STC2727-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2727-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01001-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Gustavo Puentes Soto contra la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, mediante apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y del principio de buena fe, que dice vulnerados por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se disponga \u00abrevocar la sentencia proferida\u2026 el ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023) y\u2026 el\u2026 28 de octubre de 2022\u00bb y, en su lugar, \u00abadmita la oposici\u00f3n a diligencia de secuestro sobre el bien inmueble identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 200-204925\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Martha Yolanda Ru\u00edz L\u00f3pez promovi\u00f3 juicio ejecutivo contra Constructora Federal Ltda. y Constructora Edificar 2000 Ltda., cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva, el que comision\u00f3 al Juzgado Segundo Civil Municipal de esa ciudad para llevar a cabo la diligencia de secuestro, \u00faltima que se inici\u00f3 el 2 de febrero de 2021, en la que Laura Sof\u00eda Puentes Nieto present\u00f3 oposici\u00f3n, en calidad de tenedora que derivaba los derechos de su padre Gustavo Puentes Soto, la que ratific\u00f3 este \u00faltimo el 11 de marzo siguiente. <\/p>\n
2.2. Mediante auto de 28 de octubre de 2022 el aludido estrado del circuito rechaz\u00f3 la oposici\u00f3n impetrada, decisi\u00f3n que apelada fue confirmada en prove\u00eddo de 8 de febrero de 2023 por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que el 22 de noviembre de 2021 el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva admiti\u00f3 la demanda de pertenencia que impetr\u00f3 contra Constructora Federal Ltda. y Constructora Edificar 2000 Ltda., demanda que se inscribi\u00f3 en los respectivos folios de matr\u00edcula. <\/p>\n
2.5. Adujo que la oposici\u00f3n fue rechazada porque no cumpl\u00eda con los requisitos del art\u00edculo 309 del C\u00f3digo General del Proceso, pues se le exigi\u00f3 probar la tenencia de Sof\u00eda Puentes Nieto, sin valorar los testimonios practicados ni las documentales que daban cuenta que aquella era su hija. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que la decisi\u00f3n atacada incurri\u00f3 en error de hecho al dar valor diferente a las pruebas existentes, adem\u00e1s de una indebida aplicaci\u00f3n de las normas que sustentaban la decisi\u00f3n y desconocimiento del principio de buena fe. <\/p>\n
2.7. Refiri\u00f3 que se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico por indebida valoraci\u00f3n probatoria; que se presum\u00eda la mala fe del contrato de compraventa de la posesi\u00f3n respecto de su fecha de creaci\u00f3n; que dicho convenio fue aportado desde el \u00ab02 de febrero del 2020\u00bb, sin que fuese tachado de falso ni desconocido por las partes, por lo que no le correspond\u00eda al Tribunal acusado restarle valor probatorio ni exigirle solemnidades que la ley no establec\u00eda como necesarias. <\/p>\n
2.8. Asever\u00f3 que pese a que se indicara que no le era permitido asistir a la asamblea de copropietarios por no ser el propietario inscrito, el ad-quem le exig\u00eda un comportamiento desproporcionado, en tanto que era una prohibici\u00f3n contemplada en el reglamento interno de propiedad horizontal. <\/p>\n
2.9. Manifest\u00f3 que sin justificaci\u00f3n se le quitaba m\u00e9rito probatorio a las facturas legalmente aportadas, presumiendo su mala fe al se\u00f1alar que las mejoras no fueron usadas en el inmueble; que el hecho de que iniciaran el juicio de pertenencia con posterioridad a la primera diligencia de secuestro no deb\u00eda tomarse de forma desfavorable, pues precisamente ejerciendo sus derechos como poseedor material instaur\u00f3 dicho proceso. <\/p>\n
2.10. Afirm\u00f3 que resultaba desproporcionado que se le exigiera en el incidente de oposici\u00f3n que acreditara con rigurosidad todos los elementos de la posesi\u00f3n, como si se tratase de un juicio de pertenencia. <\/p>\n
2.11. Agreg\u00f3 que la decisi\u00f3n de segundo grado era arbitraria, puesto que desconoc\u00eda las reglas que reg\u00edan la oposici\u00f3n al secuestro, en tanto que se requer\u00eda probar sumariamente la misma, lo que hizo pero por una indebida valoraci\u00f3n probatoria y desconocimiento del principio de buena fe se emiti\u00f3 una determinaci\u00f3n contraria a derecho que afect\u00f3 los principios constitucionales, las normas procesales y sus derechos fundamentales. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior de Neiva indic\u00f3 que la providencia criticada se profiri\u00f3 conforme al marco legal y jurisprudencial aplicable, la valoraci\u00f3n atendi\u00f3 la sana cr\u00edtica y salvaguard\u00f3 los derechos fundamentales de los sujetos procesales. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas y se\u00f1al\u00f3 que no se configuraba vulneraci\u00f3n de prerrogativa esencial alguna; que se surti\u00f3 un tr\u00e1mite riguroso y respetuoso de las garant\u00edas procesales de las partes; y que la decisi\u00f3n criticada se fund\u00f3 en las pruebas recaudadas exhaustivamente, determinaci\u00f3n que apelada fue confirmada por el superior jer\u00e1rquico. Remiti\u00f3 el expediente criticado. <\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ninguno de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal accionado, en la providencia criticada de 8 de febrero de 2023, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026La Sala observa que la postura esgrimida por el Juez Tercero Civil del Circuito de Neiva en torno a la tenencia de Laura Sof\u00eda Puentes Nieto no es de recibo, al menos, por tres motivos. En primer lugar, porque la acreditaci\u00f3n del tenedor es una cuesti\u00f3n que corresponde valorar in situ al juez que practica la diligencia de secuestro, en este caso, la juez comisionada, pues no en vano el art\u00edculo 309.3 del C.G.P. dispone que\u2026 As\u00ed, dest\u00e1quese que la norma erige como presupuesto para escuchar al tenedor, que este alegue o exhiba una prueba siquiera sumaria de la tenencia, la cual debe apreciar el juez en ese momento y, de encontrarla admisible, proceder\u00e1 con el interrogatorio a dicho tercero. <\/p>\n
Por \u00faltimo, contrario a lo aseverado por el juez de primer orden, la tenedora no alleg\u00f3 el registro civil de nacimiento de forma tard\u00eda. Ello, por cuanto la diligencia de secuestro se llev\u00f3 a cabo en dos tiempos: el 2 de febrero y el 11 de marzo de 2021, pues el mismo Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva fue quien orden\u00f3 que se continuara con la actuaci\u00f3n y se resolviera la oposici\u00f3n formulada inicialmente. De modo que si dicho documento fue remitido el 10 de marzo de 2021\u2026 refulge con claridad meridiana que se aport\u00f3 entre tanto se reanudaba la diligencia en cuesti\u00f3n, y que la juez comitente y las partes lo tuvieron a disposici\u00f3n al continuar con el tr\u00e1mite. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala estima que en el plenario s\u00ed se acredit\u00f3 la condici\u00f3n de tenedora por parte de Laura Sof\u00eda Puentes Nieto; y que, de no haber sido as\u00ed, el a-quo debi\u00f3 advertirlo inmediatamente al recibir el despacho comisorio, y no tras ordenar que se continuara con la diligencia, agregarlo al expediente y agotar una extensa labor probatoria -6 audiencias- en relaci\u00f3n con la supuesta posesi\u00f3n alegada por Gustavo Puentes Soto, en evidente desmedro del principio de econom\u00eda procesal. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, precis\u00f3 que: <\/p>\n
Dilucidado lo anterior, procede la Sala a resolver el problema jur\u00eddico planteado, para lo cual empieza por decir que de conformidad con lo establecido en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 596 del C\u00f3digo General del Proceso, a las oposiciones al secuestro se aplicar\u00e1 en lo pertinente lo dispuesto en relaci\u00f3n con la diligencia de entrega. Por su parte, el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 309 del Estatuto Procesal Civil se\u00f1ala que\u2026 <\/p>\n
Ahora, como en el caso concreto la oposici\u00f3n se fundamenta en la posesi\u00f3n que alude tener el se\u00f1or Gustavo Puentes Soto respecto del apartamento 801 de la torre 3 del conjunto residencial La Morada del Viento, debe se\u00f1alarse que, en Colombia el r\u00e9gimen jur\u00eddico sobre los bienes, descansa en una trilog\u00eda de derechos, como lo son\u2026 <\/p>\n
En torno a los elementos diferenciadores que existen entre la tenencia y la posesi\u00f3n que se ejerce sobre un bien, la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC1716-2018, ense\u00f1o\u2026 De otro lado, debe indicarse que de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u2026 <\/p>\n
En tal sentido, como en el caso concreto lo que se discute es la posesi\u00f3n del apartamento 801 de la torre 3 del conjunto residencial La Morada del Viento, es deber de la persona que se opone al secuestro, Gustavo Puentes Soto, demostrar el hecho que la fundamenta. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, procede la Sala a valorar los distintos medios probatorios que militan en el informativo. Al agotarse la diligencia de secuestro realizada el 2 de febrero y el 11 de marzo de 2021 por la Juez Segunda Civil Municipal de Neiva, se recabaron los siguientes documentos\u2026 <\/p>\n
Los anteriores documentos, analizados en conjunto y bajo la sana cr\u00edtica, no prueban la posesi\u00f3n alegada por Gustavo Puentes Soto. Veamos. Frente al contrato de compraventa de la posesi\u00f3n, suscrito el 1\u00b0 de enero de 2016, llama la atenci\u00f3n que no se encuentra autenticado, protocolizado o signado con cualquier otro elemento que permitiera demostrar sin lugar a dudas que fue otorgado en la fecha que ah\u00ed aparece, aspecto que si bien no comporta la inexistencia del negocio jur\u00eddico, s\u00ed genera dudas acerca de la fecha de celebraci\u00f3n del convenio entre Leidy Lorena Pinz\u00f3n Charry y Gustavo Puentes Soto, m\u00e1s a\u00fan porque este \u00faltimo es abogado y en raz\u00f3n de su profesi\u00f3n, deb\u00eda conocer la utilidad probatoria de este tipo de precauciones en el tr\u00e1fico jur\u00eddico. <\/p>\n
Ahora, al rendir declaraci\u00f3n, Gustavo Puentes Soto afirm\u00f3 que no revis\u00f3 el folio de matr\u00edcula inmobiliaria del bien cuya posesi\u00f3n adquir\u00eda -lo que, de nuevo, resulta ins\u00f3lito teniendo en cuenta su profesi\u00f3n de abogado-; y que tom\u00f3 posesi\u00f3n del apartamento 801 al d\u00eda siguiente de celebrar el contrato de compraventa, es decir, el 2 de enero de 2016. No obstante, la vendedora Leidy Lorena Pinz\u00f3n Charry atestigu\u00f3 que habit\u00f3 en el inmueble hasta marzo de 2017, y que solo hasta ese entonces le entreg\u00f3 la posesi\u00f3n al comprador. <\/p>\n
La contradicci\u00f3n anterior no es aislada, sino que se concatena con las dem\u00e1s declaraciones. En efecto, Luis Eduardo Gonz\u00e1lez Borja, quien fungi\u00f3 como administrador del conjunto residencial La Morada del Viento desde el segundo semestre de 2015 y hasta el 28 de febrero de 2017, afirm\u00f3 que en ese periodo nunca conoci\u00f3 a ning\u00fan due\u00f1o o poseedor del apartamento 801 de la torre 3, mucho menos a Leidy Lorena Pinz\u00f3n Charry o a Gustavo Puentes Soto; que los problemas de cartera por atraso en el pago de las cuotas de administraci\u00f3n eran constantes; que a pesar de existir un protocolo para los trasteos, jam\u00e1s se efectu\u00f3 alguno respecto del apartamento en menci\u00f3n -lo que deja en entredicho la versi\u00f3n seg\u00fan la cual, Gustavo Puentes Soto ejerci\u00f3 la posesi\u00f3n desde el 2 de enero de 2016-. <\/p>\n
Por su parte, Gloria In\u00e9s Ram\u00edrez Ru\u00edz, habitante del apartamento 503 de la torre 3 del conjunto residencial La Morada del Viento, afirm\u00f3 que pertenece al Grupo de Convivencia y que en esa medida ha tenido contacto con todos los habitantes del edificio\u2026 Sin embargo, se\u00f1al\u00f3 que \u201cla verdad el apartamento 801 jam\u00e1s, golpe\u00e1bamos, \u00edbamos en la ma\u00f1ana, yo iba en la tarde, iba en la noche, nunca nos abr\u00edan el apartamento\u2026 entonces me dec\u00eda la administradora: no, es que ah\u00ed no vive nadie porque eso es de la constructora y la constructora siempre lo mantiene cerrado\u2026\u201d <\/p>\n
Precisamente, en torno a la no asistencia de los supuestos poseedores a las asambleas de copropietarios, la testigo fue enf\u00e1tica al sostener que \u201ccuando \u00edbamos a la asamblea nadie se presentaba, nadie iba, ni siquiera daban un poder porque ac\u00e1 hay multas para eso\u2026\u201d\u2026 A su turno, Blanca Zamudio, residente del apartamento\u2026 y miembro hace 6 a\u00f1os del Consejo de Administraci\u00f3n del conjunto residencial\u2026 asever\u00f3 no conocer a Leidy Lorena Pinz\u00f3n Charry ni a Gustavo Puentes Soto, y que estos jam\u00e1s asistieron a las asambleas, sin que sea excusa v\u00e1lida el no pago de las cuotas de administraci\u00f3n, pues\u2026 <\/p>\n
Es que cualquiera que se repute se\u00f1or y due\u00f1o de un bien sometido a propiedad horizontal, asiste a las asambleas de copropietarios y ejerce los derechos que ese r\u00e9gimen le proporciona, como lo ha ense\u00f1ado la Corte Constitucional\u2026 <\/p>\n
Tanto la tenedora, Laura Sof\u00eda Puentes Nieto, como el poseedor, Gustavo Puentes Soto, confesaron no asistir a la asamblea de copropietarios, supuestamente, por falta de tiempo y porque la administradora no se los permit\u00eda, lo cual se opone a lo declarado por los testigos arriba relacionados. De hecho, adujeron que la raz\u00f3n esgrimida por la administradora para no dejarlos ingresar era que no figuraban como titulares en el certificado de libertad y tradici\u00f3n, de modo que la reacci\u00f3n del poseedor, de un verdadero poseedor, hubiese sido la de reforzar su \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o sobre el apartamento 801 y en consecuencia, buscar la v\u00eda procedente para poder asistir a las asambleas, y no amilanarse ante esa restricci\u00f3n, con la cual t\u00e1citamente se estaba reconociendo el dominio de la constructora sobre el bien inmueble. <\/p>\n
Ahora, en el informativo no obra ninguna evidencia concerniente al pago de impuestos, acto indicador de la posesi\u00f3n; y cuando la tenedora fue interrogada sobre el particular, dijo que de eso se encargaba el pap\u00e1, Gustavo Puentes Soto, quien nada dijo al respecto. <\/p>\n
En cuanto a las supuestas mejoras realizadas al apartamento, m\u00e1s all\u00e1 del Oficio de 30 de agosto de 2017 dirigido a la administradora, en la que se solicit\u00f3 la autorizaci\u00f3n para que ingresara un maestro de obra, no hay evidencia que las corrobore, como no sean las facturas arrimadas al expediente, que aisladamente consideradas apenas reflejan la adquisici\u00f3n de determinados insumos, mas no que estos hayan sido utilizados para resanar un inmueble. De hecho, en ese entonces fung\u00eda como administradora del conjunto residencial la se\u00f1ora Yohana Rodr\u00edguez Perdomo, quien al ser cuestionada sobre si le constaba que el se\u00f1or Puentes hab\u00eda realizado reformas locativas al apartamento 801, contesto que no, lo que desvirt\u00faa por completo este supuesto acto de se\u00f1or y due\u00f1o. <\/p>\n
Respecto del pago de las cuotas de administraci\u00f3n, y el \u2018paz y salvo\u2019 que emiti\u00f3 la administradora el 23 de septiembre de 2017, la Sala observa que bien pudieron realizarse esos pagos, sin que el apartamento 801 hubiese estado ocupado o pose\u00eddo por Gustavo Puentes Soto, pues fuera de esa documental, ninguna otra evidencia soporta esa alegaci\u00f3n. Incluso, el mencionado \u2018paz y salvo\u2019 establece que Gustavo Puentes y\/o Leidy Lorena Pinz\u00f3n estaban al d\u00eda\u2026, ambig\u00fcedad incompatible con la supuesta posesi\u00f3n exclusiva del se\u00f1or Puentes. <\/p>\n
Adem\u00e1s, en el expediente consta el recibo del servicio de energ\u00eda No. 58089083, de 10 de diciembre de 2020, que segu\u00eda emiti\u00e9ndose a nombre de Leidy Lorena Pinz\u00f3n Charry, y no del presunto poseedor; y si bien el monto adeudado es alto ($463.060), ello pudo obedecer a cuotas vencidas no pagadas y, por ende, que se hab\u00edan acumulado; o incluso al gasto real de energ\u00eda, sin que de ello se derive necesariamente que el consumo proviniera de la tenedora Laura Sof\u00eda o del se\u00f1or Puentes. <\/p>\n
A prop\u00f3sito, la testigo Julieth Mu\u00f1oz, quien se desempe\u00f1a como administradora del conjunto residencial desde el mes de marzo de 2021 -es decir, cuando se llev\u00f3 a cabo la diligencia de secuestro-, mencion\u00f3 que desde ese instante Gustavo Puentes Soto ha estado al frente del apartamento 801, sin perjuicio de lo cual reconoci\u00f3 que no le constaba que, previamente, hubiese fungido como poseedor o due\u00f1o del mismo. Y es natural que, advertido de la medida cautelar sobre el inmueble, el se\u00f1or Puentes empezara a desplegar actuaciones tales como la demanda verbal de pertenencia, instaurada ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva, apenas 20 d\u00edas despu\u00e9s de la primera aparici\u00f3n de la juez comisionada, y en la cual se incorporaron como pruebas las mismas documentales que aqu\u00ed ya han sido objeto de valoraci\u00f3n. <\/p>\n
En tal virtud, para la Sala es claro que la posesi\u00f3n alegada no se acredit\u00f3; y, en consecuencia, se confirmar\u00e1 el auto proferido el 28 de octubre de 2022, por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva, pero por las razones aqu\u00ed anotadas. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia censurada; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC2727-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC2727-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-01001-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Gustavo Puentes Soto […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71963","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71963","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71963"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71963\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71963"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71963"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71963"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}