STC2745-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2745-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00230-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que promovi\u00f3 Mar\u00eda del Pilar Rivas Mart\u00ednez contra la sentencia del 14 de febrero de 2023 emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta corporaci\u00f3n en la acci\u00f3n de tutela que la recurrente instaur\u00f3 contra la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral Nro. 1 de la Corte Suprema de Justicia, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso ordinario laboral 13001310500520160015501. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora pretende que se ordene revisar la sentencia emitida por la autoridad judicial accionada, con el fin que realice una adecuada valoraci\u00f3n probatoria para que su pensi\u00f3n sea reconocida desde abril de 2013. <\/p>\n
Como soporte de su pedimento adujo que promovi\u00f3 demanda laboral contra la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones- con el objeto de lograr el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de vejez. El asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado 5\u00ba Laboral del Circuito de Cartagena, autoridad que profiri\u00f3 sentencia en la que acogi\u00f3 sus pretensiones (26 agosto 2016); sin embargo, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, en grado de consulta revoc\u00f3 el fallo (19 mayo 2018). <\/p>\n
En vista de lo anterior, la actora present\u00f3 recurso de casaci\u00f3n, el cual fue resuelto por la Sala de Descongesti\u00f3n Nro. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral con fallo SL4686 (5 octubre 2021); adem\u00e1s, en sede de instancia mediante sentencia SL1780 (24 mayo 2022), dicha autoridad modific\u00f3 la sentencia emitida por el Juzgado de primer grado en el sentido de ordenarle a Colpensiones que reconozca la pensi\u00f3n de vejez a la actora, en cuant\u00eda de un salario m\u00ednimo legal mensual vigente, a partir del 1\u00ba de abril de 2018, con los reajustes legales anuales; adem\u00e1s, dispuso absolver a la entidad de la condena al pago de intereses moratorios. <\/p>\n
A juicio de la actora, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte, al emitir la sentencia de instancia desconoci\u00f3 la realidad probatoria, lo que origin\u00f3 que no se valoraran algunas cotizaciones, lo que le caus\u00f3 un perjuicio irremediable, en tanto que \u00abal negarle el beneficio del r\u00e9gimen de transici\u00f3n por errores matem\u00e1ticos habiendo cumplido con los presupuestos legales se le est\u00e1 negando el derecho a la pensi\u00f3n a partir del 12 de abril de 2013 fecha en que cumpli\u00f3 la edad requerida 55 a\u00f1os m\u00e1s las 750 semanas que cumpli\u00f3 el 29 de julio de 2005 conforme al acto legislativo 1 del 2005 derecho que adquiri\u00f3 al adquirir los requisitos a 12 de abril del a\u00f1o 2013 es decir, antes del 31 de diciembre del a\u00f1o 2014\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala de Descongesti\u00f3n Nro. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral adujo que lo pretendido por la demandante es reabrir el debate sobre temas discutidos y decididos en las instancias ordinarias, esto es, el n\u00famero de semanas realmente laboradas para efectos pensionales, lo cual no puede ser avalado por el juez constitucional. <\/p>\n
Adem\u00e1s, defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n y destac\u00f3 que hizo uso de las facultades oficiosas para indagar sobre la situaci\u00f3n laboral de la demandante. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia neg\u00f3 el resguardo por considerar que la decisi\u00f3n es razonable. <\/p>\n
4. La actora impugn\u00f3. Insisti\u00f3 en que la autoridad judicial accionada no le otorg\u00f3 valor probatorio a la certificaci\u00f3n emitida por la administraci\u00f3n de la copropiedad Balcones de Segovia, lo que dio lugar a que se desconociera su derecho al r\u00e9gimen de transici\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desenlace opugnado ser\u00e1 confirmado debido a que la decisi\u00f3n objeto de censura es razonable. <\/p>\n
Revisada la providencia emitida por la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia se advierte que dicha autoridad s\u00ed valor\u00f3 \u00edntegramente las pruebas recaudadas, lo que le permiti\u00f3 advertir que la interesada no cumple con los requisitos para ser beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n debido a que las cotizaciones realizadas a Colpensiones se efectuaron desde el a\u00f1o 1995. As\u00ed lo explic\u00f3: <\/p>\n
En el proceso se cuenta con un certificado laboral, junto con una constancia de salarios remitida a esta Sala de Casaci\u00f3n por la representante legal de la Corporaci\u00f3n Copropiedad Edificio Balcones de Segovia en el que se certifica que la demandante labor\u00f3 en favor de ese empleador entre el 1 de abril de 1991 y el 31 de marzo de 2018, relaci\u00f3n que, si como se afirma en ese documento, fue continua y sin interrupciones, implicar\u00eda contabilizar todo ese tiempo a efectos pensionales, incluso, aquel que registra como no cotizado, en virtud de la eventual mora en la que habr\u00eda incurrido el empleador y a la omisi\u00f3n de la administradora respectiva en instaurar las acciones de recobro. <\/p>\n
Sin embargo, la Corte observa que la afiliaci\u00f3n de la actora, a nombre de ese empleador -al menos, con ese mismo n\u00famero de identificaci\u00f3n- fue realizada el 1 de enero de 1995, por lo que es s\u00f3lo a partir de esa fecha que puede contabilizarse el tiempo laborado para fines pensionales en lo que a esa propiedad horizontal se refiere, ya que \u00fanicamente es posible hablar de una omisi\u00f3n de Colpensiones en el cobro de los aportes a pensiones, desde el momento en que la trabajadora fue afiliada pues, antes de eso, ser\u00eda imposible exig\u00edrsele alguna acci\u00f3n de recobro. <\/p>\n
A partir de lo anterior, la magistratura estableci\u00f3 qu\u00e9 cantidad de semanas de cotizaci\u00f3n ten\u00eda la actora y qui\u00e9nes fueron los empleadores que efectuaron los respectivos aportes, informaci\u00f3n a partir de la cual concluy\u00f3 que la interesada, para el a\u00f1o 2005, no contaba con las 750 semanas de cotizaci\u00f3n que demanda el r\u00e9gimen de transici\u00f3n. Sobre este punto se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
Lo anterior permite inferir que, contrario a lo expuesto por el juez de primera instancia, la demandante no conserv\u00f3 el beneficio de transici\u00f3n hasta el a\u00f1o 2014, de modo que, aunque en un principio contaba con la posibilidad de pensionarse bajo un r\u00e9gimen anterior a la Ley 100 de 1993 por tener m\u00e1s de 35 a\u00f1os de edad al 1 de abril de 1994, con la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 no logr\u00f3 mantenerlo hasta el a\u00f1o 2014, al no reunir 750 semanas al 29 de julio de 2005, por lo que no ten\u00eda derecho a que la prestaci\u00f3n le fuera reconocida bajo los t\u00e9rminos del Acuerdo 049 de 1990. <\/p>\n
En efecto, el a quo de manera errada contabiliz\u00f3 las 750 semanas hasta el 31 de julio de 2010 y no hasta el 29 de julio de 2005, como correspond\u00eda hacerlo a efectos de definir si la actora conserv\u00f3 el r\u00e9gimen de transici\u00f3n del que inicialmente era beneficiaria. Se afirma lo anterior porque el par\u00e1grafo transitorio cuarto del Acto Legislativo 01 de 2005 dispuso que ese n\u00famero de semanas (750) deb\u00eda haberse reunido a la entrada en vigencia de dicha reforma constitucional, a saber, el 29 de julio de 2005, densidad que, como se vio, no se cumpli\u00f3 en esta oportunidad. <\/p>\n
Puestas en este orden las cosas, se evidencia que en realidad lo que existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC10939-2021, STC12501-2022 reiterada en STC15424-2022). <\/p>\n
Por lo expuesto, se convalidar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC2745-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC2745-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00230-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se resuelve la impugnaci\u00f3n que promovi\u00f3 Mar\u00eda del Pilar Rivas Mart\u00ednez contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71980","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71980","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71980"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71980\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71980"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71980"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71980"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}