STC2694-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC2694-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 47001-22-13-000-2023-00039-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 20 de febrero de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en la tutela que Helmer Oswaldo Casta\u00f1eda Lugo instaur\u00f3 frente al Juzgado Primero de Familia del Circuito de esa ciudad, extensiva a Paola Contecha Morales y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2022-00173. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos de \u00abpetici\u00f3n y m\u00ednimo vital\u00bb, para que se ordenara a la autoridad convocada \u00abemitir pronunciamiento frente a las solicitudes que fueron formuladas, al interior del proceso de divorcio (\u2026) 47001-31-60-001-2022-00173-00\u00bb. <\/p>\n
En compendio asever\u00f3 que en el pleito de divorcio que en su contra promovi\u00f3 Paola Contecha Morales, el Juzgado Primero de Familia de Santa Marta decret\u00f3 el embargo y secuestro del inmueble ubicado en el municipio de Chaparral-Tolima, diligencia llevada a cabo por el comisionado el 1\u00ba de diciembre de 2022\u00bb, sobre el cual suscribi\u00f3 contrato de arrendamiento, a fin de \u00abobtener ingresos para su subsistencia en igual forma como lo hizo la demandante al arrendar el apartamento en el cual vivi\u00f3 la pareja\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que como debido a esa cautela \u00abno tiene ning\u00fan tipo de ingresos adicionales\u00bb, el 14 de diciembre de 2022 pidi\u00f3 al juzgado \u00abdecretar las medidas que permitieran amparar el m\u00ednimo vital del demandado y le permitiera acceder al canon de arrendamiento, a fin de atender sus necesidades b\u00e1sicas y adem\u00e1s de esto poder costear los gastos necesarios para atender unas nuevas dolencias de salud que fueron detectadas los primeros d\u00edas del mes de diciembre de 2022\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que esa solicitud la elev\u00f3 varias veces \u00abargumentando la ausencia de ingresos del demandado, ausencia de afiliaci\u00f3n al sistema de salud e imposibilidad de sostener una vida digna por no tener ning\u00fan tipo de ingreso\u00bb (24 en. \u2013 6 feb. 2023) y, a la fecha de interposici\u00f3n de este remedio (8 feb.) no ha tenido respuesta. <\/p>\n
En su opini\u00f3n, podr\u00eda requerir \u00abel levantamiento del embargo y secuestro\u00bb del fundo en cuesti\u00f3n, empero, tal actuaci\u00f3n \u00abno se encuentra descrita dentro de las causales del art\u00edculo 597 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que se le est\u00e1 ocasionando un perjuicio irremediable, toda vez que \u00abno ha podido atender su percance de salud de forma efectiva y ve afectada la posibilidad de atender sus necesidades b\u00e1sicas, tampoco cuenta con ning\u00fan otro tipo de bien que le pueda generar ingresos ni ha conseguido trabajo en su profesi\u00f3n o similares, para poder subsistir\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Primero de Familia del Circuito de Santa Marta se opuso al amparo, ya que \u00ab[m]ediante auto del 7\/02\/2023 se resolvi\u00f3 un recurso de reposici\u00f3n y otras solicitudes pendientes de resolver en este tr\u00e1mite, a lo cual hoy no tenemos pendientes de resueltas en el tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Santa Marta neg\u00f3 el auxilio, fundado en que \u00abpese a que no se le concediera [al actor] lo que pretend\u00eda, ya se resolvi\u00f3 al respecto, determinaci\u00f3n contra la que, seg\u00fan se aprecia del expediente remitido, formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y subsidiario de apelaci\u00f3n, luego entonces, deber\u00e1 esperar los resultados de tales medios de defensa\u00bb. <\/p>\n
2.- Refut\u00f3 el precursor, aduciendo que \u00ab[m]ediante auto del 22 de febrero de 2023 al resolver el recurso de reposici\u00f3n contra el auto que neg\u00f3 la decisi\u00f3n, el juzgado de conocimiento solo advirt[i\u00f3] que \u2018Respecto a la entrega de los dineros, no encuentra el despacho argumentos jur\u00eddicos distintos que permitan inferir que la decisi\u00f3n impartida no es ajustada a derecho y por tanto debe revocarse o reformarse, por tanto, el juzgado se mantendr\u00e1 en lo expuesto\u2019\u00bb, lo cual, en su sentir, trasgrede sus prerrogativas b\u00e1sicas, en tanto, \u00abno es solamente la mera verificaci\u00f3n de la solicitud con los elementos del c\u00f3digo, por el contrario se solicita elevarla m\u00e1s all\u00e1 y que se tengan en consideraci\u00f3n los derechos fundamentales del demandado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De la evidencia allegada al cartapacio, muy pronto se advierte el fracaso del resguardo, toda vez que el \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb consagrado en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica no se predica de \u00abactuaciones judiciales\u00bb, ya que sometidas como se encuentran a las formas propias de cada litigio, deben ser sorteadas acorde con esos puntuales par\u00e1metros y dentro de las oportunidades procesales previstas. <\/p>\n
Frente a ese t\u00f3pico, esta Corte ha predicado: <\/p>\n
Las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales\u2026 deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica (CSJ STC7405-2020; STC15807-2021, reiterada en STC3494-2022 y STC1894-2023) -Negrilla fuera de texto. <\/p>\n
Con ese panorama, lo reclamado por el impulsor, esto es, obtener \u00abpronunciamiento frente a las solicitudes que fueron formuladas, al interior del proceso de divorcio, distinguido con radicado No. 47001-31-60-001-2022-00173-00\u00bb, enviadas por e-mail desde el 14 de diciembre de 2022, concierne a acciones propias del proceso de \u00abdivorcio\u00bb que su contra inco\u00f3 Paola Contecha Morales (n\u00ba 2022-00173), por lo que debe analizarse en el marco legal de ese procedimiento, sin que resulten aplicables las reglas contenidas en el art\u00edculo 23 citado; de modo que, m\u00e1s all\u00e1 de que lo haya suplicado por v\u00eda del \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb, como insiste en su \u00abescrito de impugnaci\u00f3n\u00bb, no puede aspirar que a su \u00abpedimento\u00bb se le imprima \u00abrespuesta\u00bb bajo la perspectiva de tal atributo y, por tanto, que su inobservancia constituya una infracci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
2.- Ahora, en torno a la principal pretensi\u00f3n del quejoso, tendiente a obtener una respuesta \u00abfavorable\u00bb frente a la rogativa formulada el 14 de diciembre de 2022, iterada el 24 de enero y el 6 de febrero siguientes, se vislumbra que, en s\u00edntesis, est\u00e1n enfiladas a que se \u00ablevante las medidas de embargo y secuestro de la bodega ubicada en la Calle 11 No. 5-32 del per\u00edmetro urbano del Municipio de Chaparral, Tolima con n\u00famero de matr\u00edcula No. 355-345000\u00bb por \u00abla ausencia de ingresos del demandado, ausencia de afiliaci\u00f3n al sistema de salud e imposibilidad de sostener una vida digna por no tener ning\u00fan tipo de ingreso\u00bb, como lo requiri\u00f3 en la causa reprochada, de lo cual emerge el decaimiento de la ayuda por inexistencia de vulneraci\u00f3n, puesto que lo observado, es que, en prove\u00eddo de 7 de febrero de 2023, esto es, antes de que acudiera a este instrumento especial\u00edsimo (8 feb.), el Juzgado Primero de Familia del Circuito de Santa Marta la solvent\u00f3, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00abEl demandado acude una vez m\u00e1s al juicio para deprecar se disponga a su favor los dineros objeto del arriendo de la bodega ubicada en el municipio de Chaparral y que fue objeto de secuestro el 2 de diciembre de 2022, alegando que eso ser\u00eda su \u00fanico recurso para sufragar sus condiciones m\u00ednimas de vivencia y para acceder al sistema de protecci\u00f3n en salud, resaltando que ninguna cautela puede estar por encima de la vida digna y m\u00ednimo vital. Pues bien, no puede perderse de vista lo siguiente: i) a pesar de las manifestaciones del promotor sobre el particular, ellas no tienen la envergadura suficiente que permite inferir que efectivamente le asiste la raz\u00f3n y las probanzas tra\u00eddas en nada contribuyen para lograr su prop\u00f3sito, y ii) aun cuando lo anterior fuera cierto, ello no es motivo suficiente para desconocer la cautela decretada, por cuanto ello ir\u00eda en contrav\u00eda de los intereses de la sociedad conyugal a liquidar, precisamente por ser objeto de gananciales, por lo que se negar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
Valga resaltar que, seguidamente, en interlocutorio de febrero de 2023, el iudex censurado mantuvo su determinaci\u00f3n al dirimir el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por Casta\u00f1eda Lugo, en el que advirti\u00f3 \u00ab[r]especto a la entrega de los dineros, no encuentra el despacho argumentos jur\u00eddicos distintos que permitan inferior que la decisi\u00f3n impartida no es ajustada a derecho y por tanto debe revocarse o reformarse, por tanto, el juzgado se mantendr\u00e1 en lo expuesto\u00bb. <\/p>\n
Significa entonces, que no se demostraron los motivos de las cr\u00edticas enrostradas por el gestor y, en tal raz\u00f3n, no puede endilgarse al despacho querellado \u00abacci\u00f3n y\/u omisi\u00f3n\u00bb que conculque o amenace garant\u00edas b\u00e1sicas, raz\u00f3n por la cual, no es posible la intervenci\u00f3n supralegal. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Magistratura ha dicho que, para la prosperidad del socorro, \u00ab(\u2026) no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (STC7647-2020, STC3764-2021, STC2632-2022 y STC1894-2023). <\/p>\n
De igual modo, se obliga: <\/p>\n
(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda (STC8053-2019, STC3764-202, STC2632-2022 y STC1894-2023). <\/p>\n
3.- Finalmente, el tutelante no acredit\u00f3 la gravedad de lo acontecido, la inminencia del da\u00f1o, ni la impostergabilidad de lo suplicado. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el \u00abperjuicio irremediable\u00bb, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido que, \u00ab(\u2026) sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (STC15617-2014, reiterada en STC16008-2021, STC12541-2022 y STC2168-2023). <\/p>\n
4.- Como colof\u00f3n, se refrendar\u00e1 el veredicto refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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