STC2773-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC2773-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2023-00168-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 9 de febrero de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que Martha Eugenia Cruz de Botero y Gustavo Hern\u00e1n de Jes\u00fas Botero Cadavid formularon contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo radicado bajo el n\u00famero 11001-31-03-040-2001-00441-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los solicitantes invocaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifestaron, en s\u00edntesis, que el Banco Colmena SA., inici\u00f3 proceso ejecutivo en su contra, sin haber realizado una reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito cobrado, y el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en sentencia de 8 de octubre de 2004, resolvi\u00f3 negativamente sus excepciones de m\u00e9rito \u00abcobro de lo no debido y compensaci\u00f3n\u00bb, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el Tribunal Superior de esta ciudad el 29 de abril de 2005. <\/p>\n
Agregaron, que el banco realiz\u00f3 una negociaci\u00f3n sobre una obligaci\u00f3n inexistente, debido a que, mediante contrato de cesi\u00f3n de derechos de cr\u00e9dito suscrito el 2 de octubre de 2006, cedi\u00f3 la obligaci\u00f3n n\u00famero 01999170472625, la cual no coincide con el pagar\u00e9 base de la ejecuci\u00f3n, y pese a lo anterior en auto de 21 de noviembre de 2006, se acept\u00f3 la cesi\u00f3n de ese derecho a favor de Jait Edulfo y Dismael Gonz\u00e1lez Hern\u00e1ndez, sin tomar en cuenta que no se encontraban autorizados para otorgar, cobrar y celebrar contratos de financiaci\u00f3n de vivienda en UVR, como fue certificado por la Junta Directiva del Banco de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
Explicaron que presentaron incidente de nulidad por ausencia de la reestructuraci\u00f3n aludida, que fue rechazado de plano el 17 de enero de 2020, no obstante, interpuestos recursos de reposici\u00f3n y, en subsidio apelaci\u00f3n, el Tribunal Superior revoc\u00f3 la decisi\u00f3n y, orden\u00f3 al juez de ejecuci\u00f3n tramitar el incidente. <\/p>\n
Resaltaron, que solicitaron control de legalidad y exigieron el cumplimiento de lo ordenado en sentencia de tutela STC5248 de 5 de mayo de 2021, proferida por esta Corporaci\u00f3n, y pese a lo anterior, el Juzgado accionado le dio una indebida interpretaci\u00f3n a esa decisi\u00f3n y, en auto de 8 de octubre de 2021, decret\u00f3 como prueba de oficio \u00abque la parte demandada [rindiera] informe y acredit[ara] bajo la gravedad del juramento, su real capacidad econ\u00f3mica actual, ingresos y obligaciones, as\u00ed como las resultas del proceso coactivo que se adelanta[ba] en su contra por la Secretaria de Hacienda de Ch\u00eda\u00bb, determinaci\u00f3n que reprocharon, por lo que interpusieron los recursos de ley, pero estos fueron rechazados y confirmados por el Tribunal Superior el 29 de junio de 2022. <\/p>\n
Finalmente, mencionaron que, por auto de 18 de enero de 2023 el Juzgado de conocimiento los requiri\u00f3 para que cumplieran con lo ordenado en el referido auto de 2021, o de lo contrario se har\u00edan acreedores a una sanci\u00f3n por diez (10) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes que puso en \u00abriesgo el patrimonio de la demandada, no solo por pretenden arrebatar su vivienda sino al amenazar imponer sanci\u00f3n pecuniaria de m\u00e1s de $10.000.000, m\u00e1xime que [eran] adultos mayores y [viv\u00edan] de una miseria de pensi\u00f3n de vejez\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicitaron -como medida provisional- ordenar la suspensi\u00f3n de la decisi\u00f3n contenida en el auto de 18 de enero de 2023 y, adicionalmente, declarar la nulidad del proceso, incluyendo el mandamiento de pago de 5 de julio de 2001 y, subsidiariamente, ordenar al Juzgado accionado que resuelva favorablemente su nulidad. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La tutela fue inicialmente asignada a esta Corporaci\u00f3n, sin embargo, por auto de 27 de enero de 2023 la remiti\u00f3 a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tras considerar que \u00abel real accionado es el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1; por cuanto, si bien la demanda de tutela se dirige contra [el Tribunal] revisado el proceso materia de censura, se establec[i\u00f3] que ninguna injerencia directa ha[b\u00eda] tenido dicha Corporaci\u00f3n en los reproches\u00bb presentados. As\u00ed, el segundo de los citados Colegiados avoc\u00f3 el conocimiento y orden\u00f3 los traslados correspondientes. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Magistrado Ricardo Acosta Buitrago, de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, se remiti\u00f3 al contenido de su auto de 7 de julio de 2020, por el cual resolvi\u00f3 \u00abel recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada contra del auto del 14 de febrero del 2020, proferido por el Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, en el que se rechaz\u00f3 de plano su solicitud de nulidad.\u201d, resolviendo \u201cREVOCAR el auto apelado de fecha y procedencia preanotadas, conforme con las razones aqu\u00ed expuestas.\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Magistrado Jes\u00fas Emilio M\u00fanera Villegas, de la misma Corporaci\u00f3n, inform\u00f3 que \u00abtramit\u00f3 recurso de queja interpuesto por la parte demandada contra el auto de 18 de noviembre de 2021, proferido por el Juzgado 1\u00b0 Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, el cual fue resuelto en prove\u00eddo del 29 de junio de 2022, en el que se declar\u00f3 bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n formulado por la parte demandada contra la decisi\u00f3n del 8 de octubre de 2021.\u00bb, y el 12 de agosto de 2022 devolvi\u00f3 el expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Banco Caja Social y la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, Despacho Direcci\u00f3n Seccional Bogot\u00e1, solicitaron su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, neg\u00f3 el amparo, tras encontrar que la decisi\u00f3n mediante la cual se decret\u00f3 la prueba de oficio cuestionada, y se advirtieron las consecuencias sancionatorias de una eventual omisi\u00f3n de la parte demandada, no se observ\u00f3 arbitraria o caprichosa, destac\u00f3, que resultaba improcedente emitir de fondo un pronunciamiento sobre la solicitud de nulidad, toda vez que se trataba de decisiones exclusivas del juez natural, sometidas a su autonom\u00eda e independencia. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La presentaron los accionantes para insistir en sus pretensiones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
Ahora, en cuanto al requisito de la subsidiariedad, debe tenerse presente que la falta de proposici\u00f3n oportuna y adecuada de los instrumentos de defensa judicial constituye una desidia procesal que no puede sanearse con esta acci\u00f3n extraordinaria, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando los interesados dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el ordenamiento jur\u00eddico, quedan sujetos a las consecuencias de las decisiones judiciales que le sean adversas a sus pretensiones, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria. (CSJ. STC14292-2021, STC2292-2022, STC2818-2022, STC3819-2022, STC7217-2022, STC16910-2022 y STC2544-2023, entre muchas). <\/p>\n
Prueba consistente en que, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a su notificaci\u00f3n, deb\u00edan rendir un \u00abinforme y acreditar bajo la gravedad del juramento, su real capacidad econ\u00f3mica actual, ingresos y obligaciones, as\u00ed como las resultas del proceso coactivo que se adelanta[ba] en su contra por la Secretaria de Hacienda de Ch\u00eda\u00bb, so pena de la multa equivalente a diez (10) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, prevista en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 44 del C\u00f3digo General del Proceso y anunciada en auto de 18 de enero de 2023. <\/p>\n
Consideraron, que dicha prueba violaba sus derechos fundamentales, toda vez que no era una funci\u00f3n del juez, y pon\u00eda en \u00abriesgo el patrimonio de la demandada, no solo por pretenden arrebatar su vivienda sino al amenazar imponer sanci\u00f3n pecuniaria de m\u00e1s de $10.000.000, m\u00e1xime que [eran] adultos mayores y [viv\u00edan] de una miseria de pensi\u00f3n de vejez\u00bb. <\/p>\n
3. Revisada la referida actuaci\u00f3n se encontr\u00f3 acreditado con relevancia para lo que habr\u00e1 de decidirse, lo siguiente, <\/p>\n
3.1 Los aqu\u00ed accionantes promovieron incidente de nulidad del proceso ejecutivo mencionado, por cuanto carec\u00eda de una restructuraci\u00f3n sobre el cr\u00e9dito cobrado. <\/p>\n
3.2 Durante el tr\u00e1mite, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, en auto de 8 de octubre de 2021 decret\u00f3, como prueba de oficio, que los all\u00ed ejecutados (aqu\u00ed accionantes) rindieran el informe referido, dentro de un t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas. <\/p>\n
Inconformes, impugnaron lo ordenado, sin embargo, el Juzgado de conocimiento mantuvo su decisi\u00f3n, por cuanto las pruebas de oficio no est\u00e1n sujetas a recursos. Similar decisi\u00f3n adopt\u00f3 el Tribunal Superior el 29 de junio de 2022, para declarar bien negado el recurso de apelaci\u00f3n que, por medio de queja, se pidi\u00f3 conceder al respecto. <\/p>\n
3.3 En auto de 18 de enero de 2023, el Juzgado accionado requiri\u00f3 a los incidentantes para que cumplieran con lo ordenado desde el a\u00f1o 2021, so pena de una multa equivalente a diez (10) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
Contra esta decisi\u00f3n, no presentaron recurso omisi\u00f3n que claramente se\u00f1ala el incumplimiento al requisito de subsidiariedad anotado en l\u00edneas anteriores. <\/p>\n
4. Sin perjuicio de lo anterior, no sobra resaltar que esa decisi\u00f3n no pod\u00eda tildarse de caprichosa por la simple divergencia exteriorizada por los accionantes a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, pues es claro que el juez, en aras de decidir asuntos como el puesto en su conocimiento (incidente de nulidad) cuenta con la facultad oficiosa de decretar pruebas para establecer los aspectos relevantes que lo lleven a adoptar una decisi\u00f3n acorte con la ley y la jurisprudencia, y requerir a los obligados para que procedan de la manera que corresponda, so pena de las sanciones establecidas en el art\u00edculo 44 del C\u00f3digo General del Proceso, sin que la prueba as\u00ed ordenada se hubiese advertido distante de la finalidad que persigue el incidente formulado, para lo que se requiere, entre otros varios puntos, determinar la verdadera capacidad econ\u00f3mica actual de los deudores. (CSJ STC11199-2020 y STC5248-2021 entre otras). <\/p>\n
5. As\u00ed, la inconformidad exteriorizada por los actores no resulta suficiente para acudir al juez constitucional, con el fin de discutir los argumentos expuestos por el juzgador de instancia en el \u00e1mbito de su competencia, e intentar reabrir un debate ya definido, como si se tratara de una tercera instancia, y en evidente ausencia de las irregularidades denunciadas. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en STC1212-2022 y STC16655-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
6. Restar se\u00f1alar que en esta ocasi\u00f3n no se demostr\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable que activara el mecanismo de manera excepcional, para cuya finalidad, como es bien conocido, no basta con realizar una serie de manifestaciones sin fundamento probatorio, ya que estas requieren del sustento suficiente para que el director de la tutela analice la imperiosa necesidad de inmiscuirse o no, en el caso concreto. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Como consecuencia de lo expuesto, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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