STC2705-2023<\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2705-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2023-00044-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira el 24 de febrero de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Martha Luc\u00eda Ocampo Galvis contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Sexto Civil Municipal de la misma localidad y los intervinientes en la ejecuci\u00f3n n\u00ba 2019-00458. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por intermedio de apoderado judicial, la accionante invoc\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abdignidad humana\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que mediante sentencia proferida en audiencia el 24 de junio de 2022, el Juzgado Sexto Civil Municipal de Pereira, tras declarar probados los medios exceptivos formulados, se abstuvo de seguir adelante con el coercitivo con garant\u00eda real promovido por Jos\u00e9 Omar Grisales Montenegro en contra suya y de Nubia Luc\u00eda Mart\u00ednez Velasco. <\/p>\n
Refiere que apelado lo resuelto por la parte ejecutante, en fallo del 5 de diciembre siguiente el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma urbe revoc\u00f3 lo resuelto para continuar con el hipotecario, incurriendo en v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico, pues \u00abno valor\u00f3 la totalidad de las pruebas\u00bb, entre ellas, \u00abla confesi\u00f3n del ejecutante quien entre otras respuestas asegur\u00f3 que esas letras con las que se dio inicio al proceso ya hab\u00edan sido canceladas\u00bb, y, adem\u00e1s, \u00abdesbord\u00f3 su autoridad al aplicar decisiones extra y ultrapetita\u00bb. <\/p>\n
3. En ese orden, pretende a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional \u00abdeja[r] sin efectos la citada sentencia\u00bb, para que se \u00abtomen las dem\u00e1s medias necesarias y conducentes que estimen pertinentes (\u2026) para el Restablecimiento de [sus] Derechos\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, luego de pronunciarse frente a cada uno de los hechos esbozados en el escrito introductorio, pidi\u00f3 denegar el amparo, toda vez que no se vulneraron los derechos alegados por la accionante \u201cdignidad humada y debido proceso\u201d, ni ning\u00fan otro derecho fundamental a ninguna de las partes; se tuvieron en cuenta todas las pruebas adosadas al expediente, a las cuales se les dio (sic) m\u00e9rito probatorio y valoraci\u00f3n respectiva, en su totalidad, no fraccionada, como si lo hace la accionante\u00bb, quien no puede \u00abinstituir la acci\u00f3n de tutela como una tercera instancia, por no estar conforme con la decisi\u00f3n tomada en el proceso, cuando la actividad probatoria fue escasa, casi nula, y era en ese tr\u00e1mite que deb\u00eda, conforme la carga de la prueba, presentar y argumentar sus dichos\u00bb. <\/p>\n
2. Nubia Luc\u00eda Mart\u00ednez Velasco solicit\u00f3 que \u00abNO SE TUTELEN los derechos invocados\u00bb, habida cuenta que \u00abning\u00fan reparo encuentro desde mi sentido com\u00fan, respecto del fallo de segunda instancia objeto de la tutela, porque su an\u00e1lisis de pruebas y decisi\u00f3n descarta la violaci\u00f3n de los derechos se\u00f1alados por la se\u00f1ora Martha por conducto de su apoderado, considero que la decisi\u00f3n que se demanda en tutela, tuvo fundamento en los hechos y las pruebas existentes en el expediente, que no fueron consideradas por el juez de primera instancia, adem\u00e1s me parece correcto el an\u00e1lisis realizado por el juez que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n, sus argumentos no representan ninguna arbitrariedad\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado Sexto Civil Municipal de Pereira remiti\u00f3 el link de acceso al expediente revisado. <\/p>\n
5. Mario Alejandro Garc\u00eda Llano y Cristian Fabi\u00e1n Bedoya Londo\u00f1o, solicitaron desestimar la salvaguarda, comoquiera que \u00abno hay fallo extra ni ultra petita por el adquem ya que su motivaci\u00f3n radico (sic) en la solicitud que [su] apoderado en la apelaci\u00f3n hizo frente a la falta de valoraci\u00f3n de la confesi\u00f3n que en juicio hiciera la parte demanda frente a la existencia de un redito (sic) por pagar adem\u00e1s ofreciendo conciliar dicha suma, lo que hizo fundar la decisi\u00f3n de esa manera en segunda instancia para continuar la ejecuci\u00f3n frente a la suma debida y garantizada en hipoteca abierta\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a-quo neg\u00f3 el resguardo, arguyendo que la decisi\u00f3n censurada no constituye v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, pues, aunque la gestora considera que el fallador de segunda instancia incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, \u00abEl razonamiento probatorio cr\u00edtico que hizo el juzgado encartado dio (sic) como resultado que, al margen de la existencia de un pago total de los primeros pr\u00e9stamos que el se\u00f1or Jos\u00e9 Omar Grisales Montenegro le hizo a la tutelante, entrambos acordaron que las letras de cambio inicialmente suscritas, al haber sido dejadas en blanco, servir\u00edan como respaldo de los nuevos cr\u00e9ditos que aquel (sic) concediera, acreencias que tambi\u00e9n se encontraron acreditadas\u00bb; de este modo, \u00abM\u00e1s all\u00e1 de que la conclusi\u00f3n sea o no compartida por esta Corporaci\u00f3n, lo cierto es que estuvo precedida de una razonable valoraci\u00f3n de la prueba y no luce de manera abierta, contraevidente o contrario a lo sostenido por los testigos, por lo que la intervenci\u00f3n del juez de tutela se encuentra vedada\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la accionante reiterando las censuras a la decisi\u00f3n recriminada conforme las plasm\u00f3 en el escrito inicial, a lo que agreg\u00f3 que \u00ab(\u2026) Aceptar la posici\u00f3n asumida por ese Honorable Tribunal es seguir desconociendo que el ad que (sic) hizo uso ileg\u00edtimo del ordenamiento jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, si la autoridad judicial convocada vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas al dejar sin valor ni efecto la sentencia de primera instancia proferida el 24 de junio de 2022 por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Pereira, para continuar con el coercitivo adelantado contra Martha Luc\u00eda Ocampo Galvis (aqu\u00ed interesada), con radicado n\u00b0 2019-00458, por incurrir supuestamente en v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico, al no valorar la totalidad de los medios de convicci\u00f3n aportados y apreciar erradamente otros. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
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3. El caso concreto <\/p>\n
De la revisi\u00f3n efectuada a la queja constitucional y con observancia en las piezas procesales allegadas, establece la Sala que habr\u00e1 de mantenerse el fallo denegatorio de primera instancia, por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian. <\/p>\n
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3. Razonabilidad de la providencia cuestionada <\/p>\n
Al examinar la decisi\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira decidi\u00f3 \u00abREVOCA[R] el fallo\u00bb dictado en audiencia el 24 de junio de 2022 por el Juzgado Sexto Municipal, y en consecuencia, ordenar seguir adelante con el recaudo seguido en contra de la tutelante y a favor de Mario Alejandro Garc\u00eda Llano (cesionario), no se advierte la vulneraci\u00f3n denunciada por \u00e9sta, en raz\u00f3n a que el referido pronunciamiento se ajust\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable. <\/p>\n
En efecto, aunque la aqu\u00ed interesada acude al presente mecanismo excepcional alegando, en lo fundamental, que la autoridad accionada no valor\u00f3 como correspond\u00eda, la confesi\u00f3n realizada por Jos\u00e9 Omar Grisales Montenegro, y, estim\u00f3 parcialmente otros medios de prueba recaudados, al revisar el contenido de la determinaci\u00f3n criticada observa la Corte, que el juez querellado, luego de precisar que \u00ab En este caso, se presentaron para el cobro tres letras de cambio, suscritas por la se\u00f1ora Martha Luc\u00eda Ocampo Galvis en favor del se\u00f1or Jos\u00e9 Omar Grisales, as\u00ed: i) $20.000.000 suscrita el 27 de octubre de 2016, para ser cancelada el 27 de octubre de 2017; ii) $20.000.000 suscrita el 27 de octubre de 2016, para ser cancelada el 27 de octubre de 2017 y; iii) $5.000.000 suscrita el 27 de octubre de 2016, para ser cancelada el 27 de octubre de 2017. Se constituy\u00f3 garant\u00eda hipotecaria sobre el bien inmueble identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria Nro. 290-28495 denominado La Ponderosa ubicado en el Municipio de Pereira, seg\u00fan escritura p\u00fablica Nro. 239 de enero 25 de 2011, con la constancia de ser primera copia y prestar m\u00e9rito ejecutivo\u00bb, procedi\u00f3 al estudio de los t\u00edtulos conforme a lo exigido por los art\u00edculos 422 del C\u00f3digo General del Proceso y 621 del C\u00f3digo de Comercio, as\u00ed como de la garant\u00eda hipotecaria por cuenta de lo dispuesto en los art\u00edculos 2434 y siguientes del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Luego, al ocuparse de lo que fue objeto del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte ejecutante, concret\u00f3 los reparos en que: <\/p>\n
\u00abExisti\u00f3 falta de ponderaci\u00f3n en igualdad de las valoraciones sobre las manifestaciones halladas en las declaraciones de parte, se rompi\u00f3 el principio de igualdad en el ejercicio valorativo de la unidad probatoria, se estiman las declaraciones para declarar extinta la obligaci\u00f3n, pero con la contestaci\u00f3n a la demanda, la declaraci\u00f3n de parte, el ofrecimiento de conciliaci\u00f3n, los alegatos dan testimonio de que la demandada adeuda la suma de $26.000.000, gener\u00e1ndose una v\u00eda de hecho. Y se extingui\u00f3 una obligaci\u00f3n sin determinarse en que (sic) cuant\u00eda concretamente tom\u00e1ndose como forma de pago las declaraciones, sin prueba de recibos de pago (\u2026). Que debe seguirse adelante la ejecuci\u00f3n hipotecaria ya que esta (sic) ha seguido vigente, materializ\u00e1ndose la independencia y autonom\u00eda de los t\u00edtulos valores, estima que se radico (sic) en cabeza del acreedor la carga de la prueba acerca de los efectos del negocio subyacente frente al derecho del cr\u00e9dito incorporado. <\/p>\n
Que se debi\u00f3 dictar sentencia en dos escenarios: i) El primero ordenando el traspaso del 50% dado como pago de las obligaciones y a favor del cesionario, o ii) que ciertamente existe una suma de $26.000.000,oo por pagar suma esta (sic) que genera que la hipoteca siga abierta, debi\u00e9ndose seguir adelante la ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Y continu\u00f3 se\u00f1alando: \u00abdesde ya debemos decir que le asiste raz\u00f3n al recurrente, por cuanto los t\u00edtulos valores como antes se enuncio (sic) se presumen aut\u00e9nticos, no fueron tachados, y le dio el Juez mayor credibilidad al interrogatorio de la se\u00f1ora Martha Luc\u00eda Ocampo Galvis cuando no aport\u00f3 ninguna prueba que diera cuenta de sus excepciones, y es que la parte no puede darse su propia prueba, cuando tambi\u00e9n le correspond\u00eda demostrar los hechos relacionados con las excepciones y el origen de los t\u00edtulos\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, el fallador descendi\u00f3 al estudio normativo de la confesi\u00f3n, art\u00edculo 191 del C\u00f3digo General del Proceso, y precis\u00f3 que en el presente caso \u00abno se valoraron las pocas pruebas recaudadas en el expediente, en conjunto, admitiendo como cierto la manifestaci\u00f3n de la parte demandada, cuando no puede darse certeza al auto favorecimiento\u00bb. <\/p>\n
Y sobre los medios de prueba recaudados, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abDel interrogatorio realizado a la se\u00f1ora Martha Luc\u00eda Ocampo, se desprende que adquiri\u00f3 varias obligaciones con el se\u00f1or Jos\u00e9 Omar Grisales, por lo cual le firm\u00f3 3 letras de cambio respaldadas con una hipoteca, que como no pudo seguir pagando intereses le escritur\u00f3 el 50% de la finca hipotecada a nombre de la se\u00f1ora Nubia Luc\u00eda Mart\u00ednez Velazco, en la suma de $53.000.000,oo con lo que quedaba a paz y salvo; que no le entreg\u00f3 las letras; y posteriormente para el 2016 le prest\u00f3 otros 10 millones de pesos, dice le firmo (sic) otra letra, que es la que no aparece y le pag\u00f3 intereses de ese dinero. Al minuto 48:20 insiste que solo adeuda $10.000.000. <\/p>\n
Aunque en el interrogatorio dice la se\u00f1ora Martha que no le firmo (sic) las letras en esa fecha porque se encontraba en Bogot\u00e1, encuentra el despacho equivocada la percepci\u00f3n de la citada, por cuanto se debe distinguir la fecha de creaci\u00f3n de la fecha de vencimiento, \u00e9sta \u00faltima que puede ser impuesta por el tenedor del t\u00edtulo conforme las instrucciones pactadas. La demandada no prob\u00f3 por ning\u00fan medio que se hubieran dado esas instrucciones y que el acreedor en su momento hubiese faltado a ellas, o no las hubiese cumplido. Dice que tiene correos que prueban el abono a intereses, pero ninguna prueba documental aporto. Equivocada la primera instancia cuando traslada la carga de la prueba en este proceso ejecutivo a la parte demandante\u00bb. <\/p>\n
Y tras precisar lo relativo al diligenciamiento de t\u00edtulos valores con espacios en blanco, art\u00edculo 622 del C\u00f3digo de Comercio, precis\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab El se\u00f1or Jos\u00e9 Omar Grisales Montenegro, por su parte, acept\u00f3 que se liquidaron las obligaciones en la suma de $53.000.000,oo que fueron pagados con el 50% del inmueble hipotecado y dej\u00e1ndose a nombre de la se\u00f1ora Nubia Luc\u00eda Mart\u00ednez Velazco, quien es su esposa. Que las letras se dejaron sin fechas por si ella necesitaba m\u00e1s dinero o si la llegaban a embargar. Que posteriormente a la escrituraci\u00f3n del traspaso del 50% del bien la se\u00f1ora Martha Luc\u00eda Ocampo le solicito (sic) otros dineros en pr\u00e9stamos por $12.000.000,oo unos 4 meses despu\u00e9s; $4.000.000,oo 5 meses despu\u00e9s y $10.000.000,oo 7 meses despu\u00e9s de la firma de la escritura, que tambi\u00e9n por gastos del traspaso. Al minuto 1:04:43 se\u00f1ala que no se firm\u00f3 una nueva letra, porque ten\u00edan estas como respaldo. El apoderado de la se\u00f1ora Martha Lucia Ocampo le pregunt\u00f3 si ten\u00eda claro que la deuda era solo de $26.000.000,oo, le contest\u00f3 que, s\u00ed. <\/p>\n
La se\u00f1ora Nubia Luc\u00eda Guti\u00e9rrez Velazco igualmente acept\u00f3 que se traspaso (sic) el 50% del inmueble hipotecado a su nombre para el pago de las obligaciones inicialmente contra\u00eddas. Pero que la co-demandada hab\u00eda solicitado otros pr\u00e9stamos despu\u00e9s de la firma de esta escritura por m\u00e1s o menos $26.000.000,oo. Luego dice que es testigo presencial de la entrega de m\u00e1s de $24.000.000,oo, que son otros pr\u00e9stamos diferentes. <\/p>\n
Hasta ac\u00e1 encontramos que la se\u00f1ora Martha Luc\u00eda Ocampo, adquiri\u00f3 diversas obligaciones para con el se\u00f1or Jos\u00e9 Omar Grisales Montenegro, de las cuales cancel\u00f3 la suma de $53.000.000,oo puede decirse en daci\u00f3n en pago, como fue aceptado por las partes con el 50% del bien inmueble hipotecado y figurando como beneficiaria la co-demandada Nubia Lucia Guti\u00e9rrez, esposa del se\u00f1or Grisales. <\/p>\n
Pero tambi\u00e9n contest\u00f3 la se\u00f1ora Martha Luc\u00eda Ocampo, que adeuda al se\u00f1or Jos\u00e9 Omar Grisales la suma de $10.000.000,oo; mientras el se\u00f1or Grisales afirma que se adeudan $26.000.000,oo\u00bb. <\/p>\n
Explicando a continuaci\u00f3n que, en ese orden, \u00ab Tampoco la versi\u00f3n de la se\u00f1ora Martha Luc\u00eda Ocampo es clara y concreta, en el interrogatorio dice que se radic\u00f3 en Bogot\u00e1 hasta octubre de 2017 que volvi\u00f3 y que contact\u00f3 al se\u00f1or Jos\u00e9 Omar y le pidi\u00f3 prestados $10.00.000,oo, y que esa es una \u00fanica suma que le debe (min. 48:20), pero si miramos el escrito de excepciones se indica primero que a comienzos del 2017 le solicit\u00f3 otro pr\u00e9stamo por $10.000.000, y al sustentar la excepci\u00f3n de buena fe se\u00f1ala que en el primer semestre del 2018 le solicit\u00f3 prestados $10.000.000,oo, estos \u00faltimos que se tiene como confesi\u00f3n a la luz del art. 193 C.G.P. Por lo que entonces la obligaci\u00f3n no era solo $10.000.000,oo. <\/p>\n
Ahora, la versi\u00f3n de la se\u00f1ora Nubia Luc\u00eda Guti\u00e9rrez debe estudiarse con mayor severidad por ser la esposa del demandado y as\u00ed lo aceptaron todos los interrogados, y en esto si (sic) concordamos con el Juez de primera instancia en que la versi\u00f3n de la se\u00f1ora Nubia no es del todo cre\u00edble por ser la esposa del demandante inicial y a qui\u00e9n se le traspaso el porcentaje del bien inmueble. Adem\u00e1s, no fue concreta en su declaraci\u00f3n, no dio una cifra concreta, a varias respuestas indic\u00f3 no saber o no estar segura, por lo que tampoco informa mucho a las resultas del proceso. Y lo \u00fanico que podemos tener como cierto al conjugarse con las dem\u00e1s pruebas es el pago de la liquidaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n $53.000.000,oo con el 50% del bien inmueble hipotecado\u00bb. <\/p>\n
De ah\u00ed que, entonces, las partes \u00abReconocieron que se dejaron las letras con algunos espacios en blanco, nada se prob\u00f3 de la existencia o no de las instrucciones para su llenado, pero si (sic) es aceptado por ambos que se dejaron para ser llenadas por todos los prestamos (sic) obtenidos por la demandada (\u2026) Reiteramos entonces que los dichos de la demandada Martha Luc\u00eda Ocampo, se encuentran hu\u00e9rfanos de prueba, adem\u00e1s de lo limitado y falto de concreci\u00f3n de la declaraci\u00f3n de la demandada, frente a la declaraci\u00f3n del se\u00f1or Jos\u00e9 Omar Ocampo; mientras que por otro lado el ejecutante obtiene respaldo probatorio de los t\u00edtulos valores y la garant\u00eda hipotecaria allegada para el cobro\u00bb. <\/p>\n
Para finiquitar, en l\u00ednea de lo expuesto, que contrario a lo considerado por el juez cognoscente: <\/p>\n
\u00abVerificadas las pruebas en conjunto, podemos concluir que la se\u00f1ora Martha Luc\u00eda Ocampo se oblig\u00f3 para con el se\u00f1or Jos\u00e9 Omar Grisales Montenegro, con varios pr\u00e9stamos, quien se\u00f1al\u00f3 que la obligaci\u00f3n inicial se pag\u00f3 en la suma de $53.000.000,oo y que conforme los dem\u00e1s prestamos (sic) realizados le adeuda la suma de $26.000.000,oo, que se repite no es solo el hecho de la declaraci\u00f3n del se\u00f1or Grisales frente a la posici\u00f3n de la se\u00f1ora Martha Luc\u00eda Ocampo, quien de su escrito de excepciones e interrogatorio se deduce que hizo otros prestamos (sic); pero adicionalmente se cuenta con la existencia de los t\u00edtulos valores y la garant\u00eda hipotecaria abierta que respaldan cualquier obligaci\u00f3n de la deudora a\u00fan las futuras, como atr\u00e1s se explic\u00f3, los que legalmente se presumen aut\u00e9nticos y tampoco fueron tachados, y ac\u00e1 la declaraci\u00f3n de la codemandada Nubia Luc\u00eda Guti\u00e9rrez, puede considerarse cuando da cuenta efectivamente del pago inicial con parte del bien, y que se le hicieron otros prestamos (sic) a la se\u00f1ora Ocampo. <\/p>\n
De la literalidad y presunci\u00f3n de autenticidad de los t\u00edtulos valores, frente a las dem\u00e1s pruebas obrantes en el expediente y su apreciaci\u00f3n en conjunto, ante la inexistencia de otras pruebas que respalden lo se\u00f1alado por la se\u00f1ora Martha Luc\u00eda Ocampo, y ante la declaraci\u00f3n del se\u00f1or Jos\u00e9 Omar Grisales Montenegro, se tiene entonces que es necesario revocar la sentencia de primera instancia, para ordenar continuar la ejecuci\u00f3n por la suma de $26.000.000,oo sobre los cuales se pagaran intereses de mora desde el 27 de octubre de 2017\u00bb. <\/p>\n
Como puede observarse de lo rese\u00f1ado, el juzgado del circuito accionado valor\u00f3 cada uno de los elementos centrales objeto de discusi\u00f3n del recurso y los medios de prueba recopilados, para darles el alcance demostrativo que seg\u00fan su criterio era menester conferirles, hermen\u00e9utica que, desde luego, no puede ser alterada por esta v\u00eda, m\u00e1xime que no se aprecia inconsulta, desfasada o irracional, en todo caso, distante de edificar la v\u00eda de hecho denunciada. <\/p>\n
Es que sobre la pretensi\u00f3n de exigir al juzgador una determinada valoraci\u00f3n de los medios probatorios y de la interpretaci\u00f3n normativa, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC098-2023, 18 en. 2023, rad. 00207-01). <\/p>\n
De manera que esta particular justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en la esfera probatoria, cuando eventualmente el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo cual ciertamente no ocurri\u00f3 en este supuesto, con independencia de si lo determinado satisface o no los intereses de la querellante, comoquiera que, el solo hecho de no compartir los argumentos anteriores, no convierte esa decisi\u00f3n en una v\u00eda de hecho apta de ser revisada por el juez de tutela, pues, la sola divergencia conceptual no puede ser fuente para demandar el amparo constitucional, porque esta v\u00eda excepcional no fue concebida como instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las deducciones valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta. Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado, STC619-2023, 1\u00b0 feb. 2023, rad. 00709-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
La providencia atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda; adem\u00e1s, lo pretendido por la ac\u00e1 querellante es anteponer su propio criterio al del juzgado accionado, sustituyendo la hermen\u00e9utica del funcionario de instancia, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela, pues no puede ser utilizada a modo de instancia adicional a las consagradas en el estatuto procedimental. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC2705-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC2705-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2023-00044-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71942","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71942","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71942"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71942\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71942"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71942"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71942"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}