STC2776-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
STC2776-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2023-00294-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 22 de febrero de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por VM Holfindg SAS, contra los Juzgados Doce Civil del Circuito y Quince Civil Municipal de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado 2020-00485-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante por medio de su representante legal, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, celebr\u00f3 contrato de arrendamiento con Viapin Colombia SAS, sobre el inmueble situado en la carrea 57 No. 93-04 de Bogot\u00e1, en el que obraron como deudores solidarios Pablo Andr\u00e9s Arias Garc\u00eda y Mercadeo Efectivo SAS., con un t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de tres a\u00f1os, desde el 1\u00ba de mayo de 2017, cuya prorroga acaeci\u00f3 el 1 de mayo de 2020, aplazada hasta el 30 de junio del mismo a\u00f1o, por virtud del Decreto 579 de 2020. <\/p>\n
Adujo que, la restituci\u00f3n completa del inmueble se cumpli\u00f3 el 19 de agosto de 2020, raz\u00f3n por la que el contrato se prorrog\u00f3 el 1\u00ba de mayo del mismo a\u00f1o, fecha a partir de la que se caus\u00f3 el reajuste anual del canon, exigible a partir del 1\u00ba de julio de esa anualidad, por virtud del referido Decreto, fecha desde que tuvo plena vigencia la relaci\u00f3n contractual. <\/p>\n
Sostuvo que, como de conformidad con la cl\u00e1usula quince del contrato de arrendamiento el mismo presta m\u00e9rito ejecutivo, present\u00f3 la demanda correspondiente y el Juzgado Quince Civil Municipal de Bogot\u00e1 el 18 de diciembre de 2020 libr\u00f3 mandamiento de pago a su favor, y si bien la demandada present\u00f3 reposici\u00f3n contra el mismo, fue despachado desfavorablemente. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el Juzgado de conocimiento, en la sentencia consider\u00f3 que se estaba haciendo un cobro de lo no debido y dio por terminado el proceso, con la orden de devolver los dineros retenidos como consecuencia del levantamiento de las cautelas, providencia que apel\u00f3 y el recurso correspondi\u00f3 al Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogot\u00e1, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n censurada, con fundamento en que no se aport\u00f3 documento que preste m\u00e9rito ejecutivo. <\/p>\n
Reproch\u00f3 la providencia de segunda instancia con fundamento en que, \u00ablas reglas respecto de las pr\u00f3rrogas de los contratos con destinaci\u00f3n diferente a vivienda urbana, (\u2026) son las que se convinieron en el respectivo contrato, y el mentado Decreto regula el efecto de las obligaciones de las partes, pero no para alegar una exclusi\u00f3n de responsabilidad\u00bb, adem\u00e1s que, en la fase inicial del proceso, el t\u00edtulo aprob\u00f3 el examen judicial correspondiente a favor de la parte ejecutante, sin que fuera dable volver a su revisi\u00f3n. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 que, \u00abse deje sin efecto o se anulen las sentencias de primera y segunda instancia, proferidas por los juzgados 15 Civil Municipal (radicaci\u00f3n N\u00b0 11 001 40030 15 2020 00485 00) y 12 Civil del Circuito (radicaci\u00f3n N\u00b0 11 001 40030 15 2020 00485 01), ambos de Bogot\u00e1 D. C. proferidas dentro del proceso ejecutivo VM HOLDING SAS contra VIAP\u00cdN COLOMBIA SAS, MERCADEO EFECTIVO SAS y MERCADEO EFECTIVO SAS\u00bb. <\/p>\n
De igual modo pidi\u00f3 que, \u00abse ordene al ad quem, juez 12 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D. C., proferir la sentencia de segunda instancia, por la cual se REVOQUE la providencia dictada por el Juzgado 15 Civil Municipal, por la que se acogi\u00f3 las excepciones propuestas por la parte ejecutada, para en su lugar, adopte la decisi\u00f3n de seguir adelante la ejecuci\u00f3n y las dem\u00e1s consecuenciales de esta\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogot\u00e1, refiri\u00f3 que tramit\u00f3 en segunda instancia el proceso referido y en sentencia de 9 de diciembre de 2022, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado, sin que haya vulnerado los derechos fundamentales que se reclaman. <\/p>\n
2. El Juzgado Quince Civil Municipal de Bogot\u00e1, manifest\u00f3 que conoci\u00f3 del proceso en referencia, en el que profiri\u00f3 sentencia el 3 de noviembre de 2021, en la que tuvo por probadas las excepciones formuladas, decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso y el levantamiento de las medidas cautelares. <\/p>\n
3. Los demandados en el proceso ejecutivo singular objeto de tutela, aseveraron que son incuestionables las decisiones proferidas en el curso de las instancias, en particular porque se entreg\u00f3 un preaviso, y tampoco se aplica en el caso el Decreto 579 de 2000. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, neg\u00f3 el amparo con fundamento en que la providencia cuestionada no es arbitraria, porque se soporta en la realidad del proceso, y en la norma aplicable al asunto. <\/p>\n
Para el efecto, sostuvo que con independencia de que compartiera las exposiciones del estrado acusado para ratificar la decisi\u00f3n de primera instancia, su conclusi\u00f3n es el producto de una estimaci\u00f3n razonable de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica acontecida, la reglas que regulan la materia y las piezas procesales que hacen parte del plenario. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante con fundamento en que, se prorrog\u00f3 el contrato de arrendamiento, producto de la no restituci\u00f3n efectiva del inmueble el 30 de abril de 2020. <\/p>\n
Aleg\u00f3 que, hubo incumplimiento de la parte arrendataria, al no cancelar los c\u00e1nones en la forma pactada. <\/p>\n
Reclam\u00f3 que, se otorg\u00f3 un alcance indebido a la carta de intenci\u00f3n para dar por terminado el v\u00ednculo contractual, la cual no produce los efectos de extinci\u00f3n de este. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, en especial, haber agotado, ante el juez natural, los recursos ordinarios existentes en la ley, para remediar la situaci\u00f3n de que se trate, debido el car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo (CSJ. STC1526-2022, STC6747-2022, STC7925-2022 y STC10431-2022, entre muchas). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la sociedad VM Holfindg SAS, solicit\u00f3 que, \u00abse deje sin efecto o se anulen las sentencias de primera y segunda instancia, proferidas por los juzgados 15 Civil Municipal (\u2026) y 12 Civil del Circuito (radicaci\u00f3n N\u00b0 11 001 40030 15 2020 00485 01), ambos de Bogot\u00e1 D. C. proferidas dentro del proceso ejecutivo VM HOLDING SAS contra VIAP\u00cdN COLOMBIA SAS, y MERCADEO EFECTIVO SAS\u00bb, s\u00faplicas que no tienen vocaci\u00f3n de ser acogidas, puesto que analizada las providencia de segunda cuestionada se advierte razonable, imponi\u00e9ndose confirmar la decisi\u00f3n atacada. <\/p>\n
Es oportuno se\u00f1alar que, aun cuando la sociedad accionante tambi\u00e9n dirigi\u00f3 la queja contra la decisi\u00f3n de primera instancia, el an\u00e1lisis se circunscribir\u00e1 al pronunciamiento del Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogot\u00e1, teniendo en cuenta que fue \u00e9sta la que defini\u00f3 el asunto (CSJ. STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242-2015, STC12202-2021, STC4556-2022, STC13308-2022, y STC2047-2023 entre muchas). <\/p>\n
3. Analizado el expediente remitido a este tr\u00e1mite, se advierte que, en providencia de 9 de diciembre de 2022, el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogot\u00e1, confirm\u00f3 la sentencia de 3 de noviembre de 2021 proferida por el Juzgado Quince Civil Municipal de esta ciudad, mediante la cual entre otras decisiones, se declararon probadas las excepciones de m\u00e9rito y se termin\u00f3 el proceso ejecutivo 2020-00485. <\/p>\n
Para el efecto, sostuvo el ad quem que no se arrim\u00f3 prueba de la cual se derive una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible que corresponda satisfacer a los ejecutados en la forma pedida, en tanto que para que sea susceptible del recaudo coercitivo debe constar de manera expl\u00edcita y sin lugar a dubitaciones, presupuesto que no encontr\u00f3 cumplido. <\/p>\n
Asever\u00f3 que, el contrato de arrendamiento como base de la acci\u00f3n ejecutiva y celebrado entre las partes en litigio, establece en la cl\u00e1usula 9 que el t\u00e9rmino del arrendamiento es de 3 a\u00f1os contados a partir del 1\u00ba de mayo de 2017, y su finalizaci\u00f3n se dar\u00eda el 30 de abril de 2020, y que en la cl\u00e1usula 13 se pact\u00f3 que terminar\u00eda, \u00abcuando el Arrendatario decida darlo por terminado unilateralmente, para lo cual deber\u00e1 dar aviso por escrito al Arrendador con antelaci\u00f3n de 3 meses, caso en el cual deber\u00e1 permitir al arrendador durante ese lapso refaccionar, anunciar y mostrar el inmueble en la medida en que fuere necesario para su posterior arrendamiento\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en la \u00faltima regla, encontr\u00f3 que se demostr\u00f3 la voluntad del demandado de entregar el bien arrendado, puntualmente en el documento de 13 de noviembre de 2019, denominado \u00abAVISO TERMINACI\u00d3N CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LA PROPIEDAD QUE SE INDICA\u00bb, aludiendo al inmueble objeto del proceso, cuya terminaci\u00f3n se anuncia a partir del 30 de abril de 2020, adem\u00e1s que en esa documental constaba el recibido por parte de la representante legal de la accionante, misma que lo reconoci\u00f3 en su declaraci\u00f3n. <\/p>\n
Por otra parte, manifest\u00f3 que, la extinci\u00f3n del contrato se estructur\u00f3 con apego a la citada cl\u00e1usula, y refiri\u00f3 no encontrar acuerdo alguno o intenci\u00f3n de los contratantes en prorrogar el negocio jur\u00eddico como se alega por la accionante, sin que alguno de los documentos que se allegaron al proceso permita inferir que los aqu\u00ed litigantes decidieron de mutuo consentimiento prorrogar su relaci\u00f3n contractual. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, la sociedad accionante refiri\u00f3 que hab\u00eda operado la pr\u00f3rroga de conformidad con el art\u00edculo 4 del Decreto 579 de 2020, y en particular que, esa regla dispuso la pr\u00f3rroga hasta el 30 de junio de 2020 \u00abde aquellos contratos de arrendamiento cuyo vencimiento y entrega al arrendador se hubiere pactado dentro de las fechas de duraci\u00f3n de la Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica, sin perjuicio de acuerdos en contrario entre las partes\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, \u00abpara ese momento, la declaraci\u00f3n de estado de emergencia se dio por 30 d\u00edas calendario a partir del 17 de marzo de 2020 mediante el Decreto 471 de 2020, es decir, que ir\u00eda hasta aproximadamente el 16 de abril de 2020\u00bb, y como se estableci\u00f3 \u00abla finalizaci\u00f3n del contrato de arrendamiento para el 30 de abril de 2020 no le era aplicable tal normativa en tanto se encontraba m\u00e1s all\u00e1 del rango de fechas determinadas en el citado decreto\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, no se logr\u00f3 probar que las partes hubiesen acordado de manera documental o verbal la pr\u00f3rroga y al encontrarse efectuado \u00abel desahucio en debida forma (…) el contrato finaliz\u00f3 el 30 de abril de 2020, esto reforzado con la declaraci\u00f3n de la representante legal de la sociedad demandante\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en relaci\u00f3n con las diferencias relacionadas con la entrega del inmueble y sus efectos frente al contrato, adujo que, <\/p>\n
\u00abA tono con las discrepancias surgidas entre las partes relativas a la fecha de entrega del bien inmueble arrendado y terminaci\u00f3n del contrato (abril, julio o agosto de 2020), si la entrega se dio de manera parcial, el espacio que ocupaban los equipos en el edificio y si las dificultades para el retiro de los mismos se dio como consecuencia del actuar del demandante, o negligencia del demandado o responsabilidad del proveedor, o por el contrario, como consecuencia del confinamiento estricto a causa de la pandemia generada por el Covid-19, etc., estos son aspectos que no incumben a esta acci\u00f3n y resultan irrelevantes para las resultas de este proceso\u00bb. <\/p>\n
4. Del anterior recuento se impone concluir que, la decisi\u00f3n censurada, no resulta caprichosa puesto que se motiv\u00f3 razonadamente teniendo en cuenta las normas aplicables al caso, y las actuaciones del tr\u00e1mite -ejecutivo-, lo que no amerita la intervenci\u00f3n en sede constitucional, puesto que el objeto de esta acci\u00f3n no es servir como tercera instancia para discutir los argumentos del juez natural. <\/p>\n
Para el efecto, se tiene en cuenta que para el juzgador de segunda instancia en ese juicio no se cumpli\u00f3 con lo previsto en el art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso, puesto que no se present\u00f3 un documento contentivo de obligaciones expresas, claras y exigibles, que soportara los cobros efectuados por c\u00e1nones de arrendamiento, junto con los intereses corrientes y la \u00abcl\u00e1usula penal derivada del incumplimiento\u00bb, en la medida que ese negocio jur\u00eddico se termin\u00f3 con anterioridad a la fecha de las prestaciones que se cobran, por virtud del preaviso que el arrendatario envi\u00f3 al arrendador con la antelaci\u00f3n prestablecida. <\/p>\n
5. No obstante, la accionante pretende hacer prevalecer su interpretaci\u00f3n tanto de las pruebas como de las reglas que a su juicio gobiernan el asunto, en la medida que insiste en que el contrato s\u00ed se prorrog\u00f3, y por tanto, se causaron los cobros que reclama, producto de que el arrendatario no restituy\u00f3 el inmueble en la fecha que se predica terminado el negocio jur\u00eddico, y porque se otorg\u00f3 un alcance indebido a la denominada carta de intenci\u00f3n de terminaci\u00f3n del v\u00ednculo. <\/p>\n
C\u00f3mo puede verse, esas alegaciones en lugar de rescatar las pretensiones de la accionante en sede de impugnaci\u00f3n, m\u00e1s bien corroboran la hip\u00f3tesis del accionado en punto a que el documento presentado para el cobro de cara a las prestaciones reclamadas, no contiene \u00abuna obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible que corresponda satisfacer a los ejecutados en la forma pedida, en tanto que para que sea susceptible del recaudo coercitivo debe constar de manera expl\u00edcita y sin lugar a dubitaciones\u00bb (negrita fuera de texto). <\/p>\n
Para llegar a esa conclusi\u00f3n, basta tener en cuenta que, el documento en s\u00ed mismo -contrato de arrendamiento-, no respalda que se hubiese incumplido, sobre todo cuando se envi\u00f3 preaviso oportuno como requisito para su terminaci\u00f3n por parte del arrendatario, y menos que en esas circunstancias se hubiese prorrogado, producto de la no restituci\u00f3n que pretende hacer ver la sociedad accionante, y que es el debate en el fundamento de las prestaciones reclamadas, vuelven razonable entender que carece de la claridad que deben contener los t\u00edtulos que soportan los juicios ejecutivos, requisito que como es sabido, consiste en que a la primera lectura se vea n\u00edtida la prestaci\u00f3n, y fuera de toda oscuridad o confusi\u00f3n. <\/p>\n
Igualmente ocurre con la divergencia de criterio relacionada con la apreciaci\u00f3n de los medios de prueba, consistente en que se \u00abotorg\u00f3 un alcance indebido a la prueba obrante en el expediente, como fue la carta de intenci\u00f3n para dar por terminado el v\u00ednculo contractual, la cual no produce los efectos de extinci\u00f3n de este\u00bb; queja que revela que la sociedad accionante pas por alto que esta Sala ha reiterado en m\u00faltiples oportunidades, que es en este punto donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, ya que es \u00e9l, quien puede apreciar y valorar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica, a\u00fan m\u00e1s, cuando dicha valoraci\u00f3n est\u00e1 lejos de ser caprichosa o injusta (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00, reiterada en STC8884-2020, STC 2462-2021, STC859-2022, STC2622-2022 y STC1234-2023). <\/p>\n
6. De otra parte, y pese a que se reprocha que el juzgador incurri\u00f3 en una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del Decreto 579 de 2020, m\u00e1s all\u00e1 de hacerse ver una divergencia, no se indic\u00f3 un error superlativo en la conclusi\u00f3n de que esa regla no cobija el negocio jur\u00eddico base de cobro, en atenci\u00f3n a su fecha de terminaci\u00f3n, olvid\u00e1ndose que, \u00abel Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado\u00bb (CSJ. STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01; STC4269, 16 abr. 2015, reiterada en STC15802-2022). <\/p>\n
En las descritas circunstancias, resulta imperioso recordar que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ. STC3446-2020, reiterada en STC2462-2021, STC12546-2022 y STC2047-2023). <\/p>\n
7. Por todo lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia constitucional de primera instancia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, confirma la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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