STC2728-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2728-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-00973-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Sala las acciones de tutela instauradas por Mar\u00eda Astrid Brand Bedoya, Mar\u00eda Isabel \u00c1lvarez Rodr\u00edguez1, Magda Lucelly Moreno Fl\u00f3rez2, Melba Ruby Arcila Zapata3 y Luz Edith S\u00e1nchez Cartagena4 contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Buga y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, las cuales fueron acumuladas al expediente de la referencia5. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Asociaci\u00f3n de Vivienda de Calima \u2013 ASOVICALIMA y al se\u00f1or Jos\u00e9 Vicente Castellanos. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las gestoras, aduciendo su calidad de socias de ASOVICALIMA, demandan la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, habeas data y exceso ritual manifiesto, presuntamente vulneradas en el juicio ejecutivo de radicado 76111310300120220003500. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. Jos\u00e9 Vicente Castellanos promovi\u00f3 el mencionado proceso contra ASOVICALIMA, para ejecutar un pagar\u00e9, en el cual se libr\u00f3 mandamiento de pago el 7 de junio de 20226, por $280.000.000 m\u00e1s los intereses moratorios y se decret\u00f3, entre otros, el embargo y el secuestro del inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 373-120714, que no se materializ\u00f3 porque estaba cerrado. <\/p>\n
2.2. El 3 de agosto de 20227 se orden\u00f3 el embargo y el secuestro de los predios identificados con matr\u00edculas inmobiliarias 373-138196, 373-138197, 373-138198, 373-138199, 373-138200, 373-138201 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Guadalajara de Buga, de propiedad de la sociedad demandada. El 16 de septiembre siguiente, la Oficina remiti\u00f3 al Juzgado constancia del registro de la medida cautelar8. <\/p>\n
2.3. Una vez notificada de la demanda, ASOVICALIMA contest\u00f3 y solicit\u00f3 el levantamiento de la medida cautelar referida, argumentando que el bien superaba el doble de lo adeudado y que pertenec\u00eda a cada uno de los asociados. <\/p>\n
2.4. El 30 de septiembre de 20229, el Juzgado accionado tuvo por contestada la demanda y neg\u00f3 el levantamiento de la cautela, dado que la solicitante no hab\u00eda allegado los aval\u00faos correspondientes para demostrar lo alegado y las medidas hab\u00edan sido debidamente inscritas, pues los predios se encontraban a\u00fan a nombre de la Asociaci\u00f3n, decisi\u00f3n que fue confirmada, en sede de reposici\u00f3n, el 7 de noviembre posterior10. <\/p>\n
2.5. El 16 de diciembre de 202211, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga confirm\u00f3 la providencia impugnada. <\/p>\n
2.6. El 21 de febrero de 202312 se puso en conocimiento de las partes la devoluci\u00f3n del despacho comisorio del Juzgado Promiscuo Municipal de Calima del Dari\u00e9n, indicando que el secuestro no se realiz\u00f3, porque \u00abno coinciden con los n\u00fameros de matr\u00edculas actuales\u00bb. <\/p>\n
3. Al respecto, las accionantes sostuvieron que el ejecutante se \u00abvali\u00f3 aparentemente de m\u00e9todos fraudulentos, enga\u00f1\u00e1ndonos para supuestamente construir\u00bb 258 viviendas de inter\u00e9s social, no obstante, el contrato de mutuo acuerdo termin\u00f3, suscribiendo el pagar\u00e9 a su favor para que saliera de la obra, \u00absin sospechar\u00bb sobre las irregularidades estructurales en la construcci\u00f3n. <\/p>\n
Argumentaron que los predios embargados fueron divididos en lotes asignados a los usuarios de ASOVICALIMA desde septiembre de 2021, los cuales tienen \u00absus matr\u00edculas inmobiliarias individuales\u00bb y, por tanto, no son de la ejecutada; adem\u00e1s, que est\u00e1n en una precaria situaci\u00f3n econ\u00f3mica y con la medida cautelar resultan afectadas. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, solicitaron que se declare la ineficacia de los autos que decretaron y negaron el levantamiento de la medida de embargo. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
<\/p>\n
1. Juzgado Primero Civil del Circuito de Buga afirm\u00f3 que las accionante no son parte en el proceso ejecutivo ni propietarias de los predios objeto de medida cautelar y que, de ser poseedoras, deben oponerse en la diligencia de secuestro, que no se ha realizado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Carmen Elisa Rom\u00e1n, en calidad de representante de ASOVICALIMA y como asociada, junto a otros 102 afiliados, cuyas firmas se adjuntaron en escrito aparte, en calidad de \u00abtenedores\u00bb de los predios en cuesti\u00f3n, coadyuvaron lo solicitado con las tutelas presentadas. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, las accionantes reclaman por la presunta vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, con ocasi\u00f3n de la medida cautelar emitida el 3 de agosto de 2022 y la negaci\u00f3n de su levantamiento, seg\u00fan autos del 30 de septiembre siguiente y del 16 de diciembre del mismo a\u00f1o, pues, en su criterio, los predios embargados ya no pertenecen a la asociaci\u00f3n demandada, sino a sus beneficiarios. <\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con lo pretendido por las tutelantes, se advierte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, en raz\u00f3n a que no se encuentran legitimadas para atacar las decisiones adoptadas en el juicio ejecutivo, toda vez que no son parte ni terceros reconocidos13, pues el ejecutante es Jos\u00e9 Vicente Castellanos y la ejecutada es ASOVICALIMA. <\/p>\n
Sobre el particular, ha establecido la jurisprudencia que \u00abcuando la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb14; de manera que, en el sub judice, pese a que la gestoras son asociadas de la ejecutada ASOVICALIMA, no por ello pueden ejercer su representaci\u00f3n ni asumen la condici\u00f3n de sujeto procesal en el juicio rebatido y, por tanto, no est\u00e1n legitimadas para atacar las decisiones proferidas en dicho tr\u00e1mite, lo cual impide analizar el fondo del asunto15. <\/p>\n
2.1. Ahora bien, aunque a la presente tutela concurri\u00f3 la ejecutada y otros asociados, lo hicieron como intervinientes y no como accionantes, de manera que para que la presunta vulneraci\u00f3n de sus derechos sea objeto de debate y decisi\u00f3n en sede constitucional deben instaurar la acci\u00f3n constitucional correspondiente. Al respecto, la Sala ha sostenido que: <\/p>\n
La coadyuvancia y\/o la participaci\u00f3n de terceros est\u00e1 encaminada a prestar ayuda o apoyo a la postura planteada ya sea por el demandante o demandado, no obstante, no puede llegar a ser parte de los extremos y, mucho menos, pretender formular sus propias pretensiones en la impugnaci\u00f3n del fallo, como en el presente caso ocurri\u00f3. As\u00ed las cosas, si los intervinientes consideran que se han vulnerado sus garant\u00edas fundamentales deber\u00e1n presentar una solicitud de amparo directa, en la que funjan como actores principales y reclamen sus propios derechos, a fin de permitir que los convocados ejerzan su defensa respecto de los mismos. (CSJ STC9558-202016). <\/p>\n
As\u00ed mismo, ha dicho esta Corporaci\u00f3n que los coadyuvantes: <\/p>\n
en la acci\u00f3n de tutela los terceros se involucran en el proceso porque sus resultados pueden afectarlos, pero lo hacen apoyando las razones presentadas, bien por el actor o por la persona o autoridad demandadas, y no promoviendo sus propias pretensiones. (\u2026). <\/p>\n
Con base en ello, la Sala ha resaltado que la intervenci\u00f3n de terceros \u00aben pro de soportar lo arg\u00fcido por sujetos que no ten\u00edan legitimaci\u00f3n en la causa (\u2026) [impide] pronunciarse sobre las alegaciones presentadas para cuestionar la decisi\u00f3n que los actores ped\u00edan anular ni atender las pretensiones propias del tercero vinculado a la acci\u00f3n constitucional, puesto que ese no es el fin de esa intervenci\u00f3n\u00bb (CSJ ATC1148-2020). <\/p>\n
3. A lo anterior se suma que las censoras no han solicitado ante el operador judicial de conocimiento lo planteado en esta tutela y a\u00fan pueden, dado que dicen ser poseedoras, presentar oposici\u00f3n en la diligencia de secuestro, la cual, seg\u00fan lo informado por el Juzgado convocado, no se ha realizado, de manera que la salvaguarda invocada tampoco supera el presupuesto de la subsidiariedad, todo lo cual impide resolver el fondo del asunto. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Por lo anterior, se declarara improcedente la tutela. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Radicado inicial: 11001020300020230100500. <\/p>\n
2\u0002 Radicado inicial: 11001020300020230100700. <\/p>\n
3\u0002 Radicado inicial: 11001020300020230100400. <\/p>\n
4\u0002 Radicado inicial: 11001020300020230102000. <\/p>\n
5\u0002 Por auto del 14 de marzo de 2023. <\/p>\n
6\u0002 Documento 20, expediente 2022-00035-00. <\/p>\n
7\u0002 Documento 38, expediente 2022-00035-00. <\/p>\n
8\u0002 Documento 49, expediente 2022-00035-00. <\/p>\n
9\u0002 Documento 52, expediente 2022-00035-00. <\/p>\n
10\u0002 Documento 56, expediente 2022-00035-00. <\/p>\n
11\u0002 Documento 03, cuaderno \u00abCuad2daInstanciaApelacionAuto\u00bb, ibidem. <\/p>\n
12\u0002 Documento 82, expediente 2022-00035-00. <\/p>\n
13\u0002 T\u00e9ngase en cuenta el informe rendido por el Juzgado accionado, en el cual precis\u00f3 que las tutelantes no son parte del proceso ejecutivo. De conformidad con el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991, los informes se consideran rendidos bajo la gravedad de juramento. <\/p>\n
15\u0002 En t\u00e9rminos similares, ver CSJ STC1941-2022. <\/p>\n
16\u0002 En esos t\u00e9rminos ver tambi\u00e9n CSJ STC14770-2021. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC2728-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC2728-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-00973-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Sala las acciones de tutela instauradas por Mar\u00eda Astrid Brand Bedoya, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71964","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71964","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71964"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71964\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71964"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71964"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71964"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}