STC2785-2023<\/p>\n
<\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el \u00abART\u00cdCULO PRIMERO\u00bb del Acuerdo No. 034 de esta Sala, expedido el pasado 16 de diciembre, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situaci\u00f3n jur\u00eddica relacionada con una persona menor de edad, como medida de protecci\u00f3n a su intimidad, se emiten dos versiones de esta sentencia, \u00abcon id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y los datos e informaciones (familiares), que permitan conocer su identidad y ubicaci\u00f3n, para efectos de publicaci\u00f3n en los repositorios, medios de comunicaciones y motores de b\u00fasqueda virtuales, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, que se utilizar\u00e1 \u00fanicamente para notificaci\u00f3n a los sujetos procesales e intervinientes y que se mantendr\u00e1 con reserva a terceros interesados\u00bb. <\/p>\n
NOTA. Este ejemplar de la decisi\u00f3n corresponde al que contiene los \u00abnombres ficticios\u00bb de las partes. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2785-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2023-00052-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el 8 de febrero de 2023 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 en la acci\u00f3n de tutela que Ana, inco\u00f3 contra el Juzgado Treinta y dos de Familia de Bogot\u00e1, las Comisar\u00edas de Familia de San Crist\u00f3bal y los M\u00e1rtires, as\u00ed como contra el Centro Zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ubicado tambi\u00e9n en esta \u00faltima localidad con ocasi\u00f3n del proceso de fijaci\u00f3n de cuota de alimentos que all\u00ed cursa bajo la radicaci\u00f3n 2021-00462. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del resguardo constitucional deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, dignidad humana, a una vida libre de violencia de g\u00e9nero y m\u00ednimo vital, presuntamente conculcados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
2. Lo anterior con fundamento en los siguientes hechos: <\/p>\n
2.1. Entre la quejosa y Carlos se form\u00f3 un hogar en el cual se procrearon tres hijos, con quienes conviv\u00edan de manera conjunta hasta la separaci\u00f3n de la pareja durante el a\u00f1o 2020. <\/p>\n
2.2. Estos acudieron ante la Comisar\u00eda de Familia de la Localidad de los M\u00e1rtires, autoridad que dio apertura al tr\u00e1mite de fijaci\u00f3n de cuota de alimentos. <\/p>\n
2.3. Ante la referida entidad el 9 de agosto de 2021 se suscribi\u00f3 acta de conciliaci\u00f3n frente a la custodia y cuidado personal de los menores, sin embargo, no se logr\u00f3 acuerdo frente al r\u00e9gimen de visitas y la fijaci\u00f3n de cuota de alimentos. <\/p>\n
2.4. Por tanto, la Comisar\u00eda fij\u00f3 cuota de alimentos as\u00ed como r\u00e9gimen de visitas provisional, y remiti\u00f3 tales diligencias ante los Juzgados de Familia para surtir el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
2.5. Sometido el asunto a reparto correspondi\u00f3 al Juzgado Treinta y dos de Familia de Bogot\u00e1 el conocimiento del litigio pendiente, quien mantuvo las cautelas adoptadas y adem\u00e1s, orden\u00f3 el embargo del salario y dem\u00e1s emolumentos que reciba Ana. <\/p>\n
2.6. A lo largo del tr\u00e1mite de fijaci\u00f3n de cuota de alimentos la quejosa ha presentado sendos memoriales en los cuales ha puesto de presente situaciones de violencia que sufre por su expareja cuando acude a recoger a sus menores hijos, as\u00ed como el incumplimiento del r\u00e9gimen de visitas, manifestaciones frente a las cuales el juzgado accionado ha proferido algunas determinaciones, entre ellas la de fijar cuota de alimentos a su cargo por la suma de $1.980.000. <\/p>\n
2.7. Se\u00f1ala que recientemente, present\u00f3 solicitud de custodia de sus hijos ante el Centro Zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de la Localidad de los M\u00e1rtires, sin que obtener respuesta, especialmente de la \u00faltima petici\u00f3n que esta radic\u00f3 en octubre \u00faltimo. <\/p>\n
3. En consecuencia, aduce que las autoridades cuestionadas al fijar la cuota de alimentos a su cargo sobre el 50% de su salario (i) no solo atentan contra su m\u00ednimo vital, pues desconocen la existencia de otros gastos personales y obligaciones propias de su vida, sino que tambi\u00e9n considera es una forma de violencia econ\u00f3mica en su contra y (ii) que el decreto del embargo de su salario desconoce la jurisprudencia imperante seg\u00fan la cual en asuntos netamente declarativos no es posible adoptar decisiones relativas a ejecuciones alimentarias, ello en interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 129 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia. <\/p>\n
(iii) Frente al r\u00e9gimen de visitas, cuestiona su incumplimiento adem\u00e1s de las m\u00faltiples agresiones que sufre cada vez que debe recoger a sus hijos en el lugar en el que habitan con su progenitor y (iv) por \u00faltimo, cuestiona la tardanza con la que el ICBF ha tramitado su solicitud de custodia frente a sus menores hijos, lo cual tambi\u00e9n lesiona su derecho al debido proceso. <\/p>\n
RESPUESTAS Y CONTESTACIONES <\/p>\n
1. Carlos cuestion\u00f3 la licitud de todas las actuaciones desplegadas por las autoridades accionadas, reproch\u00f3 la negligencia con la que en su sentir se ha tramitado su caso. <\/p>\n
2. La Comisar\u00eda Cuarta de Familia de San Crist\u00f3bal precis\u00f3 que en efecto, en favor de Ana se han decretado incumplimientos por actos de violencia intrafamiliar, y en contra de Carlos. <\/p>\n
4. El Centro Zonal de los M\u00e1rtires manifest\u00f3 no ser competente para definir la situaci\u00f3n de custodia de los menores sino que debe acudirse ante el juez de familia, agreg\u00f3 que el conflicto que ocurre entre las partes solo podr\u00e1 superarse cuando ambos decidan respetar los acuerdos que han suscrito frente al r\u00e9gimen de visitas y custodia de los menores. <\/p>\n
5. La Fiduprevisora solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, pues no ha lesionado los derechos fundamentales de la accionante en sentido alguno. <\/p>\n
6. El Juzgado Treinta y Dos de Familia de Bogot\u00e1 realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas al interior del tr\u00e1mite fustigado, se\u00f1al\u00f3 que sus actuaciones se ci\u00f1en al marco de la legalidad permitida. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Ampar\u00f3 parcialmente los derechos de la accionante, para lo cual orden\u00f3 al Defensor de Familia del Centro Zonal M\u00e1rtires del ICBF \u2026 \u00abque dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n que se le haga de este fallo, proceda a dar respuesta a la petici\u00f3n presentada por la actora mediante correo electr\u00f3nico el 21 de octubre de 2022\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 Carlos, inconforme con todo el tr\u00e1mite surtido, aduciendo que las razones expuestas son de bajo contenido intelectual. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Vistas as\u00ed las cosas, se advierte que la salvaguarda incoada est\u00e1 llamada al fracaso parcialmente, por las razones que se pasa a exponer: <\/p>\n
2.1. Esta Sala abordar\u00e1 la queja constitucional incoada desde dos perspectivas, la primera, en lo relativo a los reproches por las medidas adoptadas frente a la cuota de alimentos y, en segundo lugar, se pronunciar\u00e1 frente a la protecci\u00f3n de la accionante por los actos de violencia advertidos y a la integridad de los menores, visto el incumplimiento del r\u00e9gimen de visitas, as\u00ed como la tardanza en el tr\u00e1mite de custodia de los menores. <\/p>\n
2.2. Con relaci\u00f3n a la fijaci\u00f3n de la cuota de alimentos en un 50%, se observa que esta no excede los l\u00edmites permitidos por la ley, lo que de entrada condena al fracaso la queja impulsada por la actora, pues al margen de que tal determinaci\u00f3n se comparta, el legislador previ\u00f3 unos l\u00edmites m\u00e1ximos frente a los cuales es posible tasar la citada prerrogativa, lo cual no evidencia ninguna vulneraci\u00f3n per se. <\/p>\n
2.3. En efecto, en el contexto de garantizar el derecho de alimentos desarrollado en el art\u00edculo 24 de la ley 1098 de 2016, los jueces deben interpretar de manera integral las necesidades de los menores y fijar conforme a la sana cr\u00edtica y a cada caso concreto las necesidades del alimentado, en este caso de tres NNA con unas necesidades espec\u00edficas que objetivamente no se observan rebatidas por la tutelante. <\/p>\n
2.4. Por el contrario, se observa que tanto la Comisar\u00eda como el Juzgado cuestionado han dado cumplimiento a sus deberes de \u00abadoptar con premura las \u00f3rdenes necesarias para procurar el goce de los derechos fundamentales del infante, m\u00e1s a\u00fan, trat\u00e1ndose de los alimentos, ya que estos son indispensables para \u2018el sustento, habitaci\u00f3n, vestido, asistencia m\u00e9dica, recreaci\u00f3n, educaci\u00f3n o instrucci\u00f3n y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes\u00bb, conforme lo ha precisado la jurisprudencia de esta Sala (CSJ, STC6823-2021). <\/p>\n
2.5. Ahora bien, la tutelante aduce que la decisi\u00f3n adoptada le genera violencia econ\u00f3mica, argumento que esta Sala descarta, puesto que el cumplimiento de una orden legal y constitucional en pro de garantizar el inter\u00e9s superior de sus menores hijos no persigue un inter\u00e9s ileg\u00edtimo o que se advierta desproporcionado, al margen de las otras situaciones de violencia que se observan entre la pareja y a la que nos referiremos adelante. <\/p>\n
2.6. Con relaci\u00f3n a la violencia econ\u00f3mica la jurisprudencia constitucional ha enfatizado que <\/p>\n
\u201c(\u2026) Esta clase de agresiones son muy dif\u00edciles de percibir, pues se enmarcan dentro de escenarios sociales en donde, tradicionalmente, los hombres han tenido un mayor control sobre la mujer. A grandes rasgos, en la violencia patrimonial el hombre utiliza su poder econ\u00f3mico para controlar las decisiones y proyecto de vida de su pareja. Es una forma de violencia donde el abusador controla todo lo que ingresa al patrimonio com\u00fan, sin importarle qui\u00e9n lo haya ganado. Manipula el dinero, dirige y normalmente en \u00e9l radica la titularidad de todos los bienes. Aunque esta violencia tambi\u00e9n se presenta en espacios p\u00fablicos, es en el \u00e1mbito privado donde se hacen m\u00e1s evidentes sus efectos. <\/p>\n
Por lo general, esta clase de abusos son desconocidos por la mujer pues se presentan bajo una apariencia de colaboraci\u00f3n entre pareja. El hombre es el proveedor por excelencia. No obstante, esa es, precisamente, su estrategia de opresi\u00f3n. La mujer no puede participar en las decisiones econ\u00f3micas del hogar, as\u00ed como est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de rendirle cuentas de todo tipo de gasto. Igualmente, el hombre le impide estudiar o trabajar para evitar que la mujer logre su independencia econ\u00f3mica, haci\u00e9ndole creer que sin \u00e9l, ella no podr\u00eda sobrevivir. <\/p>\n
Lo anterior, si bien no constituye los \u00fanicos mecanismos o formas en los cuales se puede ejercer la violencia econ\u00f3mica, si marca unas pautas o patrones que no se observan en las actuaciones de funcionario judicial y en el desarrollo de las competencias desplegadas al interior del tr\u00e1mite aqu\u00ed cuestionado por las autoridades de familia vinculadas, esto es: la pretensi\u00f3n de controlar el proyecto de vida de la otra persona a trav\u00e9s de la limitaci\u00f3n de recursos monetarios o privar a la v\u00edctima de disponer de sus recursos financieros propios para impedirle su libertad, lo que en este caso no se deriva de la mera determinaci\u00f3n de fijar el cumplimiento de una obligaci\u00f3n alimentaria que por ley le corresponde a la accionante frente a sus tres menores hijos. <\/p>\n
3. Ahora bien, frente al segundo reproche, esta sala no advierte la vulneraci\u00f3n endilgada, sino que la decisi\u00f3n adoptada resulta razonable a la luz del principio constitucional de protecci\u00f3n del inter\u00e9s superior del menor, puesto que esta Sala ha sostenido de manera pac\u00edfica que los ni\u00f1os gozan de prerrogativas especiales para asegurar su adecuada formaci\u00f3n y desarrollo, en resultas del concepto de su inter\u00e9s superior. <\/p>\n
En efecto, el constituyente de 1991 consagr\u00f3 como sujetos de especial protecci\u00f3n, por parte del Estado, a los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, autorizando la protecci\u00f3n integral, el inter\u00e9s superior1 y la prevalencia de sus garant\u00edas2 respecto de los dem\u00e1s sujetos de derecho, incluidos los de su n\u00facleo familiar, lo cual tiene su fuente en la trascendencia que revisten para la sociedad, am\u00e9n del momento de formaci\u00f3n en que se encuentren, que exige medidas adecuadas para permitir el desarrollo de una identidad propia, que contribuya dentro de su individualidad a la existencia, consolidaci\u00f3n y desarrollo de los cometidos del Estado y la comunidad, por tanto existen intereses superiores3 que claman por su salvaguarda. <\/p>\n
Sobre este inter\u00e9s superior del menor, la Corte Constitucional en sentencia T-587\/98, dijo: <\/p>\n
\u2026esta nueva visi\u00f3n del menor se justific\u00f3 tanto desde una perspectiva humanista -que propende la mayor protecci\u00f3n de quien se encuentra en especiales condiciones de indefensi\u00f3n-, como desde la \u00e9tica que sostiene que s\u00f3lo una adecuada protecci\u00f3n del menor garantiza la formaci\u00f3n de un adulto sano, libre y aut\u00f3nomo. La respuesta del derecho a estos planteamientos consisti\u00f3 en reconocerle al menor una caracterizaci\u00f3n jur\u00eddica espec\u00edfica fundada en sus intereses prevalentes. Tal reconocimiento qued\u00f3 plasmado en la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o (art\u00edculo 3\u00b0) y, en Colombia, en el C\u00f3digo del Menor (decreto 2737 de 1989) [hoy Ley 1098 de 2006]. Conforme a estos principios, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica elev\u00f3 al ni\u00f1o a la posici\u00f3n de sujeto merecedor de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, la sociedad y la familia (art\u00edculos 44 y 45). <\/p>\n
Ahora bien, el inter\u00e9s superior del menor no constituye una cl\u00e1usula vac\u00eda susceptible de amparar cualquier decisi\u00f3n. Por el contrario, para que una determinada decisi\u00f3n pueda justificarse en nombre del mencionado principio, es necesario que se re\u00fanan, al menos, cuatro condiciones b\u00e1sicas: (1) en primer lugar, el inter\u00e9s del menor en cuya defensa se act\u00faa debe ser real, es decir, debe hacer relaci\u00f3n a sus particulares necesidades y a sus especiales aptitudes f\u00edsicas y sicol\u00f3gicas; (2) en segundo t\u00e9rmino, debe ser independiente del criterio arbitrario de los dem\u00e1s y, por tanto, su existencia y protecci\u00f3n no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios p\u00fablicos encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, se trata de un concepto relacional, pues la garant\u00eda de su protecci\u00f3n se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderaci\u00f3n debe ser guiado por la protecci\u00f3n de este principio; (4) por \u00faltimo, debe demostrarse que dicho inter\u00e9s tiende a lograr un beneficio jur\u00eddico supremo consistente en el pleno y arm\u00f3nico desarrollo de la personalidad del menor. <\/p>\n
En ese sentido, la jurisprudencia tambi\u00e9n ha fijado algunas pautas (CC T-261\/13)4, entre las cuales se destaca que: <\/p>\n
Los funcionarios judiciales deben ser especialmente diligentes y cuidadosos al resolver casos relativos a la garant\u00eda de los derechos fundamentales de un menor de edad. Eso, entre otras cosas, implica que no pueden adoptar decisiones y actuaciones que trastornen, afecten o pongan en peligro sus derechos, dado el impacto que las mismas pueden tener sobre su desarrollo, sobre todo si se trata de ni\u00f1os de temprana edad\u2026 <\/p>\n
[L]as decisiones susceptibles de afectar a un menor de edad deben ajustarse a par\u00e1metros de razonabilidad y proporcionalidad (…) <\/p>\n
Lo anterior da cuenta, en s\u00edntesis, de que la prevalencia del inter\u00e9s del menor en el marco de un proceso judicial se garantiza cuando la decisi\u00f3n que lo resuelve i) es coherente con las particularidades f\u00e1cticas debidamente acreditadas en el proceso y ii) considera los lineamientos que los tratados internacionales, las disposiciones constitucionales y legales relativas a la protecci\u00f3n de los ni\u00f1os y las ni\u00f1as y la jurisprudencia han identificado como criterios jur\u00eddicos relevantes para establecer, frente a cada caso concreto, qu\u00e9 medidas resultan m\u00e1s convenientes, desde la \u00f3ptica de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, para asegurar el bienestar f\u00edsico, sicol\u00f3gico, intelectual y moral del menor (se resalt\u00f3). <\/p>\n
En consonancia con esa singular protecci\u00f3n que le asiste a los menores de edad, al expedir el C\u00f3digo General del Proceso el legislador patrio contempl\u00f3 en el par\u00e1grafo 1\u00ba de su canon 281 que \u00ab[e]n los asuntos de familia, el juez podr\u00e1 fallar ultrapetita y extrapetita, cuando sea necesario para brindarle protecci\u00f3n adecuada\u2026 al ni\u00f1o, la ni\u00f1a o adolescente… y prevenir controversias futuras de la misma \u00edndole\u00bb. <\/p>\n
A lo cual debe a\u00f1adirse que el precepto 11 del mismo estatuto ense\u00f1a que el juzgador, \u00abal interpretar la ley procesal\u2026[,] deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb; que las eventuales dudas que surjan en esa empresa \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb; y que ha de abstenerse \u00abde exigir y de cumplir formalidades innecesarias\u00bb. <\/p>\n
3.1. Luego, no se precisa vulnerado el derecho al debido proceso al decretar el embargo del salario y otros emolumentos laborales de la tutelante, en aras de garantizar la protecci\u00f3n de los menores a su derecho fundamental a sus alimento. <\/p>\n
4. Ahora, esta Sala advierte que es necesario adoptar medidas protectoras en favor de la integridad psicosocial de los menores Manuel, Mario y Mariana, afectados desde luego por las situaciones de violencia que ocurren entre sus progenitores y el proceso aqu\u00ed cuestionado, con especial \u00e9nfasis en los hechos de violencia de g\u00e9nero denunciados. <\/p>\n
En concreto, esta Corte ha abordado estas situaciones fijando pautas concretas a las que deben ce\u00f1irse las autoridades judiciales para proteger a los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, as\u00ed como a quienes sufren violencia por raz\u00f3n de g\u00e9nero. <\/p>\n
4.1. Con relaci\u00f3n a los primeros, como sujetos de especial protecci\u00f3n las autoridades est\u00e1n llamadas a decidir ultra y extra petita para garantizar de manera eficiente a los NNA sus derechos fundamentales a una familia, una vida libre de violencia, desarrollo adecuado y afectivo que le permita desarrollarse en el entorno en el que habita en libertad, dignidad y estabilidad psicoafectiva, para que estos puedan desarrollar su proyecto de vida. <\/p>\n
Por ello, si bien en el tr\u00e1mite que aqu\u00ed se revisa la pretensi\u00f3n principal radica en la definici\u00f3n de la cuota de alimentos a cargo de la tutelante, lo cierto es que en un enfoque de protecci\u00f3n integral de los menores involucrados al interior de dicho tr\u00e1mite, tambi\u00e9n se fijaron medidas provisionales tales como el r\u00e9gimen de visitas, asunto que inclusive de oficio debe abordarse, garantizarse y verificarse por el juez de familia hasta tanto de defina de manera definitiva el asunto mediante tr\u00e1mite de custodia de los menores. <\/p>\n
Por lo que se llama la atenci\u00f3n a las autoridades fustigadas para que en el marco de sus competencias, inclusive extra y ultra petita adopten las mejores decisiones para proteger a los menores de los hechos de violencia que son evidentes en el tr\u00e1mite objeto de tutela y que desde luego generan afectaciones psicosociales y afectivas, exhortando, inclusive, conforme a la valoraci\u00f3n razonada de los hechos y las pruebas se adopten, se adopten medidas cautelares previstas en los procesos de familia por el legislador. <\/p>\n
4.2. Ahora bien, en punto a la violencia de g\u00e9nero puesta en evidencia por la tutelante, sea preciso recordar al juez de familia las pautas que esta Corporaci\u00f3n ha fijado para incorporar la perspectiva de g\u00e9nero a los asuntos litigiosos en cualquier tipo de proceso, situaci\u00f3n que debe revisarse de oficio en cumplimiento de los compromisos suscritos por el Estado colombiano en la Convenci\u00f3n Bel\u00e9m Do Par\u00e1, entre otras (CSJ, STC15780-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, La jurisprudencia de esta sala ha dicho que, trat\u00e1ndose de los asuntos de familia, el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, establece en su par\u00e1grafo que \u00abel juez podr\u00e1 fallar ultrapetita y extrapetita, cuando sea necesario para brindarle protecci\u00f3n adecuada a la pareja, al ni\u00f1o, la ni\u00f1a o adolescente, a la persona con discapacidad mental o de la tercera edad, y prevenir controversias futuras de la misma \u00edndole\u00bb, est\u00e1ndar que incluye a las v\u00edctimas de violencia de g\u00e9nero como sujeto de protecci\u00f3n reforzada (STC12625- 2018). <\/p>\n
Tambi\u00e9n, el canon 42.6 de la Constituci\u00f3n Nacional, en concordancia con el precepto 7\u00b0 literal g) de la Convenci\u00f3n de Bel\u00e9m Do Par\u00e1, obliga a los Estados parte a dise\u00f1ar, establecer, regular y aplicar mecanismos d\u00factiles, \u00e1giles y expeditos, con el fin de asegurar que la mujer objeto de violencia intrafamiliar tenga acceso efectivo a la reparaci\u00f3n integral del da\u00f1o, de manera justa y eficaz. <\/p>\n
Por lo anterior, se exhorta a las autoridades ac\u00e1 fustigadas, a que una vez establecida la necesidad de acudir al enfoque de g\u00e9nero, adopten las medidas necesarias para superar la situaci\u00f3n de discriminaci\u00f3n y violencia a la que se ha visto sometida una de las partes en el proceso, por medio de mecanismos que hagan efectiva su igualdad, cuando se verifiquen los requisitos o elementos de procedencia para la aplicaci\u00f3n de la perspectiva de g\u00e9nero. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n: <\/p>\n
Primero: Confirma la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Segundo: Conforme a lo aqu\u00ed consignado, Exhorta al Juzgado Treinta y Dos de Familia a que haga uso de sus poderes correctivos, as\u00ed como aquellos que en virtud de la legislaci\u00f3n en materia de familia, infancia y adolescencia tiene a su disposici\u00f3n para adoptar las determinaciones necesarias que garanticen los derechos de los menores Manuel, Mario y Mariana. <\/p>\n
Tercero: Ordenar a las Comisar\u00edas de Familia de los M\u00e1rtires y de San Crist\u00f3bal, reforzar las medidas de acompa\u00f1amiento psicosocial a las partes en disputa, as\u00ed como a los NNA involucrados en el presente litigio, en pro de proteger su integridad y dignidad. <\/p>\n
Cuarto: Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 8 de la Ley 1098 de 2006. Inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes. \u00abSe entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Canon 9\u00ba \u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 CSJ STC, 4 oct. 2007, rad. 2007-00091-01. <\/p>\n
4\u0002 Citada en STC5016-2016, 21 abr., rad. 2016-00922-00. <\/p>\n
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STC2785-2023 ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR De conformidad con el \u00abART\u00cdCULO PRIMERO\u00bb del Acuerdo No. 034 de esta Sala, expedido el pasado 16 de diciembre, atendiendo a que en esta providencia se resuelve una situaci\u00f3n jur\u00eddica relacionada con una persona menor de edad, como medida de protecci\u00f3n a su intimidad, se emiten dos […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-72013","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72013","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72013"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72013\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72013"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72013"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72013"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}