STC2763-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2763-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01056-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes y dem\u00e1s intervinientes del asunto cuestionado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional requerida, dentro de la acci\u00f3n popular identificada con el radicado \u00ab2022-00167-01\u00bb. <\/p>\n
Reclam\u00f3 que \u00abse inste al tutelado aplicar art. 37 ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998 y se le ordene fallar en un t\u00e9rmino no superior a 48 horas\u00bb; adem\u00e1s pidi\u00f3 que \u00abse sancione por temeridad y mala fe al apoderado coadyuvante quien dilata la acci\u00f3n con sus torpes y farragosos recursos, pese a ser profesional del derecho\u00bb y; \u00abse ordene constancia secretarial de todas las etapas procesales realizada en 2 instancia (sic), consignando d\u00eda, mes y a\u00f1o a fin que se d\u00e9 aplicaci\u00f3n [al] art. 84 Ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
2. Para la definici\u00f3n del presente asunto el gestor sostuvo que dentro del asunto, el Tribunal accionado no ha emitido la decisi\u00f3n correspondiente, y desconoce los art\u00edculos 120 y 117 del C\u00f3digo General del Proceso, con lo cual se incumple tambi\u00e9n el art\u00edculo 84 de la Ley 472 de 1998, mientras que a \u00e9l se le exige acatar los t\u00e9rminos que le corresponden. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo y orden\u00f3 enterar a las autoridades accionadas. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira inform\u00f3 que una vez revisado el Sistema de Gesti\u00f3n Judicial Siglo XXI y el libro radicador de esa Corporaci\u00f3n, se constat\u00f3 que \u00abel radicado de la acci\u00f3n popular objeto de tutela no aparece en la base de datos de la Sala, por lo que resulta imposible pronunciamiento alguno frente a los hechos relatados en la acci\u00f3n constitucional\u00bb, situaci\u00f3n por la cual pidi\u00f3 se decida la solicitud de protecci\u00f3n adversamente al actor \u00abpuesto que el proceso en el que alega mora en las decisiones, no existe\u00bb. <\/p>\n
2. La secretar\u00eda de esta Sala dej\u00f3 constancia al ingresar el expediente para fallo que, \u00abprevia b\u00fasqueda en el Sistema Nacional de Consulta de Procesos, se tiene que no se pudo identificar la acci\u00f3n popular aludida por el accionante en su escrito de tutela, adem\u00e1s de que tampoco indic\u00f3 el juzgado de origen, por lo cual no es posible notificar las partes y terceros intervinientes dentro del proceso atacado\u00bb. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
2. La queja del actor se circunscribe a que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira est\u00e1 tardando en tramitar el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia emitida en primera instancia, dentro de la acci\u00f3n popular identificado con el radicado \u00ab2022-00167-01\u00bb. <\/p>\n
3. No obstante, de lo informado por dicha Colegiatura en su intervenci\u00f3n y por la secretar\u00eda de esta Sala, se constata que con el consecutivo informado por el gestor, no est\u00e1 registrada la acci\u00f3n popular aludida por \u00e9ste en el escrito inicial. <\/p>\n
Bajo este panorama, advierte la Corte que la queja constitucional elevada frente a la precitada autoridad est\u00e1 llamada al fracaso, comoquiera que, contrario a lo que aleg\u00f3 el accionante, dicho estrado no conoce del precitado asunto. <\/p>\n
Entonces, teniendo en cuenta que la situaci\u00f3n de hecho que causaba la supuesta amenaza a las garant\u00edas fundamentales del tutelante es inexistente, la solicitud de amparo no tiene ninguna raz\u00f3n de ser, aspecto frente al que la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (subraya y negrilla fuera de texto) (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01). <\/p>\n
Al punto, el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional de tiempo atr\u00e1s ha se\u00f1alado, que \u00abel objeto de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, \u201ccuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares (\u2026). As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008, al afirmar que \u201cpartiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026)\u201d, ya que \u201csin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u201cello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos\u201d\u00bb (T-130 2014). <\/p>\n
4. Por sustracci\u00f3n de materia, no resulta posible estudiar las quejas para que se sancione por \u00abtemeridad\u00bb a otro de los intervinientes en el referido juicio, ni la solicitud para que se expida constancia secretarial de las actuaciones all\u00ed verificadas. <\/p>\n
5. Basta lo dicho para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados, comp\u00e1rtase con el actor el link de acceso a todo lo actuado, y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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