STC2769-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC2769-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 17 de febrero de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Brink\u2019s de Colombia SA, contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medell\u00edn, Seguros de Riesgos Laborales Suramericana SA ARL SURA, la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Antioquia, la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013Colpensiones-, y Jeanneth Maritza Corredor Duitama y citadas, las partes e intervinientes en el proceso ordinario laboral con radicado n\u00b0 2015-00865. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderado judicial, la sociedad actora, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y seguridad jur\u00eddica, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada. <\/p>\n
Como sustento de su queja, relat\u00f3 que Jeanneth Maritza Corredor Duitama promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra Brink\u2019s de Colombia SA, la ARL Sura y la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Antioquia, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de invalidez. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medell\u00edn en sentencia de 17 de noviembre de 2017, absolvi\u00f3 a la ARL Sura de la obligaci\u00f3n y le orden\u00f3 a Brink\u2019s de Colombia SA reintegrar a la demandante, liquidar y pagar los salarios y prestaciones sociales desde la fecha del despido hasta el reintegro, as\u00ed como pagar a Colpensiones y en favor de la trabajadora las cotizaciones en pensiones desde el 25 de julio de 2012 hasta el reintegro y continuar con el pago del salario a partir de 2017 en la suma de $1.766.973. <\/p>\n
Indic\u00f3 que esa determinaci\u00f3n la confirm\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn el 11 de agosto de 2020 y la adicion\u00f3 en el sentido de autorizar a Brink\u2019s de Colombia SA, descontar la suma pagada a la demandante por concepto de indemnizaci\u00f3n por despido sin justa causa $6.062.032 debidamente indexada al momento del pago. <\/p>\n
Inconforme con ese pronunciamiento Brink\u2019s de Colombia SA interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n y, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral mediante sentencia SL3259-2022 de 13 de septiembre de 2022 dispuso no casar el fallo de segundo grado. <\/p>\n
Explic\u00f3 la sociedad actora, que la Sala de Casaci\u00f3n accionada efectu\u00f3 un desarrollo jurisprudencial de las sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, pero no realiz\u00f3 un an\u00e1lisis de la facultad extra petita con la que se orden\u00f3 el reintegro por parte del juez de primera instancia, situaci\u00f3n que vulnera el debido proceso que le asiste en calidad de demandada. <\/p>\n
Indic\u00f3 que ejerci\u00f3 su defensa en el proceso ordinario, con la convicci\u00f3n que lo debatido se circunscrib\u00eda en determinar el reconocimiento del derecho a la pensi\u00f3n de invalidez de la demandante, sin embargo, en la sentencia \u00absorpresivamente\u00bb se le conden\u00f3 a un reintegro, por unas pretensiones de las cuales no se defendi\u00f3, situaci\u00f3n que vulner\u00f3 los derechos que reclama, sumado a la carga desproporcionada que le impusieron como \u00fanica vencida en el proceso. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, por indebida valoraci\u00f3n probatoria y falta de apreciaci\u00f3n de algunas pruebas obrantes en el expediente, porque de las documentales se logra extraer que la trabajadora al momento de terminaci\u00f3n de su contrato, no ten\u00eda ninguna calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral que acreditara su desmejora o condici\u00f3n de invalidez. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 revocar la sentencia Sl3259-2022 proferida por la Sala de Casaci\u00f3n accionada, toda vez que no realiz\u00f3 ning\u00fan estudio adicional a los hechos planteados en la demanda de casaci\u00f3n y la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Igualmente requiri\u00f3 ordenar al Tribunal Superior de Medell\u00edn revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, absolver a Brink\u00b4s De Colombia SA, de todas las condenas impuestas en su contra. <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral a trav\u00e9s del Magistrado Ponente de la providencia cuestionada, manifest\u00f3 remitirse a las consideraciones expuestas en la misma, y se\u00f1al\u00f3 que la decisi\u00f3n obedeci\u00f3 a que la recurrente no logr\u00f3 acreditar error jur\u00eddico alguno por parte del Tribunal Superior al avalar el reintegro de la demandante, el pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir, que en ejercicio de las facultades extra petita impuso el fallador de primer grado. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medell\u00edn, relat\u00f3 las actuaciones del proceso ordinario y manifest\u00f3 acogerse a lo resuelto en este tr\u00e1mite. <\/p>\n
3. La Sala Segunda de Decisi\u00f3n de la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez de Antioquia, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, argumentando que no se ha radicado en esa entidad documentaci\u00f3n correspondiente, en aras de iniciar un nuevo proceso de calificaci\u00f3n y tampoco se han cancelado los honorarios correspondientes. <\/p>\n
4. La apoderada judicial de Jeannetth Maritza Corredor Duitama se opuso a la prosperidad del amparo, en raz\u00f3n a que no se advierte la vulneraci\u00f3n al debido proceso y mucho menos que el fallo acusado resulte incongruente con lo pretendido y alegado en los hechos que fundan las suplicas. <\/p>\n
5. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n (PARISS) inform\u00f3 que, no se hizo parte ni se vincul\u00f3 al extinto ISS, como tampoco a ese Patrimonio en el proceso ordinario objeto de discusi\u00f3n, de manera que, conforme a los hechos y pretensiones se evidenciaba que eran Brink\u00b4s de Colombia S.A y la ARL las llamadas a responder. <\/p>\n
6. Colpensiones solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, por cuanto no se materializ\u00f3 ning\u00fan defecto o vulneraci\u00f3n de las prerrogativas invocadas, adem\u00e1s porque este mecanismo no puede constituirse en una tercera instancia, y en ese orden, pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, neg\u00f3 la solicitud de amparo constitucional tras determinar que no se evidenciaba la existencia de alg\u00fan defecto que habilitara la protecci\u00f3n solicitada y con ello la intervenci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral resolvi\u00f3 el asunto sometido a su consideraci\u00f3n de manera razonada, conforme al pormenorizado an\u00e1lisis de los medios de prueba, la normativa y la jurisprudencia aplicable al caso. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la sociedad accionante, la que adem\u00e1s de insistir en los argumentos iniciales, adujo que el juez de tutela de primer grado err\u00f3 como el de casaci\u00f3n, en apreciar los hechos realmente discutidos en el juicio y su ejercicio de defensa, el cual fue nulo, porque que su convicci\u00f3n la decisi\u00f3n deb\u00eda enmarcarse en conceder o no la pensi\u00f3n de invalidez, por lo que a lo largo de la primera instancia no se le otorg\u00f3 la garant\u00eda y la oportunidad del ejercicio de su derecho a la defensa y debido proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Brink\u2019s de Colombia SA, acude a este mecanismo excepcional en busca de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que considera vulnerados con la sentencia SL3259-2022 proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 13 de septiembre de 2022, a trav\u00e9s de la cual dispuso no casar el fallo del Tribunal Superior de Medell\u00edn, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia a trav\u00e9s de la cual se le conden\u00f3, entre otras, a reintegrar a Jeanneth Maritza Corredor Duitama, liquidar y pagar los salarios y prestaciones sociales desde la fecha del despido hasta el reintegro, as\u00ed como pagar a Colpensiones y en favor de la trabajadora las cotizaciones desde el 25 de julio de 2012 hasta el reintegro. <\/p>\n
3. Analizados los aspectos que fundamentan la inconformidad de la sociedad reclamante se anticipa la confirmaci\u00f3n de la sentencia constitucional impugnada, teniendo en cuenta que, una vez estudiados los argumentos expuestos por la Sala de Casaci\u00f3n accionada, no se identific\u00f3 el ejercicio de una actividad judicial arbitraria susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse. <\/p>\n
3.1. Luego de rese\u00f1ar los antecedentes del caso, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral procedi\u00f3 a estudiar los cargos primero y tercero formulados por Brink\u2019s de Colombia SA, se\u00f1alando que la recurrente acusaba al Tribunal Superior de Medell\u00edn de violar por la v\u00eda directa el principio de congruencia, puesto que desconoci\u00f3 que lo pretendido en la demanda fue la pensi\u00f3n de invalidez de la trabajadora, sin que resultara admisible una condena que no fue solicitada, consistente en el reintegro de la misma, por raz\u00f3n de la protecci\u00f3n especial derivada de la estabilidad laboral por salud. <\/p>\n
En ese orden, plante\u00f3 como problema jur\u00eddico determinar si el ad quem err\u00f3 al no ce\u00f1irse a las pretensiones formuladas en la demandada inaugural y fundar la condena del reintegro en la protecci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997, avalando la decisi\u00f3n del a quo, que declar\u00f3 la ineficacia del despido y orden\u00f3 el pago de los salarios como de las prestaciones sociales dejadas de percibir por la demandante hasta el d\u00eda del reintegro. <\/p>\n
Para desatar la controversia planteada, refiri\u00f3 lo sentado por la jurisprudencia sobre el principio de congruencia, se\u00f1alando que el mismo se limitaba a un simple ejercicio comparativo entre la demanda inicial y la parte resolutiva de la sentencia, ya que la decisi\u00f3n es el resultado de un ejercicio complejo en cual al juez le compete aplicar la norma jur\u00eddica que rige el caso, derivada de los hechos planteados y discutidos, conforme a lo demostrado en el juicio, sin que las razones de derecho invocadas por las partes aten su decisi\u00f3n o limiten su competencia. <\/p>\n
Enseguida, destac\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) Bajo el anterior horizonte, en este asunto particular, no se advierte la trasgresi\u00f3n del debido proceso y mucho menos que el fallo acusado resulte incongruente con lo pretendido y alegado en los hechos que fundan las s\u00faplicas, pues como bien lo se\u00f1al\u00f3 el juez plural, el a quo estudi\u00f3 el tema relacionado con la estabilidad laboral reforzada de la promotora del proceso por razones de salud, invocando las facultades consagradas en el art\u00edculo 50 del CPTSS, por ser una tem\u00e1tica discutida, incluso planteada desde la demanda inicial como en su contestaci\u00f3n, donde se puso de presente el estado de salud de la trabajadora, su disminuci\u00f3n o merma en su capacidad laboral y que requiere de una protecci\u00f3n, aun cuando se dirigi\u00f3 la acci\u00f3n a la obtenci\u00f3n de la pensi\u00f3n de invalidez y al pago de otros emolumentos referidos al origen de la enfermedad. <\/p>\n
Es m\u00e1s, para el Tribunal la situaci\u00f3n de discapacidad de la demandante se adujo expresamente \u00aben el recaudo del acervo probatorio, en las diversas alegaciones de las partes e incluso en el recurso de la sociedad empleadora\u00bb; es decir que, la parte demandada tuvo la oportunidad de defenderse y controvertir a lo largo de la contienda judicial, no solo la supuesta improcedencia de la prestaci\u00f3n por invalidez sino los elementos de juicio que llevaron al juzgador a conceder el amparo derivado del estado grave de salud de la accionante para el momento de la ruptura del nexo laboral, en el que ni siquiera se aleg\u00f3 una justa causa para su finalizaci\u00f3n, pues es un hecho indiscutido que se le cancel\u00f3 la respectiva indemnizaci\u00f3n por despido, para lo cual la alzada enmarc\u00f3 la situaci\u00f3n demostrada en la norma aplicable, esto es, la Ley 361 de 1997\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, hizo menci\u00f3n a la facultad extra petita advirtiendo que no eran de recibo los argumentos de la censura con relaci\u00f3n a que, aun cuando el reintegro fue materia de apelaci\u00f3n, el Tribunal Superior no verific\u00f3 si la decisi\u00f3n de concederlo por parte del juez de primera instancia, en virtud de la facultad extra petita se encontraba ajustada a derecho lo que llev\u00f3 a desconocer el principio de consonancia. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior indic\u00f3, <\/p>\n
\u00abLo anterior dado que, contrario a lo alegado por la sociedad recurrente, el Tribunal confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia porque desde lo f\u00e1ctico encontr\u00f3 demostrado que lo relativo a la condici\u00f3n de salud de la demandante que la hac\u00eda beneficiaria de la estabilidad laboral reforzada, hab\u00eda sido estudiada por el a quo; adem\u00e1s estableci\u00f3 que su situaci\u00f3n de discapacidad se adujo expresamente \u00aben el recaudo del acervo probatorio, en las <\/p>\n
diversas alegaciones de las partes e incluso en el recurso de la sociedad empleadora\u00bb. <\/p>\n
En otras palabras, los hechos por fuera de lo pedido a que se refiri\u00f3 el juez de primera instancia, en uso de su facultad extra petita, la colegiatura los hall\u00f3 discutidos y probados en el curso del juicio, de ah\u00ed que, se itera, no se quebrantaron los derechos fundamentales al debido proceso de la empresa accionada, en la medida que pudo hacer uso de los derechos de defensa y contradicci\u00f3n, ni se desconoci\u00f3 \u00abel principio de consonancia\u00bb dado que el pronunciamiento de la alzada giro en torno a lo planteado en la apelaci\u00f3n, entre ello, la situaci\u00f3n de discapacidad de la promotora del proceso que gener\u00f3 el reintegro objeto de condena\u00bb. <\/p>\n
3.2. Al estudiar el cargo segundo, indic\u00f3 que la sociedad recurrente le endilgaba al Tribunal Superior la comisi\u00f3n de seis yerros f\u00e1cticos, tendientes a demostrar que se equivoc\u00f3 al considerar que la demandante era beneficiaria de la estabilidad laboral reforzada, pues no advirti\u00f3 que al momento de la terminaci\u00f3n del contrato se encontraba en condiciones de prestar el servicio, en la medida que no ten\u00eda ninguna p\u00e9rdida de capacidad laboral calificada que se lo impidiera. <\/p>\n
En ese orden, se\u00f1al\u00f3 que asumir\u00eda el an\u00e1lisis objetivo de las pruebas y piezas procesales denunciadas como dejadas de valorar, con el fin de determinar si el fallador de segundo grado se equivoc\u00f3 al no tenerlas en cuenta. <\/p>\n
As\u00ed, comenz\u00f3 por analizar la demanda inaugural y su contestaci\u00f3n, los ex\u00e1menes m\u00e9dicos, f\u00f3rmulas e historias cl\u00ednicas, luego de lo cual sostuvo, <\/p>\n
\u00abEn consecuencia, de haberse analizado los elementos de persuasi\u00f3n antes referidos, a cambio de desvirtuar lo razonado por el Tribunal, corroborar\u00edan su conclusi\u00f3n, pues lo que estos acreditan es que la convocante al proceso desde el a\u00f1o 2008, tuvo constantes quebrantos de salud, especialmente problemas en la regi\u00f3n cervical y el cuello, lo que la oblig\u00f3 a visitar constantemente al especialista, situaci\u00f3n que se increment\u00f3 desde enero de 2011 hasta junio de 2012. <\/p>\n
De ah\u00ed que, las pruebas que la censura denuncia como dejadas de apreciar, contrario a evidenciar que el juez de apelaci\u00f3n se equivoc\u00f3 en su decisi\u00f3n, lo que hacen es confirmarla, por ende, no resulta trascendente que no se hubieran apreciado, habida consideraci\u00f3n que, se insiste, no ten\u00edan la fuerza de variar lo colegido por el ad quem\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, hizo alusi\u00f3n a la prueba pericial de 18 de julio de 2017 emanada por la Universidad CES, mediante la cual se determin\u00f3 el porcentaje de p\u00e9rdida de capacidad laboral de la trabajadora, para precisar que dicho documento no era una prueba h\u00e1bil en la casaci\u00f3n, de manera que, determinar si es jur\u00eddicamente posible que a un trabajador se le califique su capacidad despu\u00e9s de terminada la relaci\u00f3n laboral, era una alegaci\u00f3n que involucraba un discernimiento jur\u00eddico que debi\u00f3 plantearse por la v\u00eda adecuada, es decir la directa. <\/p>\n
Por otra parte, agreg\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) el argumento de la censura en el que critica que el juez plural no se hubiera pronunciado sobre la excepci\u00f3n de fondo formulada en la contestaci\u00f3n de la demanda inicial, denominada subrogaci\u00f3n de riesgos laborales, la cual, en su decir, qued\u00f3 plenamente demostrada, al no discutirse que la actora fue calificada con p\u00e9rdida de capacidad laboral del 32,35 % de origen laboral, omisi\u00f3n que, aduce quebranta el debido proceso; de considerarse un extremo de la litis que debi\u00f3 ser objeto de pronunciamiento del juzgador, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n no es el id\u00f3neo para remediar esta clase de situaci\u00f3n, ya que la parte actora contaba con la posibilidad de acudir a otros mecanismos procesales previstos para tal fin, como lo era solicitar la adici\u00f3n o complementaci\u00f3n del fallo de segundo grado, conforme al art\u00edculo 287 del CGP, lo cual no ocurri\u00f3\u00bb. <\/p>\n
A lo anterior se suma, que la recurrente no incluy\u00f3 dentro de las pruebas denunciadas el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la demandada, cuando fue precisamente del mismo que el colegiado concluy\u00f3 que en el plenario se demostr\u00f3 fehacientemente que el empleador conoc\u00eda de las limitaciones de salud que presentaba la demandante, al punto que de \u00abmanera voluntaria y preventiva\u00bb la reubicaron. <\/p>\n
En ese orden, al haber sido la citada prueba una de las que sirvieron de fundamento esencial a la decisi\u00f3n impugnada, la censura debi\u00f3 controvertirla en casaci\u00f3n, as\u00ed como la forma como la segunda instancia la apreci\u00f3 y lo que de ella deriv\u00f3. <\/p>\n
Al respecto, indic\u00f3 que la prueba no denunciada y las conclusiones que de las mismas deriv\u00f3 el Tribunal Superior, manten\u00edan inc\u00f3lume la sentencia cuestionada, amparada en la doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto. <\/p>\n
4. Con fundamento en esas consideraciones concluy\u00f3 que se deb\u00eda desestimar el ataque y dispuso no casar la sentencia proferida el 11 de agosto de 2020 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, estima la Sala que tal y como se anunci\u00f3, la sentencia constitucional impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, como quiera que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele los defectos alegados por Brink\u2019s de Colombia SA y que impongan la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior teniendo en cuenta que, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1 fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el razonable entendimiento de las normas aplicables al caso concreto, las pruebas aportadas y la jurisprudencia vigente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente que rige la materia, explicando ampliamente las razones por las cuales el Tribunal Superior de Medell\u00edn no hab\u00eda desconocido el principio de congruencia, adem\u00e1s de las facultades extra petita de los juzgadores en materia laboral de decidir por fuera de lo pedido. Sumado a que la sociedad recurrente, no logr\u00f3 acreditar que las pruebas denunciadas como no apreciadas por el Tribunal, pudieran derruir la sentencia acusada, ya que contrario a ello, una vez estudiadas por la Sala de Casaci\u00f3n, encontr\u00f3 que confirmaban las conclusiones del ad quem. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, las divergencias exteriorizadas por Brink\u2019s de Colombia SA, a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario frente a lo decidido en la sentencia objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de las autoridades judiciales en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
6. Por \u00faltimo, se destaca que esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo. Postura que se ha venido acogiendo con m\u00e1s firmeza a partir de los precedentes STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC2310-2022 y, STC3514-2022 entre otros. <\/p>\n
7. Conforme a lo se\u00f1alado, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC2769-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente STC2769-2023 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71997","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71997","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71997"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71997\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71997"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71997"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71997"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}