STC2768-2023<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2768-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-02297-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 22 de noviembre de 2022, emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela impulsada por Andrea Ximena Maya Vivas contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Once Laboral del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, as\u00ed como a las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso y la acci\u00f3n constitucional cuestionadas. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La convocante pidi\u00f3 el respeto de sus prerrogativas fundamentales al acceso a la administraci\u00f3n de justicia a \u00abla prevalencia del derecho sustancial\u00bb, al \u00abimperio de la ley\u00bb, al debido proceso, al trabajo, a la igualdad y al \u00abrespeto del precedente jurisprudencial (\u2026) y por el bloque de constitucionalidad\u00bb, presuntamente conculcadas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Y en concreto pidi\u00f3, \u00abi) decretar la nulidad de los autos proferidos por [el] Juez Once Laboral (\u2026) ii) analizar los contratos de honorarios profesionales, iii) ordenar al juez Once Laboral estudiar y resolver de fondo el incidente de regulaci\u00f3n de honorarios, iv) darle tr\u00e1mite a la demanda ejecutiva laboral presentada dentro del expediente y si considera que no es competente, lo env\u00ede a quien s\u00ed lo sea, al tenor del art. 90 del C.G. del P. v) ordenar que se me entreguen los t\u00edtulos judiciales que el 5 de febrero de 2018 la demandada consign\u00f3 por concepto de pago de costas y agencias en derecho, tal como lo determinaron los se\u00f1ores Borrero Herrera y Mart\u00ednez \u00c1vila en la cl\u00e1usula #8 de los mencionados contratos de prestaci\u00f3n de servicios\u00bb. <\/p>\n
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2. El sustrato f\u00e1ctico relevante es el que enseguida se devela: <\/p>\n
1. Narra la accionante que fue apoderada judicial de Germ\u00e1n Mart\u00ednez \u00c1vila y Armando Barrero Herrera en un proceso ordinario laboral contra ExxonMobil Colombia S.A. el cual llev\u00f3 hasta culminar la etapa de casaci\u00f3n con fallo de 29 de julio de 2016, pero al regresar el expediente al Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, que lo conoci\u00f3 en primera instancia, el 13 de julio de 2017 le fue negada la entrega de los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial consignados a \u00f3rdenes del proceso, porque sus mandantes no ratificaron la facultad para recibir que le hab\u00edan incluido en el poder conferido doce a\u00f1os atr\u00e1s, lo que le impidi\u00f3 cobrar los honorarios por sus servicios. <\/p>\n
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2. Contra la precitada determinaci\u00f3n la gestora interpuso los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n, pero el juzgado cognoscente los rechaz\u00f3 de plano el 29 de septiembre de 2017 tras considerar que se enfilaron contra un auto de tr\u00e1mite; en agosto del mismo a\u00f1o \u00e9sta present\u00f3 incidente de regulaci\u00f3n de honorarios y una demanda ejecutiva laboral, pero el mismo juzgado no les dio curso legal, determinaci\u00f3n que la actora replic\u00f3 en \u00abqueja\u00bb, a la postre negada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, ante lo cual \u00e9sta pidi\u00f3 la intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, lo que llev\u00f3 a que en el mes de octubre de 2017 se realizara una audiencia de conciliaci\u00f3n, declarada fracasada, situaciones por las cuales la inconforme present\u00f3 una acci\u00f3n de tutela, que result\u00f3 negada en primera instancia por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y en segundo grado, el 6 de diciembre de 2017, por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
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3. En el mes de octubre de 2017 la promotora present\u00f3 otra demanda ejecutiva laboral, que fue rechazada el 5 de febrero de 2018 por el juzgado accionado, con todo, por esa \u00e9poca se orden\u00f3 el fraccionamiento de los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial y se le pag\u00f3 a aquella por honorarios el 35% de ese dinero, pese a que, alega, en los contratos se hab\u00eda pactado un 50% del mismo, por lo cual pidi\u00f3 adici\u00f3n y aclaraci\u00f3n de la decisi\u00f3n y que se remitiera la demanda ejecutiva al juez competente, pero sus pretensiones fueron negadas el 19 de febrero del mismo a\u00f1o, orden\u00e1ndose el archivo de las diligencias. <\/p>\n
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4. De otro lado, los poderdantes de la aqu\u00ed accionante presentaron demanda ejecutiva contra ExxonMobil Colombia S.A. para reclamarle un saldo pendiente de la condena, decurso tambi\u00e9n conocido por el Juzgado accionado, dentro del cual aquella insisti\u00f3 en los meses de mayo y julio de 2018 que se le entregaran los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial constituidos por las costas y agencias en derecho, actuaci\u00f3n ante la cual sus mandantes le revocaron el poder. <\/p>\n
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5. En dicha ejecuci\u00f3n el 7 de septiembre de 2018 se neg\u00f3 el mandamiento de pago y se tuvo por revocado el mandato, no obstante la gestora persisti\u00f3 en reclamar los t\u00edtulos y el 15 de enero de 2020 se le neg\u00f3 la intervenci\u00f3n como tercera con inter\u00e9s en el asunto, y se orden\u00f3 el pago de los mismos a los demandantes, decisi\u00f3n que \u00e9sta atac\u00f3 mediante los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, pero fue mantenida el 12 de noviembre del mismo a\u00f1o, y se orden\u00f3 el env\u00edo del expediente al superior hasta el 25 de marzo de 2022, donde la recurrente pidi\u00f3 la nulidad por indebida notificaci\u00f3n de esa decisi\u00f3n, sin que a la fecha se haya decidido la misma, con todo, el 31 de agosto siguiente se declar\u00f3 improcedente la alzada, porque el proceso hab\u00eda concluido desde el 7 de septiembre de 2018, cuando se neg\u00f3 el mandamiento de pago, lo que imposibilitaba la intervenci\u00f3n v\u00e1lida de un tercero en la acci\u00f3n judicial. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. El Magistrado Fernando Castillo Cadena de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte inform\u00f3 que en ocasi\u00f3n anterior la gestora present\u00f3 otra tutela de similares caracter\u00edsticas a la presente, y se neg\u00f3 el amparo mediante sentencia de 6 de diciembre de 2017 (STL21174-2017) y el 27 de febrero siguiente el asunto fue excluido de revisi\u00f3n por la Corte Constitucional, de ah\u00ed que, se\u00f1al\u00f3, oper\u00f3 el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional y no se puede emitir otro pronunciamiento sobre la misma situaci\u00f3n. <\/p>\n
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2. El tambi\u00e9n Magistrado de la Sala Hom\u00f3loga Laboral de esta Corte, Iv\u00e1n Mauricio Lenis G\u00f3mez se\u00f1al\u00f3 que la aqu\u00ed interesada actu\u00f3 como apoderada judicial de Germ\u00e1n Mart\u00ednez \u00c1vila y Armando Barrero Herrera en un recurso de casaci\u00f3n que esa Corporaci\u00f3n defini\u00f3 el 29 de julio de 2016, con que no se cas\u00f3 el prove\u00eddo recurrido. <\/p>\n
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3. El Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 se atuvo a lo que decidi\u00f3 dentro de los procesos cuestionados y resalt\u00f3 que las tom\u00f3 poque los mandantes de la aqu\u00ed accionante fueron quienes decidieron retirarle la facultad de recibir. Agreg\u00f3 que el conflicto por honorarios suscitado entre los precitados es ajeno al decurso de que conoce, y debe ser desarrollado en otro proceso, previo sometimiento a reparto. <\/p>\n
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4. ExxonMobil South Am\u00e9rica Pacific Coast Limited y ExxonMobil Colombia S.A. pidieron su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo por incumplir el requisito de la inmediatez; no se acredit\u00f3 la cosa juzgada fraudulenta para que procediera el reclamo contra el fallo de tutela STL21174-2017 y; en cuanto al procedimiento adelantado por la promotora ante el juzgado y el Tribunal accionados para intentar cobrar los honorarios, precis\u00f3 que la manera de recaudar estos es a trav\u00e9s del incidente para su regulaci\u00f3n o en proceso ordinario aparte, lo que evidencia el acierto al no haber dado curso a tal solicitud en el decurso cuestionado, si en cuenta se tiene que el incidente intentado fue inoportuno. <\/p>\n
De otro lado, tras resaltar las m\u00faltiples e improcedentes actuaciones de la accionante para que el Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 se pronuncie sobre los honorarios que ella alega le deben, la exhort\u00f3 para que cese tal proceder. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue propuesta por la convocante, afirmando que no se estudi\u00f3 de fondo la vulneraci\u00f3n superior alegada; que no dirigi\u00f3 su ataque contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ni lo ahora pretendido es lo mismo que se busc\u00f3 en la tutela que otrora tramit\u00f3 esa autoridad, en la que adem\u00e1s tampoco se abord\u00f3 el sustrato de su queja. <\/p>\n
Expuso que el juzgado accionado, al requerir en auto de 13 de julio de 2017 la ratificaci\u00f3n de la facultad para recibir que ella ten\u00eda en el poder, actu\u00f3 en contra de la normatividad aplicable; que no atac\u00f3 la sentencia de casaci\u00f3n proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte el 29 de julio de 2016; que su r\u00e9plica est\u00e1 dirigida contra la omisi\u00f3n del Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 al no valorar los aludidos contratos de prestaci\u00f3n de servicios y, por \u00faltimo, insisti\u00f3 en sus pedimentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en \u00abuna medida a\u00fan mayor cuando la providencia atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo\u00bb (CSJ STC, 8 jul. 2008, rad. 2008-01018-00). <\/p>\n
2. No cabe duda de que, aunque la gestora afirma en su impugnaci\u00f3n que no ataca la sentencia de tutela STL21174-2017 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, varias de las inconformidades elevadas en el presente tr\u00e1mite recaen en esencia, frente a situaciones ya definidas en ese tr\u00e1mite constitucional, puntualmente la queja contra: la decisi\u00f3n tomada el 13 de julio de 2017, con que el Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 dispuso la entrega de los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial a los mandantes de la aqu\u00ed accionante; el auto de 29 de septiembre siguiente con que rechaz\u00f3 los recursos interpuestos contra la precitada decisi\u00f3n, neg\u00f3 el mandamiento de pago que aquella promovi\u00f3 contra sus poderdantes y rechaz\u00f3 la solicitud para iniciar incidente de regulaci\u00f3n de honorarios; la solicitud de pago de los honorarios directamente mediante la tutela y; el reclamo por el requerimiento que el mencionado juzgado hizo a los aludidos poderdantes, para que ratificaran la facultad para recibir que hab\u00edan dado a la aqu\u00ed inconforme. <\/p>\n
3. Observa entonces la Sala que esas mismas inconformidades fueron abordadas en sede tutela por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte, quien en el precitado fallo decidi\u00f3 negar el amparo solicitado al respecto, tras descartar la vulneraci\u00f3n superior alegada, oportunidad en la que se consider\u00f3 que, <\/p>\n
[S]e observa que el accionante pone en tela de juicio la determinaci\u00f3n de fecha 29 de septiembre de 2017, mediante la cual el juzgado se abstuvo de librar mandamiento ejecutivo de pago contra sus representados por ser improcedente entre otras consideraciones y el auto del 13 de julio del a\u00f1o en curso, mediante el cual se dispuso la entrega de los t\u00edtulos judiciales a la apoderada, aqu\u00ed accionante, previa ratificaci\u00f3n expresa de las facultades de recibir y cobrar dichos t\u00edtulos, \u00abatendiendo que las conferidas en el poder inicial datan de hace m\u00e1s de 12 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
Frente a la determinaci\u00f3n cuestionada de fecha 29 de septiembre de 2017 se observa que el juzgador expres\u00f3: <\/p>\n
[\u2026] En cuanto a los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n interpuestos contra el auto inmediatamente anterior mediante el cual se dispuso la entrega a los demandantes de los dineros consignados a sus \u00f3rdenes dentro del proceso, se rechazan de plano por improcedentes, en la medida que al tratarse la providencia recurrida de las denominadas \u00abde tr\u00e1mite o sustanciaci\u00f3n\u00bb que de ninguna manera decide de fondo el asunto para ser considerada como auto interlocutorio, mal puede ser controvertida mediante la interposici\u00f3n de los mismos. <\/p>\n
Si bien el art\u00edculo 64 ib\u00eddem prev\u00e9 la posibilidad de revocar los autos de tr\u00e1mite de oficio en cualquier estado del proceso, en el sub examine no se halla m\u00e9rito para tal proceder considerando que la togada no se muestra inconforme porque la decisi\u00f3n afecte los intereses que representa, sino que especula con los suyos propios a futuro, mostr\u00e1ndose por tanto carente de sustento tanto f\u00e1ctico como jur\u00eddico el pedimento [\u2026]. <\/p>\n
En la misma determinaci\u00f3n el juzgador se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
[\u2026] Frente a la demanda ejecutiva con la que procura se libre mandamiento de pago en contra de los aqu\u00ed demandantes a fin de obtener el pago de sus honorarios profesionales, para lo cual exhibe como t\u00edtulo ejecutivo el contrato de prestaci\u00f3n de servicios, el despacho se abstiene de dar tr\u00e1mite a la misma para en su lugar ordenar la devoluci\u00f3n, por ser totalmente improcedente dicha solicitud, habida cuenta que el proceso ejecutivo \u00fanicamente procede a continuaci\u00f3n de proceso ordinario (sic) y bajo la misma cuerda procesal cuando lo pretendido es ejecutar la sentencia que condene al pago de una suma de dinero, la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso o el cumplimiento de una obligaci\u00f3n de hacer en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 306 del C.G.P., situaci\u00f3n que no es la que acontece en el presente asunto donde ya se adelant\u00f3, justamente este proceso ejecutivo para el cobro de las condenas [\u2026]. <\/p>\n
Finalmente arguy\u00f3: <\/p>\n
[\u2026] En lo que hace a la solicitud de regulaci\u00f3n de honorarios (\u2026), tambi\u00e9n habr\u00e1 que rechazarse de plano, toda vez que no se han dado los presupuestos contenidos en el art\u00edculo 76 del C.G.P., que expresamente determina que el apoderado a quien se le haya revocado el poder podr\u00e1 pedir al juez que se regulen sus honorarios mediante incidente que se tramitar\u00e1 con independencia del proceso o de la actuaci\u00f3n posterior, (\u2026) eso si se tiene en cuenta que en el presente asunto no le fue revocado el poder a la profesional que representa los intereses de la parte ejecutante, sino que de acuerdo a los escritos del 24 y 26 de julio y, 14 de agosto de 2017, fue deseo de los demandantes recibir y cobrar de manera directa los t\u00edtulos constituidos en su favor [\u2026]. <\/p>\n
Expuesto lo anterior, para la Sala es claro que la providencia que se pretende atacar por esta v\u00eda, no es arbitraria o caprichosa, ni est\u00e1 desprovista de sustento jur\u00eddico; por el contrario, se apoya en un adecuado an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica sometida al escrutinio del fallador accionado, toda vez que las determinaciones proferidas en el auto atacado, est\u00e1n sustentadas en las normas que regulan la materia, motivo por el cual no se avizora una actuaci\u00f3n irregular. <\/p>\n
De otro lado consider\u00f3 que, <\/p>\n
frente a los honorarios solicitados por esta v\u00eda constitucional, los mismos no pueden ser otorgados a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n, toda vez que el medio id\u00f3neo para ello, es la demanda ordinaria para efectuar el cobro de los honorarios profesionales, situaci\u00f3n que desdibuja el requisito residual que contiene la acci\u00f3n de tutela para que pueda proceder. <\/p>\n
As\u00ed mismo dej\u00f3 establecido que, <\/p>\n
frente al auto de 13 de julio de 2017, mediante el cual se dispuso la entrega de los t\u00edtulos judiciales a la apoderada, aqu\u00ed accionante, previa ratificaci\u00f3n expresa de las facultades de recibir y cobrarlos, \u00abatendiendo que las conferidas en el poder inicial datan de hace m\u00e1s de 12 a\u00f1os\u00bb, decisi\u00f3n que tilda como ilegal, al aducir que dicha determinaci\u00f3n no est\u00e1 contemplada en las normas; advierte la Sala que sin perjuicio del requerimiento que realiz\u00f3 el operador judicial mediante dicha decisi\u00f3n, lo cierto es que los poderdantes expresaron su deseo de retirar las facultades inicialmente otorgadas a la apoderada para recibir y cobrar t\u00edtulos judiciales, y como consecuencia de ello, la juez se sujet\u00f3 a la voluntad de los mismos, por lo que mal har\u00eda esta corporaci\u00f3n en entrometerse por esta v\u00eda en dicha determinaci\u00f3n, pues se insiste, fue el querer de los demandantes quienes est\u00e1n plenamente facultados para ello. <\/p>\n
En este orden de ideas, evidente es que las inconformidades que en esta ocasi\u00f3n plante\u00f3 la tutelante frente a las enunciadas tem\u00e1ticas, son unas quejas constitucionales reiteradas, lo que basta para su rechazo. <\/p>\n
En asuntos que guardan similitud al presente caso, la Corte ha considerado que: <\/p>\n
[p]recisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01). <\/p>\n
4. En cuanto al descontento que expone la gestora contra la decisi\u00f3n del juzgado accionado del 5 de febrero de 2018, con que le neg\u00f3 otra ejecuci\u00f3n por los aludidos honorarios, el reclamo incumple con el presupuesto de la inmediatez, porque desde que fue proferida dicha determinaci\u00f3n han transcurrido m\u00e1s de 3 a\u00f1os y nueve (9) meses al 1\u00ba de noviembre de 2022, cuando se present\u00f3 la tutela ante la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia (quien la remiti\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Penal tras estimarla competente). <\/p>\n
Entonces, constata la Sala, que est\u00e1 superado ampliamente el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alguna situaci\u00f3n que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01) <\/p>\n
5. Finalmente, frente a las quejas que expone la promotora contra las actuaciones desarrolladas por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 en el marco del proceso ejecutivo que Germ\u00e1n Mart\u00ednez \u00c1vila y Armando Barrero Herrera promovieron contra ExxonMobil Colombia S.A., para reclamar a la empresa el saldo pendiente de la condena a su favor, frente a lo cual aquella reclama que se le entreguen los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial consignados por la empresa a \u00f3rdenes del proceso el 5 de febrero de 2018, tal solicitud fue resuelta por el mencionado estrado el 15 de enero de 2020, con que neg\u00f3 a \u00e9sta su intervenci\u00f3n como tercera interesada en el asunto y orden\u00f3 la entrega de tales dineros a los ejecutantes, decisi\u00f3n que si bien la promotora atac\u00f3 mediante los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, fue mantenida en sede horizontal y la alzada fue rechazada el 31 de agosto de 2022 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, porque el proceso hab\u00eda terminado desde que se neg\u00f3 el mandamiento de pago el 7 de septiembre de 2018, de lo que se resalta que la aqu\u00ed ejecutante no fue nunca reconocida como parte o interviniente en esa actuaci\u00f3n. <\/p>\n
De ah\u00ed que, la solicitud de resguardo est\u00e1 llamada a fracasar, habida cuenta que la gestora carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar por esta v\u00eda las actuaciones surtidas en el precitado proceso, por no haber sido parte de esa contienda. <\/p>\n
Sobre la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 establecen como presupuesto para su formulaci\u00f3n, que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales generada por actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o fueron reconocidos como intervinientes. <\/p>\n
Al respecto, la Sala precis\u00f3: <\/p>\n
En un asunto de contornos similares al presente\u2026 que \u2018al ser evidente que la promotora de la queja carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos fundamentales reclamados dentro de un juicio donde no ostent\u00f3 la calidad de parte ni de tercero, emerge ostensible la improcedencia de la protecci\u00f3n impetrada, no siendo menester adentrarse en el contenido de la queja por cuanto lo primero excluye lo segundo\u2019 (sentencia de 26 de noviembre de 2010, exp. 11001-22-03-000-2010-01168-01, reiterada en fallo de 26 de julio de 2012, exp. No. 13001-22-13-000-2012-00198-01) (CSJ STC, 24 oct., rad. 2012-00171-01; reiterado en STC2689-2015, 11 mar., rad. 2015-00421-00). <\/p>\n
6. Finalmente, a m\u00e1s de que al inicio de esta considerativa qued\u00f3 sentado que para el prop\u00f3sito perseguido por la gestora, consistente en que se le paguen los honorarios que considera le adeudan sus otrora mandantes, est\u00e1 en la posibilidad de iniciar un proceso judicial aparte, lo cierto es que tal pedimento econ\u00f3mico no tiene cabida en este especial escenario, pues la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para tal fin, como se dej\u00f3 por sentado en un caso an\u00e1logo al de ahora, al concluir que: <\/p>\n
De todas maneras, la pretensi\u00f3n de la promotora con el fin de obtener la devoluci\u00f3n del \u201ctotal descontado\u201d desconoce la naturaleza propia de la acci\u00f3n de tutela, toda vez que este mecanismo excepcional fue concebido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados y no para la soluci\u00f3n de aspectos de origen econ\u00f3mico. (CSJ SC, 5 nov. 2013, rad. 2013-01031-02) <\/p>\n
7. Se impone reafirmar lo prove\u00eddo por el tribunal a-quo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Oportunamente env\u00edense las diligencias a la Corte Constitucional, para lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC2768-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC2768-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-02297-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 22 de noviembre […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71996","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71996","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71996"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71996\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71996"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71996"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71996"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}