STC2771-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2023-00228-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier Horacio Zabala Carvajal y Evaristo Rodr\u00edguez G\u00f3mez, quienes adujeron ser representante legal y presidente honorario -en su orden- del Sindicato de Abogados Litigantes de Colombia (Sintralitigantes), contra el Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La parte convocante deprec\u00f3 el patrocinio de la prerrogativa fundamental a una \u00abPRONTA[,] CUMPLIDA y EFICAZ ADMINISTRACI[\u00d3]N DE JUSTICIA y dem\u00e1s (\u2026) conex[a]s\u00bb, presuntamente conculcada por la autoridad repelida. Y en concreto, se conmine a restar valor al \u00abACUERDO PCSJA22-12028\u2026, de\u2026 19 de diciembre de 2022\u00bb.<\/p>\n
2. Como sustento, el extremo tutelante sostuvo, en lo relevante, que a trav\u00e9s del manifiesto arriba descrito el Consejo Superior de la Judicatura dispuso \u00abtrasladar\u00bb, de manera permanente, los Juzgados 26\u00b0 y 27\u00b0 Civiles Municipales de Bucaramanga a Piedecuesta1; y los despachos 28\u00b0 y 29\u00b0 de la misma especialidad de la capital santandereana, a Gir\u00f3n2. <\/p>\n
Reproch\u00f3 lo as\u00ed resuelto pues, en estricto compendio, el estamento accionado quiso pasar por alto \u00abel esquema de CONCERTACI[\u00d3]N (\u2026) para la racionalizaci\u00f3n de la oferta judicial\u00bb, con m\u00e1s veras si el Acuerdo objeto de su inconformidad no fue producto de una socializaci\u00f3n con \u00ablos operadores externos[,] que so[n] los abogados litigantes\u00bb y, mucho menos, expuso motivaci\u00f3n convincente de cara a la realizaci\u00f3n de los traslados en cuesti\u00f3n, los cuales ocasionar\u00e1n m\u00e1s congesti\u00f3n en los estrados civiles municipales de Bucaramanga. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Corte imparti\u00f3 el rito correspondiente a la s\u00faplica supralegal de marras luego de rehusar la medida provisional suplicada, librando las comunicaciones de rigor. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DEL CONVOCADO <\/p>\n
Se opuso al \u00e9xito de la clama -por conducto de su Unidad de Desarrollo y An\u00e1lisis Estad\u00edstico- por existencia de instrumentos \u00f3ptimos de apoyo, que a\u00fan no se han empleado y, asimismo, por ausencia de vulneraci\u00f3n en torno a lo dirimido en el ejercicio de las atribuciones legalmente asignadas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para respaldar los derechos fundamentales, cuando son trasgredidos o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza residual no permite sustituir o desplazar a los escenarios comunes de auxilio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Refulge que hay un implemento ordinario de defensa para cuestionar el Acuerdo PCSJA22-12028, 19 dic. 2022. La posibilidad id\u00f3nea es suscitar su control ante la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa. <\/p>\n
Como acto administrativo que se predica del descrito manifiesto del Consejo Superior de la Judicatura, dable es controvertirlo por virtud del medio de control de nulidad previsto en el canon 137 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – ley 1437 de 2011, con posibilidad de rogar suspensi\u00f3n provisional (num. 3\u00b0, art. 230, \u00eddem), de donde, se configura la causal de improcedencia del precepto 6\u00b0 del decreto 2591 de 1991, sin que el fallador de tutela est\u00e9 facultado para hacer alg\u00fan pronunciamiento anticipado frente al caso espec\u00edfico, pues implicar\u00eda la adjudicaci\u00f3n, inv\u00e1lidamente, de las precisas competencias que el legislador dej\u00f3 en cabeza del juez natural. <\/p>\n
En lo tocante, de anta\u00f1o la Corte tiene dicho: <\/p>\n
\u2026\u2018por tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple suscitarlo ante los Jueces Contencioso Administrativos competentes, a trav\u00e9s de las acciones previstas en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, de acuerdo con las circunstancias y particularidades que, a juicio del interesado, experiment\u00f3 la situaci\u00f3n que gener\u00f3 lo resuelto por la administraci\u00f3n y que es materia de inconformidad\u2026\u2019. Adem\u00e1s, en este escenario la interesada puede solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional del acto ilegal, raz\u00f3n por la cual no se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio. As\u00ed las cosas, y en vista de que no se cumple el requisito de la subsidiariedad, la Corte confirmar\u00e1\u2026, la decisi\u00f3n de primera instancia que resolvi\u00f3 negar el amparo (CSJ STC, 9 dic. 2011, rad. 00330-01; reiterada en CSJ STC, 13 jul. 2012, rad. 00153-01). <\/p>\n
En un asunto con cierta simetr\u00eda, puntualiz\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)De entrada, se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que los actores cuentan con otros mecanismos de defensa para cuestionar el acuerdo PCSJA18-11159 de 19 de noviembre de 2018 del Consejo Superior de la Judicatura, por medio de la cual \u00abse adoptan unas medidas transitorias para algunos juzgados de peque\u00f1as causas y competencia m\u00faltiple y juzgados civiles municipales en el Distrito Judicial de Pasto y se dictan otras disposiciones\u00bb, remedio prorrogado transitoriamente por el acuerdo PCSJA19-11432 de 7 de noviembre de 2019… <\/p>\n
Ciertamente, los promotores cuentan con la posibilidad de acudir a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa para cuestionar la legalidad del aludido acto administrativo, concretamente, a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de nulidad dispuesta en el art\u00edculo 137 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que configura la causal de improcedencia contemplada en el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
As\u00ed lo dej\u00f3 sentado esta Corte al exponer en un asunto de perfiles similares que: <\/p>\n
(\u2026) si la inconformidad del actor se sintetiza en la pol\u00edtica de descongesti\u00f3n que la Sala Administrativa ejecut\u00f3 en la ciudad de Bucaramanga, ineludiblemente, se est\u00e1n cuestionando los acuerdos mediante los cuales se desarroll\u00f3 el programa de descongesti\u00f3n en la ciudad, lo que, de entrada, denota la improcedencia del amparo invocado, toda vez que, como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, las controversias en torno a la legalidad de los actos administrativos deben ser discutidas ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, a trav\u00e9s de los mecanismos legales al efecto se\u00f1alados. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la solicitud de amparo en lo que refiere a ese punto carece del requisito de subsidiariedad, por lo que, tal y como lo se\u00f1al\u00f3 el Tribunal de primera instancia, deb\u00eda ser denegada\u2026 (CSJ STC, 8 ago. 2014, rad. 2014-00336-01; reiterada en STC14603-2014, 24 oct., rad. 2014-00541-01)\u2026 (STC, 13 may. 2020, rad. 00086-00). <\/p>\n
Y m\u00e1s recientemente, en un caso tambi\u00e9n de contornos semejantes, previno: <\/p>\n
(\u2026)[S]i el [tutelante] no estaba conforme con lo dispuesto en Acuerdo No. PSAA-13-9984 de 5 de septiembre de 2013 del Consejo Superior de la Judicatura, ha debido en su oportunidad interponer la acci\u00f3n de nulidad dispuesta en el art\u00edculo 137 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para censurarlo[;] escenario id\u00f3neo para debatir su inconformidad por la creaci\u00f3n de jueces de ejecuci\u00f3n de sentencia para las especialidades civil y familia, sin contemplar dicha posibilidad para las \u00e1reas laboral y administrativa\u2026 (STC310, 25 en. 2023, rad. 00027-00). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Se impone, ergo, cerrar paso a la salvaguarda de la referencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, declara improcedente el amparo solicitado. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el canal m\u00e1s \u00e1gil y rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Para convertirlos en los Juzgados Cuarto y Quinto Civiles Municipales de Piedecuesta. <\/p>\n
2\u0002 Para convertirlos en los estrados Cuarto y Quinto Civiles Municipales de Gir\u00f3n. <\/p>\n
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