STC2761-2023<\/p>\n
<\/p>\n
F <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2761-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05001-22-10-000-2023-00019-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos destinados a proteger la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en providencia paralela a esta los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo emitido el 13 de febrero de 2023 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela que la Defensora de Familia adscrita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, le promovi\u00f3 al Juzgado Primero de Familia de Bogot\u00e1, extensiva a los intervinientes en el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos del adolescente Samuel Alejandro Montero Garc\u00eda (rad. 05088-31-11-002-2019-00089-00). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La funcionaria accionante, en defensa de los derechos del adolescente Samuel Alejandro Montero Garc\u00eda a tener una familia y no ser separado de ella, y a la libre expresi\u00f3n de su opini\u00f3n, pidi\u00f3 dejar sin efecto la providencia dictada el 28 de marzo de 2019, mediante la cual el juzgado accionado defini\u00f3 con resoluci\u00f3n de adoptabilidad, el procedimiento administrativo de restablecimiento del menor. <\/p>\n
En su reemplazo, inst\u00f3 que se conmine al juzgado a ordenar \u00abla ubicaci\u00f3n del beneficiario en medio familiar bajo los cuidados de su progenitora, su vinculaci\u00f3n a Modalidad para el fortalecimiento de NNA con discapacidad y sus familias\u00bb, y \u00abla activaci\u00f3n del Sistema Nacional de Bienestar Familiar para que a trav\u00e9s de los programas ofertados por la Alcald\u00eda de Bogot\u00e1 se vincule a la progenitora a atenci\u00f3n psicosocial en pautas de crianza\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, implor\u00f3 que se ordene a la agencia judicial, \u00abdisponer lo pertinente frente al cierre del proceso administrativo de restablecimiento de derechos\u00bb, comoquiera que las medidas solicitadas a favor del adolescente, \u00abno requieren de un PARD activo y que, en el caso, el t\u00e9rmino m\u00e1ximo establecido en la Ley 1098 de 2006 para la definici\u00f3n y seguimiento del PARD se encuentra vencido, siendo imposible para la autoridad administrativa emitir autos o resoluciones en los que se modifique la situaci\u00f3n jur\u00eddica y las medidas dispuestas\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, precis\u00f3 que para adolescentes con la edad de Samuel son casi nulas las posibilidades de consecuci\u00f3n de una familia, a trav\u00e9s de la adopci\u00f3n, con mayor raz\u00f3n, cuando el \u00abComit\u00e9 de Adopciones afirm\u00f3 que [\u00e9l] no tendr\u00eda el perfil para los programas de la iniciativa\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, acot\u00f3 que le exhibi\u00f3 al funcionario convocado la problem\u00e1tica expuesta, sin embargo, no obtuvo \u00e9xito, porque la petici\u00f3n de dejar sin efectos la resoluci\u00f3n de adoptabilidad y las decisiones consecuentes fue rechazada, por improcedente, por auto de 29 de octubre de 2021. <\/p>\n
2.- El juzgado solicit\u00f3 desestimar el ruego porque la resoluci\u00f3n de adoptabilidad se ajustaba a derecho, y al encontrarse en firme, no era posible invalidarla. <\/p>\n
Aunque la progenitora del ni\u00f1o, la Defensor\u00eda de Familia y el Agente del Ministerio P\u00fablico fueron debidamente vinculados al asunto, guardaron silencio. <\/p>\n
3.- El Tribunal neg\u00f3 el amparo. Para ello expuso que la resoluci\u00f3n de adoptabilidad ten\u00eda sustento en las pruebas recaudadas y, adem\u00e1s, estaba destinada a velar por su bienestar y cuidado. A\u00f1adi\u00f3 que las nuevas circunstancias por las que atraviesa el menor no son razones para variar esa determinaci\u00f3n, ya que esa directriz tiene el car\u00e1cter de irrevocable, y conforme al Decreto 987 de 2012, le corresponde al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar adoptar las medidas correspondientes para cumplirla. <\/p>\n
4.- Inconforme con esa decisi\u00f3n, la entidad accionada impugn\u00f3, insistiendo en las observaciones del escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El veredicto de primera instancia debe revocarse, con el fin de dejar sin efectos la resoluci\u00f3n que declar\u00f3 en situaci\u00f3n de adoptabilidad al adolescente Samuel Alejandro Montero Garc\u00eda, pero no por las circunstancias acaecidas con posterioridad a su emisi\u00f3n, sino, porque los hechos que la provocaron no daban lugar a su expedici\u00f3n, como pasa a exponerse. <\/p>\n
1.- Ciertamente, la resoluci\u00f3n por medio del cual se declara en situaci\u00f3n de adoptabilidad de un ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, una vez en firme, es irrevocable. Por ende, es deber del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cumplir dicha determinaci\u00f3n, a fin de salvaguardar el derecho de aquellos a pertenecer a una familia, sin que la alteraci\u00f3n de las circunstancias que originaron su expedici\u00f3n, o las dificultades que surjan en el camino de su ejecuci\u00f3n, habiliten su revisi\u00f3n y posterior reforma. <\/p>\n
En efecto, la declaratoria de adoptabilidad es una de las medidas a la que puede acudir la autoridad administrativa o la judicial, cuando la primera pierde competencia, para proteger y restablecer los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes. En virtud de ella, aquellos son separados de su familia de origen, con el fin de vincularlos a una nueva familia, que a diferencia del primer n\u00facleo, garantice todos sus derechos y su desarrollo integral. <\/p>\n
A diferencia de otras medidas, que pueden tener el car\u00e1cter de transitorias, la declaratoria de adoptabilidad es irrevocable, al punto que genera la terminaci\u00f3n de la patria potestad e impide que, con posterioridad, los padres biol\u00f3gicos intenten cualquier acci\u00f3n encaminada a restablecer el v\u00ednculo filial. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, el canon 108 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia, modificado por el art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 1878 de 2018 consagra: <\/p>\n
Cuando se declare la adoptabilidad de un ni\u00f1o, una ni\u00f1a o un adolescente habiendo existido oposici\u00f3n en cualquier etapa de la actuaci\u00f3n administrativa, y cuando la oposici\u00f3n se presente en la oportunidad prevista en el art\u00edculo 100 del presente C\u00f3digo, el Defensor de Familia deber\u00e1 remitir el expediente al Juez de Familia para su homologaci\u00f3n. <\/p>\n
En los dem\u00e1s casos, la resoluci\u00f3n que declare la adoptabilidad producir\u00e1, respecto de los padres, la terminaci\u00f3n de la patria potestad del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente adoptable y deber\u00e1 solicitarse la inscripci\u00f3n en el libro de Varios y en el registro civil del menor de edad de manera inmediata a la ejecutoria. La Registradur\u00eda del Estado Civil deber\u00e1 garantizar que esta anotaci\u00f3n se realice en un t\u00e9rmino no superior a diez (10) d\u00edas a partir de la solicitud de la autoridad. <\/p>\n
Una vez realizada la anotaci\u00f3n de la declaratoria de adoptabilidad en el libro de varios y en el registro civil del ni\u00f1o, la ni\u00f1a o adolescente, el Defensor de Familia deber\u00e1 remitir la historia de atenci\u00f3n al Comit\u00e9 de Adopciones de la regional correspondiente, en un t\u00e9rmino no mayor a diez (10) d\u00edas. <\/p>\n
Asimismo, el precepto 123 del mismo C\u00f3digo dispone que <\/p>\n
[l]a sentencia de homologaci\u00f3n de la declaratoria de adoptabilidad se dictar\u00e1 de plano; producir\u00e1, respecto de los padres, la terminaci\u00f3n de la patria potestad del ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente adoptable y deber\u00e1 ser inscrita en el libro de varios de la notar\u00eda o de la Oficina de Registro del Estado Civil. <\/p>\n
Si el juez advierte la omisi\u00f3n de alguno de los requisitos legales, ordenar\u00e1 devolver el expediente al Defensor de Familia para que lo subsane. <\/p>\n
Y el par\u00e1grafo del citado precepto 108 establece. <\/p>\n
En firme la providencia que declara al ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente en adoptabilidad o el acto de voluntad de darlo en adopci\u00f3n, no podr\u00e1 adelantarse proceso alguno de reclamaci\u00f3n de la paternidad, o maternidad, ni proceder\u00e1 el reconocimiento voluntario del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, y de producirse ser\u00e1n nulos e ineficaces de pleno derecho. <\/p>\n
De all\u00ed una vez comprobada la necesidad de que el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente deba ser declarado en situaci\u00f3n de adoptabilidad, el paso subsiguiente es ejecutar la medida con miras a incorporarlo a otra familia, a trav\u00e9s de la adopci\u00f3n. Por lo cual, las alteraciones de los hechos que, en su momento, soportaron la medida, como lo ser\u00eda la mejor\u00eda de las circunstancias del medio familiar de origen, no puede provocar su revocatoria, ni, por tanto, el restablecimiento de la situaci\u00f3n jur\u00eddica del beneficiario, anterior a la resoluci\u00f3n de adoptabilidad. <\/p>\n
Tampoco pueden tener esa virtualidad, las eventuales dificultades que surjan a ra\u00edz de la ejecuci\u00f3n de esa decisi\u00f3n, ya que, de todos modos, le compete al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien lidera el Programa de Adopci\u00f3n, adelantar las \u00abactividades tendientes a restablecer el derecho del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente a tener una familia\u00bb. De all\u00ed que, como lo dijo el a quo constitucional, el art\u00edculo 41 del Decreto 987 de 2012, prevea que es competencia de la Subdirecci\u00f3n de adopciones, \u00ab[a]delantar las acciones tendientes a la b\u00fasqueda de alternativas para los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes con declaratoria de adoptabilidad, a quienes por caracter\u00edsticas especiales se les dificulte restituir su derecho a pertenecer a una familia a trav\u00e9s de la adopci\u00f3n y en este sentido, dise\u00f1ar proyectos de vida para los mismos\u00bb. <\/p>\n
De no ser as\u00ed, la situaci\u00f3n del menor siempre quedar\u00eda en vilo, supeditada al vaiv\u00e9n de las circunstancias, y en desmedro de sus garant\u00edas superiores. <\/p>\n
Siendo as\u00ed, es claro que, como lo advirti\u00f3 el juzgado de familia accionado al rechazar la solicitud de revocatoria de la resoluci\u00f3n de adoptabilidad del adolescente Samuel Alejandro (29 oct. 2021), el reintegro material del adolescente a su familia de origen y las circunstancias que han dificultado su proceso de adopci\u00f3n no habilitan, per se, la modificaci\u00f3n de esa directriz. Por ende, desde ese punto de vista, la salvaguarda implorada por la Defensor\u00eda de Familia, adscrita al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como lo concluy\u00f3 el Tribunal de Bogot\u00e1, no pod\u00eda abrirse paso. <\/p>\n
2.- Sin embargo, la Corte advierte que, en el caso, por sus especiales circunstancias, en tanto involucra a un adolescente con una situaci\u00f3n de discapacidad, es necesario flexibilizar el presupuesto de inmediatez de la acci\u00f3n de tutela y revisar la resoluci\u00f3n que lo declar\u00f3 en situaci\u00f3n de adoptabilidad (28 de marzo de 2019). <\/p>\n
Con ese fin se establecer\u00e1n los aspectos que deb\u00edan evaluarse para decretar dicha medida, y luego se determinar\u00e1 c\u00f3mo la autoridad convocada defini\u00f3 la situaci\u00f3n del menor, sin consideraci\u00f3n a ellos, y las evidencias que impon\u00edan adoptar medidas distintas a la resoluci\u00f3n de adoptabilidad para proteger sus derechos. <\/p>\n
2.1.- De las circunstancias que habilitan la declaratoria de adoptabilidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes; de la necesidad de evaluar los factores que dificultan que la familia de origen garantice sus derechos; y del deber de adoptar las medidas encaminadas a superarlos, a fin de preservar el derecho a tener una familia y no ser separado de ella. <\/p>\n
Dados los efectos que produce la resoluci\u00f3n de adoptabilidad, como lo es la separaci\u00f3n de los menores de su familia de origen, como lo ha dicho la Sala, solo puede abrirse paso de manera excepcional, cuando est\u00e9 comprobado que dicho n\u00facleo no es apto para garantizar sus derechos. Igualmente, ha de emitirse tomando en consideraci\u00f3n su inter\u00e9s superior, la prevalencia del derecho \u00aba tener una familia y a no ser separados de ella\u00bb, la garant\u00eda a ser escuchado y que sus opiniones sean tenidas en cuenta para resolver los asuntos que los afectan, as\u00ed como el debido proceso de la familia de origen (STC3649-2020, STC1332-2021, STC11520-2022, entre otras). <\/p>\n
Por ese camino, deben evaluarse los factores que provocan que la familia de origen no cumpla con el deber de cuidado y protecci\u00f3n de los menores de edad, de forma que pueda determinarse si en efecto justifican el rompimiento del v\u00ednculo familiar, o por el contrario, en aras de su preservaci\u00f3n, son susceptibles de ser superados a trav\u00e9s de la adopci\u00f3n de otras medidas, con miras a asegurar que el hogar dispensado por ese n\u00facleo permita \u00absu desarrollo arm\u00f3nico e integral\u00bb (STC716-2023). <\/p>\n
No en vano, el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 3\u00b0 de la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o establece que \u00ab[l]os Estados Partes se comprometen a asegurar al ni\u00f1o la protecci\u00f3n y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de \u00e9l ante la ley y, con ese fin, tomar\u00e1n todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas\u00bb. Y a tono con ello, los numerales 1\u00b0 y 3\u00b0 del art\u00edculo 27 de la misma Convenci\u00f3n establece que tambi\u00e9n debe garantizarse el \u00abderecho de todo ni\u00f1o a un nivel de vida adecuado para su desarrollo f\u00edsico, mental, espiritual, moral y social\u00bb, y, por ello, se deben adoptar \u00abmedidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el ni\u00f1o a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionar\u00e1n asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrici\u00f3n, el vestuario y la vivienda\u00bb. En armon\u00eda con lo anterior, el canon 44 de la Carta Pol\u00edtica ense\u00f1a que \u00abla familia, la sociedad y el Estado tienen la obligaci\u00f3n de asistir y proteger al ni\u00f1o para garantizar su desarrollo arm\u00f3nico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanci\u00f3n de los infractores\u00bb. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n, por su parte, ha dicho que \u00ab(\u2026) las condiciones de los menores de edad, en especial, a las que han sido expuestas por parte de quienes, en primera medida, tienen el deber de protegerlos, deben valorarse a efectos de determinar si hay total abandono, bajo los presupuestos que lo caracterizan o, por el contrario, una falta de diligencia o capacidad, que pueda superarse con otras medidas y, llegado el caso, con el apoyo de las instituciones\u00bb. De all\u00ed que \u00abcuando ha sido expreso el deseo y voluntad de los padres de hacerse cargo de sus hijos, la ausencia de diligencia en el procedimiento administrativo, la falta de condiciones econ\u00f3micas (\u2026) no justifican per se la p\u00e9rdida de la patria potestad\u00bb, correspondi\u00e9ndole a la autoridad encargada de definir la situaci\u00f3n del menor, \u00abejercer todas sus facultades, como director del proceso, para valorar el asunto y ponderar, reflexivamente, los intereses en juego\u00bb (STC11520-2022). <\/p>\n
De donde emerge que los factores o circunstancias que puedan dificultar que la familia de origen garantice su desarrollo arm\u00f3nico e integral no son razones suficientes para declarar a un ni\u00f1o o adolescente en situaci\u00f3n de adoptabilidad, deben ser sopesados con miras a superarlos, a trav\u00e9s de la expedici\u00f3n de las medidas que resulten apropiadas para lograr que el medio familiar respectivo sea garante de sus derechos. <\/p>\n
2.3.- Del deber de valorar con enfoque interseccional, los factores que dificultan a la familia de origen asumir el cuidado y protecci\u00f3n de los menores de edad. <\/p>\n
Ahora, en el camino de determinar si la familia de origen cumple o no con el deber de garantizar los derechos de los menores que la integran, importa esclarecer los miembros responsables de cumplirlo, las circunstancias en que ellos se encuentran, y c\u00f3mo ellas inciden en la ejecuci\u00f3n de ese mandato. <\/p>\n
As\u00ed, ser\u00e1 relevante establecer, si se trata de una familia conformada por una pareja, o de una familia monoparental; si la satisfacci\u00f3n de las necesidades del menor es compartida por sus integrantes o recae de forma exclusiva en uno de ellos; e igualmente, si la capacidad de aquellos para cuidarlos y la toma de decisiones al respecto, est\u00e1 asociada a alguna o varias caracter\u00edsticas diferenciales, como la edad, el g\u00e9nero, la orientaci\u00f3n sexual, la identidad de g\u00e9nero, la pertenencia \u00e9tnica, entre otras. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, como lo establecen algunas leyes del ordenamiento colombiano, y lo tiene dicho la hom\u00f3loga constitucional y esta Corporaci\u00f3n, dichos asuntos deben resolverse con enfoque interseccional, que es la herramienta de an\u00e1lisis que permite visibilizar la existencia de situaciones de vulneraci\u00f3n o discriminaci\u00f3n, derivadas de una o varias circunstancias diferenciales, en orden a adoptar las decisiones encaminadas a superarlas. <\/p>\n
Sobre el particular, el art\u00edculo 13 de la Ley 1448 de 2011, \u00abpor la cual se dictan medidas de atenci\u00f3n, asistencia y reparaci\u00f3n integral a las v\u00edctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones\u00bb, establece que \u00abel principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con caracter\u00edsticas particulares en raz\u00f3n de su edad, g\u00e9nero, orientaci\u00f3n sexual y situaci\u00f3n de discapacidad\u00bb. En consecuencia, \u00abdeber\u00e1n adoptarse criterios diferenciales que respondan a las particularidades y grado de vulnerabilidad de cada uno estos grupos poblacionales\u00bb, e \u00abigualmente el Estado realizar\u00e1 esfuerzos encaminados a que las medidas de atenci\u00f3n, asistencias y reparaci\u00f3n contenidas en la presente ley, contribuyan a la eliminaci\u00f3n de los esquemas de discriminaci\u00f3n y marginaci\u00f3n que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes\u00bb. <\/p>\n
La Corte Constitucional, por su parte, ha establecido que \u00ablos motivos de discriminaci\u00f3n enunciados en el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, como la raza, el sexo o la orientaci\u00f3n pol\u00edtica (\u2026) suelen encontrarse en una misma persona o grupo, profundizando las desventajas en las que se encuentran\u00bb. De modo que \u00abante la colisi\u00f3n de diversos componentes de desigualdad se ha implementado el concepto de interseccionalidad, el cual permite, por un lado, comprender la complejidad de la situaci\u00f3n y, por otro, adoptar las medidas, adecuadas y necesarias para lograr el respeto, protecci\u00f3n y garant\u00eda de sus derechos\u00bb. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la intersecci\u00f3n de factores de discriminaci\u00f3n en el caso de las mujeres, ha puntualizado que muchas de ellas est\u00e1n expuestas a situaciones de vulneraci\u00f3n no s\u00f3lo por ser mujeres, sino tambi\u00e9n, por <\/p>\n
(\u2026) su edad, en el caso de las ni\u00f1as o adultas mayores; su situaci\u00f3n financiera, cuando tienen escasos recursos econ\u00f3micos; su situaci\u00f3n de salud f\u00edsica o sicol\u00f3gica, como sucede en el caso de quienes se encuentran en estado de discapacidad; su orientaci\u00f3n sexual; su condici\u00f3n de v\u00edctimas de violencia o del conflicto armado, de desplazamiento forzado, de refugiadas; de migrantes; de mujeres que habitan en comunidades rurales o remotas; de quienes se encuentran en condici\u00f3n de indigencia, las mujeres recluidas en instituciones o detenidas; las mujeres ind\u00edgenas, afro descendientes o miembros de poblaci\u00f3n Rom -poblaci\u00f3n gitana-; las mujeres en estado de embarazo, cabeza de familia, v\u00edctimas de violencia intrafamiliar, entre otros (se enfatiza, sentencia T-376 de 2019). <\/p>\n
<\/p>\n
La Sala, por su parte, ha indicado que los asuntos litigiosos desde la funci\u00f3n judicial deben resolverse con perspectiva de g\u00e9nero, que es uno de los criterios a evaluar con el enfoque interseccional, en esa direcci\u00f3n corresponde \u00ab[e]valuar las asimetr\u00edas entre los roles de g\u00e9nero identificables en el caso concreto, incluyendo criterios de interseccionalidad\u00bb (STC15780 de 2021). <\/p>\n
2.4.- Del caso concreto. <\/p>\n
Bajo los anteriores lineamientos, se infiere que el Juzgado Primero de Familia de Bogot\u00e1 incurri\u00f3 en desafuero al declarar en situaci\u00f3n de adoptabilidad al adolescente Samuel, toda vez que emiti\u00f3 esa decisi\u00f3n sin valorar su opini\u00f3n. Adem\u00e1s, concluy\u00f3, injustificadamente, que el menor deb\u00eda ser separado del hogar dispensado por su madre biol\u00f3gica, sin detenerse a analizar que la situaci\u00f3n de desprotecci\u00f3n por la cual se inici\u00f3 el procedimiento administrativo no revelaba abandono o desinter\u00e9s de su parte, sino la existencia de variadas circunstancias que afectaban su capacidad para asumir la crianza y desarrollo integral de su hijo. <\/p>\n
2.4.1- De la falta de valoraci\u00f3n de la opini\u00f3n del adolescente. <\/p>\n
Como se desprende del expediente acusado, Samuel Alejandro, a lo largo del procedimiento administrativo, desde su inicio en 2014, cuando ten\u00eda 7 a\u00f1os, hasta antes de que, en 2019, finalmente fuera declarado en situaci\u00f3n de adoptabilidad, expres\u00f3 su deseo de permanecer al lado de su progenitora. <\/p>\n
Sobre el punto, en la valoraci\u00f3n psicol\u00f3gica que se le practic\u00f3 tras ser retirado del medio familiar de origen, para ser ingresarlo a la Red de Hogares de Paso del municipio de Bogot\u00e1 (20 abril. 2014), se consign\u00f3 que \u00abes un ni\u00f1o que le cuesta adaptarse al medio que lo rodea, refiere constantemente \u2018Me quiero ir de aqu\u00ed, quiero estar con mi mam\u00e1\u00bb, as\u00ed como que \u00abla asimilaci\u00f3n al cambio de experiencia que se ha observado en la casa hogar ha sido de angustia y llanto, logra calmarse por momentos, pero cuando le hacen preguntas referentes a su familia, Samuel Alejandro se torna irritable y querer estar con su mam\u00e1\u00bb [Carpeta # 1 Tr\u00e1mite Administrativo y Jurisdiccional de Restablecimiento de Derechos, Historia Samuel parte 1]. <\/p>\n
Despu\u00e9s, el 22 de noviembre de 2017, cuando Samuel ten\u00eda 10 a\u00f1os, luego de haber estado en tres hogares de paso (2014-2016), ser ubicado en un \u00abinternado de atenci\u00f3n especializada\u00bb (22 ag. 2016), haber sido retornado a su hogar (2 feb. 2017), y estar nuevamente a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (16 mar. 2017) se indic\u00f3: \u00ab[e]n el \u00e1rea afectiva, no se identifica en este caso la existencia de una figura de apego en el \u00e1mbito familiar, sin embargo el ni\u00f1o Samuel Alejandro refiere la existencia de presunta afectividad hacia la progenitora. Se identifica afectaci\u00f3n emocional en el menor de edad, por su condici\u00f3n actual personal y familiar proyect\u00e1ndose a corto plazo en ubicaci\u00f3n en el \u00e1mbito familiar\u00bb [Carpeta # 1 Tr\u00e1mite Administrativo y Jurisdiccional de Restablecimiento de Derechos, Historia Samuel parte 6]. <\/p>\n
Con posterioridad, en 2018, tras ser diagnosticado con retraso mental leve, y \u00abtrastorno mixto de las habilidades escolares, perturbaci\u00f3n de la actividad y de la atenci\u00f3n y trastorno opositor desafiante\u00bb, reposan variados informes en los que se evidencia el anhelo de Samuel Alejandro de estar con su mam\u00e1, la alegr\u00eda que la posibilidad de verla le generaba, y la tristeza que su ausencia le produc\u00eda [Carpeta # 1 Tr\u00e1mite Administrativo y Jurisdiccional de Restablecimiento de Derechos, Historia Samuel parte 8]. <\/p>\n
Empero, el juzgador no valor\u00f3 nada de eso, ya que para soportar la resoluci\u00f3n de adoptabilidad se limit\u00f3 a argumentar que, de acuerdo con las pruebas recaudadas en el tr\u00e1mite, Andrea Montero \u00abtiene a su hijo en situaci\u00f3n de abandono f\u00edsico, emocional y econ\u00f3mico (\u2026)\u00bb; que cuando ha debido asumir su cuidado, \u00abha sido negligente, no ha querido asumir su rol materno filial\u00bb. Adem\u00e1s, \u00abno ha mostrado inter\u00e9s al respecto, \u00abni tiene las herramientas y la capacidad para brindar un entorno protector al adolescente\u00bb [Carpeta # 1 Tr\u00e1mite Administrativo y Jurisdiccional de Restablecimiento de Derechos, Historia Samuel parte 12]. <\/p>\n
En ese sentido, obs\u00e9rvese que la Convenci\u00f3n sobre los Derechos de los Ni\u00f1os, en su art\u00edculo 23, establece que en caso de que padezcan alguna discapacidad debe \u00abdisfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a s\u00ed mismo y faciliten la participaci\u00f3n activa del ni\u00f1o en la comunidad\u00bb, pauta que reproduce el art\u00edculo 36 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia. <\/p>\n
Por su parte, el precepto 7\u00b0 de la Convenci\u00f3n sobre los derechos de las personas con discapacidad dispone que \u00ablos Estados Partes garantizar\u00e1n que los ni\u00f1os y las ni\u00f1as con discapacidad tengan derecho a expresar su opini\u00f3n libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opini\u00f3n que recibir\u00e1 la debida consideraci\u00f3n teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de condiciones con los dem\u00e1s ni\u00f1os y ni\u00f1as, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho\u00bb. <\/p>\n
Y la Ley 1996 de 2019, \u00abpor medio de la cual se establece el r\u00e9gimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad\u00bb, en su art\u00edculo 7\u00b0 prev\u00e9 que \u00ab[l]as personas con discapacidad que no hayan alcanzado la mayor\u00eda de edad tendr\u00e1n derecho a los mismos apoyos consagrados en la presente ley para aquellos actos jur\u00eddicos que la ley les permita realizar de manera aut\u00f3noma y de conformidad con el principio de autonom\u00eda progresiva, o en aquellos casos en los que debe tenerse en cuenta la voluntad y preferencias del menor para el ejercicio digno de la patria potestad\u00bb. <\/p>\n
2.4.2.- De la falta de comprobaci\u00f3n, en el caso, de los supuestos que habilitaban la declaratoria del menor en situaci\u00f3n de adoptabilidad, y la ausencia de valoraci\u00f3n de las caracter\u00edsticas diferenciales de su progenitora, y de c\u00f3mo ellas afectaban su capacidad para garantizar integralmente los derechos de su hijo. <\/p>\n
Como arriba se indic\u00f3, la resoluci\u00f3n de adoptabilidad se edific\u00f3 en que Samuel Alejandro estaba en situaci\u00f3n de abandono, su progenitora no mostr\u00f3 inter\u00e9s en cuidarlo, ni estaba capacitada para brindarle un entorno protector. Sin embargo, lo cierto es que ninguno de esos supuestos habilitaba la expedici\u00f3n de la medida, como pasa a exponerse. <\/p>\n
En efecto, no es verdad que Samuel al momento del inicio del procedimiento administrativo, en 2014, estuviese en situaci\u00f3n de abandono. Si bien las diligencias iniciaron porque el menor, en ese entonces, de 7 a\u00f1os, fue encontrado deambulando en las calles de la ciudad de Bogot\u00e1, descalzo, con ropa y u\u00f1as sucias, ello no significaba que estuviera a su suerte, sin la asistencia de su progenitora. Por un lado, ese hecho se produjo, concretamente, porque Samuel, sin supervisi\u00f3n de ella, sali\u00f3 de la casa, y, despu\u00e9s, perdi\u00f3 el rumbo. Por otra parte, la madre era la responsable patrimonial de su crianza. <\/p>\n
Por supuesto, que el ni\u00f1o saliera de casa sin que ella lo notara, y que estuviera en las circunstancias en la que fue encontrado, revelaba descuido de su parte, pero, en manera alguna, su abandono. Adem\u00e1s, como lo relat\u00f3 en varias de las entrevistas que se le realizaron, esa situaci\u00f3n no era deliberada. En virtud de su trabajo, se le dificultaba estar al tanto de Samuel y sus otras dos hijas, tambi\u00e9n menores de edad. Por eso, delegaba su cuidado en una tercera persona, quien, a su juicio, no era id\u00f3nea para esa tarea, pues cre\u00eda que los maltrataba, ten\u00eda a su cargo otros ni\u00f1os, y le expres\u00f3 \u00abno ser capaz de asumir los cuidados de Samuel por su desacato a la norma e irrespeto a la autoridad\u00bb. <\/p>\n
Sobre lo anterior, el 24 de abril de 2014, se indic\u00f3 que, de acuerdo con su relato, \u00ab(\u2026) actualmente no puede asumir el cuidado de sus hijos durante el d\u00eda, por encontrarse laborando y de poder aportar econ\u00f3micamente y suplir las necesidades b\u00e1sicas de sus hijos\u00bb; \u00abla persona que los cuida actualmente, la se\u00f1ora Rosa, en ocasiones los maltrata, y tambi\u00e9n asume el cuidado de tres de sus nietos\u00bb. Y el 16 de julio de 2016 se consign\u00f3 que \u00ab[d]e sus hijos afirma que su mayor dificultad es la necesidad de trabajar y no poder estar al cuidado de ellos (\u2026). Refiere que su horario de trabajo es de 12 horas, de 9 am a 9 pm, en el hotel Ayacucho Real y descansa cada mes, dos d\u00edas. Por esta raz\u00f3n considera que su mejor opci\u00f3n es tener a sus hijas es un internado y estar con ellas los 10 d\u00edas de descanso que le son asignados al mes. Refiere que no tiene otra opci\u00f3n ya que no cuenta con recursos diferentes a los devengados por su trabajo\u00bb [Historia parte 1 y parte 4, Carpeta # 1 Tr\u00e1mite Administrativo y Jurisdiccional de Restablecimiento de Derechos, Historia Samuel parte 8]. <\/p>\n
Ahora, que la progenitora delegara a un tercero el cuidado del ni\u00f1o, no daba lugar a evaluar negativamente el desempe\u00f1o de su rol como madre, como lo hizo la agencia enjuiciada al estructurar su decisi\u00f3n en los informes seg\u00fan los cuales, \u00abno tiene las condiciones necesarias para asumir el cuidado de su hijo de manera responsable, ya que contin\u00faa delegando el cuidado de sus hijos a terceras personas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed es, en primer lugar, porque el hecho de que una mujer delegue o no el cuidado personal de sus hijos a terceros no la hace incapaz para ejercer ese rol. Adem\u00e1s de que el deber de cuidado personal de los hijos no es exclusivo de las mujeres, como tradicionalmente se ha entendido, a partir del estereotipo seg\u00fan el cual, las tareas dom\u00e9sticas son inherentes a ellas, nada obsta para que, en caso de que decidan asumirlo, lo cumplan directamente, o a trav\u00e9s de un tercero, bajo su vigilancia. <\/p>\n
Mem\u00f3rese, como lo ha dicho la Sala, la garant\u00eda de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminaci\u00f3n por raz\u00f3n de su sexo y g\u00e9nero, es el derecho humano que tienen a existir y a realizar su proyecto de vida sin ser sometidas a ninguna conducta que limite sus facultades en virtud de sus caracter\u00edsticas biol\u00f3gicas y del rol que cumplen en la sociedad (STC1735-2021). <\/p>\n
Obs\u00e9rvese, en segunda medida, que, en el caso, la madre del menor no tuvo la oportunidad decidir los deberes que, en esa calidad, quer\u00eda asumir frente a \u00e9l, ni como quer\u00eda ejercerlos. Por el contrario, dadas sus circunstancias diferenciales, de las que dio cuenta al exponer su situaci\u00f3n econ\u00f3mica-social1, esto es, mujer, cabeza de familia2, v\u00edctima de desplazamiento forzado, v\u00edctima de violencia intrafamiliar por su expareja3, pobreza4 otros hijos menores de edad (dos ni\u00f1as5), se vio obligada a asumir, exclusiva y simult\u00e1neamente, la responsabilidad patrimonial de la crianza y el cuidado personal de Samuel y, por ende, sin muchas alternativas para proporcionarle el entorno que fuera adecuado a sus necesidades. <\/p>\n
Desde este enfoque interseccional, y al estar la progenitora a cargo de la asistencia econ\u00f3mica y personal de su hijo, resultaba razonable que delegara el cuidado a otra persona. Adem\u00e1s, se entiende, ahora, que las falencias advertidas en el desempe\u00f1o de ese rol eran el resultado de todas esas circunstancias, y no, como lo se\u00f1al\u00f3 el sentenciador de familia que, no hubiese \u00abquerido asumir su rol materno filial\u00bb. <\/p>\n
Aspectos que deb\u00edan ser valorados por el juzgador a efectos de adoptar las medidas que resultaban apropiadas para dotar a la progenitora de las herramientas necesarias para garantizar integralmente los derechos de su hijo, como habr\u00eda sido, la inclusi\u00f3n al n\u00facleo familiar a programas de asistencia y rehabilitaci\u00f3n que le hubieran permitido establecer adecuadas pautas de crianza, a partir de sus especiales caracter\u00edsticas. <\/p>\n
Por otro lado, no desconoce la Sala que el 2 de febrero de 2017, el Instituto de Bienestar Familiar adopt\u00f3 \u00abmedida de ubicaci\u00f3n del adolescente en su hogar, al lado de su progenitora\u00bb, pero el 16 de marzo siguiente, fue puesto nuevamente en un hogar de paso por la Comisar\u00eda de Familia Trece, de la ciudad de Bogot\u00e1. Empero, de all\u00ed no tampoco puede inferirse el abandono predicado por la autoridad denunciada. F\u00edjese, como dan cuenta las diligencias, que lo que provoc\u00f3 la nueva intervenci\u00f3n administrativa fue la delegaci\u00f3n de su cuidado personal, la que, como se vio, no pod\u00eda censur\u00e1rsele. Con mayor raz\u00f3n, si los factores que limitaban su proyecto de vida y el de sus hijos no hab\u00edan sido superados, al no haberse adoptado por el ICBF ninguna medida en ese sentido [Historia parte 4, Carpeta # 1 Tr\u00e1mite Administrativo y Jurisdiccional de Restablecimiento de Derechos, Historia Samuel]. <\/p>\n
Asimismo, no puede afirmarse que la madre carec\u00eda de inter\u00e9s en el cuidado de su hijo, por el contrario, acudi\u00f3 al procedimiento a hacerlo valer, incluso, mostrando alternativas que le permitieran un mejor cuidado del adolescente. De otro lado, frente a la falta de diligencia en la controversia, recu\u00e9rdese, como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n, que no habilita la resoluci\u00f3n de adoptabilidad. Adicionalmente, en el caso, est\u00e1 justificada en la imposibilidad que manifest\u00f3 la actora de \u00abasistir a los encuentros familiares por su trabajo\u00bb. [Historia parte 4, Carpeta # 1 Tr\u00e1mite Administrativo y Jurisdiccional de Restablecimiento de Derechos]. <\/p>\n
En suma, no se daban las condiciones para separar a Samuel de su progenitora y, por ende, la declaratoria de su situaci\u00f3n de adoptabilidad era improcedente. <\/p>\n
3.- Medidas para proteger los derechos del adolescente. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala invalidar\u00e1 la providencia mediante el cual la autoridad convocada defini\u00f3 con resoluci\u00f3n de adoptabilidad la situaci\u00f3n de Samuel Alejandro y, en su reemplazo, se le ordenar\u00e1 que expida una nueva medida de restablecimiento de derechos, en la que tome en consideraci\u00f3n los lineamientos aqu\u00ed expuestos, como tambi\u00e9n las circunstancias actuales del adolescente y su n\u00facleo familiar. <\/p>\n
Para el efecto, de considerarlo necesario, podr\u00e1 decretar las pruebas que estime pertinentes en el t\u00e9rmino cuarenta y ocho (48) siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, y, en todo caso, resolver el asunto en un plazo m\u00e1ximo de cuatro (4) meses. Igualmente, dentro del primer t\u00e9rmino mencionado, deber\u00e1 disponer lo pertinente para retrotraer los efectos jur\u00eddicos de la resoluci\u00f3n de adoptabilidad, y decretar las medidas provisionales tendientes a asegurar que la familia de origen garantice sus derechos, mientras define nuevamente su situaci\u00f3n, como la pedida por la entidad impulsora de esta herramienta. <\/p>\n
Finalmente, nada obsta para que el Instituto Colombiano de Bienestar familiar intervenga nuevamente en el asunto, si as\u00ed lo dispone el fallador, ya que, de todos modos, la actuaci\u00f3n se retrotraer\u00e1. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley REVOCA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida, para, en su lugar, PROTEGER las garant\u00edas del adolescente Samuel Alejandro Montero Garc\u00eda, con ocasi\u00f3n de su declaratoria en situaci\u00f3n de adoptabilidad. <\/p>\n
En consecuencia, se deja sin efecto la providencia emitida por el Juzgado Primero de Familia de Bogot\u00e1 el 28 de marzo de 2019, por medio de la cual defini\u00f3 la situaci\u00f3n jur\u00eddica del adolescente. En su reemplazo, se ORDENA al titular del despacho que en el t\u00e9rmino de cuatro (4) meses, contados a partir del enteramiento, vuelva a definir el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos impulsado a su favor, atendiendo los lineamientos aqu\u00ed trazados. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 P\u00e1gina 24, Historia Samuel, parte 1 (2014), Carpeta # 1 Tr\u00e1mite Administrativo y Jurisdiccional de Restablecimiento de Derechos]. <\/p>\n
2\u0002 Sobre el particular, Andrea Montero expuso que solo ella respond\u00eda exclusivamente por el menor, pues, a quien reput\u00f3 inicialmente como su padre no le daba ayuda alguna, y con posterioridad, en el curso, se excluy\u00f3 su paternidad con una prueba de ADN. <\/p>\n
3\u0002 Sobre su condici\u00f3n de v\u00edctima de violencia intrafamiliar y de desplazamiento forzado, se puede ver que en el informe de ingreso del menor al hogar de paso en abril de 2024, se dej\u00f3 constancia que, de acuerdo con el relato de la progenitora, Milton, su expareja y a quien reputaba como padre del menor, \u201cera violento\u201d; as\u00ed como que \u201cuna de las propuestas que hace [la progenitora a fin de cuidar mejor a su hijo] es poder regresarse a vivir a Apartad\u00f3, ya que en este municipio cuenta con casa propia y tendr\u00e1 el apoyo de su familia, en especial de una hermana (\u2026). Igualmente se anot\u00f3 que la madre precisi\u00f3n que \u201cpor su condici\u00f3n de desplazada va a recibir junto con el se\u00f1or Milton una vivienda, lo cual al parecer ha generado discordia con el se\u00f1or, ya que este quiere vivir en ella, y la se\u00f1ora no sea volver a vivir con Milton por su comportamiento violento\u201d. <\/p>\n
4\u0002 Con estudios de educaci\u00f3n b\u00e1sica primaria. <\/p>\n
5\u0002 La progenitora relat\u00f3, para el 2014, que viv\u00eda con otras dos hijas menores de edad, de 8 y 3 a\u00f1os, as\u00ed como con el padre una de una de ellas. <\/p>\n
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STC2761-2023 F OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC2761-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 05001-22-10-000-2023-00019-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71991","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71991","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71991"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71991\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71991"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71991"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71991"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}