STC2790-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2790-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2023-01100-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Colombiana de Protecci\u00f3n Vigilancia y Servicios PROVISER LTDA. contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali y el Juzgado Once Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las sociedades ACOSTA & CIA. S. en C., en liquidaci\u00f3n, y a Dar\u00edo Hincapi\u00e9. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad accionante, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas en el juicio de radicado 76001310301120210007400. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Proviser promovi\u00f3 una demanda ejecutiva contra de ACOSTA & CIA. S. en C.S. -hoy en liquidaci\u00f3n-, con el fin de que se librara mandamiento por $338.632.152, correspondiente a la prestaci\u00f3n del servicio de vigilancia y seguridad en virtud del \u00abContrato No. 13.2019 [\u2026] y \u201cACTA SERVICIO ADICIONAL\u00bb, m\u00e1s intereses a la tasa m\u00e1xima legalmente permitida. <\/p>\n
2.3. La decisi\u00f3n fue apelada por la demandante, argumentando que el t\u00edtulo ejecutivo era el contrato y no solamente las facturas, que no se valoraron todos los documentos para la configuraci\u00f3n del t\u00edtulo ejecutivo y que no se decidi\u00f3 sobre las pretensiones subsidiarias1. <\/p>\n
2.4. El 25 de noviembre de 2022, la Sala Civil de la Corporaci\u00f3n accionada revoc\u00f3 los numerales 12 y 63 de la sentencia, aclar\u00f3 que el t\u00edtulo valor era el contrato y no las facturas y modific\u00f3 el numeral 3, ordenando seguir adelante con la ejecuci\u00f3n por $152.938.238. <\/p>\n
2.5. El actor censura la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 el Tribunal accionado, en cuanto determin\u00f3 que la mayor\u00eda de las facturas, expedidas en virtud del acta de servicio adicional, no conten\u00edan las formalidades que exig\u00eda el contrato, pues, en su criterio, dej\u00f3 de valorar las pruebas allegadas al proceso, que evidenciaban que los servicios s\u00ed fueron solicitados, prestados y facturados, de manera que eran exigibles, sumado a que las facturas no fueron objetadas por la demandada, por lo que la orden de ejecuci\u00f3n debi\u00f3 librarse por $338.632.152. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, pide que se dejen parcialmente sin efectos los fallos de instancia, en cuanto negaron el valor de los servicios adicionales, y que se ordene seguir con la ejecuci\u00f3n por $338.632.152. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
El Juzgado accionado defendi\u00f3 la legalidad de su decisi\u00f3n y Acostas y Cia. S en C. S. en liquidaci\u00f3n se opuso a las pretensiones de la tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la accionante pretende el amparo de sus derechos fundamentales, los cuales considera vulnerados con las sentencias de instancia emitidas en el proceso 2021-00074. <\/p>\n
2. Centrado el an\u00e1lisis en el fallo emitido el 25 de noviembre de 2022, pues fue el que zanj\u00f3 el debate, se observa que la Corporaci\u00f3n accionada comenz\u00f3 por determinar que, en efecto, como lo aleg\u00f3 la apelante, el instrumento a ejecutar era el contrato de \u00abprestaci\u00f3n de servicios de vigilancia y seguridad privada, en la modalidad fija\u00bb, suscrito entre las partes el 1 de noviembre de 2019, junto con el acta de servicio adicional y unas facturas, en lo referente al periodo incumplido desde diciembre de 2020 a febrero de 2021 y no s\u00f3lo las facturas de venta. <\/p>\n
2.1. A continuaci\u00f3n realt\u00f3 que, de acuedo a la jurisprudencia de esta Sala, incluso el juez de la apelaci\u00f3n tiene el deber de reexaminar oficiosamente los presupuestos exigidos legalmente para la compulsividad judicial del t\u00edtulo, sin que se encuentre limitado por el mandamiento de pago. <\/p>\n
2.2. En tal sentido, descendi\u00f3 al caso concreto, para se\u00f1alar que en el mencionado contrato se determin\u00f3 de manera precisa y concreta como valor mensual la suma de $31.817.752, pagaderos m\u00e1ximo a los treinta d\u00edas de la fecha de radicaci\u00f3n de la factura, suma que se reajustar\u00eda autom\u00e1ticamente a partir del 1\u00b0 de enero de cada a\u00f1o con base en el incremento del salario m\u00ednimo legal vigente. A su vez, se estipul\u00f3 que las facturas se presentar\u00edan dentro de los cinco d\u00edas siguientes a la prestaci\u00f3n del servicio y que, cuando se requirieran servicios adicionales a los incialmente pactados, la ejecutada comunicar\u00eda \u00abpor escrito a LA CONTRATISTA, aclarando expresamente en qu\u00e9 consiste el servicio que se requiere, su duraci\u00f3n, ubicaci\u00f3n, geograf\u00eda y cualquier otro aspecto relacionado\u00bb4, documento que har\u00eda parte integral del contrato, previa aceptaci\u00f3n expresa de la contratista; igualmente, destac\u00f3 que, mediante acta de servicio adicional, suscrita en la misma fecha por valor de $15.016.877 mensuales, se incluy\u00f3 un servicio adicional de escolta. <\/p>\n
De lo anterior, concluy\u00f3 que las partes hab\u00edan convenido expresamente \u00abque todo servicio adicional, deb\u00eda cumplir con la ritualidad descrita en precedencia, es decir, estar precedida de petici\u00f3n escrita, clara y detallada proveniente de la contratante y adem\u00e1s contar con el benepl\u00e1cito o aquiescencia de la contratista ac\u00e1 ejecutante, obviamente, antes de su ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Con base en ese prespuesto, el Tribunal advirti\u00f3 que, de las 41 facturas allegadas, s\u00f3lo guardaban simetr\u00eda con los t\u00e9rminos analizados y, por tanto, prestaban m\u00e9rito ejecutivo \u00ablas FE559, FE560, FE848, FE847, FE1075 y FE1076, (\u2026) por los meses de diciembre de 2020, enero y febrero de 2021\u00bb. <\/p>\n
2.3. Seguidamente, sobre el requerimiento previo escrito que deb\u00eda hacer la ejecutada en caso de necesitar servicios adicionales, determin\u00f3 que ello hab\u00eda sido corroborado por el representante legal de la ejecutante y el testigo Andr\u00e9s Felipe Linares Valencia (asistente de facturaci\u00f3n), quienes explicaron que se pod\u00eda realizar por medio de correo electr\u00f3nico, y que, de existir acuerdo en la tarifa, se acced\u00eda a ello; no obstante, evidenci\u00f3 que la ejecutante ped\u00eda el pago de servicios sin allegar \u00abprobanza alguna que permitiera inferir razonablemente que la ejecutada solicit\u00f3 tales servicios adicionales para que as\u00ed hubiera procedido a facturarlos\u00bb, circunstancia que fue corroborada por la representante legal de la ejecutada en el interrogatorio de parte, por lo cual estableci\u00f3 que \u00abson obligaciones cuyo pago coercitivo no puede exigirse en esta senda procesal reservada exclusivamente para aquellas obligaciones claras, expresas y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra \u00e9l, seg\u00fan perentorio dictado del art\u00edculo 422 del CGP\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, determin\u00f3 que deb\u00eda proseguir la ejecuci\u00f3n solo frente a las facturas FE559, FE560, FE848, FE847, FE1075 y FE1076, correspondientes totalizaban el monto de $152.938.238. <\/p>\n
3. Como se observa, la determinaci\u00f3n cuestionada fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas allegadas, a la luz de la normatividad aplicable, y bajo una hermen\u00e9utica plausible que no luce irrazonable y, por tanto, no habilita la intromisi\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
3.1. Al respecto, se evidencia que el Tribunal accionado estableci\u00f3 que, de acuerdo con la voluntad de la ejecutante -plasmada en el escrito de demanda-, el t\u00edtulo base de ejecuci\u00f3n era el contrato y su acta adicional -aspecto que fue objeto de reparo en la alzada- y, estudiado su contenido, estableci\u00f3 que los servicios adicionales deb\u00edan ser requeridos previamente por escrito para que las facturas generadas posteriormente fueran exigibles, circunstancia que no encontr\u00f3 probada en las 35 facturas radicadas por concepto de servicios adicionales, requsito que no se logra suplir, seg\u00fan el contrato, con las declaraciones rendidas en el juicio; en consecuencia, dado que solo seis facturas se soportaron en debida forma, la ejecuci\u00f3n solo proced\u00eda respecto de estas. <\/p>\n
Asimismo, esta Corte5 tiene sentado que este mecanismo constitucional no es el indicado para obtener un nuevo estudio de las probanzas consideradas, pues esa actividad corresponde al juez natural, sin que pueda el de tutela anteponer su propio criterio ni desvirtuar las apreciaciones motivadas a las que arrib\u00f3 el operador judicial cognoscente, por cuanto ello vulnerar\u00eda los principios de autonom\u00eda e independencia, sumado que convertir\u00eda este instrumento en una tercera instancia, lo cual es inviable. <\/p>\n
4. Por lo anterior, se negar\u00e1 la tutela. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La demandada present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, por auto del 14 de septiembre de 2022 se acept\u00f3 su desistimiento. <\/p>\n
2\u0002 Que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n cuarta del art\u00edculo 184 del C\u00f3digo de Comercio, esto es, \u201cLA OMISION DE LOS REQUIITOS QUE EL TITULO DEBA CONTENER Y QUE LA LEY NO SUPLE EXPRESAMENTE\u201d, titulada por el demandado como \u201cAUSENCIA DE CAUSA\u201d, respecto de las facturas relacionadas en el ac\u00e1pite de hechos de la demanda en los puntos 7.1 a 7.5 inclusive, 7.15 a 7.19 inclusive y 7.29 a 7.33, inclusive, raz\u00f3n por la que las excluy\u00f3 de la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
3\u0002 Referente a la condena en costas. <\/p>\n
4\u0002 Cl\u00e1usula Segunda, par\u00e1grafo I, contrato visible en folio 20, documento 02, Carpeta Primera instancia, expediente 2021-00074. <\/p>\n
5\u0002 CSJ STC de 25 de enero de 2012, rad. 2011-02659-00, reiterado en CSJ STC7213-2020. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC2790-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC2790-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2023-01100-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Colombiana de Protecci\u00f3n Vigilancia y […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-72018","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72018","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72018"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72018\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72018"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72018"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72018"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}