STC2734-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2734-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00887-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 Jorge Augusto C\u00e1rdenas Osorio contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales y el Juzgado Cuarto de Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas a la \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, \u00abjusticia material\u00bb, debido proceso, defensa, igualdad, \u00abderecho a la legalidad\u00bb, as\u00ed como del \u00abprincipio de la observancia de las normas sustantivas y procesales\u00bb, que dice vulneradas por la autoridad judicial accionada, por lo que pidi\u00f3 \u00abrevocar la decisi\u00f3n tomada mediante el auto interlocutorio\u2026 del 9 de agosto de 2022\u00bb y, en consecuencia, se le ordene a la sede judicial convocada \u00abdejar en firme y\/o ratifique el auto de fecha 2 de Junio de 2022\u00bb. <\/p>\n
En forma subsidiaria, reclam\u00f3 que se ordene al estrado acusado que \u00abprofiera auto en el que se determine\u2026 que, con relaci\u00f3n al establecimiento de comercio denominado \u201cEstaci\u00f3n de Servicio Neira\u201d, el partidor debe efectuar la partici\u00f3n en iguales porcentajes entre los 11 herederos leg\u00edtimos reconocidos y [\u00e9l] en calidad de subrogatario, equivalentes al 8.3333% para cada uno\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Jenaro Jaramillo Bernal, en su condici\u00f3n de cesionario de los derechos herenciales que le pudiesen corresponder a Miriam Jaramillo Betancur, promovi\u00f3 proceso de sucesi\u00f3n doble e intestada de los causantes Jos\u00e9 Jes\u00fas Jaramillo Toro y Mar\u00eda Ofelia Betancur Bedoya, tr\u00e1mite en el que fueron reconocidos como herederos Martha In\u00e9s, Marino de Jes\u00fas, Mario de Jes\u00fas, Luz Mery, H\u00e9ctor Jaime, Jorge Iv\u00e1n, Manuel de Jes\u00fas, Magnolia, Mar\u00eda Patricia, Alba Luc\u00eda y Marleny Jaramillo Betancur. <\/p>\n
2.2. Mediante providencia de 13 de enero de 2021, el juzgado accionado reconoci\u00f3 a la sociedad Sucesores de Jos\u00e9 de Jes\u00fas Jaramillo Toro SAS \u00abcomo interesada en este proceso\u2026, como adquirente de los derechos herenciales sobre los inmuebles identificados con\u2026 matr\u00edcula inmobiliaria 110-10533 y 110-10353, por compraventa que le hicieran\u2026 Alba Luc\u00eda, H\u00e9ctor Jaime, Luz Mery, Magnolia, Manuel de Jes\u00fas, Mar\u00eda Patricia, Marino de Jes\u00fas, Mario de Jes\u00fas, Marleny y Martha In\u00e9s Jaramillo Betancur\u00bb. <\/p>\n
2.3. Presentados los inventarios y aval\u00faos, dentro de los cuales se incluy\u00f3, como un activo, \u00abel 100% del establecimiento de comercio denominado \u201cEstaci\u00f3n de Servicio Neira\u00bb (el cual funciona en el inmueble identificado con folio inmobiliario 110-10533), fueron objetados por algunos de los intervinientes. <\/p>\n
2.4. Mediante providencia de 20 de abril de 2022, el despacho judicial enjuiciado resolvi\u00f3 las objeciones planteadas y dispuso, respecto del rese\u00f1ado establecimiento de comercio, que \u00abfue avaluada en sus bienes materiales por\u2026. $241.131.096, su good will en $247.039.378, para un total de $488.171.284 corresponde a\u2026 Jenaro Jaramillo Bernal el porcentaje de 8.3333, y a cada uno de los herederos el 2.651481% y para los herederos de Jos\u00e9 Jes\u00fas Jaramillo SAS el 62.5%\u00bb. <\/p>\n
2.5. Frente a ese prove\u00eddo las partes formularon apelaci\u00f3n, censurando el aval\u00fao dado al prenotado bien mercantil, recurso desestimado con decisi\u00f3n del 17 de mayo de 2022. <\/p>\n
2.6. Cumplido lo anterior, a trav\u00e9s de providencia del 2 de junio de 2022, se reconoci\u00f3 a \u00abJorge Augusto C\u00e1rdenas Osorio como subrogatario de los derechos herenciales que\u2026 puedan corresponder a\u2026 Jenaro Jaramillo Bernal quien a su vez es subrogatario de los derechos herenciales que\u2026 puedan corresponder a\u2026 Miriam Jaramillo Betancur\u00bb y, adem\u00e1s, se resuelve \u00abejercer\u2026 control de legalidad\u00bb, por lo que se dispuso \u00abcorregir la parte motiva del auto proferido\u2026 el 20 de abril de 2022, para en su lugar indicar, frente al Establecimiento Estaci\u00f3n de Servicios Neira, que sobre el mismo corresponde a\u2026 Jenaro Jaramillo Bernal (hoy Jorge Augusto C\u00e1rdenas Osorio) y a cada uno de los herederos el porcentaje de 8.3333%\u00bb. <\/p>\n
2.7. Posteriormente, con auto del 9 de agosto de 2022, el estrado acusado decide, nuevamente, \u00abejercer control de legalidad\u00bb, con miras a \u00abcorregir la parte motiva del auto proferido\u2026 el 20 de abril de 2022\u00bb, para en su lugar indicar que \u00abfrente al Establecimiento de Comercio llamado \u201cEstaci\u00f3n de Servicios Neira\u201d, como acertadamente se indic\u00f3 en dicha oportunidad, corresponde a\u2026 Jenaro Jaramillo Bernal, hoy Jorge Augusto C\u00e1rdenas Osorio, el porcentaje de 8.3333, para cada uno de los 11 herederos el 2.651481% y para la Sociedad Jos\u00e9 Jes\u00fas Jaramillo Toro SAS el 62.5%\u00bb. <\/p>\n
2.8. Contra esa decisi\u00f3n, el cesionario Jorge Augusto C\u00e1rdenas Osorio interpuso reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, siendo desestimado el primero de esos recursos con prove\u00eddo del 29 de agosto de 2022, en el que, adicionalmente, se neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la alzada interpuesta de forma subsidiaria. <\/p>\n
2.9. Frente a esa \u00faltima determinaci\u00f3n, C\u00e1rdenas Osorio formul\u00f3 reposici\u00f3n y, en subsidio, queja, medios de impugnaci\u00f3n desechados con autos de 12 de septiembre de 2022 y 9 de noviembre siguiente, respectivamente, dictada la \u00faltima de esas decisiones por el Tribunal accionado. <\/p>\n
2.10. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que \u00abel establecimiento de comercio, para los efectos de la adjudicaci\u00f3n, debe partirse en iguales porcentajes entre quienes fungen como herederos leg\u00edtimos de la causante, esto es, sus once\u2026 hijos leg\u00edtimos m\u00e1s [\u00e9l] en calidad de cesionario\u00bb, toda vez que \u00abno consta en el proceso cesi\u00f3n de derechos herenciales que pudieran facultar a la sociedad Sucesores de Jos\u00e9 Jes\u00fas Jaramillo Toro SAS, como subrogataria de derecho alguno, ingresar como adjudicataria del citado establecimiento de comercio\u00bb. <\/p>\n
2.11. Agreg\u00f3 que \u00ablos recursos interpuestos se contraen a un auto interlocutorio proferido\u2026 despu\u00e9s de la celebraci\u00f3n de la audiencia de resoluci\u00f3n de objeciones, encontrando en dicha decisi\u00f3n una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea por el juez que en todo caso era susceptible de ser atacada por encontrarse completamente contraria a las normas sustantivas\u00bb; y que la apelaci\u00f3n que interpuso contra el prove\u00eddo del 9 de agosto de 2022, resultaba procedente, porque \u00abera claro que el objeto de ataque hace relaci\u00f3n a la objeci\u00f3n de inventarios y aval\u00faos, cuya actuaci\u00f3n, conforme lo estipula el inciso final del numeral 3 del art\u00edculo 501 del CGP, proced\u00eda la interposici\u00f3n del recurso de alzada, pues \u2026 el control de legalidad efectuado por el despacho se circunscribi\u00f3 a tal acto procesal\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales manifest\u00f3 que \u00abel hecho de que el promotor de esta causa no est\u00e9 conforme con la decisi\u00f3n tomada no constituye una vulneraci\u00f3n a sus prerrogativas fundamentales, por cuanto lo resuelto se bas\u00f3 en los principios constitucionales, legales y jurisprudenciales\u2026 aplicables a este caso en concreto\u00bb. <\/p>\n
2. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Revisada la demanda de tutela, verifica la Corte que el actor cuestion\u00f3: (i) el prove\u00eddo de 9 de noviembre de 2022, que declar\u00f3 \u00abbien denegado el recurso de apelaci\u00f3n propuesto frente al auto\u2026 del 9 de agosto el cual ejerci\u00f3 control de legalidad y corrigi\u00f3 la parte motiva de la audiencia celebrada el 20 de abril de 2022\u00bb; y (ii) la prenotada decisi\u00f3n de 9 de agosto. <\/p>\n
3. En este orden de ideas, en lo que ata\u00f1e a la primera de esas quejas, se concluye que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto la citada providencia de 9 de noviembre no luce arbitraria, comoquiera que el Tribunal criticado explic\u00f3 las razones por las que consideraba inviable la alzada que interpuso el tutelante contra el auto de 9 de agosto de 2022, aspecto sobre el que precis\u00f3: <\/p>\n
\u2026 solamente son apelables los autos que expresamente se\u00f1ale ley, de all\u00ed que resulta necesario examinar si el prove\u00eddo que es objeto de esta controversia se encaja dentro de aquellos que se enlistan en el art\u00edculo 321 CGP, o si en su defecto, la habilitaci\u00f3n del recurso se encuentra en una norma especial diferente a esta. <\/p>\n
Pues bien, esta Sala unitaria despu\u00e9s de hacer un estudio al citado art\u00edculo procesal, avizora que la situaci\u00f3n planteada no podr\u00eda entenderse incluida en ninguno de los supuestos que enlista el art\u00edculo 321 a excepci\u00f3n del dispuesto en el numeral 10 que dispone \u201clos dem\u00e1s expresamente se\u00f1alados en este c\u00f3digo\u201d. <\/p>\n
En tal sentido, al acudir a la norma especial que regula este asunto se encuentra que el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 501 del C\u00f3digo General del Proceso dispone: <\/p>\n
2. (\u2026) <\/p>\n
La objeci\u00f3n al inventario tendr\u00e1 por objeto que se excluyan partidas que se consideren indebidamente incluidas o que se incluyan las deudas o compensaciones debidas, ya sea a favor o a cargo de la masa social. <\/p>\n
Todas las objeciones se decidir\u00e1n en la continuaci\u00f3n de la audiencia mediante auto apelable. (Negrilla de Sala). <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que, de acuerdo a lo indicado en dicha norma, lo que resulta apelable es la providencia que resuelva las objeciones presentadas, lo que de contera permite concluir que el prove\u00eddo impugnado no es susceptible de alzada, pues lo cierto es que lo discutido en relaci\u00f3n al porcentaje no deviene de una objeci\u00f3n al inventario incluido. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del gestor no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 fue una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la sede judicial acusada interpret\u00f3 las normas que regulan el recurso de apelaci\u00f3n y concluy\u00f3 que no exist\u00eda ninguna disposici\u00f3n que habilitara dicho medio de impugnaci\u00f3n, frente al prove\u00eddo que dispone control de legalidad, lo que hac\u00eda inviable su concesi\u00f3n. <\/p>\n
Tales deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
4. Respecto a los reparos que plante\u00f3 el accionante, enfilados a cuestionar el prove\u00eddo de 9 de agosto de 2022, a trav\u00e9s del cual el juzgado accionado, en ejercicio de \u00abcontrol legalidad\u00bb, decidi\u00f3 \u00abcorregir la parte motiva del auto proferido en audiencia celebrada el 20 de abril de 2022\u00bb, con la finalidad de precisar que \u00abfrente al establecimiento de comercio llamado \u201cEstaci\u00f3n de Servicios Neira\u201d\u2026, corresponde a\u2026 Jenaro Jaramillo Bernal, hoy Jorge Augusto C\u00e1rdenas Osorio, el porcentaje de 8.3333, para cada uno de los 11 herederos el 2.651481% y para la Sociedad Jos\u00e9 Jes\u00fas Jaramillo Toro SAS el 62.5%\u00bb, se concluye que el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso, toda vez que carece de trascendencia constitucional. <\/p>\n
Ello en la medida en que tal determinaci\u00f3n no resulta definitiva en la causa atacada, toda vez que la distribuci\u00f3n de los bienes inventariados es una cuesti\u00f3n que compete dilucidar en la partici\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular, mem\u00f3rese que lo procesos liquidatorios, como es el caso de la sucesi\u00f3n, tienen dos etapas centrales: \u00ab1. La de inventarios y aval\u00faos; y 2. La partitiva, liquidatoria o adjudicativa. En lo concerniente a la primera, etapa de inventarios y aval\u00faos\u2026, es en ella en la cual, en esencia, se consolida tanto el activo como el pasivo y se concreta el valor de unos y otros\u00bb (CSJ STC4683-2021). <\/p>\n
Adicionalmente, en el citado pronunciamiento, precis\u00f3 la Sala que: <\/p>\n
El punto de partida para la definici\u00f3n de esos t\u00f3picos [inventarios y aval\u00faos], es el consenso de las partes. Si ellas est\u00e1n de acuerdo en la identificaci\u00f3n de los bienes y su valor, as\u00ed como en las obligaciones sociales y su cuant\u00eda, a esa voluntad manifiesta debe atenerse el juez cognoscente del correspondiente asunto. <\/p>\n
Sin embargo, frente a cualquier discrepancia de los litigantes, corresponder\u00e1 al funcionario judicial zanjar las diferencias presentadas, de modo que al final no haya dudas de los elementos integrantes del patrimonio a liquidar y del monto por el cual cada uno se incluye. <\/p>\n
S\u00f3lo la certeza en esos aspectos permitir\u00e1 el inicio de la etapa subsiguiente, esto es, la de partici\u00f3n, que no podr\u00e1 asumirse mientras penda cualquier incertidumbre relacionada con los activos y\/o pasivos\u2026 <\/p>\n
En otras palabras, en la etapa de inventarios y aval\u00faos, compete establecer, bien sea por el com\u00fan acuerdo de las partes o con intervenci\u00f3n del juez, los bienes que conforman el patrimonio objeto de liquidaci\u00f3n (activo y pasivo), as\u00ed como tambi\u00e9n el aval\u00fao de cada uno de \u00e9stos; y, una vez determinado tal aspecto, se proceder\u00e1 a la fase partitiva, en la que se distribuir\u00e1n dichos derechos entre los intervinientes de la causa mortuoria. <\/p>\n
Entonces, si bien el juzgado accionado actu\u00f3 an\u00f3malamente al pronunciarse sobre la distribuci\u00f3n que habr\u00eda de hacerse de algunos de los bienes inventariados, pues era una decisi\u00f3n que no compet\u00eda adoptar en la fase de inventarios y aval\u00faos, lo cierto es que tal determinaci\u00f3n no resulta definitiva, pues es una cuesti\u00f3n que compete resolver, exclusivamente, en la partici\u00f3n, a trav\u00e9s de la sentencia que decida sobre su aprobaci\u00f3n. <\/p>\n
\u2026 siendo la sentencia aprobatoria de \u00e9sta [la partici\u00f3n] o de la adjudicaci\u00f3n la \u00fanica providencia sustantiva del proceso, es all\u00ed donde, para efecto liquidatorio, se precisan los derechos de quienes en el juicio intervinieron y no en los autos intermedios, que aunque tengan la jerarqu\u00eda de interlocutorios y se hallen ejecutoriados, no atan al fallador, dado que se trata de providencias que no hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada material\u2026 (CSJ STC6395-2021). <\/p>\n
Luego, se insiste, si bien el juzgador accionado incurri\u00f3 en una irregularidad al pronunciarse, prematuramente, sobre la distribuci\u00f3n de algunos de los bienes inventariados, es una anomal\u00eda que, de cara a los derechos fundamentes del promotor, resulta intrascendente, pues lo cierto es que, tal determinaci\u00f3n no resulta definitiva, comoquiera que, se reitera, es una cuesti\u00f3n que s\u00f3lo habr\u00e1 de resolverse en la etapa de partici\u00f3n, la cual se encuentra en curso, teniendo en cuenta que, presentado el trabajo partitivo, fue objetado, reparos que a\u00fan no han sido decididos, conforme se pudo verificar en la copias del expediente contentivo del juicio acusado. <\/p>\n
Sobre la carencia de trascendencia constitucional de la salvaguarda suplicada dijo la Sala que \u00ab\u2026con independencia de las supuestas falencias endilgadas al Tribunal criticado, el hecho cierto es que (\u2026) el reclamo de la accionante carece de trascendencia ius fundamental, porque de cualquier forma estaba condenaba al fracaso la defensa que propuso en el juicio cuestionado (CSJ STC1684-2015). <\/p>\n
5. Lo anterior, adicionalmente, permite predicar la inviabilidad del resguardo por prematuro, habida cuenta que, como qued\u00f3 visto, la etapa de partici\u00f3n est\u00e1 en curso, sin que se hubiese proferido sentencia que resuelva sobre su aprobaci\u00f3n, decisi\u00f3n que, incluso, ser\u00e1 susceptible de apelaci\u00f3n, en caso de reunirse los presupuestos que para ello consagra el art\u00edculo 509 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En otras palabras, como el referido tr\u00e1mite est\u00e1 en curso, el juzgador constitucional no puede anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo del juez natural, ya que ello equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia. <\/p>\n
Al respecto, reiteradamente ha sostenido la Sala que: <\/p>\n
\u2026 resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CJS STC6999, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
6. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC2734-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC2734-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00887-00 Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 Jorge Augusto C\u00e1rdenas Osorio contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71970","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71970","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71970"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71970\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71970"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71970"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71970"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}