STC2696-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC2696-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01092-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Paulina Calder\u00f3n Calder\u00f3n contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Doce Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso de resoluci\u00f3n de contrato de radicado 2020-00061-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, el 15 de agosto de 2018, celebr\u00f3 contrato de \u00abpromesa de venta\u00bb, con la se\u00f1ora Sandra Guti\u00e9rrez Vega, cuyo objeto fue la venta del apartamento y garaje, ambos de n\u00famero 402, ubicados en la carrera 42 E No. 80-175 del Edificio las Colinas. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, efectuada la entrega, hizo uso de su garaje, y le fue informado que esa era una zona de libre circulaci\u00f3n, que hab\u00eda sido adecuado para mantener una buena convivencia con la promitente vendedora, quien conoc\u00eda de su inexistencia. <\/p>\n
Inform\u00f3 que, present\u00f3 demanda de resoluci\u00f3n de \u00abcontrato de compraventa\u00bb perfeccionado en escritura p\u00fablica 1540 de 16 de agosto de 2018, y para demostrar el referido hecho, solicit\u00f3 como prueba el testimonio de la administradora de la propiedad horizontal, as\u00ed como una inspecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla en auto de 18 de mayo de 2021, \u00abse abstuvo a (sic) decretar la inspecci\u00f3n judicial, toda vez que consider\u00f3 que esta prueba solo se ordena cuando sea imposible verificar los hechos por otros medios de prueba\u00bb, decisi\u00f3n que no recurri\u00f3 en consideraci\u00f3n a que el testimonio referido pod\u00eda brindar toda certeza. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, posteriormente durante la audiencia programada para el 25 de octubre de 2021, solicit\u00f3 hacer comparecer a la nueva administradora de la propiedad horizontal y \u00abtener en cuenta la inspecci\u00f3n judicial\u00bb, y como la primera solicitud se accedi\u00f3, pero para el mismo d\u00eda de la audiencia, no se pudo efectuar, y la segunda petici\u00f3n fue negada. <\/p>\n
Sostuvo que, el Juzgado de conocimiento en sentencia de 13 de diciembre de 2021 neg\u00f3 sus pretensiones, decisi\u00f3n que apel\u00f3 y ante el Tribunal Superior de Barranquilla solicit\u00f3 nuevamente la pr\u00e1ctica de la inspecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Reproch\u00f3 que, el 19 de septiembre de 2022 la mencionada Corporaci\u00f3n confirm\u00f3 el fallo apelado, con lo que se le vulner\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso, \u00abal no practicar de oficio la prueba de inspecci\u00f3n judicial, la cual era completamente necesaria para acceder a la verdad, teniendo en cuenta la complejidad de su reconstrucci\u00f3n y los l\u00edmites que existieron respecto a las pruebas que no pudieron ser practicadas por situaciones imposibles de fuerza mayor de superar por parte de la demandante\u00bb. <\/p>\n
2. En consecuencia de lo narrado, solicit\u00f3 \u00abamparar la prerrogativa del derecho fundamental al debido proceso me asiste, los cuales fueron vulnerados (sic) por medio de sentencia de fecha 19 de octubre de 2022, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, la cual confirma la sentencia de primera instancia de fecha 13 de diciembre de 2021 emitida por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla\u00bb. <\/p>\n
3. Admitida la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a las autoridades accionadas para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso cuestionado. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El titular del despacho de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, manifest\u00f3 que conoci\u00f3 en segunda instancia del tr\u00e1mite objeto de esta acci\u00f3n, y que en sentencia de 19 de diciembre de 2022, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n atacada. <\/p>\n
2. El Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla, refiri\u00f3 que en ese despacho se tramit\u00f3 el proceso en referencia, y el 13 de diciembre de 2021 profiri\u00f3 sentencia que desestim\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
3. Al momento de presentar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan recibido pronunciamientos de los dem\u00e1s involucrados, en la presente queja. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, en especial, haber agotado, ante el juez natural, los recursos ordinarios existentes en la ley, para remediar la situaci\u00f3n de que se trate, debido el car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo (CSJ. STC1526-2022, STC6747-2022, STC7925-2022 y STC10431-2022, entre muchas). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la se\u00f1ora Paulina Calder\u00f3n Calder\u00f3n, solicit\u00f3 el amparo del derecho fundamental al debido proceso, el cual consider\u00f3 vulnerado por el Tribunal Superior de Barranquilla porque profiri\u00f3 sentencia el 19 de octubre de 2022, sin practicar de oficio inspecci\u00f3n judicial, pretensi\u00f3n que no tiene vocaci\u00f3n de ser acogida, puesto que revisado el contenido de la demanda inicial y las pruebas allegadas, se advierte que no se satisface el requisito de la subsidiariedad \u2013 por incuria. <\/p>\n
2.1 Lo anterior se afirma puesto que estudiado el expediente remitido a este tr\u00e1mite, se encuentra que en el proceso cuestionado, el Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla mediante auto de 18 de mayo de 2021 resolvi\u00f3 que, de conformidad, \u00abcon lo establecido en el art\u00edculo 236, no se acceder\u00e1 a la pr\u00e1ctica de la inspecci\u00f3n judicial, toda vez, que s\u00f3lo se ordena \u00e9sta cuando sea imposible verificar los hechos por otros medios de prueba\u00bb, (27 auto se\u00f1ala fecha audiencia 372 y 373 CGP), sin que la aqu\u00ed accionante interpusiera recurso. <\/p>\n
Es m\u00e1s, el punto qued\u00f3 clausurado en la primera instancia, puesto que, en audiencia de 13 de diciembre de 2021, el Juzgado de conocimiento se\u00f1al\u00f3, \u00abla inspecci\u00f3n judicial ya por medio de auto el despacho se pronunci\u00f3 sobre ella y fue negada y dicho auto no fue recurrido, por lo tanto, es un tema ya decantado\u00bb (32. Acta sentencia). <\/p>\n
2.2 Ahora bien, la accionante para justificar la necesidad de que se hubiera decretado de oficio el referido medio de convicci\u00f3n, denunci\u00f3 que, la testigo Gloria Nieto Ospino administradora de la propiedad horizontal, falleci\u00f3 d\u00edas antes de la correspondiente audiencia, y que los testimonios del arquitecto Andr\u00e9s Villa Valderrama y de la \u00abnueva administradora\u00bb, con los que pretend\u00eda demostrar el mismo hecho, no se pudieron practicar por situaciones ajenas a su voluntad. <\/p>\n
Sin embargo, no se advierte que hubiera aprovechado la oportunidad probatoria que tuvo en segunda instancia para debatir esa situaci\u00f3n ante el Tribunal Superior de Barranquilla del que ahora se queja en sede de tutela. <\/p>\n
Lo anterior se afirma, porque el Tribunal Superior accionado mediante auto de 9 de junio de 2022, notificado en estado electr\u00f3nico de 14 de junio siguiente (rptFijacionEstado (ramajudicial.gov.co)), al que se anex\u00f3 la providencia a notificar (12006dab-04b8-43a3-9041-1f86a3292d5d (ramajudicial.gov.co), admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la accionante contra la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2021, por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla, y en esa oportunidad dispuso, <\/p>\n
\u00abEn aplicaci\u00f3n a lo estipulado por el art\u00edculo 14 del decreto 806 de 2020, norma aplicable al momento de interponerse y repartirse la alzada, si no se solicitan pruebas que sean procedentes en esta instancia, ejecutoriada esta providencia, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. Vencido este t\u00e9rmino, por secretaria se correr\u00e1 traslado de la sustentaci\u00f3n a la parte contraria por el termino de cinco (5) d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
No obstante, y pese a que el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, dispon\u00eda que, \u00abdentro del t\u00e9rmino de ejecutoria del auto que admite la apelaci\u00f3n, las partes podr\u00e1n pedir la pr\u00e1ctica de pruebas y el juez las decretar\u00e1 \u00fanicamente en los casos se\u00f1alado en el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso. El juez se pronunciar\u00e1 dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes\u00bb, lo cierto es que, la apelante y aqu\u00ed accionante no solicit\u00f3 dentro de ese t\u00e9rmino la pr\u00e1ctica de alguna de las pruebas que a su juicio se dejaron de practicar por situaciones ajenas a su voluntad. <\/p>\n
2.3 Cabe se\u00f1alar que, si bien en el escrito de sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n presentado en segunda instancia, se pidi\u00f3 que, \u00abCon fundamento en el art\u00edculo 327 del C.G.P., solicito al Honorable Tribunal s\u00edrvase decretar la pr\u00e1ctica de la prueba de INSPECCI\u00d3N JUDICIAL, prueba solicitada por la demandante y que no fue decretada por el despacho, y ordenar el testimonio de la nueva administradora del Edificio las Colinas\u00bb, y, de igual modo, no se encuentra en la foliatura un pronunciamiento frente a esa solicitud por parte del Tribunal Superior accionado, concurre una circunstancia que impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional, y consiste en que esa petici\u00f3n se elev\u00f3 por fuera del t\u00e9rmino de ejecutoria del auto que admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n (22 de junio de 2022), el cual corri\u00f3 desde el 15 hasta el 17 de junio de 2022, acontecer que revela la incuria en demostrar el hecho que ahora lamenta. <\/p>\n
3. Lo anterior permite evidenciar que, aun cuando la accionante en el curso de las instancias omiti\u00f3 interponer recurso contra la decisi\u00f3n que neg\u00f3 decretar la inspecci\u00f3n judicial que ahora reclama, y solicitar oportunamente en segunda instancia el decreto de los medios de prueba que seg\u00fan aleg\u00f3 se dejaron de practicar sin su culpa y que acreditaban el mismo hecho, v\u00eda tutela denuncia que el Tribunal Superior accionado omiti\u00f3 decretar pruebas de oficio, argumento que no puede ser acogido. <\/p>\n
El numeral 4 del art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso, consagra que es deber del juez \u00abemplear los poderes que este c\u00f3digo le concede en materia de pruebas de oficio para verificar los hechos alegados por las partes\u00bb, y en consonancia con esa disposici\u00f3n, el art\u00edculo 170 ibidem, impone que, \u00abel juez deber\u00e1 decretar pruebas de oficio, en las oportunidades probatorias del proceso y de los incidentes y antes de fallar, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, el decreto oficioso de pruebas como facultad -deber, tendiente a esclarecer los hechos objeto de litigio y que apunta a hacer prevalecer el derecho sustancial, como lo ha explicado la Sala, \u00abse concreta cuando, a pesar de la diligencia y cumplimiento de las cargas probatorias por parte de los interesados, a\u00fan persisten \u201czonas de penumbra\u201d que es indispensable despejar para llegar a la verdad de los hechos; y cuando sean necesarias para evitar nulidades y fallos inhibitorios, que contrar\u00edan la esencia misma de la funci\u00f3n jurisdiccional\u00bb (CSJ. SC592-2022, citada en STC13691-2022). Negrilla fuera de texto. <\/p>\n
La diligencia y cumplimiento de las cargas probatorias en el juicio como rasero del decreto oficioso de pruebas, encuentra soporte en que \u00abel ejercicio de esas facultades no es, ni puede ser, arbitrario o caprichoso, pues no est\u00e1n consagradas para que el juez tome partido por uno de los extremos procesales, rompiendo el principio de imparcialidad y desconociendo en consecuencia el equilibrio entre los extremos procesales\u00bb (CSJ. SC592-2022, citada en STC13691-2022). <\/p>\n
De manera que, como en este caso, los medios de prueba respecto de los que la accionante se queja, en particular la inspecci\u00f3n judicial, no fueron incorporados producto de una comprobada incuria de su parte, raz\u00f3n por la que no era exigible decretarlos en segunda instancia como prueba de oficio, puesto que, \u00ablas facultades oficiosas no pueden interpretarse como un mandato absoluto, dado que no son exigibles cuando la ausencia del medio probatorio se debe a la comprobada incuria o negligencia de la parte, o cuando no se apoyan en trazas serias y fundadas dentro del expediente que permitan considerar de manera plausible su necesidad (CSJ. SC592-2022, citada en STC13691-2022). Se destaca. <\/p>\n
4. En consecuencia, se declarar\u00e1 improcedente el amparo solicitado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve Declarar Improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Paulina Calder\u00f3n Calder\u00f3n contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Doce Civil del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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