionante y de Leasign Bancolombia\u00bb, pero que tal pedimento les fue negado aduciendo el ejercicio del derecho de retenci\u00f3n, con lo que, a su juicio, contrar\u00eda la orden impartida por la Superintendencia de Sociedades al interior del tr\u00e1mite concursal. <\/p>\n
3. Para los gestores el juzgado que adelant\u00f3 la diligencia de entrega debi\u00f3 haberla suspendido \u00aben raz\u00f3n de la apertura del auto de reorganizaci\u00f3n, el cual contrario a lo que se expreso en el acta\u2026 se encuentra en firme y ejecutoriado, puesto que, contra el mismo no procede ning\u00fan tipo de recurso de la v\u00eda gubernativa [sic]\u00bb, adem\u00e1s de carecer de competencia para resolver la oposici\u00f3n \u00abtoda vez que en la comisi\u00f3n solo se le entrego potestades para la realizaci\u00f3n de la diligencia de entrega, mas no para resolver de fondo asuntos que eran de competencia del juez de conocimiento\u00bb . <\/p>\n
Por tales razones solicitaron, de forma principal, \u00abdejar sin efectos la diligencia de entrega realizada\u00bb; subsidiariamente deprecaron \u00abque se obligue a la Administradora AYB Inmobiliaria S.A.S. o a quien haga sus veces u abstente calidad de guardi\u00e1n del inmueble a permitir el ingreso de manera inmediata y cuando se requiera\u2026 sin que pueda ejercer derecho de retenci\u00f3n por no estar facultado para ello [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Medell\u00edn, por conducto de uno de sus magistrados, aport\u00f3 copia del auto del pasado 13 de marzo por medio del cual emiti\u00f3 pronunciamiento en torno al recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la sociedad ac\u00e1 gestora contra el rechazo de la oposici\u00f3n por ella formulada en la diligencia del 24 de febrero anterior. <\/p>\n
2. La Juez Veintid\u00f3s Civil del Circuito del mismo lugar hizo un recuento de las principales actuaciones adelantadas en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble y se opuso a la prosperidad del resguardo por cuanto \u00abel tr\u00e1mite\u2026 se surti\u00f3 con apego a las normas que rigen la materia y\u2026 el extremo demandado tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. La Juez Treinta Civil Municipal para el Conocimiento Exclusivo de Despachos Comisorios de esa ciudad dio cuenta de las incidencias presentadas en la diligencia de entrega llevada a cabo el 24 de febrero de 2023 advirtiendo que \u00abentre ambas partes se acord\u00f3 cambiar las guardas de la puerta de ingreso y conceder un plazo para desocupar en su totalidad el inmueble\u00bb. <\/p>\n
5. El Juez Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn inform\u00f3 que ese en despacho se adelanta el proceso ejecutivo conexo 2022-00020 en el que se persigue el cobro \u00abde la condena en costas se\u00f1alada en la sentencia No. 014 del 26 de octubre de 2021, proferida por el Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn\u00bb. <\/p>\n
Pidi\u00f3 declarar la improcedencia de la salvaguarda en lo concerniente a esa c\u00e9lula judicial toda vez que \u00abde acuerdo con los hechos narrados\u2026 no ha vulnerado derecho alguno a los accionantes\u00bb. <\/p>\n
6. Por conducto de apoderado judicial, la Inmobiliaria Fesco S.A.S. pidi\u00f3 desestimar el ruego en tanto que \u00abno existe ninguna responsabilidad jur\u00eddica de parte de los accionados en lo que ha ocurrido, porque siempre se ha actuado conforme a derecho y por cuanto la accionante SN Group S.A.S. en cabeza de su representante legal\u2026 es la causante de todo lo ocurrido, siendo aplicable el principio jur\u00eddico conforme al cual nadie puede alegar en su favor su propia culpa (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
7. Igual solicitud formul\u00f3 la apoderada de la sociedad Administraci\u00f3n de Bienes Inmobiliarios \u2013 A&B Inmobiliaria S.A.S. qui\u00e9n adujo que \u00abquien viene violentando los derechos de la empresa que represent[a], as\u00ed como del propietario del local comercial, es la empresa Group SN S.A.S., utilizando el sistema judicial y ejerciendo acciones sin sustento jur\u00eddico ni f\u00e1ctico con la simple pretensi\u00f3n de enga\u00f1ar al funcionario que conoce de las diferentes acciones para obtener un provecho il\u00edcito\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si dentro del proceso de restituci\u00f3n de inmueble 2020-00179 las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas fundamentales del Group SN S.A.S. porque, en la diligencia de entrega, rechazaron la oposici\u00f3n formulada, obviando, seg\u00fan dijo, que d\u00edas antes se hab\u00eda dado inicio a un proceso de reorganizaci\u00f3n abreviado en el que se dispuso la suspensi\u00f3n de todos los procesos en su contra. <\/p>\n
Previo a ello deber\u00e1 examinarse si Eduardo Enrique Atehort\u00faa Garrido, Jos\u00e9 Alexander Carmona Rojas y Luis Fernando Garc\u00eda Rojas est\u00e1n legitimados en la causa para promover este resguardo. <\/p>\n
2. De la legitimaci\u00f3n en la causa <\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 de la especial naturaleza del resguardo constitucional, al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, tal cual es el caso de la legitimaci\u00f3n en la causa, ya sea por activa o por pasiva. <\/p>\n
En lo que a la primera modalidad se refiere, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, prev\u00e9 que esta herramienta \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Sobre el alcance jur\u00eddico de la disposici\u00f3n legal en cita, la jurisprudencia constitucional sostiene que: \u00abla legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (CC T-878\/07). <\/p>\n
Ahora, cuando se cuestiona una actuaci\u00f3n judicial, se ha entendido que s\u00f3lo puede acudir a este remedio excepcional para debatirla quien funge como parte o tercero reconocido en la misma o, s\u00ed resultaba necesaria su vinculaci\u00f3n y se omiti\u00f3, pues: <\/p>\n
(\u2026) en punto de la trasgresi\u00f3n de los derechos fundamentales con ocasi\u00f3n de una decisi\u00f3n judicial, es claro que quienes ostentan legitimaci\u00f3n en la causa para demandar el amparo superior, en principio, son aquellas personas, naturales o jur\u00eddicas, que intervinieron en el correspondiente proceso o que, siendo imperativa su vinculaci\u00f3n a \u00e9ste, no fueron citadas, de manera que, en principio, carecen de vocaci\u00f3n jur\u00eddica para activar la jurisdicci\u00f3n constitucional con el fin de cuestionar una actuaci\u00f3n judicial quienes no fueron parte en ella (CS. STC de 11 ago. 2011, exp, 00087 01, reiterada el 15 abr. 2016, STC4739). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior y revisado el tr\u00e1mite surtido se establece que Eduardo Enrique Atehort\u00faa Garrido, Luis Fernando Garc\u00eda Rojas y Jos\u00e9 Alexander Carmona Rojas no est\u00e1n facultados para interponer a t\u00edtulo personal la presente tutela, ya que la actuaci\u00f3n desplegada en el juicio de restituci\u00f3n s\u00f3lo ata\u00f1e a las partes all\u00ed involucradas, condici\u00f3n que aquellos no tienen, seg\u00fan se extracta de las pruebas recopiladas. <\/p>\n
N\u00f3tese que a pesar del esfuerzo argumentativo de los reclamantes en demostrar la legitimaci\u00f3n que les asiste para exigir la satisfacci\u00f3n de sus prerrogativas, la revisi\u00f3n de lo actuado permite constatar que las supuestas afectaciones denunciadas tienen su origen en situaciones de orden laboral con la empresa Group SN S.A.S. (incluyendo la situaci\u00f3n de Eduardo Enrique Atehort\u00faa Garrido quien dijo actuar \u00aben nombre propio\u00bb, es decir, como empleado de dicha persona jur\u00eddica); relaci\u00f3n de trabajo que no los habilita para defender los intereses de su empleadora. <\/p>\n
En un caso similar al que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se expuso lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en el promotor del resguardo debe existir un inter\u00e9s que habilite su injerencia, el cual, trat\u00e1ndose de violaciones derivadas de actuaciones judiciales, radica en cabeza de quienes conforman los extremos del asunto o fueron tenidos o reconocidos como terceros intervinientes. <\/p>\n
5. En el sublite, es claro el fracaso del ruego elevado \u2026porque en el litigio subex\u00e1mine no comportan ninguna de esas calidades. En efecto, las pruebas allegadas a estas diligencias no revelan tal cosa, esto es, la participaci\u00f3n de la prenombrada en ese juicio en alguna de esas dos condiciones, luego es incontrovertible su carencia de legitimaci\u00f3n para reprochar por este medio las actuaciones de los juzgadores atacados\u00bb (CSJ STC4299-2019, 3 de abril) <\/p>\n
Establecida la ausencia de legitimaci\u00f3n en la causa por activa de las personas naturales accionantes, procede la Corte a examinar la queja formulada por Group SN S.A.S. <\/p>\n
3. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales \u2013 Razonabilidad del pronunciamiento del Tribunal Superior de Medell\u00edn <\/p>\n
3.1. La jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
3.2. Auscultados los argumentos en que se sustenta la queja, no observa la Corte irregularidad alguna en la determinaci\u00f3n adoptada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn el pasado 13 de marzo en torno al recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la sociedad aqu\u00ed convocante contra el rechazo de la oposici\u00f3n formulada en la diligencia del 24 de febrero anterior. <\/p>\n
En efecto, si bien en la aludida providencia la colegiatura accionada estim\u00f3 que la alzada se tornaba inadmisible por cuanto el juicio de restituci\u00f3n hab\u00eda sido tramitado en \u00fanica instancia, lo cierto fue que explic\u00f3 por qu\u00e9 la oposici\u00f3n era improcedente \u00aben tanto fue elevada por quien resisti\u00f3 a pretensi\u00f3n de restituci\u00f3n y es esta frente a la que produce efectos la sentencia que orden\u00f3 la entrega\u00bb, de all\u00ed que \u00absu habilitaci\u00f3n legal para oponerse a la entrega est\u00e1 absolutamente restringida por el art\u00edculo 309 numeral 1\u00ba del CGP\u00bb. <\/p>\n
Pero, adem\u00e1s de lo anterior, indic\u00f3 que el argumento en que la persona jur\u00eddica sustent\u00f3 su resistencia buscaba \u00abno solo oponerse a la entrega, sino tambi\u00e9n develar una causal de \u201cterminaci\u00f3n\u201d del procedimiento de restituci\u00f3n de inmueble arrendado por la apertura del tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n en el que fue aceptada por la Superintendencia de Sociedades\u00bb. <\/p>\n
En torno a ello, advirti\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) El asunto ya ha sido decantado. El art\u00edculo 22 de la Ley 1116 de 2006 contempla la imposibilidad de \u201ccontinuarse procesos de restituci\u00f3n de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de c\u00e1nones\u201d, a partir de la apertura del proceso de reorganizaci\u00f3n; es decir, contempla la terminaci\u00f3n del proceso restitutorio. Esa norma es inaplicable cuando ya existe sentencia ejecutoriada que ordena la restituci\u00f3n y da terminaci\u00f3n al proceso en tanto resuelve la pretensi\u00f3n condenatoria que da g\u00e9nesis al mismo; no puede pretenderse la terminaci\u00f3n de lo que ya est\u00e1 terminado. <\/p>\n
La diligencia de entrega, que se realiza porque el demandado no se allan\u00f3 a cumplir voluntariamente la orden emanada de la sentencia es solo una manifestaci\u00f3n del poder coercitivo con el que cuenta el juez para hacer cumplir sus decisiones como garant\u00eda tambi\u00e9n de la tutela judicial efectiva, lo que no implica que el procedimiento se entienda aun sin definici\u00f3n o sin decisi\u00f3n que el de terminaci\u00f3n con car\u00e1cter de cosa juzgada. Acceder a la terminaci\u00f3n de la restituci\u00f3n por la apertura del tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n en esta etapa en que solo resta la entrega, es desconocer que ya existe una sentencia ejecutoriada que resolvi\u00f3 la pretensi\u00f3n de fondo, que debe ser acatada por la demandada y que no hay lugar a una terminaci\u00f3n de un asunto ya resuelto, se itera, con car\u00e1cter de cosa juzgada\u00bb <\/p>\n
As\u00ed con apoyo del precedente de esta Corte, particularmente los contenidos en las sentencias STC5871-2019 y STC15883-2017, concluy\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es claro que la admisi\u00f3n posterior en el tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n no impide el cumplimiento de la orden de entrega emanada de la sentencia de restituci\u00f3n\u2026 ya ejecutoriada; de hecho, desde el a\u00f1o 2021 Group SN SAS debi\u00f3 entregar voluntariamente el inmueble en virtud de la orden judicial y fue por su negativa a cumplir el fallo que se tuvo que comisionar para que la diligencia se hiciera a trav\u00e9s de medios coercitivos; es inaceptable que ahora se pretenda obstruir la \u201ccontinuidad\u201d del tr\u00e1mite como si el mismo estuviera por definirse. No. Ya hay sentencia y la misma debe cumplirse (\u2026)\u00bb <\/p>\n
De acuerdo con el anterior recuento, es claro que la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Medell\u00edn se encuentra debidamente sustentada en tanto que, pese a haberse declarado inadmisible la alzada, le indicaron a la gestora las razones por las cuales la oposici\u00f3n a la entrega no pod\u00eda salir avante. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, no se observa el acaecimiento de una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada, porque la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la procedencia de la salvaguarda. <\/p>\n
4. Cuesti\u00f3n final <\/p>\n
Por \u00faltimo, respecto de la pretensi\u00f3n subsidiaria consistente en que se \u00abobligue\u00bb a la Administradora AYB Inmobiliaria S.A.S. a que permita el ingreso al inmueble restituido de los representantes de Group SN S.A.S. a efectos de que puedan retirar maquinaria, materias primas y otros elementos, es necesario indicar que tales peticiones deben ser formuladas a la Superintendencia de Sociedades por estar \u00edntimamente relacionadas con el proceso concursal que all\u00ed se adelanta. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se denegar\u00e1 la salvaguarda porque: <\/p>\n
5.1. Las personas naturales que la incoaron carecen de legitimaci\u00f3n en la causa por activa para cuestionar las decisiones proferidas en el proceso de restituci\u00f3n, en el que no fungen como partes ni terceros reconocidos <\/p>\n
5.2. La decisi\u00f3n adoptada por el Tribunal Superior de Medell\u00edn no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnada esta determinaci\u00f3n, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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