STC2689-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2689-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-01095-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda esencial al debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, supuestamente vulnerada por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el curso del declarativo de la uni\u00f3n marital de hecho y la consecuente sociedad patrimonial que Fredy Alexander y Wilmer Ferm\u00edn Duarte Miranda \u2013en calidad de descendientes de Ferm\u00edn Duarte Siend\u00faa (q.e.p.d.)\u2013 iniciaron contra Gladys Imelda Galindo Camacho \u2013como \u00abcompa\u00f1era permanente\u00bb del causante\u2013 y de Ferm\u00edn Aldair Duarte Galindo \u2013como hijo com\u00fan entre ella y el de cujus\u2013, el Juzgado Primero de Familia de Yopal (rad. n.\u00ba 2021-00407) admiti\u00f3 el libelo y tuvo por notificado al extremo pasivo, con prove\u00eddo de 25 de febrero de 2022. <\/p>\n
2.2. Sin embargo, la aqu\u00ed promotora cuestion\u00f3 que el estrado procediera en tal sentido, comoquiera que \u00aben el escrito de demanda, no se atendieron los requisitos establecidos en la norma procesal correspondiente para las notificaciones electr\u00f3nicas como lo rezaba el decreto 806 de 2020 ya que no fueron satisfechos, la indicaci\u00f3n de la direcci\u00f3n electr\u00f3nica suministrada correspondiera a la utilizada por la se\u00f1ora Gladys Imelda Galindo Camacho, no se inform\u00f3 la forma en que se obtuvo tal informaci\u00f3n ni, de ser el caso, ni alleg\u00f3 evidencias de ello\u00bb. <\/p>\n
2.3. Por lo anterior, solicit\u00f3 \u2013junto con el codemandado\u2013 la nulidad de lo actuado en ese tr\u00e1mite, con fundamento en el numeral 8 del canon 133 del Estatuto Procesal, pero, con prove\u00eddo de 11 de agosto de 2022, el estrado a quo la deneg\u00f3, tras colegir que \u00abno [existi\u00f3] problema en la entrega de la notificaci\u00f3n de la demanda al correo electr\u00f3nico fermin1052@gmail.com ya que el correo estaba creado para la fecha, adem\u00e1s que los demandantes por ser hermanos de uno de los demandados ten\u00edan el correo electr\u00f3nico de su hermano, pero cosa distinta refieren respecto del correo de la se\u00f1ora Gladys Imelda Galindo Camacho\u00bb. <\/p>\n
2.4. Inconforme, \u00fanicamente formul\u00f3 apelaci\u00f3n pero, con determinaci\u00f3n de 27 de enero de 2023, la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal confirm\u00f3 lo resuelto, aun cuando expresamente reconoci\u00f3 la irregularidad denunciada, esto es, que <\/p>\n
\u00abfrente a la vinculaci\u00f3n de la aqu\u00ed promotora de la alzada (\u2026) los dislates son de recibo por cuando, conforme con el escrito inaugural de demanda, aquellos no fueron satisfechos, en la medida en que no se indic\u00f3 que la direcci\u00f3n electr\u00f3nica suministrada correspondiera a la utilizada por la se\u00f1ora Gladys Imelda Galindo Camacho, no se inform\u00f3 la forma en la que se obtuvo tal informaci\u00f3n ni, de ser el caso, alleg\u00f3 evidencias de ello; empero, esas falencias en su oportunidad no merecieron reproche alguno por parte del juez de la causa, quien procedi\u00f3 a admitir la demanda y quien, valga se\u00f1alar, en el prove\u00eddo fustigado ninguna valoraci\u00f3n efectu\u00f3 al respecto, no obstante ello ser soporte de la nulidad impetrada\u00bb. <\/p>\n
2.5. En ese orden, reiter\u00f3 que la notificaci\u00f3n personal no se adelant\u00f3 en debida forma, pues, habiendo escogido los all\u00ed convocantes el medio de notificaci\u00f3n digital \u2013a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico\u2013, debieron cerciorarse de que este fuera de su dominio, lo que no ocurri\u00f3, toda vez que la direcci\u00f3n suministrada es de su hijo, no de ella, aspecto que incluso acept\u00f3 el apoderado de la contraparte al descorrer traslado del escrito de nulidad, quien textualmente consign\u00f3 que \u00abno exist\u00eda manera de obtener el correo electr\u00f3nico de la se\u00f1ora Gladys Imelda Galindo Camacho, para poder agregarlo al ac\u00e1pite de notificaciones\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3, en compendio, \u00abordenar la revisi\u00f3n de la sentencia (sic) proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, de 27 de enero de 2023, a fin de que se garantice el debido proceso (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
Quien adujo ser el apoderado de Fredy Alexander y Wilmer Ferm\u00edn Duarte Miranda solicit\u00f3 la denegaci\u00f3n del amparo, porque \u00abno se configura ninguna vulneraci\u00f3n al debido proceso, el acceso a la Justicia y el derecho a la defensa y contradicci\u00f3n, y adem\u00e1s por ser improcedente la acci\u00f3n de tutela interpuesta toda vez que la accionante pose\u00eda otros mecanismos de defensa judicial para el efecto\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el curso del declarativo de la uni\u00f3n marital de hecho que se inici\u00f3 contra la aqu\u00ed gestora (rad. n.\u00ba 2021-00407), por ratificar el prove\u00eddo del a quo, a trav\u00e9s del cual se deneg\u00f3 la nulidad de todo lo actuado, formulada con sustento en el numeral 8 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
2.1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
No obstante, en los precisos casos en los cuales los funcionarios respectivos incurran en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
2.2. Si bien los falladores ordinarios tienen libertad discrecional y razonable para interpretar y aplicar el ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden intervenir en esa funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u00ab[e]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
As\u00ed mismo, se presenta v\u00eda de hecho cuando se omite por cuenta del fallador en su providencia, ahondar y resolver sobre aspectos esenciales de la controversia suscitada, circunstancia que a la postre representa una falta de motivaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Falta o insuficiente motivaci\u00f3n de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, uno de los eventos en los cuales se habilita el amparo para conjurar la afectaci\u00f3n que pueden causar los actos judiciales a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia es el proferimiento de una providencia que desconozca la obligaci\u00f3n de una \u00abdebida motivaci\u00f3n\u00bb. Sobre el tema, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la motivaci\u00f3n de las sentencias constituye imperativo que surge del debido proceso, cuya finalidad consiste en brindar el derecho a las partes e intervinientes de asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el juez natural frente al caso objeto de controversia, raz\u00f3n por la cual \u00e9sta debe ser, para el caso concreto, suficiente, es decir, \u2018(\u2026) la funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n. La sentencia, como acto procesal que es, [\u2026] debe ser motivada \u2018de manera breve y precisa\u2019 \u2013pero necesariamente fundamentada-, dicha evaluaci\u00f3n debe cobijar el \u2018examen cr\u00edtico de las pruebas y a los razonamientos legales\u2019 que sean indispensables para fundamentarla [\u2026] la funci\u00f3n del juez radica en la definici\u00f3n del derecho y uno de los principios en que se inspira reside en el imperativo de que, sin excepciones, sus providencias est\u00e9n clara y completamente motivadas. <\/p>\n
La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constituci\u00f3n para resolver los casos concretos, con base en la aplicaci\u00f3n de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposici\u00f3n que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstenci\u00f3n, forzosa para el sujeto pasivo del fallo\u00bb (CSJ 22 may. 2003, exp. 00526-01, citada en STC, 3 nov. 2011, exp. 02274-00, ratificada y reiterada en STC7781-2016, 13 jun., y STC6688-2018, 23 may. 2018). <\/p>\n
Igualmente, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que, en situaciones como esta, \u00absufre mengua el derecho fundamental al debido proceso por obra de sentencias en las que, a pesar de la existencia objetiva de argumentos y razones, la motivaci\u00f3n resulta ser notoriamente insuficiente, contradictoria o impertinente frente a los requerimientos constitucionales\u00bb (CSJ STC 2 mar. 2008, rad. 00384-00, reiterada, entre otras, en STC 16 feb. 2011, rad. 2010-445-01, y STC9162-2015, 15 jul. 2015). <\/p>\n
4. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Revisada la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal mantuvo inc\u00f3lume el prove\u00eddo proferido por el estrado a quo en el declarativo de la uni\u00f3n marital de hecho que se ausculta, a trav\u00e9s del cual se deneg\u00f3 la nulidad de lo actuado invocada por la aqu\u00ed gestora \u2013con fundamento en el numeral 8 del canon 133 del C\u00f3digo General del Proceso\u2013; se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, en tanto la citada resoluci\u00f3n incurri\u00f3 en el defecto de insuficiente motivaci\u00f3n, como pasa a explicarse. <\/p>\n
4.1. En efecto, al estudiar los reproches formulados en la apelaci\u00f3n que present\u00f3 la aqu\u00ed inconforme, en especial, tenerla por notificada al haber enviado la comunicaci\u00f3n respectiva al correo electr\u00f3nico personal de su descendiente, la autoridad querellada expuso que: <\/p>\n
\u00abBajo ese elemental entendimiento, insiste la promotora de la censura, se\u00f1ora Gladys Imelda Galindo Camacho, en que se declare la nulidad procesal contemplada en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del CGP, seg\u00fan la cual el proceso es nulo en todo o en parte (\u2026) \u201cCuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las dem\u00e1s personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley as\u00ed lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio P\u00fablico o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debi\u00f3 ser citado.(\u2026)\u201d con sustento en que i) no se comparti\u00f3 la demanda al momento de su interposici\u00f3n y ii) no se cumplieron con las formalidades exigidas en el decreto 806 de 2020 al no indicar el demandante cu\u00e1l era su canal digital para surtir notificaciones, distinto al del otro demandado, luego estima, debi\u00f3 surtirse la notificaci\u00f3n personal f\u00edsica o en su defecto haberse surtido el respectivo emplazamiento\u00bb. <\/p>\n
En ese contexto, frente a la primera inconformidad, adujo que \u00abcomparte el despacho la posici\u00f3n asumida por el juzgador de primer grado, en la medida en que si bien el art\u00edculo 6\u00ba del decreto 806 de 2020, vigente para el momento de presentaci\u00f3n de la demanda, establece que \u201c\u2026En cualquier jurisdicci\u00f3n, incluido el proceso arbitral y las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibir\u00e1 notificaciones el demandado, el demandante, al presentar la demanda, simult\u00e1neamente deber\u00e1 enviar por medio electr\u00f3nico copia de ella y de sus anexos a los demandados\u201d (\u2026), el escrito inaugural contuvo solicitud de cautelas previas, luego se avizora sin incertidumbre alguna que el deber de remitir copia de ella a los llamados al juicio no era exigible a los demandantes\u00bb. <\/p>\n
Y, en lo que al segundo embate respecta, esto es, lo concerniente al incumplimiento de las exigencias previstas en el entonces vigente Decreto 806 de 2020, se\u00f1al\u00f3 que \u00ablos dislates endilgados son de recibo por cuanto, conforme con el escrito inaugural de demanda, aquellos no fueron satisfechos, en la medida en que no se indic\u00f3 que la direcci\u00f3n electr\u00f3nica suministrada correspondiera a la utilizada por la se\u00f1ora Gladys Imelda Galindo Camacho, no se inform\u00f3 la forma en que se obtuvo tal informaci\u00f3n ni, de ser el caso, alleg\u00f3 evidencias de ello; empero, esas falencias en su oportunidad no merecieron reproche alguno por parte del juez de la causa, quien procedi\u00f3 a admitir la demanda y quien valga se\u00f1alar, en el prove\u00eddo fustigado ninguna valoraci\u00f3n efectu\u00f3 al respecto, no obstante ser ello soporte de la nulidad impetrada\u00bb. <\/p>\n
No obstante, a pesar de constatar esas deficiencias en el enteramiento personal surtido a la aqu\u00ed reclamante, arguy\u00f3 que \u00abesa mera irregularidad no configura autom\u00e1ticamente la causal de nulidad pregonada, en la medida en que, para ello, la carga procesal del interesado es demostrar fehacientemente que la direcci\u00f3n electr\u00f3nica fermin1052@gmail.com, no se encontraba activa para el momento de surtirse la notificaci\u00f3n personal electr\u00f3nica, pues al punto mem\u00f3rese entonces que, como soporte de la nulidad procesal incoada, sumado a la falta de env\u00edo de la demanda radicada ante la administraci\u00f3n de justicia, la censora Gladys Imelda Galindo Camacho sostuvo que i) la direcci\u00f3n f\u00edsica indicada en el libelo introductor no corresponde a la realidad, pues aquella es de su hijo aqu\u00ed codemandado mientras ella convive con una hermana en el municipio de Yopal y ii) el correo electr\u00f3nico all\u00ed se\u00f1alado es de este \u00faltimo, el cual, agrega, no se encuentra vigente\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, precis\u00f3 que, \u00abla discusi\u00f3n atinente a irregularidades en la direcci\u00f3n f\u00edsica para notificaci\u00f3n personal es cuesti\u00f3n irrelevante para el asunto por cuanto la efectuada a la recurrente se efectu\u00f3 v\u00eda electr\u00f3nica y al amparo del decreto 806 de 2020, no encuentra esta agencia judicial elementos de convicci\u00f3n que permitan establecer que, al momento de surtirse la notificaci\u00f3n resistida, la mentada direcci\u00f3n electr\u00f3nica no se encontrara activa. Contrario sensu, como lo advirti\u00f3 el juez de primer grado, el acuse de recibo que obra en el expediente, da cuenta de lo contrario, luego al no cumplirse con la carga probatoria de rigor, la nulidad incoada deviene improcedente, por manera que se impartir\u00e1 la confirmaci\u00f3n de la decisi\u00f3n aqu\u00ed fustigada\u00bb. <\/p>\n
4.2. Deviene di\u00e1fano para esta Corporaci\u00f3n que, con la referida determinaci\u00f3n, el ad quem incurri\u00f3 en la mencionada causal de procedencia excepcional del amparo, comoquiera que, pese a la reiteraci\u00f3n del reproche de la aqu\u00ed pretensora, sobre la eventual configuraci\u00f3n de una indebida notificaci\u00f3n del auto admisorio de esa causa, el fallador no explic\u00f3 de manera suficiente por qu\u00e9 no era de recibo esa defensa \u2013aun cuando expresamente reconoci\u00f3 la deficiencia denunciada por aquella\u2013, sino que, ciertamente, se limit\u00f3 a reproducir \u2013sin mayor detenimiento\u2013 las consideraciones efectuadas en la resoluci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en primer lugar, si bien la discusi\u00f3n sobre el enteramiento del otro integrante del extremo pasivo qued\u00f3 zanjada con el pronunciamiento del a quo \u2013en tanto que no recurri\u00f3 esa puntual determinaci\u00f3n en lo que a \u00e9l concierne\u2013, lo cierto es que la se\u00f1ora Galindo Camacho s\u00ed formul\u00f3 cuestionamientos espec\u00edficos sobre la forma en que se tuvo por notificada del inicio del declarativo; y aunque ciertamente le asiste raz\u00f3n al colegiado en que no era necesaria la remisi\u00f3n del escrito inicial de manera previa \u2013ya que, seg\u00fan se indic\u00f3, all\u00ed se solicitaron medidas cautelares anticipadas, siendo esta una excepci\u00f3n1\u2013, nada se dijo respecto de la irregularidad expresamente constatada en esa misma sede. <\/p>\n
Lo anterior, pues, aun cuando en el prove\u00eddo recriminado se sostuvo que \u00abno se indic\u00f3 que la direcci\u00f3n electr\u00f3nica suministrada correspondiera a la utilizada por la se\u00f1ora Gladys Imelda Galindo Camacho, no se inform\u00f3 la forma en que se obtuvo tal informaci\u00f3n ni, de ser el caso, alleg\u00f3 evidencias de ello\u00bb, esas premisas f\u00e1cticas no merecieron consideraci\u00f3n alguna de cara a los efectos jur\u00eddicos que de ellas eventualmente se desprender\u00edan; ya que, tal como la libelista ha denunciado, no se explic\u00f3 por qu\u00e9 deb\u00eda darse por surtida la notificaci\u00f3n si qued\u00f3 en duda \u2013de acuerdo con las expresiones utilizadas por el ad quem\u2013 si ella es o no la titular del correo electr\u00f3nico que se brind\u00f3 con ese prop\u00f3sito. <\/p>\n
Y, sobre este \u00faltimo t\u00f3pico, tampoco se hizo alusi\u00f3n a la ineludible argumentaci\u00f3n sobre por qu\u00e9 era relevante, en ese contexto, el hecho de que el correo electr\u00f3nico enviado a la mentada direcci\u00f3n no hubiese \u00abrebotado\u00bb \u2013es decir, frente al reclamo de la aqu\u00ed accionante\u2013, si, se itera, la controversia gravit\u00f3 en torno a qui\u00e9n ejerce el dominio de esa cuenta, para de all\u00ed deducir los efectos procesales pertinentes en lo que a ella respecta. <\/p>\n
Sumado a ello, tampoco hubo valoraci\u00f3n del aserto del apoderado de la contraparte, quien, al descorrer traslado del escrito de nulidad, aludi\u00f3 textualmente a que \u00abno exist\u00eda manera de obtener el correo electr\u00f3nico de la se\u00f1ora Gladys Imelda Galindo Camacho, para poder agregarlo al ac\u00e1pite de notificaciones\u00bb, ni se evidenci\u00f3 un an\u00e1lisis de sus repercusiones \u2013o de si las deb\u00eda tener\u2013, frente a la alegada \u00abimposibilidad\u00bb y que aun as\u00ed se eligiera ese medio de notificaci\u00f3n y no otro. <\/p>\n
Con todo, pese a la falta de claridad, el ad quem decidi\u00f3 confirmar la negativa de decretar la nulidad del enteramiento de la se\u00f1ora Galindo Camacho, dejando de lado proveer sobre los puntos desarrollados en la impugnaci\u00f3n vertical de la inconforme, aun cuando en este estadio procesal esa es la \u00fanica oportunidad que ella tiene para exponer las eventuales deficiencias en ese labor\u00edo. <\/p>\n
4.3. Sobre la importancia de garantizar el debido proceso de las partes, en especial, cuando se alega la configuraci\u00f3n de una nulidad por indebida notificaci\u00f3n del auto admisorio, en el escenario de la implementaci\u00f3n de canales digitales, esta Sala de Casaci\u00f3n tuvo oportunidad de unificar criterio, relievando, en lo pertinente, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como una de las medidas m\u00e1s garantistas del derecho de defensa y contradicci\u00f3n del demandado, el legislador opt\u00f3 por salvaguardar expresamente el derecho que asiste al destinatario de la notificaci\u00f3n, de ventilar sus eventuales inconformidades con la forma en que se surti\u00f3 el enteramiento mediante la v\u00eda de la solicitud de declaratoria de nulidad procesal. En concreto, se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
Cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practic\u00f3 la notificaci\u00f3n, la parte que se considere afectada deber\u00e1 manifestar bajo la gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, que no se enter\u00f3 de la providencia, adem\u00e1s de cumplir con lo dispuesto en los art\u00edculos 132 a 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, de lo expuesto no queda duda que el demandante debe cumplir unas exigencias legales con el objetivo de dar convicci\u00f3n sobre la idoneidad y efectividad del canal digital elegido, actividad sobre la cual el juez tiene facultades oficiosas de verificaci\u00f3n. Tampoco hay inconveniente en afirmar que para la notificaci\u00f3n personal por medios electr\u00f3nicos es facultativo el uso de los sistemas de confirmaci\u00f3n del recibo de los distintos canales digitales y del servicio de correo electr\u00f3nico postal certificado. Igualmente, no hay problema en admitir que -por presunci\u00f3n legal- es con el env\u00edo de la providencia como mensaje de datos que se entiende surtida la notificaci\u00f3n personal y, menos, con reconocer que no puede iniciar el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino derivado de la determinaci\u00f3n notificada si se demuestra que el destinatario no recibi\u00f3 la respectiva comunicaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC16733-2022, 14 dic.). <\/p>\n
As\u00ed mismo, en lo que concierne a la posibilidad de discutir las eventuales irregularidades frente a la notificaci\u00f3n personal con el uso de las TIC, en la mentada providencia se dej\u00f3 sentado que: <\/p>\n
\u00abDel panorama recreado -armonizado con la pr\u00e1ctica judicial- es dable colegir que, por regla general, si el demandante supera las exigencias iniciales previstas por el legislador tendientes a demostrar la idoneidad del canal digital elegido y el juez hace uso de los poderes de verificaci\u00f3n que le otorga el legislador, hay una alta probabilidad de que ese medio resulte efectivo para el enteramiento del demandado o convocado. <\/p>\n
De igual forma, para los posibles casos en los que, a pesar de lo anterior, exista anomal\u00eda con la notificaci\u00f3n, tiene el demandado la posibilidad de acudir a la solicitud de declaratoria de nulidad. Con ese razonamiento, podr\u00eda concluirse que el establecimiento de una regla de car\u00e1cter general seg\u00fan la cual deba requerirse en todos los casos al demandante para que, adem\u00e1s de cumplir los requisitos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 2213 de 2022, demuestre que su contraparte recibi\u00f3 la comunicaci\u00f3n por \u00e9l remitida, podr\u00eda resultar excesiva, incompatible con el principio constitucional de buena fe, e incluso, contraria al querer y al tenor de la normativa en comento. <\/p>\n
Y es que, vistas bien las cosas, no resulta sensato y acorde a los postulados legales de implementaci\u00f3n de las TIC, celeridad de los tr\u00e1mites y tutela jurisdiccional efectiva, que se hagan una serie de exigencias previas al demandante tendientes a verificar la idoneidad del canal de comunicaci\u00f3n elegido para los fines del proceso, si, de todas formas, ninguna consecuencia jur\u00eddica pudiera derivarse de ello. (\u2026) <\/p>\n
Es en el tr\u00e1mite de la eventual nulidad -y no la etapa inicial del litigio- donde se abre el sendero para que se debata la efectividad o no del enteramiento y, sobre todo, del hito en el que empiezan a correr los t\u00e9rminos derivados de la providencia a notificar. Es en ese escenario en el que cobran real importancia las pruebas que las partes aporten para demostrar la recepci\u00f3n, o no, de la misiva remitida por el demandante\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, esta Colegiatura ha enfatizado en que \u00abtrat\u00e1ndose de notificaci\u00f3n personal por medios electr\u00f3nicos, es el demandante quien, en principio, elije los canales digitales para los fines del proceso. En tal sentido debe colmar las exigencias que el legislador le hizo con el prop\u00f3sito de demostrar la idoneidad de la v\u00eda de comunicaci\u00f3n escogida. Por su parte, el Juez tiene la posibilidad de verificar esa informaci\u00f3n con el fin de agilizar eficazmente el tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n y el impulso del proceso\u00bb. <\/p>\n
4.4. Bajo esas circunstancias, es evidente que no se exterioriz\u00f3 un desarrollo puntual sobre la inconformidad de la memorialista en su escrito de apelaci\u00f3n \u2013esto es, si se present\u00f3 o no la indebida notificaci\u00f3n del auto admisorio y, de ser as\u00ed, cu\u00e1les ser\u00edan las implicaciones procesales de esa irregularidad\u2013; por lo que, contrario a las expectativas leg\u00edtimas de quienes acuden a la administraci\u00f3n de justicia, la autoridad convocada no tuvo en cuenta las diversas aristas del debate, de tal forma que su ejercicio hermen\u00e9utico resultara suficiente e integral, en atenci\u00f3n al derecho de la all\u00ed recurrente de conocer los fundamentos de su veredicto. <\/p>\n
De manera que, como preliminarmente se dijo, cuando la determinaci\u00f3n objeto de discusi\u00f3n prescinde de efectuar consideraciones relevantes se configura la trasgresi\u00f3n de las garant\u00edas de los sujetos procesales. Al respecto, ha enfatizado la Corte: \u00ab(\u2026) la motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u00bb (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 2009-02174-00; reiterada en CSJ STC, 10 oct. 2013, rad. 2013-01931-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al ser claro que existe una situaci\u00f3n que es necesario corregir, en procura de salvaguardar el derecho fundamental al debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, y a fin de evitar una denegaci\u00f3n de justicia, se justifica la intervenci\u00f3n excepcional\u00edsima del juez de tutela. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme con ello, se conceder\u00e1 el amparo; y, en tal virtud, se dejar\u00e1 sin valor ni efecto el prove\u00eddo de 27 de enero de 2023, proferido por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, en el curso del declarativo de la referencia, para que expida la determinaci\u00f3n a que haya lugar \u2013con pleno respeto de su autonom\u00eda\u2013, teniendo en cuenta las irregularidades advertidas. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER el amparo del derecho fundamental al debido proceso invocado por Gladys Imelda Galindo Camacho. <\/p>\n
SEGUNDO: DEJAR sin valor ni efecto la decisi\u00f3n de 27 de enero de 2023, proferida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, as\u00ed como las dem\u00e1s actuaciones que de all\u00ed se desprendan, dentro del radicado n.\u00ba 2021-00407. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR a la precitada autoridad judicial que, en el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, proceda nuevamente a resolver la apelaci\u00f3n y dicte la decisi\u00f3n a que haya lugar en dicha causa, en atenci\u00f3n a las consideraciones plasmadas en parte motiva de esta sentencia. <\/p>\n
CUARTO: COMUNICAR por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Decreto 806 de 2020, art\u00edculo 6: \u00abEn cualquier jurisdicci\u00f3n, incluido el proceso arbitral y las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibir\u00e1 notificaciones el demandado, el demandante, al presentar la demanda, simult\u00e1neamente deber\u00e1 enviar por medio electr\u00f3nico copia de ella y de sus anexos a los demandados. Del mismo modo deber\u00e1 proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
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STC2689-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC2689-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-01095-00 (Aprobado en Sala de veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). ANTECEDENTES 1. La accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71928","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71928","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71928"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71928\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71928"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71928"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71928"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}