STC2733-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2733-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 66001-22-13-000-2023-00043-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Dirime la Corte la impugnaci\u00f3n formulada por Mario Restrepo contra el fallo de 23 de febrero de 2023, emitido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 contra el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, extensiva a los intervinientes en la acci\u00f3n popular n\u00b0 66682-31-13-001-2022-00399-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El accionante solicit\u00f3 que se ordene al Juzgado querellado tasar las agencias en derecho en 2 smlmv, en el tr\u00e1mite cuestionado. <\/p>\n
De otra parte, solicit\u00f3 que la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n act\u00fae en la acci\u00f3n constitucional y presente acciones legales a su nombre. <\/p>\n
Expuso que, en la acci\u00f3n popular en comento, pese a que las agencias deb\u00edan ser tasadas en 2 smlmv, conforme se ven\u00eda haciendo desde 2018 en acciones populares y, seg\u00fan lo establecido en el art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso, el juzgado las liquid\u00f3 en $1.0005.350. <\/p>\n
2.- La autoridad convocada remiti\u00f3 el link del expediente cuestionado, hizo un relato de las actuaciones a su cargo y defendi\u00f3 la respectiva legalidad. Dijo que en auto de 5 de agosto de 2022 no repuso su decisi\u00f3n y no concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n de la decisi\u00f3n que estableci\u00f3 las costas por valor de $1.005.350, prove\u00eddo que fue recurrido y negado (29 ag. 2022). <\/p>\n
La Procuradur\u00eda Regional de Instrucci\u00f3n de Risaralda dijo que no ha tenido ninguna participaci\u00f3n en la acci\u00f3n popular en cuesti\u00f3n, por lo cual solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n manifest\u00f3 que el actor no le ha presentado ninguna petici\u00f3n relacionada con lo ac\u00e1 pedido. <\/p>\n
3.- El a quo neg\u00f3 el resguardo porque la pretensi\u00f3n del accionante es estrictamente econ\u00f3mica y \u00abla naturaleza y finalidad de la acci\u00f3n de tutela es proteger derechos fundamentales vulnerados o amenazados de una persona, mas no solucionar conflictos de orden econ\u00f3mico\u00bb y se\u00f1al\u00f3 que, frente a la pretensi\u00f3n dirigida a la Procuradur\u00eda, no se cumple con el requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
4.- El promotor recurri\u00f3, reiter\u00f3 los argumentos expuestos en el escrito inicial y se\u00f1al\u00f3 que su pretensi\u00f3n no es econ\u00f3mica. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
De entrada, se observa la necesidad de ratificar el veredicto confutado, porque el yerro denunciado carece de relevancia constitucional, y en todo caso, no hay arbitrariedad que deba ser conjurada a trav\u00e9s de este sendero. <\/p>\n
Para que se abra paso la intervenci\u00f3n supralegal es necesario que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n indicada sea trascendente frente a los derechos fundamentales del interesado. Sobre el particular, la Corte Constitucional, recientemente, en SU128-2021, puntualiz\u00f3: <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha entendido la tutela contra providencias judiciales como un \u201cjuicio de validez\u201d y no como un \u201cjuicio de correcci\u00f3n\u201d del fallo cuestionado. Este enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de \u00edndole probatorio o de interpretaci\u00f3n de la ley que dieron origen a la controversia judicial. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
El contenido de la solicitud de amparo debe buscar \u201cresolver cuestiones que trascienden la esfera legal, el car\u00e1cter eminentemente econ\u00f3mico de la controversia y la inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales\u201d, lo que implica la existencia de \u201cun probado desconocimiento de los derechos fundamentales al debido proceso o al acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u201d. <\/p>\n
(\u2026) Un asunto carece de relevancia constitucional cuando: (i) la discusi\u00f3n se limita a la mera determinaci\u00f3n de aspectos legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n de una norma procesal, salvo que de \u00e9sta se desprendan claramente violaciones de derechos fundamentales; o (ii) sea evidente su naturaleza o contenido econ\u00f3mico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, \u201cque no representen un inter\u00e9s general\u201d. <\/p>\n
En el caso, la discusi\u00f3n planteada por Mario Restrepo es estrictamente legal y econ\u00f3mica, pues se duele de la interpretaci\u00f3n dada al art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso, y de que, en lugar de 2 smlmv le hayan reconocido $1.0005.350. Protestas que al no revelar entidad iusfundamental, descartan la injerencia del juez de tutela. <\/p>\n
Con todo, la tasaci\u00f3n objetada no es arbitraria ni caprichosa, si en cuenta se tiene que, para soportarla, el despacho acusado razon\u00f3 que: <\/p>\n
Mediante el Acuerdo n\u00famero PSAA16-1054 de agosto 5 de 2016 la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se estableci\u00f3 las tarifas de agencias en derecho. En el caso se tuvo en cuenta para la fijaci\u00f3n de las agencias en derechos los art\u00edculos 2\u00ba, 4\u00ba y 5\u00ba -1\u00ba del Acuerdo n\u00famero PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016, los cuales establecen respectivamente en su orden: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Este Despacho fij\u00f3 en la suma de $1.000.000,oo para la primera instancia, suma que considera el Juzgado acorde con la realidad procesal surtida dentro de la actuaci\u00f3n, la naturaleza y duraci\u00f3n de la gesti\u00f3n; es cierto que en a\u00f1os anteriores este Juzgado fijaba como agencias en derecho la suma de 2 SMLMV; no obstante, la virtualidad ha facilitado todos los tr\u00e1mites y ha disminuido los costos que amerita adelantar el proceso, facilita la gesti\u00f3n del Abogado pues evita los desplazamientos y el uso de papel, lo que justifica una diferenciaci\u00f3n en el monto de las agencias en derecho entre los procesos escritos y los procesos que han cursado en virtualidad, siempre respetando los par\u00e1metros del acuerdo. <\/p>\n
Ahora, respecto de las pretensiones contra la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, tambi\u00e9n fracasa el resguardo comoquiera que el actor no demostr\u00f3 -ni se infiere del expediente- que tales pedimentos se expusieran primigeniamente ante la autoridad accionada. De all\u00ed que resulte evidente el desconocimiento del car\u00e1cter excepcional y subsidiario que caracteriza este tipo de herramientas supra legales. <\/p>\n
Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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