STC2697-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2023-00078-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Primera de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 31 de enero de 2023, con la cual se neg\u00f3 el amparo al derecho de defensa y contradicci\u00f3n y se concedi\u00f3 frente al debido proceso de Mar\u00eda Camila Morales Gaviria y Andryun Ra\u00fal R\u00edos Goez contra la Superintendencia de Sociedades y Andr\u00e9s Felipe Zuluaga Rivera. Al tr\u00e1mite se notific\u00f3 a las partes e interesados en el proceso de intervenci\u00f3n judicial de radicado 2021-IAF-2. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores -por medio de apoderado- reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, defensa y contradicci\u00f3n, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial cuestionada. <\/p>\n
2. Narraron que, la entidad accionada -con prove\u00eddo del 10 de septiembre de 2021- decret\u00f3 la intervenci\u00f3n de la sociedad Real Business S.A.S., y la toma de posesi\u00f3n de los bienes de los aqu\u00ed actores, designando como agente interventor a Andr\u00e9s Felipe Zuluaga. <\/p>\n
3. Se\u00f1alaron que el 15 de septiembre de la misma anualidad, se inform\u00f3 el inicio del proceso y se convoc\u00f3 a quienes tuviesen inter\u00e9s para que solicitaran la devoluci\u00f3n de dineros de acuerdo a lo establecido en el Decreto 4334 de 2008. Afirmaron que algunas de las reclamaciones allegadas a la Superintendencia atacada fueron publicadas en la baranda virtual y trasladadas al interventor. Sin embargo, las que se presentaron de forma directa al interventor se desconocen, lo que vulner\u00f3 su derecho de defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Indicaron que el interventor expidi\u00f3 las reclamaciones No. 1,2,3,4,5 y 6 del pasado a\u00f1o, por medio de las cuales se aceptaron 2718. Manifestaron que, pese a que no contaban con los documentos, el 11 de julio de 2022 presentaron el informe financiero para realizar los ajustes respectivos sobre los valores reconocidos en las determinaciones No. 5 y 6, teniendo en cuenta que el reporte presentado por el interventor incorpora grandes contrastes con la informaci\u00f3n contable de la sociedad, discrepa sobre el n\u00famero de reclamantes y las sumas de dinero entregadas. Por lo tanto, solicitaron copias de las reclamaciones y sus comprobantes. <\/p>\n
3.2. Destacaron que el interventor -en respuesta del 2 de agosto de la misma calenda- expres\u00f3 que \u00ab\u2026no se accede a la petici\u00f3n…\u00bb. No obstante, el mencionado se\u00f1or Zuluaga remiti\u00f3 a los afectados correos y avisos con el fin de rectificar la informaci\u00f3n. Y el 24 de noviembre de 2022, present\u00f3 una nueva base de reclamantes en la que se excluyeron m\u00e1s de 700 personas porque no cumpl\u00edan con los requisitos del Decreto referido. <\/p>\n
3.3. Resaltaron que el 5 de diciembre pasado, elevaron una nueva solicitud insistiendo en que se les otorgar\u00e1 acceso a los documentos, pero el interventor la neg\u00f3 por los mismos motivos. <\/p>\n
3.4. Adujeron que es incongruente que la informaci\u00f3n de los reclamantes sea reservada o no dependiendo de ante qui\u00e9n se presenta, pues si se present\u00f3 ante la Superintendencia carece del \u00absupuesto car\u00e1cter de confidencialidad\u00bb. Adem\u00e1s, reprocharon que \u00abel interventor tiene serios incentivos para manipular la informaci\u00f3n sobre acreedores y el monto de los cr\u00e9ditos, pues de ello depende el c\u00e1lculo de sus honorarios\u00bb. <\/p>\n
4. Demandaron que se ordene a la entidad debatida y al interventor \u00abentregar y dar acceso a las reclamaciones y soportes allegados con las reclamaciones por los afectados, que utiliz\u00f3 como base para preparar el listado de personas aceptadas y el plan de pagos\u00bb. Y que se corra traslado de las reclamaciones y soportes allegados por los presuntos afectados \u00abpara poder pronunciarnos y ejercer el derecho a la defensa sobre estas pruebas\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. Andr\u00e9s Felipe Zuluaga Sierra -en su condici\u00f3n de agente interventor, representante legal de la Sociedad Real Business S.A.S. y administrador de los bienes de Mar\u00eda Camila Morales Gaviria y Andryun Ra\u00fal R\u00edos Goez1-, expres\u00f3 que \u00abAcceder a lo pedido, vulnerar\u00eda derechos fundamentales de los m\u00e1s de 4.700 afectados (seg\u00fan resoluci\u00f3n n\u00famero 0926 de 2021 de la SuperFinanciera) que est\u00e1n a la espera de que el plan de pagos se pueda ejecutar, para as\u00ed recuperar una suma que no cubrir\u00e1 la totalidad de lo invertido por ausencia de activos para pagar la totalidad de lo que captaron los accionantes. <\/p>\n
2. La Superintendencia de Sociedades2 expuso que \u00ablos accionantes no cuestionan ninguna decisi\u00f3n adoptada por el despacho, con lo que al existir evidencia de que el proceso se ha desarrollado conforme a las normas que lo rigen, no puede haber una vulneraci\u00f3n de derechos endilgable a esta entidad, siendo improcedente la acci\u00f3n. Se insiste en que el Juez no tiene ninguna responsabilidad ni competencia relacionada con el reconocimiento de afectados\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el amparo frente a las decisiones proferidas por el interventor, ello por falta del requisito de subsidiariedad. Consider\u00f3 que \u00ablos accionantes no censuraron las decisiones proferidas por el interventor, en especial la n\u00famero 5, de 3 de febrero de 2022, y 6, de 10 de febrero del mismo a\u00f1o. Y no pod\u00edan supeditar el recurso que proced\u00eda contra esas decisiones a que previamente les sean puestos en conocimiento los documentos desconociendo la ejecutoria que corr\u00eda en su contra para cuestionar aquellas decisiones\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, ampar\u00f3 el debido proceso de los libelistas, en atenci\u00f3n a que se le dio un tr\u00e1mite inadecuado a las solicitudes que elevaron los accionantes el 11 de julio de 5 de diciembre. As\u00ed orden\u00f3 a \u00abAndr\u00e9s Felipe Zuluaga Sierra en su calidad de agente interventor resolver, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta sentencia, las peticiones que instauraron por intermedio de apoderado judicial los se\u00f1ores Mar\u00eda Camila Morales Gaviria y Andryun Ra\u00fal R\u00edos Goez los d\u00edas 11 de julio y 5 de diciembre de 2022\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 Andr\u00e9s Felipe Zuluaga. No comparte lo resuelto en primera instancia, pues a su juicio, \u00abno ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental de los intervenidos, pues est\u00e1n solicitando el amparo al debido proceso y a la defensa aun sabiendo que no utilizaron las etapas procesales que establece la ley para ejercer su derecho al debido proceso y a la defensa, la tutela no es un mecanismo para abrir etapas que ya se surtieron\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada y el interventor vulneraron los derechos fundamentales alegados por los accionantes, con ocasi\u00f3n de las solicitudes elevadas el 11 de julio y 5 de diciembre de 2022. <\/p>\n
2.1. Ciertamente, se observa que el apoderado de los actores -el 11 de julio de 2022- solicit\u00f3 el reajuste de los valores reconocidos en las decisiones No. 5 y 6 de 2022 emitidas por el interventor. Y pidi\u00f3 remitir copia de las reclamaciones y los comprobantes de las inversiones y devoluciones de dinero de los reclamantes, con el fin de ejercer el derecho de defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. El auxiliar de la justicia -con respuesta del 2 de agosto de 2022-3, indic\u00f3 frente al primer punto lo que viene. <\/p>\n
el Interventor y la Contadora, no dan cr\u00e9dito de la informaci\u00f3n financiera y no resulta procedente la petici\u00f3n primera, ya que no nos fue entregado acceso al software contable, auxiliares, libro mayor y balances y otros documentos contables que nos sirvan de prueba para corroborar la informaci\u00f3n reportada, adicional a que no se otorg\u00f3 acceso a la contabilidad, es decir no se entreg\u00f3 la totalidad de los documentos en los cuales est\u00e1 sustentada dicha informaci\u00f3n financiera, no obstante lo anterior, sus recomendaciones se tendr\u00e1n en cuenta y se informa que se est\u00e1 llevando a cabo un proceso interno con el fin de evitar duplicidad e inducir a la intervenci\u00f3n en cualquier tipo de error. Pues cada afectado, bajo la gravedad de juramento est\u00e1 firmando un documento donde manifiesta el valor de la inversi\u00f3n y el valor que recibi\u00f3 por concepto de capital y rentabilidad. En caso de presentarse divergencias, el afectado estar\u00eda eventualmente incurriendo en un delito. <\/p>\n
Y en lo relativo a la remisi\u00f3n de copias de documentos, enfatiz\u00f3 que \u00abno se accede a la petici\u00f3n segunda en atenci\u00f3n a que se trata de informaci\u00f3n que goza de reserva. Al respecto, la legislaci\u00f3n colombiana establece que los papeles y libros del comerciante solo podr\u00e1n examinarse por personas autorizadas para ello\u00bb. <\/p>\n
2.3. La Superintendencia -con auto del 1\u00b0 de septiembre de 20224- neg\u00f3 las solicitudes pues, \u00abconsta en el expediente que dicha solicitud ya fue tramitada por el interventor con memorial 2022-01-607149 de 12 de agosto de 2022, a trav\u00e9s del que, adem\u00e1s de negar las solicitudes presentadas relacion\u00f3 que \u201cno obstante lo anterior, sus recomendaciones se tendr\u00e1n en cuenta y se informa que se est\u00e1 llevando a cabo un proceso interno con el fin de evitar duplicidad e inducir a la intervenci\u00f3n en cualquier tipo de error\u201d Debiendo, en consecuencia, estarse a lo decidido por el agente interventor\u00bb . Adem\u00e1s, precis\u00f3 que \u00abde acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 9.1. del Decreto 4334 de 2008 es el interventor quien ostenta la administraci\u00f3n de los bienes de las personas naturales intervenidas, funci\u00f3n en la que no interfiere el Despacho. En todo caso, consta en el expediente que tal solicitud ya fue tramitada por el interventor\u00bb. Con ello, la Sala de entrada evidencia que se profiri\u00f3 respuesta, lo que a todas luces denota la ausencia de vulneraci\u00f3n por parte de la Superintendencia a los derechos reclamados por los accionantes. <\/p>\n
2.4. El pasado 5 de diciembre5, los promotores insistieron en el acceso a los documentos. Sin embargo, el auxiliar de la justicia contest\u00f3 que \u00abRespecto a la solicitud de la remisi\u00f3n de copia de las reclamaciones y los comprobantes, el 2 de agosto del a\u00f1o en curso, se dio respuesta a su solicitud, manifestando que se trata de informaci\u00f3n que goza de reserva\u00bb. Seguidamente, se refiri\u00f3 al plan de desmonte voluntario y trajo a colaci\u00f3n lo expuesto por la Superintendencia de Sociedades en el sentido que el mismo \u00abdebe ser presentado por el captador o recaudador no autorizado de recursos del p\u00fablico e incluir entre otros, la relaci\u00f3n de las personas beneficiarias de las devoluciones y la determinaci\u00f3n de los bienes afectos al plan. La informaci\u00f3n suministrada por el captador deber\u00e1 estar soportada en su contabilidad, llevada de acuerdo con los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia\u00bb <\/p>\n
3. De lo narrado se advierte la ausencia de vulneraci\u00f3n por parte de la Superintendencia de Sociedades frente a la vulneraci\u00f3n de los derechos alegados por los accionantes. Adem\u00e1s, se destaca que frente a la solicitud relacionada con el reajuste de los valores reconocidos en las determinaciones No. 5 del 3 de febrero y 6 del 10 de la misma calenda, deviene la improcedencia del amparo, pues los gestores contaron con la oportunidad de exponer a la autoridad recriminada las razones de su inconformidad para reclamar a favor de sus intereses y no lo hicieron. En efecto, es ineludible que desperdiciaron los medios legales ten\u00edan a su alcance -el recurso de reposici\u00f3n frente la decisi\u00f3n No. 5- para ejercer la defensa de sus derechos. Dicha omisi\u00f3n imposibilita el uso de esta senda constitucional si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario, que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias (ver recientemente en CSJ STC1560-2022). <\/p>\n
4. Ahora bien, en lo tocante a las peticiones elevadas por los accionantes el 11 de julio y 5 de diciembre de 2022, mediante las cuales solicitaron los documentos de las reclamaciones con el prop\u00f3sito de ejercer su derecho de defensa y verificar si ya se hab\u00eda realizado devoluciones de dinero, la Sala observa que a dichas solicitudes se les imparti\u00f3 un tr\u00e1mite inadecuado. En efecto, si bien dichas solicitudes fueron contestadas por el interventor mediante correo electr\u00f3nico, lo cierto es que tal proceder desconoci\u00f3 el car\u00e1cter jurisdiccional de la actuaci\u00f3n y el claro prop\u00f3sito procesal que acompa\u00f1an las reclamaciones. Ello con el fin de poder los accionantes obtener informaci\u00f3n y ejercer su derecho de defensa y contradicci\u00f3n. Por lo expuesto, la Sala evidencia la vulneraci\u00f3n del debido proceso de los actores por parte del interventor, al no resolver las solicitudes anotados conforme al Decreto 4334 de 2008. <\/p>\n
5. Por lo aqu\u00ed expuesto, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-24. Anexo 08Respuesta tutela MCMG y ARRG AndresZuluagaAgenteInterventor.pdf <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-13. Anexo 10RespuestaSuperintendenciaDeSociedadesBDSS01-#113564213-v1-2023-01-032800-000.pdf <\/p>\n
4\u0002 Folio 1-4. Anexo 2022-01-645403-000.PDF. Subcarpeta PRUEBAS. Carpeta 11ExpedienteSuperintendenciaDeSociedades <\/p>\n
5\u0002 Folio 1-3. Anexo 2022-01-945945-AAA.PDF. Subcarpeta PRUEBAS. Carpeta 11ExpedienteSuperintendenciaDeSociedades <\/p>\n
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STC2697-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2023-00078-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71936","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71936","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71936"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71936\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71936"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71936"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71936"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}