STC2714-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2714-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-04-000-2022-02076-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Gloria Elena V\u00e9lez Foronda frente a la sentencia del 20 de octubre de 20221, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela que la recurrente instaur\u00f3 contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso laboral n\u00b005001-31-05-013-2018-00306-00 (Rad. Corte 85383). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La convocante solicit\u00f3 que se deje sin efectos la sentencia SL1038-2022 (30 mar.) proferida por la Sala de Casaci\u00f3n convocada. <\/p>\n
En sustento, alego que instaur\u00f3 demanda ordinaria laboral contra Colpensiones para que se le reconociera su derecho a pensi\u00f3n de sobrevivientes; se negaron sus pretensiones en primera y segunda instancia, en sede de casaci\u00f3n, la Sala Laboral de esta Corporaci\u00f3n no cas\u00f3 la providencia (SL1038-2022) al considerar que la norma aplicable al caso era el art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993 y que el causante no hab\u00eda cumplido con el n\u00famero de semanas all\u00ed demandado, por lo que no era procedente reconocer la prestaci\u00f3n solicitada. <\/p>\n
De la determinaci\u00f3n en comento deriv\u00f3 la lesi\u00f3n a sus prerrogativas, se\u00f1alando la existencia de un defecto sustantivo ante la exigencia de requisitos que no contiene la norma aplicable al caso; un defecto procedimental absoluto, por cuanto se omiti\u00f3 \u00abresolver una materia de inconformidad planteada en sede de casaci\u00f3n\u00bb; el desconocimiento del precedente constitucional y una violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
2. Los funcionarios de instancia defendieron sus actuaciones. La Sala acusada asegur\u00f3 que su prove\u00eddo se encontraba soportado en la normatividad y jurisprudencia aplicable al caso. <\/p>\n
3. El a quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n al considerar que la decisi\u00f3n censurada obedeci\u00f3 a un criterio de interpretaci\u00f3n razonable. <\/p>\n
4. La precursora impugn\u00f3 e insisti\u00f3 en los argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
La protecci\u00f3n invocada debe negarse porque no encuentra esta Sala configurada la conculcaci\u00f3n aducida, toda vez que las consideraciones expuestas en la sentencia que resolvi\u00f3 el recurso extraordinario no resultan irrazonables, sin que devenga propio que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno. <\/p>\n
Ciertamente, una vez analizada la providencia de casaci\u00f3n reprochada, no emerge desatino con entidad suficiente como para permitir la injerencia de esta herramienta. <\/p>\n
En efecto, para descartar los cargos que en esa sede elev\u00f3 Gloria Elena V\u00e9lez Foronda, la magistratura resalt\u00f3 que, pese a que el Tribunal inadvirti\u00f3 la posibilidad que ten\u00eda de resolver bajo el par\u00e1metro previsto en el par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 1993, de todas formas, hubiese llegado a la misma conclusi\u00f3n, toda vez que <\/p>\n
El par\u00e1grafo 1 en comento, precept\u00faa que el afiliado deja causado el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes cuando haya cotizado el n\u00famero de semanas m\u00ednimo requerido en el r\u00e9gimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento. En estos casos, la Corte ha considerado que si el causante era beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, debe llamarse a operar la norma que le resultar\u00eda aplicable (CSJ SL, 24 may. 2011, rad. 37951, CSJ SL, 28 ago. 2012, rad. 46890 y CSJ SL9484-2017), que en este asunto es el Acuerdo 049 de 1990. <\/p>\n
Pues bien, el art\u00edculo 12 del \u00faltimo reglamento del Instituto de Seguros Sociales exig\u00eda 60 a\u00f1os de edad, si es hombre, para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez, y 500 semanas de cotizaci\u00f3n en los \u00faltimos 20 a\u00f1os anteriores al cumplimiento de la edad m\u00ednima, o 1000 en cualquier tiempo. Cabe se\u00f1alar que en casos como el que ahora llama la atenci\u00f3n de la Sala, en el que se pretende se acceda a la pensi\u00f3n bajo las reglas del Acuerdo 049 de 1990, la fecha del deceso, se asimila a la de la edad m\u00ednima requerida en el citado acuerdo (CSJ SL9497-2017). <\/p>\n
Para tal efecto, la historia laboral expedida por Colpensiones (fls. 67 a 69), exhibe que Agudelo \u00c1ngel naci\u00f3 el 12 de enero de 1959, de suerte que para el 21 de junio de 2016 contaba 57 a\u00f1os de edad. Tambi\u00e9n, da cuenta de que entre el 14 de enero de 1976 y el 31 de julio de 2013, cotiz\u00f3 1067.71 semanas, de ellas, 765.85 antes del 1 de abril de 1994. De esta suerte, el causante era beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n y cotiz\u00f3 m\u00e1s de 1000 semanas durante toda su vida laboral. <\/p>\n
Bajo estos derroteros, destac\u00f3 que, dado que el r\u00e9gimen de transici\u00f3n s\u00f3lo es aplicable a situaciones particulares concretadas hasta el 31 de diciembre de 2014, a la fecha de su deceso (21 jun. 2016) el afiliado no contaba con dicho beneficio, por lo que no era dable aplicar el par\u00e1grafo 1 del art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003 en el caso concreto: <\/p>\n
Sin embargo, no puede dejarse de lado que el r\u00e9gimen de transici\u00f3n fue limitado en el tiempo por el Acto Legislativo 01 de 2005, de suerte que, en el mejor de los casos, las normas pensionales protegidas por la transici\u00f3n solo pueden amparar situaciones particulares concretadas hasta el 31 de diciembre de 2014. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, tal comprobaci\u00f3n impide la concesi\u00f3n de la pensi\u00f3n bajo la regla del par\u00e1grafo 1 del art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, si se tiene presente que el beneficio del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 se extendi\u00f3 hasta 2014, por manera que cuando ocurri\u00f3 su deceso, no conservaba el r\u00e9gimen de transici\u00f3n por mandato del Acto Legislativo 01 de 2005. En ese orden, el n\u00famero de semanas que debi\u00f3 acreditar, en aplicaci\u00f3n del citado par\u00e1grafo, era el exigido por el art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993, con las modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003. Visto est\u00e1 que dicho requisito no fue honrado pues, al momento del deceso el causante contaba 1067.71 semanas, que no las 1300 exigidas para 2016 (CSJ SL1717-2019). <\/p>\n
En ese orden de ideas, se refiri\u00f3 a la temporalidad del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, as\u00ed: <\/p>\n
Importa recordar que el r\u00e9gimen de transici\u00f3n es por naturaleza temporal; luego, no existe motivo para mantener en el tiempo los beneficios contemplados en las normas anteriores a pesar de que durante su vigencia el afiliado hubiere efectuado aportes para obtener el amparo que pretende, pues tal restricci\u00f3n contribuye a la preservaci\u00f3n del principio de la seguridad jur\u00eddica, que ofrece certeza a los ciudadanos sobre las reglas que debe emplear el juzgador para resolver cada caso en particular. <\/p>\n
Conforme lo expuesto, la Sala no encuentra motivos para que en aras de verificar la existencia del derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes conforme los lineamientos del par\u00e1grafo 1 del art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, en concordancia con el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, se estudie el requisito de semanas a la luz de una disposici\u00f3n que ya no se encontraba vigente ni preservada por la transici\u00f3n normativa, para la fecha de fallecimiento del afiliado, por ser esta posterior al 31 de diciembre de 2014. <\/p>\n
A riesgo de fatigar, cumple memorar que el par\u00e1grafo de marras previ\u00f3 dos posibilidades para poder acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes trat\u00e1ndose de la muerte de un afiliado; una, que el causante haya cotizado 50 semanas en el trienio anterior a su deceso; otra, que hubiese aportado el n\u00famero de semanas exigido en el r\u00e9gimen de los Seguros Sociales, de donde se infiere la necesidad de revisar si aquel tendr\u00eda o no derecho al r\u00e9gimen de transici\u00f3n, pues justamente eso es lo que ha sostenido la jurisprudencia (CSJ SL338-2020). <\/p>\n
Posteriormente, respecto a las censuras atinentes a la inaplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, exalto que: <\/p>\n
Vistas las consideraciones del juzgador de alzada, que condujeron a la confirmaci\u00f3n del fallo absolutorio de primer grado, y la sustentaci\u00f3n del recurso por parte de la demandante, a la Sala corresponde definir si el Tribunal se equivoc\u00f3 al resolver la contienda bajo los par\u00e1metros de la Ley 797 de 2003, como quiera que el afiliado falleci\u00f3 durante su vigencia, o si, por el contrario, es posible definir el derecho de la actora bajo los lineamientos del Acuerdo 049 de 1990, como resultado de la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. <\/p>\n
De entrada, cabe descartar cualquier posibilidad de \u00e9xito de los argumentos esbozados por la censura. En punto a la normativa que gobierna el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, esta Sala tiene asentado que, por regla general, la disposici\u00f3n aplicable es aquella que se encuentra vigente al momento en que ocurri\u00f3 el deceso del afiliado o pensionado (CSJ SL2476-2018). <\/p>\n
De ah\u00ed que, como en este asunto tal suceso ocurri\u00f3 el 21 de junio de 2016, el precepto legal que debe producir efectos es el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, que exige la acreditaci\u00f3n de 50 semanas cotizadas dentro de los 3 a\u00f1os que antecedieron a la muerte del afiliado. No est\u00e1 en discusi\u00f3n que solo cotiz\u00f3 durante ese lapso un total de 3.57 semanas. <\/p>\n
Frente a la \u00abplus-ultraactividad\u00bb de la Ley, acot\u00f3: <\/p>\n
La aplicaci\u00f3n plus ultraactiva del Acuerdo 049 de 1990, que pretende la impugnante ha sido descartada en m\u00faltiples oportunidades por esta Sala de la Corte, a\u00fan como trasunto del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. Reiterado est\u00e1 que la b\u00fasqueda en ordenamientos pret\u00e9ritos derogados, a fin de encuadrar la situaci\u00f3n del afiliado que muere al que le favorezca, desconocer que las leyes sociales son de aplicaci\u00f3n inmediata y, en principio, rigen hacia futuro. Sobre este t\u00f3pico, la Sala se ha pronunciado en sentencias CSJ SL9762-2016, CSJ SL9763-2016, CSJ SL9764-2016, CSJ SL15612-2016, CSJ SL15617-2016, CSJ SL1689-2017, entre otras. <\/p>\n
Finalmente, la magistratura encartada asegur\u00f3 que, ante la falta de un r\u00e9gimen de transici\u00f3n, cuando el afiliado fallece en vigencia de la Ley 797 de 2003, se ha admitido acudir al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, para resolver las pretensiones conforme a las reglas de la norma inmediatamente anterior; no obstante, asegur\u00f3 que para ello deben cumplirse los requisitos dispuestos en la sentencia SL4650-2017;2 al respecto adujo: <\/p>\n
Lo que s\u00ed ha dicho la jurisprudencia es que excepcionalmente y de cara a la falta de un r\u00e9gimen de transici\u00f3n entre los preceptos que han regido antes y despu\u00e9s del sistema integral de pensiones introducido por la Ley 100 de 1993, cuando el afiliado fallece en vigencia de la Ley 797 de 2003 sin contar el n\u00famero de cotizaciones que exige tal disposici\u00f3n, es posible acudir al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, para que conforme a las reglas del ordenamiento inmediatamente anterior, para el caso del art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993, se resuelva su pretensi\u00f3n. <\/p>\n
En fallo CSJ SL4650-2017 se adoctrin\u00f3 que como el objeto del principio constitucional referido, es servir de puente de amparo a quienes, teniendo una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta, puedan transitar entre una ley y otra, era necesario que en como el presente, en que el afiliado no se encontraba cotizando al sistema general de pensiones a la fecha del tr\u00e1nsito legislativo entre las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, se acreditara que i) el deceso ocurri\u00f3 en el periodo que se denomin\u00f3 zona de paso, esto es, entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006, ii) se demostrara que en el a\u00f1o inmediatamente anterior a la entrada en vigencia de la segunda normativa, hab\u00eda aportado 26 semanas, y iii) hubiese cotizado esta misma densidad de aportes en el a\u00f1o que antecede a su fallecimiento. <\/p>\n
Sin embargo, concluy\u00f3 que el caso sub judice no cumple con los lineamientos previamente se\u00f1alados, por lo que no era posible aplicar el r\u00e9gimen previsto en la Ley 100 de 1993 en su versi\u00f3n original: <\/p>\n
Sin embargo, conforme los supuestos que no fueron objeto de controversia en las instancias, ni en sede extraordinaria, f\u00e1cil resulta colegir que no se abre paso la aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen previsto en la Ley 100 de 1993 en su versi\u00f3n original, toda vez que el c\u00f3nyuge de la actora falleci\u00f3 el 21 de junio de 2016, y no realiz\u00f3 ning\u00fan aporte entre el 29 de enero de 2002 y ese mismo d\u00eda y mes de 2003. <\/p>\n
Del anterior recuento se infiere que, contrario al parecer de la inconforme, no est\u00e1 a su arbitrio acudir a la acci\u00f3n constitucional para exponer su tesis y obtener un resultado favorable, de ah\u00ed que se torna superflua la pretensi\u00f3n de invocar la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, aspirando con ello a imponer sus razones frente a la interpretaci\u00f3n efectuada por las autoridades judiciales accionadas en el asunto, en donde con argumentos claros y ajustados al marco normativo que reg\u00eda al momento del deceso del causante (21 jun. 2016) no era posible la concesi\u00f3n de la prestaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo expuesto, pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC10939-2021, memorada en STC6349-2022). <\/p>\n
En definitiva, conforme a las consideraciones expuestas, no queda alternativa diferente a confirmar el desenlace objetado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que, para el tr\u00e1mite de esta impugnaci\u00f3n, este diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el 27 de febrero pasado. <\/p>\n
2\u0002 Postura ampliamente reiterada por la Sala Laboral Permanente de esta Corporaci\u00f3n SL2057-2022, SL2078-2022 entre otras. <\/p>\n
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STC2714-2023 Magistrado ponente STC2714-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-04-000-2022-02076-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Gloria Elena V\u00e9lez Foronda frente a la sentencia del 20 de octubre […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71950","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71950","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71950"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71950\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71950"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71950"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71950"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}