STC2744-2023<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2744-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04113-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Zoilo Jos\u00e9 Pulido Guam\u00e1n contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Veintitr\u00e9s Civil del Circuito de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origina la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, confianza leg\u00edtima y seguridad jur\u00eddica, que dice vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdejar sin valor ni efectos el auto de 2 de marzo de 2022 del Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, y el de 31 de octubre de 2022 de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que declar\u00f3 bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el mismo\u2026 y, en su lugar, profiera nueva providencia que, confirme a las directrices se\u00f1aladas por el juez constitucional, resuelva sobre el mandamiento ejecutivo de pago\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Zoilo Jos\u00e9 Pulido Guam\u00e1n formul\u00f3 proceso de responsabilidad civil en contra de la Sociedad Autoboy S.A., con el fin de que se le reconociera y pagara los perjuicios causados, tras la desvinculaci\u00f3n de un automotor de su propiedad de dicha empresa, con el que se prestaba el servicio p\u00fablico colectivo de transporte en el corredor Bogot\u00e1-Soacha, en la medida en que dicha empresa aval\u00f3 sin su consentimiento el cambio de servicio p\u00fablico a particular; surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 28 de noviembre de 2014 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1, accedi\u00f3 a las pretensiones; determinaci\u00f3n que, en sede de alzada, revoc\u00f3 el Tribunal. <\/p>\n
2.2. El 18 de diciembre de 2020 la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n cas\u00f3 el fallo recurrido y, en sede de instancia, confirm\u00f3 el emitido por el fallador de primera instancia; y, el 25 de agosto de 2021 neg\u00f3 la solicitud de adici\u00f3n y\/o complementaci\u00f3n pretendida por el promotor, al considerar que, respecto de los intereses, fue un tema que se abord\u00f3 en el fallo de instancia, precisando que sobre dicho rubro no hab\u00eda lugar a proveer de oficio, toda vez que el actor no involucr\u00f3 dicho rubro en la apelaci\u00f3n y, sobre la actualizaci\u00f3n de la condena en concreto, resalt\u00f3 que tal reajuste deb\u00eda realizarse al momento del pago. <\/p>\n
2.4. El 31 de octubre de 2022 el Tribunal, al resolver el recurso de queja impetrado, declar\u00f3 bien denegada la referida apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de las decisiones referida a espacio, pues, a su parecer, de un lado, el Tribunal \u00abse dej\u00f3 llevar por el \u201cingenio\u201d del a-quo y declar\u00f3 bien denegada la alzada contra aquel adefesio del a quo, con el mero argumento de no figurar la orden de ajustar la demanda como apelable, pero sin detenerse a mirar el contenido y alcance del mismo, pues si lo hubiera hecho, sin lugar a duda, habr\u00eda concluido que ciertamente correspond\u00eda a una negaci\u00f3n del mandamiento ejecutivo de pago, as\u00ed fuera t\u00e1cita y, en consecuencia, s\u00ed era apelable, por as\u00ed disponerlo expresamente el art\u00edculo 438 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
2.6. Por otra parte, anot\u00f3 que el Juzgado \u00abse invent\u00f3 un auto no previsto en el C\u00f3digo General del Proceso, por cuanto este ordenamiento no tiene previsto en ninguna de sus normas que frente a una demanda ejecutiva el juez pueda ordenar ajustarla\u00bb, pues, de considerar que no se daba alguna de las circunstancias previstas en el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso debi\u00f3 inadmitir, o, en sentido contrario, librar mandamiento de pago en la forma pedida. <\/p>\n
2.7. Manifest\u00f3 que de manera impl\u00edcita el estrado judicial \u00ablo que hizo fue negar el mandamiento ejecutivo de pago solicitado\u2026, en la medida en que dio a entender que para \u00e9l solo proced\u00eda la ejecuci\u00f3n por la suma nominal se\u00f1alada en la sentencia de primera instancia, a la postre confirmada por la H. Corte Suprema de Justicia, pero ni siquiera esa suma orden\u00f3 que la sociedad demandada [le] pagara\u00bb, sumado a que le \u00abimpuso como impedimento insuperable renunciar a cobrar la correcci\u00f3n monetaria y los intereses, porque no se hab\u00edan ordenado pagar en la sentencia que puso fin a la instancia\u00bb. <\/p>\n
2.8. Agreg\u00f3 que conforme al art\u00edculo 65 de la ley 45 de 1990 en las obligaciones mercantiles de car\u00e1cter dinerario \u00abel deudor estar\u00e1 obligado a pagar intereses en caso de mora y a partir de ella\u00bb, raz\u00f3n por la que pretendi\u00f3 el pago \u00abde los intereses moratorios causados con posterioridad a la sentencia de segundo grado\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. El Juzgado Veintitr\u00e9s Civil del Circuito de Bogot\u00e1 relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; manifest\u00f3 que no ha vulnerado las garant\u00edas imploradas, habida cuenta que, \u00abrespecto de la solicitud (no se alleg\u00f3 demanda ejecutiva con las formalidades de ley, como para aplicar el art. 90 del C.G.P. exeg\u00e9ticamente) de ejecuci\u00f3n de sentencia que actor alleg\u00f3 bajo los apremios del art\u00edculo 306 de nuestra normatividad procesal civil, solo se le requiri\u00f3 para que ajustase conforme lo ordenado en sentencia de instancia, teniendo en cuenta las disposiciones del art\u00edculo 284 ejusdem, mas no se le indic\u00f3 al actor que se le negar\u00eda la ejecuci\u00f3n como lo pretende hacer ver\u00bb; remiti\u00f3 link para consulta del expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, los dem\u00e1s convocados no hab\u00edan efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
OTRAS ACTUACIONES <\/p>\n
Previo a dar tr\u00e1mite a la presente petici\u00f3n de amparo, el suscrito, junto con los Magistrados Luis Alonso Rico Puerta, Octavio Augusto Tejeiro Duque, Francisco Ternera Barrio e Hilda Gonz\u00e1lez Neira manifestamos impedimento para conocer la acci\u00f3n de tutela, al considerar configuradas las causales 4\u00aa y 6\u00aa del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, pues con las decisiones de 18 de diciembre de 2020 y 25 de agosto de 2021 (SC5193-2020 y AC3686-2021), se resolvi\u00f3 sobre el asunto materia del proceso, especialmente sobre los intereses y la condena en concreto de las que ahora se duele el promotor. <\/p>\n
Con auto de 3 de marzo de los corrientes (ATC216-2023) esta Sala de Casaci\u00f3n, con la participaci\u00f3n de los conjueces, no acept\u00f3 las manifestaciones de apartamiento para conocer de este asunto, ello, al concluir que, de un lado, que las providencias en las que participaron los funcionarios \u00abSC5193-2020 y AC3686-2021- adem\u00e1s de proferirse antes del tr\u00e1mite compulsivo que aqu\u00ed se reprocha, no incluye concepto alguno sobre el debate ahora suscitado, esto es, la negativa del Juzgado Veintitr\u00e9s Civil del Circuito de Bogot\u00e1 de librar mandamiento de pago y la presunta inobservancia del Tribunal Superior de esta ciudad, en cuanto a la procedencia de la apelaci\u00f3n interpuesta contra esa decisi\u00f3n\u00bb; y, por otra parte, porque \u00abel accionante reprocha determinaciones adoptadas en la ejecuci\u00f3n que promovi\u00f3 a continuaci\u00f3n del proceso ordinario, sin efectuar ning\u00fan debate en relaci\u00f3n con las providencias proferidas por esta Sala\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Analizada la demanda de tutela, se observa que su promotor cuestion\u00f3: (i) el prove\u00eddo de 31 de octubre de 2022 por medio del cual el Tribunal declar\u00f3 bien denegada la apelaci\u00f3n formulada contra el auto que requiri\u00f3 ajustar la orden de pago; pues, a su parecer, dicho remedio es procedente, comoquiera que, impl\u00edcitamente se debe entender una negativa a la orden de apremio; y (ii) el auto de 17 de junio de 2022, con el que el Juzgado encausado mantuvo el de 22 de marzo anterior, a trav\u00e9s del cual requiri\u00f3 al promotor para adecuar la solicitud de orden de pago, pues, en su sentir, el estrado emiti\u00f3 un auto inadecuado, toda vez que, lo proceden es inadmitir la demanda, librar o negar el mandamiento de pago, m\u00e1s no emitir requerimientos. <\/p>\n
3. Bajo esa perspectiva, en lo concerniente al primero de los reproches, advierte la Corte que el resguardo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto el Tribunal convocado, en la providencia de 31 de octubre de 2022, tras indicar la finalidad del recurso de queja conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 352 del C\u00f3digo General del Proceso, y la taxatividad del remedio vertical, consign\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026Se refuta el auto calendado dos (2) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022), proferido en el Juzgado veintitr\u00e9s (23) Civil del Circuito de Bogot\u00e1, que deneg\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n contra el auto adiado veinticinco (25) de enero de 2022, mediante el cual se requiri\u00f3 a la parte actora para que adecue la solicitud de ejecuci\u00f3n de la sentencia. <\/p>\n
Con fines a proveer la decisi\u00f3n que invoca el conocimiento de la Sala, se habr\u00e1 de precisar a las partes que, la situaci\u00f3n censurada por el recurrente \u2013auto que dispone adecuar la solicitud de ejecuci\u00f3n de la sentencia- no se encasilla dentro de los eventos dispuestos en el art\u00edculo 321 del C.G.P., ni en ninguna otra disposici\u00f3n especial que permita su aplicaci\u00f3n por remisi\u00f3n de la cl\u00e1usula residual prevista en el evento 10\u00b0 de la norma adjetiva en comento. <\/p>\n
Ha de memorarse que el recurso de apelaci\u00f3n se encuentra gobernada por principios como la taxatividad y especificidad (numerus clausus) hecho por el cual, exclusivamente, son susceptibles de controversia las decisiones que de manera expresa sean enlistadas con dicha eventualidad. <\/p>\n
Para el efecto, tampoco resulta loable acudir a esta instancia bajo el entendido de encontrase en desacuerdo de las decisiones emitidas dentro del tr\u00e1mite de ejecuci\u00f3n, pues no puede pasarse por alto que la queja est\u00e1 dise\u00f1ada para analizar si el Juez de primera instancia se equivoc\u00f3 al negar la apelaci\u00f3n, por lo tanto, no es viable analizar las exigencias procesales propias de las partes, recu\u00e9rdese que las normas de procedimiento son de orden p\u00fablico y por tanto de obligatorio cumplimiento. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del tutelante no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el inconforme es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Tribunal valor\u00f3 los elementos de juicio aportados al diligenciamiento y concluy\u00f3 que el prove\u00eddo que dispuso adecuar la solicitud de ejecuci\u00f3n no est\u00e1 encasillado en las decisiones susceptibles de apelaci\u00f3n, conforme lo dispone el art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, relievando que la determinaci\u00f3n del juzgado no puede interpretarse como una negativa a la orden de pago, pues dicho remedio goza de taxatividad. <\/p>\n
Entonces, tales deducciones del Tribunal no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
4. Respecto al otro de los reclamos del actor, ha de resaltarse que en los precisos casos en los cuales el funcionario judicial incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si la afectada no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
4.1. Descendiendo al caso sub examine advierte la Corte que el juzgado enjuiciado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, toda vez que, desconoci\u00f3 lo previsto en el inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 430 del C\u00f3digo General del Proceso, conforme al cual \u00abpresentada la demanda acompa\u00f1ada de documento que preste m\u00e9rito ejecutivo, el juez librar\u00e1 mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligaci\u00f3n en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal\u00bb. <\/p>\n
En efecto, verificadas las piezas procesales allegadas al plenarios, se evidencia que con base en la sentencia de instancia emitida en el juicio ordinario 2012-00057 el promotor solicit\u00f3 \u00ablibrar mandamiento de pago a favor de Zoilo Jos\u00e9 Pulido Guam\u00e1n y en contra de Autoboy S.A., por la suma de\u2026 $219\u00b4513.823,12 moneda corriente, m\u00e1s intereses moratorios desde el 15 de septiembre de 2021 y hasta cuando el pago se realice, a la tasa equivalente a una y media veces el inter\u00e9s bancario corriente\u00bb; empero, el estrado judicial, el 2 de marzo de 2022 dispuso que, \u00abprevio a continuar con el presente tr\u00e1mite, la solicitud de la orden de pago reclamada deber\u00e1 ser ajustada a lo ordenado en la sentencia que puso fin a la instancia\u2026\u00bb, decisi\u00f3n que mantuvo el 17 de junio siguiente. <\/p>\n
En ese orden, se evidencia que el despacho judicial con el referido requerimiento, se apart\u00f3 de la normatividad en cita (inc.1\u00b0 art\u00edculo 430 C.G.P), habida cuenta que, tras solicitar el cobro de una obligaci\u00f3n, lo pertinente para el fallador es librar la orden de apremio en la forma pretendida, otrora, negar el mandamiento de pago por no atender los presupuestos de ejecuci\u00f3n, y no requerir, como en efecto lo hizo. <\/p>\n
Ahora, no desconoce la Corte que este tipo de asuntos tambi\u00e9n son susceptibles de inadmisi\u00f3n, sin embargo, ello opera, exclusivamente, cuando se incumplen los presupuestos formales dispuestos en el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso, con excepci\u00f3n de los numerales 6\u00b0 y 7\u00b0 relativo a la exigencia del juramento estimatorio y el agotamiento de la conciliaci\u00f3n prejudiciales; de donde, se itera, tampoco contempla la posibilidad de requerimiento previo para ajustar la solicitud de pago. <\/p>\n
Al respecto, esta Corte en aplicaci\u00f3n a las aludidas normas, dej\u00f3 dicho que: <\/p>\n
Las demandas ejecutivas, al igual que otros libelos, son susceptibles de ser inadmitidos con estribo en los motivos contemplados en el art\u00edculo 90 del C.G.P. Claro, dada la naturaleza del derecho que a trav\u00e9s de ellas se pretende hacer valer, no le son aplicables todas las circunstancias all\u00ed previstas, concretamente las de los numerales 6\u00b0 y 7\u00b0, relativas a no realizar el juramento estimatorio y no agotar la conciliaci\u00f3n prejudicial. <\/p>\n
Ahora, cuando con la demanda no se aporta el t\u00edtulo base de la acci\u00f3n, es factible inadmitirla con estribo en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 90, por no haberse acompa\u00f1ado los anexos ordenados en la ley. Ello, porque al tenor del canon 30 de dicho estatuto, a la demanda debe adjuntarse el \u00abdocumento que preste m\u00e9rito ejecutivo\u00bb. De modo que si dentro del plazo otorgado para subsanar no se allega, ser\u00e1 del caso rechazar la demanda. El acreedor, entonces, estar\u00e1 facultado para presentar un nuevo libelo, en el que, ahora s\u00ed, adjunte el documento que pretende hacer valer como t\u00edtulo. <\/p>\n
Pero cuando lo que sucede, es que la pieza aportada no tiene car\u00e1cter de ejecutivo, o el sentenciador echa de menos esa calidad al evaluarlo, no hay razones para inadmitir la demanda. El art\u00edculo 90 ni ninguna otra norma lo autoriza. Y de los preceptos 430 y 438 se desprende, que la presencia del documento, pero sin las calidades consagradas en el art\u00edculo 422, debe provocar una decisi\u00f3n de fondo: la negativa a librar mandamiento ejecutivo. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que a voces del canon 430 del C.G.P., \u00abpresentada la demanda acompa\u00f1ada de documento que presta m\u00e9rito ejecutivo, el juez librar\u00e1 mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligaci\u00f3n en la forma pedida, si fuera procedente, o en la que aqu\u00e9l considere legal\u00bb. Y, al tenor del 438: \u00ab[e]l mandamiento ejecutivo no es apelable; el auto que lo niegue total o parcialmente y el que por v\u00eda de reposici\u00f3n lo revoque, lo ser\u00e1 en el suspensivo. Los recursos de reposici\u00f3n contra el mandamiento ejecutivo se tramitar\u00e1n y resolver\u00e1n conjuntamente cuando haya sido notificado a todos los ejecutados\u00bb. <\/p>\n
Significa entonces, que en la hip\u00f3tesis de que el documento aducido como t\u00edtulo no preste m\u00e9rito ejecutivo, es improcedente inadmitir o rechazar la demanda. Lo apropiado ser\u00e1 negar la orden de apremio solicitada, al carecer el ejecutante del derecho a reclamar, por la v\u00eda del coercitivo, la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n invocada. <\/p>\n
3.- De los requisitos para cobrar una obligaci\u00f3n por la v\u00eda ejecutiva. <\/p>\n
Respecto a los requisitos que deben cumplirse para demandar ejecutivamente el pago de una obligaci\u00f3n, el art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso contempla que \u00ab[p]ueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra \u00e9l, (\u2026) y los dem\u00e1s documentos que se\u00f1ale la ley(\u2026)\u00bb (negrillas propias). Sobre ellos, la Corte ha dicho: <\/p>\n
La claridad de la obligaci\u00f3n, consiste en que el documento que la contenga sea inteligible, inequ\u00edvoco y sin confusi\u00f3n en el contenido y alcance obligacional de manera que no sea oscuro con relaci\u00f3n al cr\u00e9dito a favor del acreedor y la deuda respecto del deudor. Que los elementos de la obligaci\u00f3n, sustancialmente se encuentren presentes: Los sujetos, el objeto y el v\u00ednculo jur\u00eddico. Tanto el pr\u00e9stamo a favor del sujeto activo, as\u00ed como la acreencia en contra y a cargo del sujeto pasivo. <\/p>\n
La expresividad, como caracter\u00edstica adicional, significa que la obligaci\u00f3n debe ser expl\u00edcita, no impl\u00edcita ni presunta, salvo en la confesi\u00f3n presunta de las preguntas asertivas. No se trata de que no haya necesidad de realizar argumentaciones densas o rebuscadas para hallar la obligaci\u00f3n, por cuanto lo meramente indicativo o impl\u00edcito o t\u00e1cito al repugnar con lo expreso no puede ser exigido ejecutivamente. Tampoco de suposiciones o de formulaci\u00f3n de teor\u00edas o hip\u00f3tesis para hallar el t\u00edtulo. Y es exigible en cuanto la obligaci\u00f3n es pura y simple o de plazo vencido o de condici\u00f3n cumplida. (STC3298-2019) (Subraya la Sala). <\/p>\n
Luego, a efectos de librar o negar el mandamiento ejecutivo correspondiente el fallador debe determinar si el documento aducido como t\u00edtulo releva la existencia de una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible. (CSJ, STC13670-2022). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se evidencia el yerro denunciado, pues, como qued\u00f3 visto, tras la solicitud de ejecuci\u00f3n de la obligaci\u00f3n pretendida por el accionante, lo procedente por el despacho era librar orden de apremio en la forma pedida, o negar el mandamiento de pago, o, por \u00faltimo, inadmitir la demanda, eventualmente, por aspecto meramente formales, de donde, se insiste, la normatividad aplicable al caso concreto, no contempla la posibilidad de \u00abrequerimientos previos\u00bb, como en efecto actu\u00f3 el juzgado, configur\u00e1ndose un defecto procedimental absoluto. <\/p>\n
Al respecto, sobre el defecto procedimental como procedencia de la acci\u00f3n de tutela, la Corte Constitucional ha indicado que: <\/p>\n
…este defecto puede ser (i) de tipo absoluto; o (ii) por exceso ritual manifiesto. Sobre el particular, la sentencia SU-770 de 2014 indic\u00f3 que el defecto procedimental absoluto se presenta \u2018cuando el procedimiento que adopta el juzgador no est\u00e1 sometido a los requisitos previstos en la ley, sino que obedece a su propia voluntad\u2026 porque (i) el juez se ci\u00f1e a un tr\u00e1mite ajeno al pertinente, o porque (ii) el juez omite etapas sustanciales del procedimiento con violaci\u00f3n de los derechos de defensa y de contradicci\u00f3n de una de las partes del proceso\u2026\u2019 (CC T-204\/18). <\/p>\n
5. Lo anterior, permite concluir que el derecho fundamental al debido proceso del tutelante se vio comprometido, por lo que se impone la concesi\u00f3n, con alcance parcial, de la salvaguarda deprecada, raz\u00f3n por la cual se ordenar\u00e1 al Juzgado acusado que, tras dejar sin efecto la providencia censurada (de 17 de junio de 2022, que mantuvo la de 2 de marzo anterior), proceda a imprimir al asunto el tr\u00e1mite que legalmente corresponde, teniendo en cuenta las consideraciones precedentes. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede parcialmente el resguardo al derecho al debido proceso de Zoilo Jos\u00e9 Pulido Guam\u00e1n. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero: Ordenar al Juzgado Veintitr\u00e9s Civil del Circuito de Bogot\u00e1 que, dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, deje sin efecto la providencia de 17 de junio de 2022 a trav\u00e9s de la cual mantuvo el requerimiento efectuado el 2 de marzo anterior; y todas las actuaciones que de \u00e9sta dependan. <\/p>\n
Segundo: Cumplido lo anterior y en un t\u00e9rmino no superior a diez (10) d\u00edas, contado desde la misma data, emita una nueva providencia en la que resuelva sobre la reposici\u00f3n propuesta contra la anotada determinaci\u00f3n de 2 de marzo de 2022, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: En lo no contemplado en las disposiciones antecedentes, se niega el amparo reclamado. <\/p>\n
Cuarto: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC2744-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC2744-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04113-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Zoilo Jos\u00e9 Pulido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71979","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71979","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71979"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71979\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71979"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71979"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71979"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}