STC2693-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2693-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2023-00092-01\u202f <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 31 de enero de 2023, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Alicia Jim\u00e9nez de S\u00e1nchez, Amparo, Consuelo y Sandra Milena S\u00e1nchez Jim\u00e9nez1, contra la Sala Penal de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a la Secretar\u00eda del Tribunal y a las partes e intervinientes en el proceso penal de radicado 11001312000220140001601. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las promotoras reclaman la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establece que, el 14 de abril de 2004, la Fiscal\u00eda 34 adscrita a la Direcci\u00f3n Nacional para la Extinci\u00f3n de Dominio y Contra el Lavado de Activos inici\u00f3 la extinci\u00f3n de dominio de los bienes de Luis Eduardo S\u00e1nchez Jaramillo y otros, y orden\u00f3 el embargo, secuestro y suspensi\u00f3n del poder dispositivo de varios de sus bienes. <\/p>\n
2.1. El 30 de noviembre de 2015, el Juzgado Primero Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1 no decret\u00f3 la extinci\u00f3n de los inmuebles de Luis Eduardo S\u00e1nchez. <\/p>\n
2.2. El 7 de marzo de 2016, la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n y el grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia de primer grado; no obstante, a la fecha no se ha emitido pronunciamiento definitivo en segunda instancia. <\/p>\n
2.3. Las gestoras, en su calidad de esposa e hijas del fallecido Luis Eduardo S\u00e1nchez, aducen que llevan \u00abcerca de 19 a\u00f1os con los bienes afectados, sin que se dicte de fondo una providencia\u00bb. En ese sentido, precisan que, aunque no desconocen la alta carga laboral, no es comprensible que s\u00ed se hubieran fallado procesos posteriores. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicitan que se ordene a la autoridad accionada que emita sentencia. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. La Sala accionada, luego de hacer un recuento de los tr\u00e1mites adelantados en el proceso y de la alta carga laboral, as\u00ed como de resaltar que hasta el momento no se ha materializado lo dispuesto en art\u00edculo 215 de la Ley 1708 de 2014, en cuanto a la creaci\u00f3n de nuevas Salas en los Tribunales Judiciales de Bogot\u00e1, Medell\u00edn, Cali, Barranquilla y C\u00facuta, afirm\u00f3 que la falta de decisi\u00f3n no obedece a negligencia, sino a \u00abcomplejidad del [caso] (\u2026), a la carga laboral asignada y la obligaci\u00f3n de privilegiar alguno de los asuntos mencionados\u00bb. <\/p>\n
2. La Sociedad de Activos Especiales SAE solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional, pues no ha vulnerado derecho alguno. <\/p>\n
3. La depositaria provisional con funciones de liquidadora de la Ladrillera La Candelaria Ltda., sociedad contra la cual recay\u00f3 la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio, sostuvo que no coadyuvaba lo solicitado, dado que, frente a las peticiones de informaci\u00f3n sobre el estado del proceso, se les ha indicado que este se encuentra en turno para fallo. <\/p>\n
4. El Ministerio de Justicia y del Derecho se\u00f1al\u00f3 que no es el competente para absolver las pretensiones formuladas por la parte accionante. <\/p>\n
5. La Procuradur\u00eda 24 Judicial II Penal de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que, aunque no desconoce que la carga laboral que tiene el despacho accionado desborda su capacidad, el asunto debe ser definido, raz\u00f3n por la cual solicit\u00f3 que se ordene emitir, en un t\u00e9rmino razonable, una decisi\u00f3n de fondo. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, porque, si bien los t\u00e9rminos se encuentran superados, las labores y congesti\u00f3n de la autoridad accionada \u00ab\u00fanico cuerpo colegiado del pa\u00eds -con esa especialidad- encargado de resolver\u00bb y la complejidad del proceso, justificaban la tardanza, sumado que la tutela no era la v\u00eda id\u00f3nea para alterar el orden de los procesos. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formularon las promotoras, quienes reiteraron lo dicho en su escrito inicial. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si se vulneraron los derechos de las gestoras, por la falta de decisi\u00f3n, en segunda instancia, del proceso de eExtinci\u00f3n de dominio de radicado 2014-00016. <\/p>\n
2. La jurisprudencia ha se\u00f1alado que los escenarios de mora judicial que abren paso a este excepcional medio de defensa constitucional son aquellos que denotan una abierta y ostensible par\u00e1lisis, cuando sean producto de \u00abun comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb2. <\/p>\n
En el presente caso, aunque se evidencia que el asunto fue asignado a la colegiatura accionada en febrero de 2016 y, por tanto, est\u00e1n vencidos los t\u00e9rminos para decidir, tambi\u00e9n se observa que se han recibido varios memoriales, dado el n\u00famero de afectados, y se han emitido los autos correspondientes por parte de la Sala competente, a fin de darle tr\u00e1mite al proceso, siendo el \u00faltimo de ellos el del 1\u00b0 de marzo del a\u00f1o en curso, referente al reconocimiento de una de las afectadas como tercero de buena fe exenta de culpa y a la revocatoria de la sentencia, entre otros. <\/p>\n
Aunado a ello, seg\u00fan lo manifestado por la autoridad accionada, el expediente est\u00e1 compuesto por 93 cuadernos, en su mayor\u00eda, cada uno con 300 folios, donde se relacionan 105 inmuebles, 3 sociedades, 5 establecimientos de comercio, 14 cuentas bancarias y 1 veh\u00edculo, todo lo cual debe ser estudiado de manera detallada, a fin de emitir la providencia reclamada, sin obviar los otros asuntos, que, por su competencia, debe resolver. <\/p>\n
Igualmente, se observa que no se ha materializado la medida contemplada en el art\u00edculo 215 de la Ley 1708 de 2014 y, en consecuencia, la Sala accionada es la \u00fanica con competencia de todo el territorio nacional, para tramitar los asuntos provenientes de los Juzgados de Extinci\u00f3n de Dominio y dem\u00e1s de su competencia. <\/p>\n
De lo expuesto esta Sala encuentra que la autoridad accionada no ha incurrido en comportamiento negligente, ni ha actuado con desidia en el tr\u00e1mite del proceso de radicado 2014-00016, raz\u00f3n por la cual no es procedente emitir orden alguna en su contra. <\/p>\n
3. Por lo anterior, se ratificar\u00e1 el fallo atacado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Esposa e hijas del fallecido Luis Eduardo S\u00e1nchez Jaramillo. <\/p>\n
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STC2693-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC2693-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2023-00092-01\u202f (Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71932","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71932","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71932"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71932\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71932"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71932"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71932"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}