STC2701-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2701-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01018-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Ignacio Uribe Vel\u00e1squez contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Itag\u00fc\u00ed, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el ejecutivo radicado n\u00ba 2002-00376. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y \u00aba la seguridad jur\u00eddica\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
Relata que, mediante auto del 18 de octubre de 2016, el juzgado admiti\u00f3 esa acreencia y le otorg\u00f3 la categor\u00eda de laboral; empero, con posterioridad (prove\u00eddos de 17 de enero y 8 de junio de 2020), el despacho desconoci\u00f3 la calidad de la deuda e indic\u00f3 que la misma \u00abcorresponde a un cr\u00e9dito quirografario en vez de a un cr\u00e9dito laboral, pues seg\u00fan el juez [no] cumple con las tres caracter\u00edsticas: (i) prestaci\u00f3n personal del trabajo; (ii) subordinaci\u00f3n; y, (iii) remuneraci\u00f3n (\u2026)\u00bb contrariando, seg\u00fan aduce, la jurisprudencia colombiana en la materia. <\/p>\n
Por lo anterior, pretendiendo que se invalide todo lo actuado a partir del auto de 18 de octubre de 2016 plante\u00f3 incidente de nulidad, el cual fue rechazado de plano por el juzgado mediante interlocutorio de 10 de junio de 2021, determinaci\u00f3n confirmada en su integridad por la Sala Civil (unitaria) del Tribunal Superior de Medell\u00edn con providencia del 19 de diciembre de 2022. <\/p>\n
Cuestiona las rese\u00f1adas decisiones pues considera que, los accionados ignoraron que el auto del 18 de octubre de 2016 se encontraba ejecutoriado, por lo que vulneraron el principio de la seguridad jur\u00eddica que \u00abgarantiza que los jueces no tomen posteriormente decisiones contrarias a sus mismas decisiones como es lo que sucede en esta situaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n critic\u00f3 que el titular del juzgado acusado no se haya declarado impedido pese a ser recusado, pues aquel funcionario instaur\u00f3 una \u00abdenuncia penal (sic)\u00bb en su contra, circunstancia que representar\u00eda \u00abun agravio a la imparcialidad\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que, \u00abse ordene dejar sin efecto todo lo actuado a partir del auto de 18 de octubre de 2016 y que tenga relaci\u00f3n directa con la presente situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Primero Civil del Circuito de Itag\u00fc\u00ed relacion\u00f3 lo acontecido en el compulsivo en cuesti\u00f3n, asunto que cuenta con sentencia que ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n. Indic\u00f3 tambi\u00e9n que, en el mismo fue subastado uno de los bienes objeto de medida cautelar y \u00abse distribuy\u00f3 el dinero producto del remate entre los acreedores de conformidad con la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos establecidas en el C\u00f3digo Civil [\u2026] estando pendiente a la fecha la entrega de t\u00edtulos judiciales [\u2026] lo cual no ha sido posible, atendiendo a las m\u00faltiples actuaciones presentadas por el cesionario Jorge Ignacio Uribe Vel\u00e1squez como tutelas, nulidades, recursos, impedimentos y recusaciones en contra de este titular\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, defendi\u00f3 la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 dado que \u00abel cr\u00e9dito del accionante, por corresponder al pago de honorarios profesionales como abogado, no tiene la preferencia que s\u00ed otorga la normativa sustancial a los cr\u00e9ditos laborales, tal como lo ha referido la Corte Constitucional T-1033\/07, lo que se sustenta adem\u00e1s en el art\u00edculo 2124 del C\u00f3digo Civil, seg\u00fan el cual, el mandato \u201ces un contrato en que una persona conf\u00eda la gesti\u00f3n de uno o m\u00e1s negocios a otra\u201d frente a lo cual, la propia Corte Suprema de Justicia en sentencia SC12122-2014 de 9 de septiembre de 2014, reafirma dicha apreciaci\u00f3n, en cuanto a las reglas que gobiernan la prestaci\u00f3n de servicios profesionales como el mandato judicial, corresponden a la normativa civil, circunstancias esta en la que se circunscribe la gesti\u00f3n adelantada por el accionante (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, sin pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda tutelar, se limit\u00f3 a aportar el expediente digitalizado del cobro cuestionado. <\/p>\n
3. Daniel Echeverri Mar\u00edn, quien manifiesta ser cesionario en el ejecutivo, por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n por cuanto, el proceder del actor ha sido temerario puesto que ha incoado varias acciones de tutela y diversas solicitudes al interior del ejecutivo con la intenci\u00f3n que se le d\u00e9 prevalencia a su cr\u00e9dito, todas las cuales han sido desestimadas, al igual que las recusaciones contra el juez de conocimiento, en tal sentido destac\u00f3 que, \u00abno es cierto que hayan dictado autos contrarios al auto del 18 de octubre de 2016, ni que se haya afectado el debido proceso o la seguridad jur\u00eddica del accionante, por el contrario se han brindado todas las garant\u00edas procesales y concedido la totalidad de recursos impuestos, as\u00ed mismo, se han tramitado las m\u00faltiples solicitudes de nulidad, recusaciones y tutelas, a tal punto de desgastar el sistema judicial por m\u00e1s de 3 a\u00f1os alegando el mismo asunto, situaci\u00f3n que en realidad vulnera el derecho de los dem\u00e1s acreedores (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas fundamentales denunciadas al rechazar el incidente de nulidad propuesto por el quejoso al interior del ejecutivo \u2013 radicado n\u00ba 2002-00376 \u2013 pasando por alto, supuestamente, el reconocimiento previo (en auto de 18 de octubre de 2016) de la prelaci\u00f3n de su acreencia como laboral (pretende el cobro de sus honorarios profesionales). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que el amparo no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra los autos que, en primera y segunda instancia, rechazaron de plano la solicitud de nulidad impetrada por el actor, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el 19 de diciembre de 2022 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, Sala Civil (unitaria), por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
4. Caso concreto \u2013 El auto cuestionado. <\/p>\n
En el supuesto que analiza la Sala, no se advierte que la confirmaci\u00f3n de la determinaci\u00f3n adoptada en primer grado dentro del juicio discutido, en el sentido de rechazar por improcedente la nulidad deprecada respecto de lo actuado con posterioridad al prove\u00eddo de 18 de octubre de 2016, se traduzca en la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del precursor del amparo, toda vez que fue el resultado de una respetable hermen\u00e9utica del contexto procesal y la normativa aplicable. <\/p>\n
4.1. Preliminarmente, la magistrada ponente de la decisi\u00f3n aqu\u00ed atacada, examin\u00f3 la pertinencia de las causales en que el recurrente soport\u00f3 la petici\u00f3n de nulidad, esto es, el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, \u00abviolaci\u00f3n del debido proceso\u00bb, y el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso; de la primera en menci\u00f3n adujo que, <\/p>\n
\u00abAl respecto, esta dependencia judicial encuentra ajustado a derecho lo definido por la autoridad judicial de primera instancia, porque, de acuerdo con las normas acabadas de citar, en el presente caso no se acredit\u00f3 los presupuestos para la declaratoria de nulidad planteada por el recurrente. En efecto, la nulidad constitucional de que trata el art\u00edculo 29 de la carta magna, se configura cuando se obtiene pruebas con violaci\u00f3n del debido proceso, es decir que tiene cabida cuando en un proceso se recauda elementos materiales probatorios sin la observancia de las reglas propias del procedimiento establecido, circunstancia que en este caso no ocurre, pues lo debatido aqu\u00ed no se circunscribe a la obtenci\u00f3n de los medios persuasivos obrantes en un proceso\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, respecto de la causal contemplada en el canon 133-2 del estatuto adjetivo civil, destac\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) los argumentos planteados no sustentan dicha causal, pues tal norma prescribe que habr\u00e1 nulidad cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite \u00edntegramente la instancia. Sobre este punto, como bien estim\u00f3 el juez de primer nivel, la causal no se prob\u00f3 porque la providencia que presuntamente fundamenta la pretensi\u00f3n del recurrente, esto es, el auto de 18 de octubre de 2016, si bien se encuentra ejecutoriado, no proviene de superior funcional, por lo cual, no podr\u00eda hablarse de nulidad por proceder contra providencia ejecutoriada del superior; de igual modo, en este caso no se revivi\u00f3 un proceso legalmente concluido, pues seg\u00fan puede observarse la ejecuci\u00f3n no ha concluido; y finalmente, con la decisi\u00f3n cuestionada no se pretermiti\u00f3 ninguna instancia. <\/p>\n
En s\u00edntesis, las causales de nulidad procesal y constitucional alegadas por el se\u00f1or Uribe Vel\u00e1squez, no encuentran apoyo en el tr\u00e1mite seguido, por lo cual, la decisi\u00f3n proferida el 10 junio de 2021 por el Juzgado 001 Civil del Circuito de Itag\u00fc\u00ed, ser\u00e1 confirmada\u00bb. <\/p>\n
Visto lo anterior, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no se evidencia infundada o arbitraria, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
En todo caso, lo all\u00ed establecido no puede ser desaprobado de plano, \u00abm\u00e1xime si (\u2026) no resulta contrario a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado [el] defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
As\u00ed mismo, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se advierte es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el tribunal apreci\u00f3 la discusi\u00f3n suscitada y concluy\u00f3 que, el fundamento de la irregularidad denunciada, no solo no se adecuaba a las causales enlistadas en el art\u00edculo 133 de la codificaci\u00f3n procedimental civil, sino que tampoco resultaba consistente con lo establecido en el canon 29 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
De manera que la pretensi\u00f3n del gestor del resguardo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada tuvo para resolver el asunto sometido a su escrutinio, disconformidad que, se reitera, excede el \u00e1mbito de la tutela. En ese sentido, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
De forma que, este mecanismo excepcional no fue concebido para que, el disconforme con la decisi\u00f3n, lo utilice como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios, procurando hacer prevalecer su propia interpretaci\u00f3n por sobre la del juzgador. <\/p>\n
4.2. En definitiva, no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n arbitraria que la autoridad aqu\u00ed demandada tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que expuso, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial razonable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a las garant\u00edas constitucionales del demandante. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda y, adem\u00e1s, lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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