STC2684-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2684-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 54001-22-13-000-2023-00045-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 22 de febrero de 2023, proferido por la Sala Civil del Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jhon Albeiro Lizarazo T\u00e9llez contra el Juzgado Cuarto de Familia de esa ciudad, la Comisi\u00f3n Nacional del Servicios Civil y la Gobernaci\u00f3n de Norte de Santander, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los participantes de la convocatoria de empleo que origina el reclamo constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, igualdad, dignidad, \u00abacceso al empleo p\u00fablico (\u2026) principio de la confianza leg\u00edtima\u00bb, supuestamente vulneradas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo refiere, en s\u00edntesis, que promovi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela n\u00b0 2022-00425 contra la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil y la Gobernaci\u00f3n de Norte de Santander, la cual fue concedida en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta quien orden\u00f3 \u00aba la Gobernaci\u00f3n de Norte de Santander que dentro de los 15 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de este fallo, revise si en su planta de personal existe alg\u00fan o algunos cargos vacantes que puedan ser provistos con los integrantes de la lista contenida en la Resoluci\u00f3n 8613 del 28 de Agosto de 2020, aplicando para el efecto retrospectivamente el art\u00edculo 6 de la Ley 1960 de 2019, debiendo entregar al interesado la informaci\u00f3n correspondiente. De haber lugar a ello, deber\u00e1 iniciar los tr\u00e1mites tendientes al nombramiento o nombramientos de los concursantes que puedan aspirar a ocupar tales plazas vacantes\u00bb. <\/p>\n
Advierte, que ante el Juzgado Cuarto de Familia de esa ciudad denunci\u00f3 el incumplimiento por parte de la convocada en acatar el precitado fallo, no obstante, censura que dicha autoridad, mediante prove\u00eddo de 19 de diciembre de 2022, se abstuvo de continuar con el tr\u00e1mite del incidente de desacato y dispuso el archivo de las diligencias. <\/p>\n
Aduce, que la decisi\u00f3n del juez acusado \u00abno est\u00e1 fundamentada sobre argumentos s\u00f3lidos\u00bb, aunado a que no se logr\u00f3 probar el supuesto cumplimiento en que cimenta su determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Indica, que tal proceder contrar\u00eda lo establecido en la sentencia SU113-18, que no se evaluaron \u00abcorrectamente\u00bb las pruebas y que hay \u00abcarencia de estudio de equivalencias que deb\u00eda hacer la Gobernaci\u00f3n de Norte de Santander y la CNSC para los nombramientos\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que (i) se invalide el prove\u00eddo de 19 de diciembre de 2022 proferido por el Juzgado Cuarto de Familia de C\u00facuta en el incidente de desacato n\u00b0 2022-00425; (ii) \u00abque [su] nombramiento se haga aplicando el acuerdo CNSC #013 de 2021, dado que este es perfectamente aplicable para [su] caso, negar esta pretensi\u00f3n seria desconocer que este acuerdo es una actualizaci\u00f3n expedida por la propia Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil\u00bb; (iii) \u00abse tomen las determinaciones que el se\u00f1or Juez considere conducentes para la efectividad de la protecci\u00f3n de los derechos vulnerados, incluyendo [su] nombramiento, efectuando un efectivo an\u00e1lisis de las equivalencias tratado el CRITERIO UNIFICADO \u201cUSO DE LISTAS DE ELEGIBLES PARA EMPLEOS EQUIVALENTES\u201d de fecha de sesi\u00f3n: 22 de septiembre de 2020, de la CNSC\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto de Familia de C\u00facuta hizo un recuento de las actuaciones adelantadas en virtud del tr\u00e1mite constitucional que origina el reclamo, destac\u00f3 que no ha vulnerado las prerrogativas que reclama el gestor, por lo que solicit\u00f3 que se declarara improcedente el resguardo. <\/p>\n
2. La Gobernaci\u00f3n de Norte de Santander se opuso a la prosperidad del auxilio arguyendo que el interesado cuenta con \u00abotros mecanismos eficaces para lograr su protecci\u00f3n\u00bb, puesto que en su criterio \u00abexiste otro medio ordinario para la protecci\u00f3n de los derechos de la accionante, dada que al existir una providencia dentro de una acci\u00f3n de tutela que le violenta el derecho al debido proceso y dem\u00e1s derechos fundamentales aducidos; la libelista debi\u00f3 utilizar la herramienta Constitucional de Incidente de Nulidad en la Honorable Corte Constitucional, de igual mod (sic) puede solicitar ante los jueces administrativos el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para solicitar la nulidad del oficio mediante el cual esta administraci\u00f3n le informa que no existen vacantes donde el mismo pueda ser nombrado\u00bb. <\/p>\n
3. La Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil adujo falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y solicit\u00f3 ser desvinculada del presente tr\u00e1mite. En escrito posterior, afirm\u00f3 que esa entidad no ha conculcado los derechos del accionante. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo concedi\u00f3 el amparo precisando, en s\u00edntesis, que el despacho convocado se sustrajo de su deber de agotar todas las etapas previstas para el incidente de desacato. <\/p>\n
En consecuencia, dej\u00f3 sin efecto el prove\u00eddo de 19 de diciembre de 2022 \u00abas\u00ed como las actuaciones subsiguientes que dependan de ella, y SE ORDENA al Juzgado CUARTO DE FAMILIA de C\u00facuta, a trav\u00e9s de su titular, que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, proceda a adoptar las decisiones a que haya lugar para impulsar en su totalidad y definir de fondo el referido tr\u00e1mite incidental, conforme a lo legalmente previsto para ese tipo de asuntos (Art. 27 y 52, Dcto. 2591\/1991, en concordancia con Art. 127 al 131, C.G del P.)\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la Gobernaci\u00f3n de Norte de Santander indicando que \u00ab(i) la pretensi\u00f3n de fondo del accionante en cuanto al nombramiento del mismo a un cargo Inexistente y del cumplimiento por parte de la Gobernaci\u00f3n de Norte de Santander, en cuanto fallo de tutela de segunda Instancia (ii) de la correcta aplicaci\u00f3n doctrinal del Juzgado cuarto de familia de oralidad de C\u00facuta, para proferir el auto interlocutorio de fecha 19 de diciembre de 2022\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Cuarto de Familia de C\u00facuta incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite del desacato que el aqu\u00ed libelista promovi\u00f3 contra la Gobernaci\u00f3n de Norte de Santander y la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil (rad. n.\u00ba 2022-00425), al decretar el cumplimiento de la orden impartida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del mencionado lugar, sin que se agotara el procedimiento respectivo y sin que, efectivamente, se hubiese acatado el mandato constitucional. <\/p>\n
2. De la tutela contra decisiones adoptadas dentro de un incidente de desacato. <\/p>\n
La reiterada jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que, en principio, la salvaguarda no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial, y que solo excepcionalmente puede acudirse a ella, en los casos en los que el funcionario profiera alguna decisi\u00f3n caprichosa o arbitraria, y en el entendido de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y no disponga de otros medios efectivos de defensa judicial. <\/p>\n
A tono con lo anterior, cuando la tutela se enfila contra lo resuelto al interior de un incidente de desacato de fallo proferido en acci\u00f3n de similar rango constitucional, por regla general su abordaje se muestra impertinente, porque: <\/p>\n
\u00abla actividad judicial que se inicia en el marco del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, solo puede ser examinada por los funcionarios competentes para tramitar los instrumentos jur\u00eddicos enunciados y previstos, que frente a los prove\u00eddos que se profieran en el tr\u00e1mite de los incidentes de desacato, no se considera procedente ning\u00fan otro instrumento diferente de reestudio, incluida como es natural la acci\u00f3n de tutela, [ya que] es evidente que la real intenci\u00f3n del legislador, en relaci\u00f3n con el incidente de desacato, era que se regulara a s\u00ed mismo, a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n incidental y su eventual consulta cuando se impusiere sanci\u00f3n, con total autonom\u00eda y sin injerencia de \u00f3rganos externos, aun de nivel constitucional, que puedan interferir en sus decisiones\u00bb (CSJ STC, 29 nov. 2006, exp. 01927-01, citada, entre otras, en STC4260-2019, 3 abr.). <\/p>\n
Sobre las excepciones para atacar la decisi\u00f3n de un incidente de desacato por la misma v\u00eda en el que se origin\u00f3, se ha expuesto que procede cuando se extraiga con solvencia la violaci\u00f3n de derechos tambi\u00e9n de orden superior, como cuando el juez de dicha tramitaci\u00f3n \u00abse extralimita en el cumplimiento de sus funciones, cuando vulnera el derecho a la defensa de las partes o cuando impone una sanci\u00f3n arbitraria\u00bb (CC T-1113\/05), y se ceder\u00eda al principio de la cosa juzgada si \u00abse encuentra plenamente probada la ilegalidad de una decisi\u00f3n por parte de las autoridades disciplinarias competentes, como el fraude a la ley o un fraude procesal\u00bb, precisando que en este caso, es el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n el llamado a remediarlo para evitar \u00abdecisiones contradictorias que terminen en un desconocimiento masivo de la cosa juzgada constitucional\u00bb (CC T-218\/12). <\/p>\n
<\/p>\n
Por su parte, esta Corte ha dispensado el auxilio en los eventos en que la providencia reviste caracter\u00edsticas vulneradoras del debido proceso, \u00abcomo cuando se omiten etapas de su tr\u00e1mite legal y en aquellos casos excepcionales, en que se invoca ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 8 feb. 2008 rad. 00344-01, citada en STC16838-2018, 19 dic., entre otras). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la presente queja constitucional y los planteamientos del escrito de impugnaci\u00f3n, cotejados con la informaci\u00f3n que se extracta de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 la concesi\u00f3n del auxilio, comoquiera que se evidencia la pretermisi\u00f3n de las etapas previstas en el ordenamiento jur\u00eddico para el tr\u00e1mite del incidente de desacato, como pasa a explicarse. <\/p>\n
Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha dicho que \u00abla observancia del debido proceso es perentoria durante el tr\u00e1mite incidental, lo cual presume que el juez no puede descuidar la garant\u00eda del derecho al debido proceso y el derecho de defensa. Debe: (1) comunicar al incumplido sobre la iniciaci\u00f3n del mismo y darle la oportunidad para que informe la raz\u00f3n por la cual no ha dado cumplimiento a la orden del juez de tutela, y presente sus argumentos de defensa; (2) practicar las pruebas que se le soliciten y las que considere conducentes o indispensables para adoptar la decisi\u00f3n; (3) notificar la decisi\u00f3n del incidente; y, en caso de que haya lugar a ello, (4) remitir el expediente en consulta ante el superior\u00bb (CC T-459\/03). <\/p>\n
En id\u00e9ntico sentido, esta Corporaci\u00f3n ha relievado que \u00abel derrotero del incidente de desacato, cuenta con cuatro fases espec\u00edficas: a) informar al responsable que incumpli\u00f3 la orden constitucional, del inicio de la referida actuaci\u00f3n, para que explique las razones de su desatenci\u00f3n y formule sus argumentos de defensa; b) practicar las pruebas solicitadas o que de oficio considere conducentes, pertinentes y \u00fatiles el juzgador, para fundamentar su decisi\u00f3n; c) notificar al infractor del prove\u00eddo que resuelva el desacato, el que, en caso de imponer sanciones de arresto y multa, deber\u00e1 afirmarse en un an\u00e1lisis de responsabilidad subjetiva, basado en la culpa y\/o el dolo; y d) remitir al superior funcional, cuando haya lugar a ello, el expediente para que se surta el grado jurisdiccional de consulta\u00bb (CSJ STC9890-2015, 30 jul.). <\/p>\n
En atenci\u00f3n a esas pautas jurisprudenciales, deviene di\u00e1fana la trasgresi\u00f3n iusfundamental arg\u00fcida por el censor, puesto que, independientemente de cu\u00e1l sea la suerte que deba correr la solicitud incidental formulada por el hoy accionante \u2013asunto que, en principio, corresponde dilucidar \u00fanicamente al juez convocado\u2013, lo cierto es que, para adelantar en debida forma ese labor\u00edo, debe llevar a t\u00e9rmino las etapas de instrucci\u00f3n y alegaci\u00f3n legalmente previstas, para reunir los elementos de juicio necesarios para resolver y, de esa forma, salvaguardar el debido proceso de los all\u00ed involucrados. <\/p>\n
En las condiciones descritas, la Sala encuentra que el prove\u00eddo dictado por el Juzgado Cuarto de Familia de C\u00facuta, el 19 de diciembre de 2022, \u00ababsteni\u00e9ndose\u00bb de continuar con la causa previamente rese\u00f1ada, no se ajusta a derecho, en cuanto le correspond\u00eda a ese despacho, luego de dar apertura al incidente de desacato, otorgar la oportunidad a los contendientes para que expusieran sus argumentos y aportaran las pruebas que pretendieran hacer valer, para luego determinar si hubo o no acatamiento a la orden proferida por el colegiado ad quem el 31 de octubre de 2022. <\/p>\n
Mandato que, dicho sea de paso, consisti\u00f3 en ordenar \u00aba la Gobernaci\u00f3n de Norte de Santander que dentro de los 15 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de [ese] fallo, revise si en su planta de personal existe alg\u00fan o algunos cargos vacantes que puedan ser provistos con los integrantes de la lista contenida en la Resoluci\u00f3n 8613 del 28 de Agosto de 2020, aplicando para el efecto retrospectivamente el art\u00edculo 6 de la Ley 1960 de 2019, debiendo entregar al interesado la informaci\u00f3n correspondiente. De haber lugar a ello, deber\u00e1 iniciar los tr\u00e1mites tendientes al nombramiento o nombramientos de los concursantes que puedan aspirar a ocupar tales plazas vacantes\u00bb; de donde es claro que, contrario a lo acontecido en el sub-lite, el a quo constitucional tiene el deber de analizar exhaustivamente el contenido de la respuesta con la que el all\u00ed incidentado pretendi\u00f3 acreditar la observancia de esa disposici\u00f3n. <\/p>\n
Esta postura ha sido reiterada por esta Sala, al exponer, en casos de similares contornos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos, que al desvirtuar de plano el eventual incumplimiento al fallo que concedi\u00f3 el auxilio, se vulneran las prerrogativas superiores de la parte incidentante, pues se denota que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el juez incursion\u00f3 en un defecto material o sustantivo, toda vez que fue err\u00f3nea la interpretaci\u00f3n y por ende inadecuada la aplicaci\u00f3n de las disposiciones que contemplan el cumplimiento y el desacato de los fallos de tutela (art\u00edculos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991). <\/p>\n
Observa la Sala que a pesar de invocar la aplicaci\u00f3n de las normas que rigen el desacato, el yerro surge cuando \u00abel contenido de la disposici\u00f3n no tiene conexidad material con los presupuestos del caso\u00bb, y tambi\u00e9n cuando \u00abse le reconocen efectos distintos a los expresamente se\u00f1alados por el legislador\u00bb (CC T-774\/04, SU-1185\/01 y T-781\/11, entre otras), y de igual modo, cuando se desconoce las garant\u00edas previstas en la Carta Pol\u00edtica, el precedente constitucional y, en este caso, la propia decisi\u00f3n que se le encomend\u00f3 verificar su cumplimiento. <\/p>\n
As\u00ed mismo, la actuaci\u00f3n del encartado encuentra eco en el denominado defecto procedimental absoluto, pues este acontece cuando se profiere decisi\u00f3n al margen del procedimiento establecido para imponer o absolver de las sanciones conforme al resultado de los medios de convicci\u00f3n recogidos en el expediente, previo el tr\u00e1mite que la ley adjetiva contempla para los incidentes (art\u00edculos 127 a 131 del C\u00f3digo General del Proceso), en concordancia con la normatividad especial para este tipo de asuntos en materia de tutela (Decreto 2591 de 1991)\u00bb (CSJ STC8762-2016, 30 jun., reiterada en STC16838-2018, 19 dic.). <\/p>\n
As\u00ed mismo, la jurisprudencia constitucional ha dicho que \u00abes evidente que el funcionario judicial accionado incurri\u00f3 en defecto procedimental y por ende en la vulneraci\u00f3n del debido proceso que se le imputa, porque ninguna norma lo autoriza para decidir de plano como lo hizo, como que el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, es di\u00e1fano al se\u00f1alar que el presunto incumplimiento de una orden proferida con base en dicho Decreto debe ser esclarecido mediante tr\u00e1mite incidental, sin que de ninguna manera pueda ser de recibo el argumento presentado como justificativo de su conducta, conforme al cual \u00abse juzg\u00f3 este procedimiento a fin de evitar tr\u00e1mites que congestionar\u00edan innecesariamente la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, porque las normas de procedimiento son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, salvo autorizaci\u00f3n expresa de la ley\u00bb (CSJ STC594-2014, 30 ene. y STC2229-2014, 27 feb.). <\/p>\n
Por tanto, de acuerdo con la pauta del canon 11 del C\u00f3digo General del Proceso, se insiste en que para resolver los asuntos a su cargo, en relaci\u00f3n con la interpretaci\u00f3n de la ley procesal, \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, y que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n de primer grado para que el despacho querellado reanude la actuaci\u00f3n a su cargo y adelante, en su totalidad, las etapas del incidente de desacato; luego de lo cual deber\u00e1 proferir la resoluci\u00f3n correspondiente, de forma motivada y con estricta observancia del mandato impartido en la causa n.\u00ba 2022-00425-01. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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