STC2780-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC2780-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00223-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 14 de febrero de 2023, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Andrea Jaqueline Mar\u00edn Prado contra la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial Bogot\u00e1 y el Juzgado Primero Penal del Circuito de la misma especialidad de Cali, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Sociedad de Activos Especiales y la Fiscal\u00eda 61 Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio y citados los intervinientes en el proceso de extinci\u00f3n de dominio con radicado n\u00b0 2021-00081. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderado judicial, la solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, vivienda digna y propiedad privada, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Como sustento de su queja, relat\u00f3 que la Fiscal\u00eda 61 de Extinci\u00f3n de Dominio, mediante Resoluciones de 28 de julio y 11 de agosto de 2021, decret\u00f3 medidas cautelares de suspensi\u00f3n del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesi\u00f3n sobre algunos bienes de su propiedad, entre ellos, el inmueble identificado con folio de matr\u00edcula 370-950112, el veh\u00edculo de placas EHT647, la participaci\u00f3n del 51% de la composici\u00f3n accionaria en la sociedad World Decor Center SA, y el Establecimiento de Comercio (Bell Grand). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el 16 de noviembre de 2021, present\u00f3 solicitud de control de legalidad de medidas cautelares ante el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Cali, petici\u00f3n que fue desestimada en providencia de 9 de diciembre de 2021 en la que declar\u00f3 la legalidad de las medidas, decisi\u00f3n que apel\u00f3. <\/p>\n
Expuso que, la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 26 de abril de 2022 decret\u00f3 la nulidad de la decisi\u00f3n de primera instancia, por falta de motivaci\u00f3n y, orden\u00f3 devolver el expediente al despacho de origen, y en cumplimiento de lo dispuesto, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Cali nuevamente profiri\u00f3 decisi\u00f3n el 2 de junio de 2022, en la que declar\u00f3 la legalidad de las medidas cautelares, pronunciamiento que confirm\u00f3 el Tribunal nombrado el 1\u00ba de noviembre de 2022. <\/p>\n
Sostuvo que el Juzgado accionado al resolver nuevamente la solicitud de control de legalidad de medidas cautelares declar\u00f3 la legalidad de las mismas, sin realizar una motivaci\u00f3n en los t\u00e9rminos exigidos por el Tribunal Superior y en su providencia \u00fanicamente adicion\u00f3 la transcripci\u00f3n de los argumentos manifestados por su apoderado y el Fiscal encargado del caso, con un breve pronunciamiento frente a lo dicho por el ente acusador, sin que ello signifique un an\u00e1lisis y evaluaci\u00f3n de la argumentaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica formulada por ella. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, adem\u00e1s, las autoridades accionadas incurrieron en defecto f\u00e1ctico al no analizar el material probatorio obrante en el expediente, evaluando \u00fanicamente la documentaci\u00f3n aportada por la Fiscal\u00eda, soslayando que, junto con la solicitud de control de legalidad se remitieron los documentos que contemplan y aclaran la informaci\u00f3n con la que cuenta el ente acusador. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 dejar sin efectos la decisi\u00f3n de 1\u00ba de noviembre de 2022 proferida por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial Bogot\u00e1 y, en consecuencia, ordenar \u00abde forma transitoria y para evitar un perjuicio irremediable\u00bb la suspensi\u00f3n de las medidas cautelares decretadas sobre los bienes de su propiedad. <\/p>\n
Igualmente, requiri\u00f3 ordenar a las Oficinas de Registro e Instrumentos P\u00fablicos y C\u00e1maras de Comercio registrar las novedades de suspensi\u00f3n pertinentes, con el fin de amparar y garantizar su \u00abregreso a la vida comercial\u00bb y la restauraci\u00f3n de sus derechos, y, a la SAE la devoluci\u00f3n inmediata de todos los bienes afectados con las medidas cautelares impuestas. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Extinci\u00f3n de Domino del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, defendi\u00f3 la legalidad de su gesti\u00f3n y solicit\u00f3 declarar la improcedencia del amparo, argumentando que las argumentaciones que sustentan el escrito de tutela fueron ampliamente debatidas en el escenario natural, en el cual se hizo un estudio pormenorizado a efectos de establecer si las cautelas impuestas sobre los bienes de la accionante estaban revestidas de legalidad, dando respuesta a cada una de las inconformidades propuestas en el recurso de apelaci\u00f3n, aspectos que ahora pretende desconocer la demandante ante el Juez Constitucional. Asimismo, destac\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no es una tercera instancia. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Cali, manifest\u00f3 que en el tr\u00e1mite de control de legalidad qued\u00f3 establecido que el ente instructor aplic\u00f3 jur\u00eddicamente los conceptos de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad en la imposici\u00f3n de las medidas cautelares y que no incurri\u00f3 en alguna de las cuatro causales del art\u00edculo 112 del C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio. <\/p>\n
Igualmente, se\u00f1al\u00f3 que no es comprensible que la actora intente un nuevo control de legalidad cuando ya existe una decisi\u00f3n ejecutoriada y el tr\u00e1mite est\u00e1 finalizado en t\u00e9rminos de instancia superior, de manera que la acci\u00f3n de tutela no puede constituirse en otra instancia de revisi\u00f3n de la actividad de evaluaci\u00f3n probatoria de los jueces y magistrados, facultados de autonom\u00eda en la toma de sus decisiones. <\/p>\n
3. La apoderada judicial de la SAE y el Director Jur\u00eddico del Ministerio de Justicia y del Derecho, solicitaron negar las pretensiones de la accionante y la desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite constitucional, afirmando que no han vulnerado los derechos invocados por la actora. <\/p>\n
4. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, declar\u00f3 la improcedencia del amparo constitucional, tras determinar el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, en raz\u00f3n a que el proceso de extinci\u00f3n de dominio a\u00fan se encuentra en curso, por lo que la accionante puede ejercer sus derechos en esa actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, consider\u00f3 que no se evidenciaba una situaci\u00f3n excepcional que admitiera la intervenci\u00f3n extraordinaria y transitoria del juez de tutela, como lo propuso la actora, pues no demostr\u00f3 la existencia de alg\u00fan perjuicio irremediable, conforme con sus caracter\u00edsticas de inminencia, urgencia, gravedad y necesidad. <\/p>\n
Por \u00faltimo, refiri\u00f3 que la autoridad accionada no omiti\u00f3 pronunciarse frente a los planteamientos de la peticionaria, pues de acuerdo con el auto de 1\u00ba de noviembre de 2022, se evidenciaba el an\u00e1lisis que hizo esa Corporaci\u00f3n frente a cada uno de los argumentos defensivos propuestos por el apoderado de la aqu\u00ed accionante y, al confrontarlos con la motivaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n que impuso las medidas cautelares, determin\u00f3 que no eran suficientes para desvirtuar los fundamentos legales sobre los cuales se estructur\u00f3 su imposici\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la accionante, indicando que se cumple el requisito de la subsidiariedad, como quiera que el tr\u00e1mite de control de legalidad de medidas cautelares es independiente del proceso propiamente de extinci\u00f3n de dominio y cuenta con un t\u00e9rmino preclusivo para ser utilizado, raz\u00f3n por la cual acudi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela ante la ausencia de mecanismos alternos que permitieran cesar la inminente vulneraci\u00f3n de sus derechos. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que lo pretendido es que se preste atenci\u00f3n a los argumentos expuestos y con base en los mismos, se profieran decisiones judiciales suficientemente motivadas y ajustadas a derecho. <\/p>\n
Sostuvo, adem\u00e1s, que la finalidad de la tutela no es rebatir los argumentos del Tribunal en su fallo de 1\u00ba de noviembre de 2022, sino que, se analicen los argumentos planteados por ella tanto frente al Juzgado de primer grado como eventualmente ante el Tribunal en la segunda instancia. <\/p>\n
Por \u00faltimo, refiri\u00f3 que el hecho de someterla a la decisi\u00f3n final del proceso de extinci\u00f3n de dominio genera una grave vulneraci\u00f3n y desigualdad de sus derechos fundamentales, puesto que los argumentos y requisitos para imponer todas las medidas cautelares sobre sus bienes no han sido debidamente analizados de fondo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Andrea Jaqueline Mar\u00edn Prado acude a este mecanismo excepcional en busca de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que considera vulnerados con las decisiones proferidas por las autoridades accionadas, a trav\u00e9s de las cuales declararon la legalidad de las medidas cautelares decretas por la Fiscal\u00eda 61 de Extinci\u00f3n de Dominio, sobre algunos bienes de su propiedad. <\/p>\n
3. En este contexto, debe se\u00f1alarse inicialmente que el an\u00e1lisis de la presente solicitud de protecci\u00f3n constitucional se circunscribir\u00e1 a la decisi\u00f3n proferida por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 1\u00ba de noviembre de 2022, en raz\u00f3n a que la determinaci\u00f3n de primera instancia fue sometida al escrutinio de dicha Corporaci\u00f3n a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n, de manera que no resulta admisible una confrontaci\u00f3n similar, \u00abso pena de convertir este escenario [constitucional] en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ. STC14012-2015, STC11805-2021, reiterada en STC4694-2022 entre otras). <\/p>\n
4. Analizados los aspectos que fundamentan la inconformidad de la reclamante y las pruebas allegadas a este tr\u00e1mite, se anticipa la confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, teniendo en cuenta que, una vez examinados los argumentos expuestos por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio en la decisi\u00f3n reprochada, no se observa arbitrariedad manifiesta susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse. <\/p>\n
4.1 En efecto, la Sala accionada tras relatar los antecedentes del caso y explicar la naturaleza jur\u00eddica y fines de las medidas cautelares decretadas en los procesos de extinci\u00f3n de dominio y del control de legalidad de las mismas, procedi\u00f3 a estudiar los cuestionamientos de la apelante, quien adujo que se encontraban configuradas las causales 1\u00aa, 2\u00aa y 3\u00aa del art\u00edculo 112 de la Ley 1708 de 2014, toda vez que la Fiscal\u00eda no alleg\u00f3 pruebas que demostraran que los bienes se adquirieron con recursos de origen il\u00edcito, adem\u00e1s, omiti\u00f3 acreditar por qu\u00e9 hab\u00eda necesidad y proporcionalidad de imponer las medidas y no motiv\u00f3 de manera suficiente la resoluci\u00f3n con la que decret\u00f3 las medidas. <\/p>\n
Enseguida, indic\u00f3, <\/p>\n
\u00abEl numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 112 del C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio indica que es procedente el decreto de ilegalidad de las medidas cautelares siempre que \u201cno existan los elementos m\u00ednimos de juicio suficientes para considerar que probablemente los bienes afectados con la medida tengan v\u00ednculo con alguna causal de extinci\u00f3n de dominio\u201d. <\/p>\n
Circunstancia que no se concreta en este caso, puesto que el instructor fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en los siguientes elementos: (i) Copia de la totalidad de la investigaci\u00f3n adelantada por la Fiscal\u00eda 4 Especializada de Cali del radicado N\u00b0 760016000193201906134 por los delitos de Concierto para delinquir, Lavado de activos y Favorecimiento al contrabando en donde se encuentran varios actos de investigaci\u00f3n esto es, interceptaciones telef\u00f3nicas, vigilancia y seguimiento a personas, incautaciones de cargamentos de cigarrillos; (ii) Copia de las decisiones proferidas por la direcci\u00f3n de Aduanas e Impuestos Nacionales en donde se hace constar el estado actual de mercanc\u00eda incautada a la organizaci\u00f3n liderada por Mar\u00eda Alicia Prado \u00c1lvarez; (iii) Copia del registro de nacimiento e Andrea Jaqueline con el cual se demuestra el parentesco de esta con Prado \u00c1lvarez; (iv) Certificado de tradici\u00f3n del inmueble con FMI N\u00b0 370-950112, as\u00ed como del veh\u00edculo de placas EHT-647\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que contrario a lo afirmado por la peticionaria, el Juzgado de primera instancia acert\u00f3 al se\u00f1alar que la Fiscal\u00eda adopt\u00f3 la decisi\u00f3n de imponer las medidas sobre los bienes de Andrea Jaqueline Mar\u00edn Prado teniendo en cuenta los referidos elementos de juicio, que resultan suficientes para satisfacer el est\u00e1ndar m\u00ednimo probatorio que se requiere para llegar a tal determinaci\u00f3n y que exige la norma que regula los tr\u00e1mites de extinci\u00f3n de dominio. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, adem\u00e1s, que la imposici\u00f3n de las cautelas no cerraba la posibilidad de que la afectada, en el juicio extintivo probara su desconocimiento o el origen l\u00edcito de los recursos con los cuales adquiri\u00f3 las propiedades, asunto que, deb\u00eda ser debatido en la fase procesal correspondiente, por lo que descart\u00f3 los argumentos expuestos por la recurrente tendientes a justificar el origen de las propiedades, por inoportunos. Asimismo, indic\u00f3 <\/p>\n
(\u2026) Ac\u00e1 resulta oportuno resolver la inconformidad formulada por el apelante referente a que la Fiscal\u00eda afecto las propiedades de su representada \u00fanicamente a partir de su v\u00ednculo familiar, empero no hay evidencia que demuestre que estos bienes se consiguieran con dineros il\u00edcitos. <\/p>\n
Contrario a lo expuesto por el impugnante se observa que la Fiscal\u00eda no afecto solamente este patrimonio por el nexo de madre e hija, sino que esto obedeci\u00f3 a ese aspecto, sumado al marco de tiempo en que se estaban ejecutando las actividades punibles y la adquisici\u00f3n de los mismos alrededor de ese lapso, as\u00ed como por la edad de Andrea, quien no ten\u00eda capacidad econ\u00f3mica para obtener ese abultado capital, de lo cual dan cuenta los elementos m\u00ednimos de juicio antes anunciados- actos de investigaci\u00f3n relacionados con las actividades delictivas desplegadas por la progenitora y el registro de nacimiento de la afectada. <\/p>\n
Sobre el particular, se afirm\u00f3 en la resoluci\u00f3n del instructor \u201c\u2026Frente a lo obtenido mediante actos de investigaci\u00f3n, se colige de manera l\u00f3gica que los bienes en cabeza de Mar\u00edn Prado, se enmarcan en la causal 1 y 4 del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio, dado que los mismos tiene origen en los rendimientos del accionar delictivo de su se\u00f1ora madre teniendo en cuenta que Andrea Jacqueline es una estudiante que a su edad no ha producido capital suficiente para adquirir estos cuantiosos bienes, sumado a la circunstancia que los mismos fueron adquiridos en la l\u00ednea de tiempo que se le enrostra a su progenitora (\u2026). <\/p>\n
Igualmente, aclar\u00f3 que la Fiscal\u00eda no afirm\u00f3 que la afectada hubiese participado en los il\u00edcitos, sino que en los bienes de los cuales aparece como titular hay elementos m\u00ednimos de juicio que indicaban que se obtuvieron producto del accionar delictivo de su progenitora. Adem\u00e1s, reiter\u00f3 que la solicitud de valoraci\u00f3n de pruebas era un asunto que no correspond\u00eda a ese escenario procesal. <\/p>\n
Luego, se refiri\u00f3 a la causal 2\u00aa del art\u00edculo 112 del C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio, determinando que contrario a lo alegado por la reclamante, la Fiscal\u00eda fundament\u00f3 debidamente la necesidad de las medidas, bas\u00e1ndose en evitar que los bienes sean enajenados, e impedir que estos sigan usufructuando bienes que tienen origen il\u00edcito. <\/p>\n
Frente al requisito de la razonabilidad, consider\u00f3 que la Fiscal\u00eda cumpli\u00f3 con la carga argumentativa, al concluir que las cautelas eran adecuadas para evitar que la propietaria hiciera negocios con los bienes, los transfiriera, destruyera o sufriera alg\u00fan deterioro y preservar los mismos durante el adelantamiento del proceso. <\/p>\n
Respecto al elemento de la proporcionalidad, indic\u00f3 que el ente acusador consider\u00f3 que la imposici\u00f3n de las medidas cautelares resultaba proporcional para asegurar y preservar los bienes vinculados al tr\u00e1mite mientras se adelantaba el proceso, sumado a que \u00abno existen unas medidas menos gravosas y restrictivas para cumplir con los fines de las cautelas consagrados en el art\u00edculo 87 de la Ley 1708 de 2014, m\u00e1s cuando las actividades il\u00edcitas desplegadas por la organizaci\u00f3n desconocieron el orden econ\u00f3mico y social del estado\u00bb. <\/p>\n
En punto a la medida cautelar de secuestro, manifest\u00f3 que contrario a la percepci\u00f3n de la peticionaria, la Fiscal\u00eda cumpli\u00f3 con la fundamentaci\u00f3n para imponerla, as\u00ed como al decretar la limitaci\u00f3n al dominio de toma de posesi\u00f3n de bienes, haberes y negocios de sociedades, establecimientos de comercio y unidades de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica, en la que motiv\u00f3 la imposici\u00f3n de la cautela, indicando que se buscaba evitar que esas personas jur\u00eddicas transformen los capitales il\u00edcitos e impedir que se siga atentando contra el orden econ\u00f3mico y social del estado. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, distinto a lo considerado por la recurrente, la Fiscal\u00eda si anunci\u00f3 los elementos m\u00ednimos de juicio y expres\u00f3 los fundamentos de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad por los cuales impuso las medidas cautelares. <\/p>\n
Por \u00faltimo, destac\u00f3, <\/p>\n
\u00abEn esa misma l\u00ednea, la motivaci\u00f3n expuesta por la Instructora es clara al presentar un recaudo de elementos de convicci\u00f3n que permitieron establecer con un grado suficiente de probabilidad que los bienes afectados posiblemente tienen un origen il\u00edcito. As\u00ed, cabe destacar que el proceso de extinci\u00f3n de dominio transita por etapas progresivas de conocimiento, y la fase en la que se imponen las cautelas es durante la investigaci\u00f3n, momento en que el legislador exige que los elementos de juicio arrojen un est\u00e1ndar de persuasi\u00f3n que se sit\u00faa apenas en la probabilidad del v\u00ednculo con una causal de extinci\u00f3n de dominio, requisito que, como se mencion\u00f3 en precedencia, se encuentra satisfecho, toda vez que tales cautelas en el presente asunto, se orientaron, principalmente, a cumplir los fines previstos en el art\u00edculo 87 de la Ley 1708 de 2014, esto es \u201cevitar que los bienes que se cuestionan puedan ser ocultados, negociados, gravados, distra\u00eddos, transferidos o puedan sufrir deterioro, extrav\u00edo o destrucci\u00f3n; o con el prop\u00f3sito de cesar su uso o destinaci\u00f3n il\u00edcita\u201d\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en esas conclusiones determin\u00f3 que exist\u00edan razones suficientes para negar los cuestionamientos formulados por la recurrente y dio por verificada la ausencia de las circunstancias o causales estipuladas en el art\u00edculo 112 de la Ley 1708 de 2014, que pudieran afectar la validez de las medidas cautelares decretadas por la Fiscal\u00eda. En ese orden, resolvi\u00f3 confirmar el auto proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Cali. <\/p>\n
5. De las anteriores consideraciones, estima la Sala que tal y como se anunci\u00f3, la sentencia constitucional impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, como quiera que no se evidenci\u00f3 arbitrariedad manifiesta que revele los defectos o falta de motivaci\u00f3n alegados por Andrea Jaqueline Mar\u00edn Prado y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior teniendo en cuenta que, la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el razonable entendimiento de las normas aplicables al caso concreto, entre ellas los art\u00edculos 111 y 112 de la Ley 1708 de 2014 encontrando que, contrario a los aducido por la recurrente, la imposici\u00f3n de medidas cautelares por parte de la Fiscal\u00eda 61 Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio estuvo suficientemente motivada, en raz\u00f3n a que anunci\u00f3 los elementos m\u00ednimos de juicio y expuso los fundamentos de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad por los cuales deb\u00edan decretarse las cautelas. <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, las divergencias exteriorizadas por Andrea Jaqueline Mar\u00edn Prado a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en el pronunciamiento objeto de inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de las autoridades judiciales en el \u00e1mbito de su competencia o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
Se destaca que esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ. STC12805-2021). <\/p>\n
7. De conformidad con lo considerado, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC2780-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente STC2780-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00223-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-72008","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72008","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72008"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72008\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72008"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72008"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72008"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}