STC2713-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2713-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-02505-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 17 de enero de 20231, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Marcela Lopera Londo\u00f1o contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 3 de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de esa ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes en el ordinario laboral n.\u00ba 2011-01376. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, \u00abseguridad social, salud, trabajo en condiciones dignas [y] m\u00ednimo vital\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad enjuiciada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Marcela Lopera Londo\u00f1o promovi\u00f3 ordinario laboral contra Salud Total EPS, en procura de que se \u00abdeclarara que la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo por parte de la demandada, carece de efecto jur\u00eddico\u00bb pues \u00abfue diagnosticada [con] \u00abTenosinovitis de Quervain\u00bb e \u00edndice en gatillo mano derecha\u00bb; en consecuencia, pidi\u00f3 el reintegro y el pago de diferentes emolumentos, tales como \u00abretroactivo de salarios (\u2026) cesant\u00edas y sus intereses, primas, vacaciones, sanciones por no consignar las cesant\u00edas en una administradora y por el no pago de los intereses a dicho concepto, indemnizaci\u00f3n moratoria, aportes a salud y pensi\u00f3n\u00bb2. <\/p>\n
El conocimiento inicial del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Octavo Laboral de Descongesti\u00f3n del Circuito de Medell\u00edn, quien absolvi\u00f3 a la all\u00ed querellada3. <\/p>\n
Posteriormente, en virtud de la apelaci\u00f3n interpuesta, la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad revoc\u00f3 lo fallado por el a quo, en tanto advirti\u00f3 que \u00abLopera Londo\u00f1o era una persona en situaci\u00f3n de discapacidad al momento del despido, (\u2026) lo que la hac\u00eda titular de la protecci\u00f3n establecida en el art. 26 de la Ley 361 de 1997, \u00absin que sea necesaria una calificaci\u00f3n con un porcentaje determinado\u00bb. En consecuencia, concedi\u00f3 el petitum. <\/p>\n
Inconforme, la sociedad all\u00ed convocada recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 3, cas\u00f3 la decisi\u00f3n del ad quem, pues coligi\u00f3 que \u00abel fuero de estabilidad reforzada previsto en la Ley 361 de 1997 no se otorga solamente porque el trabajador sufra afecciones en su salud, sino que debe demostrarse la limitaci\u00f3n f\u00edsica, ps\u00edquica o sensorial, correspondiente a una p\u00e9rdida de capacidad laboral\u00bb; en ese orden, en sede de instancia confirm\u00f3 lo dispuesto el 31 de octubre de 2013 por el estrado de primer grado. <\/p>\n
Resoluci\u00f3n que, a juicio de la censora desconoci\u00f3 el precedente \u00abcontenido en las sentencias C-531\/00, C-824\/11, SU 049\/17, SU 380\/2021, T-1040 de 2001, T-1083\/07, T-351\/15, T- 305\/18, T- 141\/16, T-041\/19, T-052\/2020, T-574\/2020 entre otras\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que se le vulner\u00f3 \u00abel derecho a la igualdad y a no discriminaci\u00f3n, ya que existen sentencias de tutela que han ordenado en protecci\u00f3n a la salud, el reintegro al empleo de varios trabajadores en casos de id\u00e9ntica o similar situaci\u00f3n jur\u00eddica y f\u00e1ctica\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se deje sin efectos el fallo SL2517-2022, 13 jul., y en su lugar se ordene \u00abla protecci\u00f3n de manera directa, dejando en firme la Sentencia del 18 de agosto de 2020 del Tribunal\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la providencia confutada se remiti\u00f3 a las consideraciones expuestas en la misma, y manifest\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n no fue caprichosa ni arbitraria, sino el resultado de la aplicaci\u00f3n normativa y jurisprudencial vigente\u00bb. <\/p>\n
2. Salud Total EPS refiri\u00f3 que en la solicitud de amparo \u00abno se indica con meridianamente claridad un error EVIDENTE relativos a la una irregularidad procesal atribuible al sentenciador o a un defecto org\u00e1nico, defecto sustantivo, defecto f\u00e1ctico o defecto procedimental, atribuible que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
Del fallo de primera instancia se extrae la siguiente contestaci\u00f3n: <\/p>\n
3. \u00abSeguros Bol\u00edvar S.A. informa que, a partir del 1 de noviembre de 2019, se llev\u00f3 a cabo la absorci\u00f3n de Liberty Seguros de Vida S.A. por parte de Seguros Bol\u00edvar, por lo que asumi\u00f3 todos los asuntos relacionados con casos de afiliados a la antigua ARL. (\u2026) Afirma que la actora estuvo afiliada a la ARL por la empresa SALUD TOTAL EPS, desde el 1 de junio de 2000 hasta el 18 de marzo de 2011 con novedad de retiro. (\u2026) Concluye que no ha vulnerado ninguno de los derechos de la accionante, que sus pretensiones no son competencia de la administradora de riesgos laborales, teniendo en cuenta que se derivan de un proceso ordinario laboral del que no fue parte\u00bb. <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo, en tanto coligi\u00f3 que la \u00abSala de Descongesti\u00f3n No. 3 expres\u00f3 claramente las razones por los cuales se sujetaba a la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, lo cual, con independencia de que se comparta dicho criterio, no permite, por esta v\u00eda, se\u00f1alar que existi\u00f3 una situaci\u00f3n irregular\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n judicial es producto de una interpretaci\u00f3n jur\u00eddica respetable, con apego a las normas que gobiernan el asunto sometido a su consideraci\u00f3n, sin que se advierta una actuaci\u00f3n irregular por parte de dicho juzgador\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el apoderado de la recurrente para insistir en su pretensi\u00f3n, destacando que \u00ab[e]st\u00e1 demostrado que la Corte Suprema de Justicia, en su providencia SL2517 de 2022 desconoce el precedente constitucional cuando este era el precedente que debi\u00f3 aplicar, el juez de tutela admite que el precedente que aplic\u00f3 fue legal, pero no cuestion\u00f3 que al tratarse de derechos fundamentales el \u00f3rgano de cierre es la Corte Constitucional y espec\u00edficamente respecto a su competencia en este tema espec\u00edfico la Corte ha sido clara\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite laboral promovido por la gestora (SL2517-2022, 13 jul.), por cuanto cas\u00f3 la determinaci\u00f3n del tribunal y, en sede de instancia, ratific\u00f3 la decisi\u00f3n desestimatoria del juzgado a quo, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al estudiar el fallo sometido a escrutinio de esta Corte, mediante el cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada (i) infirm\u00f3 lo dispuesto por el ad quem, en tanto coligi\u00f3 que \u00abel fuero de estabilidad reforzada previsto en la Ley 361 de 1997 no se otorga solamente porque el trabajador sufra afecciones en su salud, sino que debe demostrarse la limitaci\u00f3n f\u00edsica, ps\u00edquica o sensorial, correspondiente a una p\u00e9rdida de capacidad laboral\u00bb; y, (ii) en sentencia de instancia, confirm\u00f3 la providencia absolutoria de primer grado, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver conjuntamente los dos cargos formulados: (i) \u00abpor infracci\u00f3n directa de los arts. 234 de la CN, 15 de la Ley 270 de 1996, 5 de la Ley 361 de 1997, 7 del Decreto 2463 de 2001 y, por la aplicaci\u00f3n indebida de los arts. 26 de la ley 361 de 1997, 13, 47 y 54 de la CN\u00bb; y, (ii) por la misma senda, \u00abpor interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del art. 26 de la Ley 361 de 1997, lo que condujo a la infracci\u00f3n directa de los arts. 5 idem y 7 del Decreto 2463 de 2001, 230, 234 de la CN y 15 de la Ley 270 de 1996 y, a la aplicaci\u00f3n indebida de los arts. 1, 13, 47, 54 superiores\u00bb, el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00ab[N]o se discute en esta sede, que entre las partes existi\u00f3 un contrato de trabajo, que inici\u00f3 el 1 de junio de 2000 y culmin\u00f3 sin justa causa el 28 de marzo de 2011, por decisi\u00f3n de la demandada; que la demandante se desempe\u00f1\u00f3 como odont\u00f3loga; que sufri\u00f3 dos accidentes de origen laboral; que la ARL Liberty Seguros de Vida SA, el 26 de agosto de 2011, despu\u00e9s de la finalizaci\u00f3n del v\u00ednculo, emiti\u00f3 dictamen en el que calific\u00f3 una p\u00e9rdida de capacidad laboral de la demandante del 11,34% de origen laboral, por padecer \u00abTendinitis de Quervain y dedo \u00edndice en gatillo mano derecha. Recesi\u00f3n banda fibrosa del primer espacio mano derecha. Dolor residual m\u00e1s disminuci\u00f3n de fuerza y agarre mano derecha contra resistencia leve\u00bb. Asimismo, que Salud Total EPS SA conoc\u00eda del estado de salud de la accionante para el momento del despido y, de las incapacidades que se le concedieron, y que no solicit\u00f3 autorizaci\u00f3n al Ministerio del Trabajo para despedirla\u00bb. <\/p>\n
Inicialmente, precis\u00f3 que el problema jur\u00eddico a resolver consiste en \u00abresolver si el Tribunal se equivoc\u00f3 al desconocer el precedente de esta Corporaci\u00f3n y, que con sustento en la doctrina de la Corte Constitucional concluyera que la demandante era beneficiaria de la protecci\u00f3n emanada del art. 26 de la Ley 361 de 1997\u00bb. <\/p>\n
De conformidad con lo anterior, se\u00f1al\u00f3 que \u00abesta Sala de Casaci\u00f3n de manera reiterada y pac\u00edfica ha adoctrinado que, para la concesi\u00f3n de la protecci\u00f3n de estabilidad laboral reforzada prevista en dicha normativa, no es suficiente por s\u00ed solo el quebrantamiento de la salud del trabajador(a), pues sus destinatarios son quienes tengan una condici\u00f3n de discapacidad en grado \u00abmoderado\u00bb, \u00absevero\u00bb o \u00abprofundo\u00bb, en los t\u00e9rminos del art. 7 del Decreto 2463 de 2001, independientemente del origen de la misma y sin exigencias adicionales\u00bb. Negrilla fuera de texto. <\/p>\n
En ese orden, estableci\u00f3 que se debe acreditar que el trabajador \u00abpor lo menos tenga una limitaci\u00f3n f\u00edsica, ps\u00edquica o sensorial que conlleve una p\u00e9rdida de capacidad laboral igual o superior al 15%, como se ha indicado en muchas sentencias, entre otras se citan las CSJ SL5181-2019, CSJ SL2841-2020\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, resalt\u00f3 que dicho criterio \u00abes el resultado del ejercicio de esta Corporaci\u00f3n en su atribuci\u00f3n constitucional como Tribunal de casaci\u00f3n y en cumplimiento de la finalidad de unificar la jurisprudencia mediante el recurso extraordinario, que ha precisado los alcances de la protecci\u00f3n de marras, al consultar el esp\u00edritu de coordinaci\u00f3n econ\u00f3mica y equilibrio social consignado en el art. 1 del CST\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, con apoyo en lo establecido en la decisi\u00f3n SL572-2021, 24 feb., reliev\u00f3 que \u00abpara que la accionante pudiera ser beneficiaria de la protecci\u00f3n de estabilidad indicada en el citado art. 26, se requer\u00eda que contara con una p\u00e9rdida de capacidad laboral, no inferior al 15%, lo que no ocurri\u00f3, pues fue calificada con un 11,34%\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, concluy\u00f3 que \u00abse abre paso el quiebre de la sentencia impugnada, puesto que lo all\u00ed argumentado, no concuerda con los postulados jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, dado que el fuero de estabilidad reforzada previsto en la Ley 361 de 1997 no se otorga solamente porque el trabajador sufra afecciones en su salud, sino que debe demostrarse la limitaci\u00f3n f\u00edsica, ps\u00edquica o sensorial, correspondiente a una p\u00e9rdida de capacidad laboral con el car\u00e1cter de moderada, severa o profunda como ya se indic\u00f3, y que sea conocida por el empleador\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en sede de instancia confirm\u00f3 lo resuelto \u00abel 31 de octubre de 2013, por el Juzgado Octavo Laboral de Descongesti\u00f3n del Circuito de Medell\u00edn\u00bb. <\/p>\n
De acuerdo con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la gestora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad convocada, en tanto lo fallado fue contrario a sus expectativas. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo que respecta al alegado desconocimiento del derecho a la \u00abigualdad\u00bb y los \u00abprecedentes\u00bb, tampoco se abre paso el resguardo, comoquiera que el fallo cuestionado realiz\u00f3 un an\u00e1lisis razonable y ponderado de la situaci\u00f3n expuesta y de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en la foliatura, en el marco de su discrecionalidad judicial, aspecto del cual no se puede desprender la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas reclamadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La providencia cuestionada se advierte razonable, puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 10 de marzo de 2023, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 De acuerdo con el fallo de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3\u0002 Al finalizar la medida de descongesti\u00f3n, el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medell\u00edn avoc\u00f3 conocimiento. <\/p>\n
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STC2713-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC2713-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-02505-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71949","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71949","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71949"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71949\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71949"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71949"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71949"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}