STC2690-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2690-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-00013-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 16 de enero de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la sociedad Agencia de Aduanas Cointer S.A.S. Nivel 1 contra el Juzgado Trece Civil del Circuito de esta ciudad y la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales \u2013 DIAN \u2013 Direcci\u00f3n Seccional de Impuestos Personas Jur\u00eddicas de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el ejecutivo radicado n\u00ba 2019-00656. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, por intermedio de su representante legal, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y petici\u00f3n, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales y administrativas convocadas. <\/p>\n
2. Se extrae de la demanda y anexos que en el Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogot\u00e1 cursa demanda ejecutiva promovida por la Compa\u00f1\u00eda Aseguradora de Fianzas S.A. contra la sociedad aqu\u00ed accionante, Jes\u00fas Humberto Hern\u00e1ndez Gonz\u00e1lez \u2013su representante legal \u2013 y Mar\u00eda Cecilia Tavera Le\u00f3n (radicado n\u00ba 2019-00656). <\/p>\n
La Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales \u2013 DIAN \u2013, en comunicados del 30 de diciembre de 2019 y 14 de enero de 2020, inform\u00f3 al despacho que la compa\u00f1\u00eda ejecutada al igual que su representante, \u00abpresentan obligaciones pendientes de pago [por la suma de $1.397.362.436.], para que los dineros recibidos en el proceso sean puestos a disposici\u00f3n de la entidad en la cuenta del Banco Agrario\u00bb. <\/p>\n
En dicho compulsivo, pese a que las partes llegaron a un acuerdo transaccional para finiquitar el litigio, el juzgado, mediante prove\u00eddo de 27 de octubre de 2020 no dio tr\u00e1mite al mismo en consideraci\u00f3n a la existencia de los embargos informados por la DIAN respecto de la ejecutada (solicitud de retenci\u00f3n de remanentes), indicando que esa entidad estatal deb\u00eda ser incluida en la transacci\u00f3n. M\u00e1s adelante, el 26 de abril de 2021, profiri\u00f3 auto ordenando seguir adelante la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
En la DIAN, en efecto, se adelantan dos procesos administrativos de cobro coactivo en contra de la sociedad aqu\u00ed accionante, el primero aduanero, expediente n\u00ba 20170239; y el segundo, tributario, expediente 202012279. <\/p>\n
La promotora alleg\u00f3 al tr\u00e1mite judicial oficio fechado el 30 de abril de 2021 (reiterado el 5 de mayo de ese mismo a\u00f1o) expedido por el Gestor GIT Persuasiva I Divisi\u00f3n de Gesti\u00f3n de Cobranzas de la DIAN \u2013 Direcci\u00f3n Seccional de Impuestos de Bogot\u00e1 \u2013, el cual, en respuesta a un derecho de petici\u00f3n, certificaba que \u00abno exist\u00edan embargos proferidos y tampoco figuran t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial pendientes por tramitar\u00bb relacionados con Cointer S.A.S., aportado con el fin de insistir en el levantamiento de las medidas cautelares; no obstante, el despacho (auto de 5 de noviembre de 2021) mantuvo su postura pues entendi\u00f3 que por \u00abel solo hecho de haber informado sobre la existencia de proceso ejecutivo de cobro coactivo, conforme lo establecido en los art\u00edculos 465 del C\u00f3digo General del Proceso y 2495 del C\u00f3digo Civil, se entiende embargado el cr\u00e9dito [por la DIAN] \u00bb. <\/p>\n
La sociedad tutelante cuestiona que el juzgado negara el levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre sus cuentas y, asimismo, que no haya admitido el acuerdo de pago al que lleg\u00f3 con la demandante para finalizar el juicio, \u00fanicamente con fundamento en las comunicaciones de la DIAN, sin que exista una orden o decreto administrativo de embargo emitido por esta distinto al mandamiento de pago del proceso de cobro coactivo que le sigue. <\/p>\n
Tambi\u00e9n reproch\u00f3 que se han presentado diversas irregularidades por cuenta de la entidad recaudadora en la tramitaci\u00f3n del proceso de cobro coactivo tributario del expediente 202012279 como, la omisi\u00f3n de \u00abla etapa persuasiva\u00bb, que deb\u00eda ser previa a la emisi\u00f3n del mandamiento de pago, y la falta o indebida notificaci\u00f3n de este \u00faltimo (proferido el 4 de mayo de 2021) lo que le impidi\u00f3 ejercer su derecho de defensa y contradicci\u00f3n frente al mismo, priv\u00e1ndola de proponer las excepciones pertinentes. <\/p>\n
Finalmente, reclam\u00f3 que la DIAN vulner\u00f3 su derecho fundamental de petici\u00f3n pues, no contest\u00f3 la misiva elevada el 11 de octubre de 2022 dirigida a que le diera a conocer el expediente de la causa de cobro coactivo 202012279. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se ordene \u00ab(i) al Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogot\u00e1, la devoluci\u00f3n de los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial por valor de $1.397\u2019362.436., a favor de Agencia de Aduanas Cointer S.A.S., por ausencia de orden administrativa (\u2026) (ii) se ordene a la DIAN la preservaci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso [\u2026] y como consecuencia, revoque todo lo actuado dentro del proceso administrativo de cobro coactivo n\u00ba 202012279 para que proceda a notificar en debida forma las actuaciones administrativas permitiendo a la sociedad ejercer los medios de defensa dentro del proceso administrativo de cobro coactivo; (iii) se ordene a la DIAN atender el derecho de petici\u00f3n formulado dirigido a la Divisi\u00f3n de Gesti\u00f3n de Recaudo y Cobranzas [\u2026] de fecha 11 de octubre de 2022 que hasta la fecha no ha sido resuelto por medio del cual se solicit\u00f3 acceso al expediente f\u00edsico que contiene el proceso de cobro radicado 202012279\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Trece Civil del Circuito de Bogot\u00e1 relacion\u00f3 lo acontecido en el ejecutivo en cuesti\u00f3n y destac\u00f3 que en virtud de lo comunicado por la DIAN, en auto de 27 de octubre de 2020 dispuso que, \u00abprevio a resolver sobre la terminaci\u00f3n del proceso por transacci\u00f3n, adem\u00e1s de solicitarse se aportara copia digital contentiva del documento de solicitud de terminaci\u00f3n del proceso se les indic\u00f3 \u201ct\u00e9ngase en cuenta que dentro del proceso existe embargo del cr\u00e9dito por parte de la DIAN en contra de Agencia de Aduanas Cointer S.A.S. Nivel 1 y Jes\u00fas Humberto Hern\u00e1ndez Gonz\u00e1lez, por lo que esta debe intervenir en la transacci\u00f3n\u201d\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la pertinencia o no de las comunicaciones de la DIAN \u00abes situaci\u00f3n ajena a este despacho, pues lo \u00fanico que nos consta es lo que obra en el proceso de ejecuci\u00f3n y hasta esta data no existe comunicaci\u00f3n de la DIAN donde se informe ni la invalidez de tales comunicaciones ni el levantamiento de la medida cautelar pretendida\u00bb. <\/p>\n
2. La Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales \u2013 DIAN \u2013 Seccional de Impuestos de Bogot\u00e1 resalt\u00f3 que, en efecto, esa entidad requiri\u00f3 la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos al Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogot\u00e1 de acuerdo al art\u00edculo 2495 del C\u00f3digo Civil que le permite al juez competente \u00abremitir las medidas cautelares del proceso ejecutivo a la autoridad tributaria\u00bb. Frente a las alegaciones de la accionante sostuvo que el canon 837 del Estatuto Tributario establece que \u00abprevia o simult\u00e1neamente con el mandamiento de pago, el funcionario podr\u00e1 decretar el embargo y secuestro preventivo de los bienes del deudor que se hayan establecido como de su propiedad\u00bb, por lo tanto, explica que, los actos administrativos que se dictan en el tr\u00e1mite de cobro coactivo \u00abtienen la calidad de t\u00edtulos ejecutivos seg\u00fan lo establecido en el art\u00edculo 828 del Estatuto Tributario y en ellos constan obligaciones claras, expresas y exigibles a favor de la Naci\u00f3n y a cargo del contribuyente\u00bb. <\/p>\n
Sobre la supuesta falta de notificaci\u00f3n del mandamiento de pago aclar\u00f3 que, contrario a lo alegado, el aviso de cobro \u00ab20200101001701 de fecha 2 de diciembre de 2020 fue enviado a la direcci\u00f3n registrada en el RUT \u2013 AK 97 24C-75 Muelle Industrial Bucaramanga 41, notificado el 10 de marzo de 2021, con acuse de recibido RA305467535CO\u00bb. <\/p>\n
Y, del derecho de petici\u00f3n al que alude la sociedad actora, se\u00f1al\u00f3 que, todo tipo de peticiones deben remitirse al correo oficial corresp_bog-imp@dian.gov.co canal dispuesto para ese fin, pero seg\u00fan lo indic\u00f3 la accionante, no fue a ese e-mail al que remiti\u00f3 la solicitud, raz\u00f3n por la cual no tuvo la posibilidad de conocer el mismo ya que lo envi\u00f3 a una persona que no hace parte de esa entidad. <\/p>\n
Finalmente, pidi\u00f3 se declare la improcedencia de la acci\u00f3n por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad en virtud de la \u00abexistencia de otros mecanismos de defensa judicial\u00bb. <\/p>\n
3. El apoderado de la Compa\u00f1\u00eda Aseguradora de Fianzas S.A., que funge como ejecutante en el pleito en cuesti\u00f3n, detall\u00f3 lo surtido en el mismo destacando por \u00faltimo que, por petici\u00f3n que hiciere al juzgado, este, el 19 de septiembre \u00aborden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares decretadas [\u2026] pero a la fecha no se tiene conocimiento de que tal medida se haya ejecutado\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Desestim\u00f3 la salvaguarda por no estar demostrada la vulneraci\u00f3n invocada atribuida al despacho judicial convocado pues, la no entrega de los dineros de la accionante se dio en raz\u00f3n a las comunicaciones allegadas por la DIAN sobre la existencia de obligaciones tributarias pendientes de pago, sumado a que, se adelanta otro \u00abcobro coactivo aduanero expediente 20170239 contra la actora [\u2026] que se hab\u00eda informado desde el a\u00f1o 2019 cuya liquidaci\u00f3n oficial se realiz\u00f3 mediante resoluci\u00f3n, sin que pueda predicarse la ausencia de orden administrativa que [se] alega\u00bb. <\/p>\n
Sobre los reclamos por la supuesta vulneraci\u00f3n del debido proceso administrativo del que acusa a la DIAN en el tr\u00e1mite de cobro coactivo 202012279 por la supuesta falta de notificaci\u00f3n del mandamiento y la inexistencia de medidas cautelares, resalt\u00f3 que, no es la tutela \u00abel escenario para su cuestionamiento, pues ello debe ser discutido al interior de la respectiva actuaci\u00f3n administrativa donde posee los medios de defensa o las acciones para zanjar los vicios, si hubiere lugar a ellos\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en lo que tiene que ver con el derecho de petici\u00f3n que dirigi\u00f3 a esa entidad sin obtener respuesta, lo tuvo como un hecho superado pues, \u00abseg\u00fan lo inform\u00f3 la actora, la dependencia fij\u00f3 fecha para el 1\u00ba de diciembre de 2022 con el fin de revisar la actuaci\u00f3n, pero, \u201cse puso a nuestra disposici\u00f3n por error involuntario un expediente que no correspond\u00eda\u201d, por lo tanto, la solicitud fue atendida y con ello ces\u00f3 la vulneraci\u00f3n en el transcurso del presente tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
La interpuso el representante legal de la sociedad accionante recabando en las reclamaciones del escrito inicial; adicionalmente, refut\u00f3 lo resuelto por el tribunal a quo puesto que, contrario a lo que indic\u00f3, \u00abno existe otro mecanismo de defensa\u00bb, pues, al no haberse efectuado debidamente la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago por parte de la DIAN se le priv\u00f3 de su derecho de defensa, y, de conformidad con el estatuto tributario, art\u00edculo 835, \u00absolo ser\u00e1n demandables ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, las resoluciones que fallan excepciones y ordenan llevar adelante la ejecuci\u00f3n (\u2026)\u00bb, pero como no se ha emitido orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n, \u00abes un imposible jur\u00eddico accionar ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n reiter\u00f3 que, s\u00ed est\u00e1 demostrado el perjuicio irremediable, pues la retenci\u00f3n de los dineros ha impedido cumplirles a los clientes y perder otros, y se ha limitado el acceso a flujo de caja para financiar operaciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la presente demanda tutelar satisface el requisito de la subsidiariedad; y de superarse lo anterior, si las autoridades convocadas vulneraron las prerrogativas invocadas por la sociedad querellante en (i) el juicio ejecutivo \u2013 radicado 2019-00656 que se sigue en el Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogot\u00e1, por no aceptar la transacci\u00f3n a la que lleg\u00f3 con la compa\u00f1\u00eda demandante para terminar el pleito y levantar las medidas cautelares; y, (ii) en el proceso de cobro coactivo exp. 202012279 que adelanta la DIAN en su contra, por la indebida notificaci\u00f3n del mandamiento de pago, la omisi\u00f3n de la etapa de persuasi\u00f3n, y la ausencia de resoluci\u00f3n o decreto formal de medidas de embargo. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Circunscrita la Sala a los t\u00e9rminos de la impugnaci\u00f3n, de conformidad con los antecedentes y anexos aportados a estas diligencias, as\u00ed como de las intervenciones de los accionados, se tiene que, tanto la causa judicial como la administrativa recriminada, esto es, el ejecutivo radicado 2019-00656 a cargo del Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y el proceso de cobro coactivo tributario expediente 202012279, est\u00e1n cursando, por lo tanto, es en ellos en los que a la actora le corresponde hacer valer las prerrogativas que estima quebrantadas. <\/p>\n
3.1. En primer lugar, actualizado el contexto procesal del coercitivo rad. 2019-656 se tiene que, mediante auto del 19 de septiembre de 2022, el juzgado accionado orden\u00f3 el levantamiento \u00abde las medidas cautelares que se hubieren practicado en contra de Agencia de Aduanas Cointer S.A.S. Nivel 1, Jes\u00fas Humberto Hern\u00e1ndez Gonz\u00e1lez y Mar\u00eda Cecilia Tavera Le\u00f3n (\u2026) en caso de existir embargo de remanentes, la secretar\u00eda proceda en la forma que indica el art\u00edculo 466 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, en prove\u00eddo del 12 de enero de 2023, en pronunciamiento frente a derecho de petici\u00f3n elevado por la ejecutada, el despacho, en primera medida precis\u00f3 que el mismo no es procedente para el impulso del tr\u00e1mite judicial y, seguidamente, neg\u00f3 la solicitud de entrega de oficios de levantamiento de embargo a la parte pasiva, \u00abcomoquiera que, pese a que fueron levantadas las medidas decretadas en el presente asunto, las mismas fueron puestas a disposici\u00f3n de la DIAN, ello por cuanto los aqu\u00ed ejecutados presentan obligaciones pendientes de pago a favor del estado, no siendo entonces procedente entregas los oficios requeridos. De ello dan cuenta el informe secretarial y el oficio emitido por dicha autoridad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Consultado el historial web del proceso, la \u00faltima anotaci\u00f3n registrada corresponde a la fijaci\u00f3n del estado notificando la rese\u00f1ada providencia, respecto de la cual no se advierte interposici\u00f3n de recurso alguno por parte de la interesada; luego, habr\u00e1 de entenderse que desaprovech\u00f3 la oportunidad de plantear en el propio escenario procesal, a trav\u00e9s de la formulaci\u00f3n del medio de refutaci\u00f3n procedente, las alegaciones que plantea en la presente acci\u00f3n de amparo; sin dejar de mencionar que, tampoco acredit\u00f3 haberlo hecho frente al auto de 27 de octubre de 2020 \u2013 que no dio tr\u00e1mite a la transacci\u00f3n propuesta \u2013 ni respecto del proferido el 19 de septiembre de 2022 que dispuso el levantamiento de las medidas cautelares, pero dej\u00f3 la salvedad que se aplicar\u00eda lo contemplado en el art\u00edculo 466 del C\u00f3digo General del Proceso en caso de existir embargo de remanentes, actuaciones todas estas directamente relacionadas con la reclamaci\u00f3n que trae a esta senda. <\/p>\n
En tal sentido, esta Corporaci\u00f3n ha dejado sentado que en casos como el que ahora se examina, la improcedencia del auxilio en raz\u00f3n al desconocimiento de su car\u00e1cter subsidiario y residual es criterio jur\u00eddico generalmente insuperable por revelarse como impedimento manifiesto y no estar edificado evento alguno que permita contemplar su flexibilizaci\u00f3n. <\/p>\n
Es decir, la Sala ha sido enf\u00e1tica en precisar que \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (\u2026)\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC7002-2015, 4 jun. rad 00076-01, STC11348-2015, 27 ag. rad. 00156-01 y STC11856-2015, 4 sep. rad. 00162-01). <\/p>\n
De manera que, omitir controvertir las determinaciones contrarias a sus intereses, conlleva la inviabilidad de la acci\u00f3n de tutela en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ya que, se reitera, es deber de los interesados agotar todos los mecanismos de defensa antes de acudir a ella. <\/p>\n
3.2. En cuanto a las quejas sobre el procedimiento administrativo de cobro coactivo que se tramita en la DIAN, se prohijar\u00e1 lo razonado por el a quo en el sentido de que, efectivamente, como el mismo no ha finiquitado, es all\u00ed en donde deber\u00e1 continuar ejerciendo su derecho de defensa, planteando los recursos e incidentes que se adviertan pertinentes de cara a exponer las presuntas irregularidades que se\u00f1ala le han impedido ejercer su defensa adecuadamente. <\/p>\n
Por lo anterior, al juez de tutela le queda vedado intervenir, pues lo demandado por la accionante son aspectos que incumbe dirimir al funcionario y la autoridad competente, de ah\u00ed la improcedencia de esta acci\u00f3n en virtud de su naturaleza residual, de conformidad con lo contemplado en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En punto de lo dicho, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido: <\/p>\n
\u00abel amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que, \u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citado en STC900-2016 y STC4645-2016). <\/p>\n
Es decir, se reitera, mientras la causa tributaria se encuentre activa, es en ella donde habr\u00e1 de definirse lo pertinente frente a sus acreencias con el fisco, ya que la tutela no puede reemplazar los senderos legales establecidos, ni convertirse en una instancia alterna o adicional a la ordinaria y menos si \u00e9sta no ha sido agotada. <\/p>\n
4. La tutela como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente, y toda vez que del escrito de tutela se desprende la alegaci\u00f3n del perjuicio irremediable, efectuado el an\u00e1lisis integral del caso, a pesar de arg\u00fcirse tal situaci\u00f3n, no se encontr\u00f3 su demostraci\u00f3n, es decir, la \u00abgravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 2011-00194-01, y STC16703-2016, 17 nov. 2016, rad. 00118-01) aunado a que cuando la actuaci\u00f3n criticada se subordina al ejercicio de otro medio de defensa judicial, esta acci\u00f3n \u00abno podr\u00eda hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n\u00bb (CC T-480\/11). <\/p>\n
Consecuencia de lo analizado en precedencia, es la ratificaci\u00f3n del fallo de primer grado. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
5.1. Por lo descrito, a la luz del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se tiene que la acci\u00f3n de amparo no se encuentra instituida para revivir instrumentos o recursos desperdiciados por el descuido de los interesados. <\/p>\n
5.2. As\u00ed mismo, deviene improcedente el resguardo por encontrarse el proceso administrativo de cobro coactivo tributario en curso; de forma que, las cuestiones que se reclaman respecto de aqu\u00e9l deben formularse ante la DIAN \u2013 lo que en esta demanda no se acredit\u00f3 \u2013, circunstancia que impide la injerencia de esta particular justicia dado el principio de subsidiariedad que la rige, sin perjuicio de la eventual procedencia de otras v\u00edas judiciales para demandar las resoluciones que all\u00ed se adopten. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC2690-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC2690-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-00013-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71929","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71929","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71929"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71929\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71929"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71929"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71929"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}