STC2740-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2740-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-01021-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la tutela promovida por \u00c1ngel Arles Mart\u00ednez Noguera contra la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Tercero de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Neiva, al se\u00f1or Rodrigo Celada Ciceri y a los dem\u00e1s intervinientes en los juicios censurados. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 el amparo de sus garant\u00edas superiores al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establecen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El actor, en representaci\u00f3n legal de la sociedad Taxis Rio S.A.S., instaur\u00f3 una demanda verbal sumaria contra el se\u00f1or Rodrigo Celada Ciceri, que correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Neiva, el cual la admiti\u00f3 el 18 de diciembre de 2019, dispuso la notificaci\u00f3n al accionado y le concedi\u00f3 30 d\u00edas para contestar la demanda. <\/p>\n
2.2. El 27 de febrero de 2020, el Juzgado inform\u00f3 que transcurri\u00f3 en silencio el t\u00e9rmino, sin que la parte demandada se notificara ni contestara la demanda, por lo que podr\u00eda notificarla por aviso. <\/p>\n
2.3. El accionante aduce que, debido a la emergencia sanitaria que oblig\u00f3 al confinamiento, los juzgados estuvieron cerrados y que, el 3 de julio de 2020, el despacho resolvi\u00f3 terminar el proceso, por desistimiento t\u00e1cito, decisi\u00f3n que fue impugnada y, posteriormente, solicit\u00f3 su nulidad, que fueron negadas. <\/p>\n
2.4. Debido a ello, en su calidad de representante legal de la empresa Taxis Rio S.A.S., instaur\u00f3 una tutela, para que se ordenara al Juzgado que decretara la nulidad del auto del 3 de julio de 2020 y dejara sin efecto el archivo del proceso; sin embargo, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva la neg\u00f3 el 10 de septiembre de 2020, por inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
2.5. La Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Neiva, por providencia del 15 de octubre de 2020, revoc\u00f3 el fallo del a quo y ampar\u00f3 el derecho de \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia invocado por \u00c1NGEL ARLES MART\u00cdNEZ NOGUERA en representaci\u00f3n de TAXIS RIO SAS\u00bb, dej\u00f3 sin efecto el auto del 3 de julio de 2020 y orden\u00f3 al Juzgado Tercero de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Neiva que revise la notificaci\u00f3n del demandado, dejando \u00abexpresa constancia secretarial en el expediente del conteo, transcurso y vencimiento de los t\u00e9rminos de que tratan los art\u00edculos 291 y 292 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
2.6. El accionante alega que han transcurrido varios a\u00f1os y que, a pesar de que solicit\u00f3 al Tribunal que obligara al Juzgado Tercero de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Neiva que le expidiera \u00abcopia de la constancia secretarial y el acuso de recibido de la contestaci\u00f3n de la demanda del se\u00f1or Rodrigo Celada\u00bb, esto no ha sido posible. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, el censor pide que se ordene a \u00abquien corresponda me den copia\u00bb de la documentaci\u00f3n requerida. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala accionada manifest\u00f3 que lo solicitado se contrae a obtener el cumplimiento de la sentencia de tutela, lo cual, conforme a lo previsto por el art\u00edculo 27 del Decreto 2591 de 1991, le compete vigilar al Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva, despacho al que, por Secretar\u00eda de la Corporaci\u00f3n, se redireccion\u00f3 la petici\u00f3n del actor, por lo que, en su sentir, resulta extra\u00f1o que esperara pronunciamiento alguno por cuenta del Tribunal, m\u00e1xime cuando el Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva \u00abs\u00ed le ofreci\u00f3 el tr\u00e1mite de que trata del art\u00edculo 27 del Decreto 2591 de 1991, a partir de la solicitud que present\u00f3 el 01 de marzo de 2023\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Neiva indic\u00f3 que, en el 2020, obedeci\u00f3 lo dispuesto en sede constitucional y que todos los recursos interpuestos por el incidentalista fueron debidamente atendidos y resueltos en el respectivo tr\u00e1mite de instancia, sumado a que al tutelante se le ha remitido, en innumerables ocasiones, el enlace de acceso al expediente e, incluso, se le ha entregado en f\u00edsico copia de algunas actuaciones procesales que ha solicitado. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, el tutelante pretende el amparo de sus derechos fundamentales, los cuales considera vulnerados, porque no se ha expedido \u00abcopia de la constancia secretarial y el acuso de recibido de la contestaci\u00f3n de la demanda del se\u00f1or Rodrigo celada\u00bb, a pesar de que solicit\u00f3 al Tribunal que obligara al Juzgado Tercero de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de Neiva en ese sentido, sin que ese Colegiado se haya pronunciado al respecto. <\/p>\n
2. La Sala advierte que la tutela carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por ausencia del presupuesto de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
2.1. En efecto, sobre la legitimaci\u00f3n en la causa para promover una acci\u00f3n de tutela, debe tenerse en cuenta que el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que \u00e9sta \u00ab[p]odr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u2026\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
2.2. Ahora bien, la Corte Constitucional tiene decantado que las personas jur\u00eddicas tambi\u00e9n son titulares de algunos derechos fundamentales, los cuales pueden ser desconocidos por las autoridades o por particulares, lo que hace viable el escenario de la tutela para la protecci\u00f3n de esas garant\u00edas, en forma independiente de quienes la integran y en su representaci\u00f3n. En esos t\u00e9rminos, en la sentencia SU-439 de 2017 clarific\u00f3 las pautas a seguir para la identificaci\u00f3n de la legitimaci\u00f3n en la causa por activa de la persona jur\u00eddica en la acci\u00f3n de tutela, as\u00ed: <\/p>\n
(i) Las personas jur\u00eddicas est\u00e1n facultadas para formular acciones de tutela en nombre propio o como agentes oficiosos de sus socios. <\/p>\n
(ii) La solicitud de amparo por parte de las personas jur\u00eddicas debe hacerse, prima facie, por medio de sus representantes legales. Tambi\u00e9n se permitir\u00eda que se actuara a trav\u00e9s de un adecuado apoderamiento judicial, y, extraordinariamente, en virtud de una agencia oficiosa\u2026 <\/p>\n
(iv) La persona jur\u00eddica est\u00e1 en capacidad de velar por la protecci\u00f3n de sus propios derechos, es decir, se descarta que sus socios act\u00faen para la salvaguarda de sus intereses (\u2026). <\/p>\n
2.3. Aplicadas las anteriores nociones al caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se advierte la improcedencia de la salvaguarda propuesta, por falta de legitimaci\u00f3n del se\u00f1or \u00c1ngel Arles Mart\u00ednez Noguera, dado que en los procesos rebatidos actu\u00f3 como sujeto procesal la empresa Taxis Rio S.A.S. y, por tanto, es esa persona jur\u00eddica la titular de los derechos invocados, y porque aqu\u00e9l no alleg\u00f3, con la presente tutela, el certificado vigente que acredite que es su actual representante legal; y, aunque en el expediente obra una certificaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Neiva del 6 de agosto de 20181, su antig\u00fcedad no permite tener certeza de que quien all\u00ed aparece como representante contin\u00fae ejerciendo ese cargo y, en consecuencia, resulta inviable estudiar el fondo del ruego impetrado, tal y como lo ha considerado la jurisprudencia de esta Corte en asuntos similares (CSJ STC2277-2022). <\/p>\n
3. Por lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la tutela. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Visible a folios 5-10 del archivo 001Proceso2019-869.pdf del expediente digital. <\/p>\n
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