STC2736-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2736-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-04453-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan de Dios Uribe Sierra, a trav\u00e9s de apoderada, en contra de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn. Al tr\u00e1mite fueron vinculados los juzgados segundo y cuarto civiles del circuito de Medell\u00edn, la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia y el se\u00f1or \u00d3scar Alberto Ruiz Uribe. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor procura la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y seguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. El 27 de abril del 2012, dentro del proceso de radicado 2009-00602, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medell\u00edn puso fin a la controversia con sentencia que declar\u00f3 la existencia de la sociedad de hecho entre los se\u00f1ores Juan Uribe Sierra y \u00d3scar Ruiz Uribe, surgida entre el mes de septiembre de 1978 hasta la fecha. En consecuencia, la declar\u00f3 en estado de disoluci\u00f3n y orden\u00f3 su liquidaci\u00f3n. Tal prove\u00eddo fue confirmado por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 6 de agosto de 2014. <\/p>\n
2.2. Asever\u00f3 que, pese a lo anterior, la Sala Civil de la mencionada Colegiatura profiri\u00f3 los autos del 26 de noviembre de 2018 y del 22 de enero del 20201, dictados dentro del mismo juicio (rad. 2014-00973), los cuales \u00abdesconocieron la firmeza que arropaba la sentencia proferida por el juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medell\u00edn\u00bb. <\/p>\n
2.3. Afirm\u00f3 que, a pesar de los m\u00faltiples requerimientos realizados dentro del proceso liquidatorio al administrador de la sociedad -\u00d3scar Ruiz-, este se ha negado \u00aba prestar colaboraci\u00f3n en el proceso liquidatorio, incumpliendo lo ordenado por el c\u00f3digo civil en el art\u00edculo 663\u00bb. Tal actitud dilatoria, asume, se debe a que \u00aba la fecha, el demandado contin\u00faa ejerciendo la administraci\u00f3n sobre los contratos de comodato que dieron origen a la declaraci\u00f3n de la sociedad de hecho entre las partes, lucr\u00e1ndose de manera individual de las utilidades generadas por dichos bienes, desconociendo los derechos del se\u00f1or JUAN URIBE SIERRA\u00bb. <\/p>\n
2.4. En atenci\u00f3n a lo anterior, ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medell\u00edn el se\u00f1or Juan Uribe Sierra present\u00f3 demanda de rendici\u00f3n provocada de cuentas contra el se\u00f1or \u00d3scar Ruiz Uribe, en su calidad de administrador de los bienes de la sociedad de hecho existente entre ambos (rad. 2021-0004-00). <\/p>\n
2.5. El juicio culmin\u00f3 con sentencia favorable al demandante, dictada el 9 de agosto de 2022. De manera que se orden\u00f3 al se\u00f1or Ruiz Uribe a que, dentro de los 60 d\u00edas calendario siguientes a la ejecutoria de la providencia, \u00abrinda cuentas de su gesti\u00f3n como administrador de los locales comerciales ubicados en la plaza Minorista de esta ciudad de Medell\u00edn, siendo la explotaci\u00f3n de estos el objeto social de la sociedad de hecho conformada, a lo cual acompa\u00f1ar\u00e1 los respectivos documentos que la soporten; para las fechas comprendidas entre septiembre de 2009 y la fecha en la cual cobre ejecutoria esta providencia\u00bb. Inconforme, el apoderado de la pasiva apel\u00f3 dicha determinaci\u00f3n. <\/p>\n
2.6. La alzada fue resuelta por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn en prove\u00eddo del 28 de octubre del 2022. En tal oportunidad, el ad quem resolvi\u00f3 revocar la determinaci\u00f3n de primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
Encontr\u00f3 il\u00f3gico que la Sala haya considerado que quien estaba legitimado para interponer la acci\u00f3n de rendici\u00f3n de cuentas fuera el administrador de la sociedad, \u00abcuando este se ha negado a hacer entrega al LIQUIDADOR de los bienes sociales en cumplimiento de la normatividad legal y a los diferentes requerimientos del juzgado que conoce de la liquidaci\u00f3n de la sociedad de hecho, verbo y gracia auto de fecha xxx (sic), motivo por el cual nunca el LIQUIDADOR ha podido ejercer sus funciones en debida forma bajo la posici\u00f3n permisiva del JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO quien ha asumido una actitud pasiva frente a la actitud dilatoria y desafiante del demandado, limit\u00e1ndose a expedir autos PROMETIENDO sanciones las cuales nunca ha hecho efectivas\u00bb. <\/p>\n
A su turno, indic\u00f3 que no era pertinente declarar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, puesto que el proceso liquidatorio no ha finalizado. As\u00ed pues, comoquiera que la sociedad de hecho se encuentra en estado de liquidaci\u00f3n, \u00abaun pertenece al mundo jur\u00eddico y mientras sea as\u00ed, la explotaci\u00f3n de los locales comerciales que hacen parte de la sociedad existen, funcionan y son dirigidos, administrados y explotados por el demandado se\u00f1or OSCAR RUIZ, sin participar de las utilidades a su socio el se\u00f1or JUAN URIBE\u00bb. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en que en las providencias dictadas el 26 de noviembre de 2018 y 27 de enero del 2020, \u00abigualmente la magistrada asumi\u00f3 posiciones similares a la enunciada en precedencia, dentro de las cuales brill\u00f3 por su ausencia, de manera injustificada, el estudio juicioso de todos los elementos constitutivos de los elementos procedimentales y sustanciales al atendar contra la SEGURIDAD JUR\u00cdDICA, pues en dichas providencias se dio al traste con la sentencia proferida por el juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medell\u00edn\u00bb. <\/p>\n
4. En consecuencia, pidi\u00f3 que se deje sin efectos la sentencia dictada el 28 de octubre del 2022 y, en su lugar, se confirme el fallo dictado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medell\u00edn en el proceso 2021-00004. Adem\u00e1s, inst\u00f3 a que se decrete \u00abla firmeza de la integridad de las sentencias de primera y segunda instancia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medell\u00edn, dentro del proceso con radicado 0500131030042014000973 promovido por el se\u00f1or JUAN URIBE en contra de OSCAR SIERRA, ordenando la liquidaci\u00f3n de la sociedad decretada judicialmente en los t\u00e9rminos establecidos en tales sentencias, dejando sin efecto las providencias proferidas por el Tribunal Superior de Medell\u00edn de fechas noviembre 26 de 2018 y enero 22 de 2020 (sic)\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Corporaci\u00f3n querellada defendi\u00f3 la legalidad de su proceder. Adem\u00e1s, destac\u00f3 que quien propuso el amparo no contaba con poder ni acredit\u00f3 las condiciones para actuar como agente oficiosa, por lo cual el ruego deven\u00eda improcedente. <\/p>\n
2. \u00d3scar Alberto Ruiz Uribe, por intermedio de apoderado, se opuso a la prosperidad del ruego, tras estimar que en lo actuado por los falladores criticados no se detectaba la configuraci\u00f3n de alguna v\u00eda de hecho. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el actor cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n proferida el 28 de octubre del 2022 en el proceso de radicado 2021-00004-00, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, al considerar que se violentaron sus garant\u00edas b\u00e1sicas. Lo propio predica respecto de los autos dictados por aquella Corporaci\u00f3n el 26 de noviembre de 2018 y el 27 de enero de 2020, en el juicio con radicado 2014-00973, comoquiera que desconocen la sentencia del Juez Cuarto Civil del Circuito de Medell\u00edn, fechada el 27 de abril del 2012, la cual se encuentra ejecutoriada, y que fuera proferida dentro del juicio con consecutivo 2009-00602. <\/p>\n
2. En el mencionado pronunciamiento de 28 de octubre pasado, iterase, la Sala Civil de la Colegiatura de Medell\u00edn revoc\u00f3 la sentencia del 9 de agosto del 2022, dictada, a su vez, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma capital dentro del pleito con consecutivo 2021-00004. <\/p>\n
Para llegar a esa conclusi\u00f3n, refiri\u00f3, en primer t\u00e9rmino, que el demandante -y aqu\u00ed accionante- no estaba legitimado -por activa- para solicitarle al interpelado (\u00d3scar Alberto Ruiz) que rindiera cuentas \u00aben su condici\u00f3n de socio administrador de los bienes de la sociedad de hecho declarada judicialmente, correspondiente al per\u00edodo comprendido entre el mes de septiembre de 2009 y la fecha actual\u00bb. Esto, en tanto quien en realidad deb\u00eda pedir la rendici\u00f3n de cuentas era el liquidador de la sociedad, por cuanto la sociedad estaba en estado de liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
En segundo lugar, acot\u00f3 que en todo caso la acci\u00f3n estaba prescrita. Trayendo a colaci\u00f3n lo dispuesto en los art\u00edculos 235 de la Ley 222 de 1995 y 256 del C\u00f3digo de Comercio, as\u00ed como lo se\u00f1alado por la jurisprudencia que los hab\u00eda desarrollado, advirti\u00f3: <\/p>\n
\u00abPara la Sala es claro (\u2026) que en estos casos el hito para que despunte el t\u00e9rmino para demandar la rendici\u00f3n de cuentas es, en el mejor de los casos para los intereses de la parte demandante, la fecha en que alcanz\u00f3 ejecutoria la sentencia que declar\u00f3 la existencia de la sociedad de hecho dictada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medell\u00edn (adjunto), es decir, el 6 de agosto de 2014, y m\u00e1s precisamente desde que se surti\u00f3 la notificaci\u00f3n de la sentencia confirmatoria de segunda instancia dictada por la Sala Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal de Antioquia que, ocurri\u00f3 a trav\u00e9s de notificaci\u00f3n de su apoderada en la Corporaci\u00f3n que la dict\u00f3 (\u2026) el 11 de agosto de ese a\u00f1o. Pero en este caso la demanda se present\u00f3 apenas el 18 de enero de 2021, lo cual ser\u00eda suficiente para declarar prescrita la acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Revisada la determinaci\u00f3n rese\u00f1ada, se evidencia que el Tribunal atacado explicit\u00f3, motivadamente, las razones que lo condujeron a deducir que la acci\u00f3n intentada por el all\u00ed demandante y aqu\u00ed censor deven\u00eda inviable. <\/p>\n
Tal conclusi\u00f3n, independientemente de que sea o no compartida, no se muestra abiertamente contraria a la realidad probatoria y procesal que refleja el expediente contentivo del proceso cuestionado y tampoco luce manifiestamente ayuna de fundamento ni alejada del orden jur\u00eddico, en tanto se sustent\u00f3 en una hermen\u00e9utica plausible de la normatividad aplicable, contando, inclusive, con soporte jurisprudencial abundante. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el sub lite se observa una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad jurisdiccional accionada -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de manera que la salvaguarda peticionada no puede prosperar, por cuanto el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden2. <\/p>\n
3. Frente a las resoluciones de 26 de noviembre de 2018 y de 27 de enero de 2020, dictadas por la Sala Civil del Tribunal querellado al interior del proceso 2014-00973 (liquidaci\u00f3n de sociedad mercantil de hecho), la tutela deviene improcedente. Esto, porque, \u00e9sta se propuso a finales del 2022, es decir, mucho despu\u00e9s de transcurridos los seis meses que la jurisprudencia ha estimado razonables para acudir a la jurisdicci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterada en CSJ STC2414-2021) (Resalta la Sala). <\/p>\n
4. En consecuencia, se negar\u00e1 la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En realidad, parece referirse es al auto de 27 de enero de 2020, por el cual la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn se pronunci\u00f3 respecto de las apelaciones interpuestas contra el auto de 18 de julio de 2019, dictado por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medell\u00edn dentro del proceso 2014-00973. <\/p>\n
2\u0002 Al respecto, ver, entre otras, STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en la CSJ STC7607-2021. <\/p>\n
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