STC2791-2023<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-03-000-2022-00645-01 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
STC2791-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-03-000-2022-00645-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
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Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
<\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo dictado el 24 de noviembre de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la acci\u00f3n de tutela que la Sociedad de Activos Especiales -SAE- S.A.S. le interpuso al Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de esa localidad, extensiva a los intervinientes en el proceso de pertenencia 05001-31-03-014-2008-00106-00. <\/p>\n
<\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1.- La sociedad accionante, en su calidad de administradora del Fondo para la Rehabilitaci\u00f3n, Inversi\u00f3n Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), pidi\u00f3 dejar sin efecto la sentencia proferida el 12 de agosto de 2016 por el juzgado accionado, mediante la cual declar\u00f3 que Jos\u00e9 Ren\u00e9 Higuita y Magnolia Regina Echeverri Hern\u00e1ndez ganaron por prescripci\u00f3n extraordinaria, el dominio del inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula n\u00b0 001-210602 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, Zona Sur. En su reemplazo, implor\u00f3 se le ordene proferir \u00abuna nueva providencia sin que incurra en defectos f\u00e1cticos, sustantivos y procedimentales como los anotados en el presente escrito y, en consecuencia, ordene remitir el expediente al Juez Penal Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio que conoce de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n del inmueble\u00bb materia del litigio. <\/p>\n
<\/p>\n
Para respaldar sus aspiraciones, adujo, en esencia, que la agencia judicial no ten\u00eda competencia para declarar la pertenencia reclamada, comoquiera que el bien est\u00e1 afectado por la medida de \u00abembargo, secuestro y suspensi\u00f3n del poder dispositivo\u00bb, a \u00f3rdenes de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, en virtud de un proceso de extinci\u00f3n de dominio. Precis\u00f3 que la cautela fue decretada inicialmente por la Fiscal\u00eda 134 Especializada de Medell\u00edn, y fue comunicada a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos mediante oficio n\u00b0 719 de 1\u00b0 de septiembre de 2005. Y, posteriormente, fue ratificada mediante Resoluci\u00f3n de 6 de mayo de 2014 por la Fiscal\u00eda 24 Delegada en Extinci\u00f3n de Bogot\u00e1. Precis\u00f3 que, no obstante, el despacho ten\u00eda conocimiento de la situaci\u00f3n jur\u00eddica del predio, la pas\u00f3 por alto y accedi\u00f3 a la pertenencia. <\/p>\n
<\/p>\n
2.- La autoridad judicial convocada remiti\u00f3 el expediente digital objeto de queja constitucional. Las partes intervinientes en el juicio acusado fueron notificados a trav\u00e9s de curador ad litem. <\/p>\n
<\/p>\n
3.- La primera instancia neg\u00f3 el amparo por ausencia de inmediatez, ya que la actora tuvo conocimiento de la decisi\u00f3n controvertida en 2016, luego de su inscripci\u00f3n en el folio de matr\u00edcula del inmueble. Sin embargo, solo acudi\u00f3 a este sendero en 2022. <\/p>\n
<\/p>\n
4.- La actora impugn\u00f3, apoyada en que el presupuesto comentado deb\u00eda flexibilizarse, toda vez que est\u00e1n comprometidos los intereses superiores que pretenden defenderse a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio. Adicionalmente, la demora obedece a las dificultades que ha tenido la entidad desde su creaci\u00f3n a efectos de realizar el inventario de los inmuebles que debe administrar. Al mismo tiempo, la vulneraci\u00f3n no ha cesado, toda vez que la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio \u00abno ha sido objeto de decisi\u00f3n definitiva que permita concluir que el inmueble con FMI 001 \u2013 210602 es meritorio de extinci\u00f3n del dominio y, por consiguiente, transferido al Frisco; o por el contrario, que la medida cautelar ordenada y practicada deba revocarse debido a que los se\u00f1ores MAGNOLIA REGINA ECHEVERRI HERN\u00c1NDEZ y JOS\u00c9 REN\u00c9 HIGUITA son terceros de buena fe exenta de culpa y, por consiguiente, se ordene la entrega del inmueble a ellos\u00bb. <\/p>\n
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CONSIDERACIONES <\/p>\n
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En ese sentido, el art\u00edculo 34 de la Carta de Derechos establece que \u00ab(\u2026) por sentencia judicial, se declarar\u00e1 extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento il\u00edcito, en perjuicio del Tesoro p\u00fablico o con grave deterioro de la moral social\u00bb. Y el art\u00edculo 17 de la Ley 1708 de 2014, \u00abpor medio de la cual se expide el C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio\u00bb, consagra que \u00ab[l]a acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio de que trata la presente ley es de naturaleza constitucional, p\u00fablica, jurisdiccional, directa, de car\u00e1cter real y de contenido patrimonial, y proceder\u00e1 sobre cualquier bien, independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
La Corte, por su parte, en asuntos donde est\u00e1n comprometidos intereses generales, ha sostenido que se pueden flexibilizar los requisitos de subsidiariedad e inmediatez para protegerlos (STC2389-2020, reiterada en STC874-2021, STC037-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
Luego, en atenci\u00f3n al linaje de la contienda, la Sala superar\u00e1 la exigencia de inmediatez, con el fin de determinar si el juzgado accionado incurri\u00f3 en desafuero al declarar la pertenencia sobre un inmueble que estaba cautelado en proceso de extinci\u00f3n de dominio. <\/p>\n
<\/p>\n
2.- Precisado lo anterior, pronto se advierte que el amparo no puede abrirse paso, ya que el \u00abembargo, secuestro y suspensi\u00f3n del poder dispositivo\u00bb decretado por la Fiscal\u00eda, respecto del bien objeto del juicio acusado, no imped\u00eda que el juez civil del circuito asumiera la competencia legal y acogiera la demanda de pertenencia propuesta por Jos\u00e9 Ren\u00e9 Higuita y Magnolia Regina Echeverry, como pasa a exponerse. <\/p>\n
<\/p>\n
En efecto, no es cierto que el servidor enjuiciado careciera de facultades para definir la relaci\u00f3n sustancial controvertida, puesto que ning\u00fan texto legal le proh\u00edbe resolver pretensiones de usucapi\u00f3n sobre bienes gravados con cautelas provenientes de las autoridades de extinci\u00f3n de dominio. Igualmente, tampoco existe disposici\u00f3n alguna que ordene remitir a tales autoridades los procesos en que esos bienes cautelados sean su objeto. <\/p>\n
<\/p>\n
Ahora, que el predio estuviera afectado por una medida cautelar decretada en un proceso de extinci\u00f3n de dominio no muta su naturaleza de privada a p\u00fablica. No se pierda de vista que el registro de medidas cautelares en el curso de un asunto de tal categor\u00eda, simplemente tiene el efecto de garantizar las resultas del proceso, que se desconocen hasta exista una sentencia de fondo, raz\u00f3n por la cual no pueden restringirse otras controversias legales suscitadas sobre el inmueble, como aquella del poseedor que pretende hacerse propietario. <\/p>\n
<\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, la Corte puntualiz\u00f3 que si bien los bienes objeto de extinci\u00f3n de dominio constituyen patrimonio p\u00fablico y, por tanto, son imprescriptibles, tales condiciones emergen \u00fanicamente a partir de la ejecutoria de la sentencia que declara la p\u00e9rdida de la propiedad privada y su tr\u00e1nsito al dominio del Estado (SC3934-2020). <\/p>\n
<\/p>\n
Luego, como para el momento en que el fallador sentenci\u00f3 la causa, el inmueble no estaba cobijado con sentencia de extinci\u00f3n de dominio, nada obstaba para que la especialidad civil de la jurisdicci\u00f3n ordinaria declarara due\u00f1os a quienes reput\u00f3 como sus poseedores. <\/p>\n
<\/p>\n
Al mismo tiempo, mem\u00f3rese que las medidas cautelares, como regla general, no afectan la posesi\u00f3n del bien ni, por ende, sus efectos en el mundo del derecho. As\u00ed lo ha dicho la Sala de manera reiterada al precisar desde el 8 de mayo de 1890, y de manera invariable, que \u201c[e]l embargo no interrumpe ni la posesi\u00f3n ni la prescripci\u00f3n, porque la ley no ha reconocido esto como causa de interrupci\u00f3n natural o civil, como puede verse en los art\u00edculos 2523 y 2524 del C\u00f3digo Civil\u2026\u201d (G.J. T. XXII, p\u00e1g. 376); tal como lo muestra tambi\u00e9n un fallo del 30 de septiembre de 1954, en el que se advirti\u00f3 que \u2018[e]l embargo y dep\u00f3sito de una finca ra\u00edz no impide que se consume la prescripci\u00f3n adquisitiva de ella (G.J., T. LXXVIII, p\u00e1gs. 709 y 710, CSJ SC19903-2017, CSJ SC4791-2020). <\/p>\n
<\/p>\n
Por otro lado, la posibilidad de que terceros adquieran, a trav\u00e9s del modo originario de la prescripci\u00f3n, derechos sobre bienes cautelados en un juicio de extinci\u00f3n de dominio, no es extra\u00f1a a los principios y naturaleza de esa acci\u00f3n especial; por el contrario, es el mismo ordenamiento el que con \u00e9nfasis pone a salvo los derechos de terceros no involucrados en la acci\u00f3n extintiva. <\/p>\n
<\/p>\n
F\u00edjese que el art\u00edculo 87 de la Ley 1708 de 2014, tras se\u00f1alar que las medidas cautelares en esos procesos persiguen \u00abevitar que los bienes que se cuestionan puedan ser ocultados, negociados, gravados, distra\u00eddos, transferidos o puedan sufrir deterioro, extrav\u00edo o destrucci\u00f3n; o con el prop\u00f3sito de cesar su uso o destinaci\u00f3n il\u00edcita\u00bb, contempla que \u00ab[e]n todo caso se deber\u00e1n salvaguardar los derechos de terceros de buena fe exenta de culpa\u00bb, esto es, los de quienes detentan alguna prerrogativa sobre el bien sometido al proceso de extinci\u00f3n de dominio, y no son parte en \u00e9l. <\/p>\n
<\/p>\n
De suerte que, si existen situaciones ajenas e independientes al derecho de propiedad cuya extinci\u00f3n de dominio se persigue, como ser\u00eda la posesi\u00f3n de un tercero respecto del bien de que se trate, nada impide que sus titulares las consoliden o las hagan valer a trav\u00e9s de los cauces establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico, sin perjuicio, claro est\u00e1, del derecho que les asiste de defender el statu quo en el juicio de extinci\u00f3n de dominio. <\/p>\n
De este modo, se infiere que el \u00abembargo, secuestro y suspensi\u00f3n del poder dispositivo\u00bb decretado por la Fiscal\u00eda, respecto del inmueble con folio de matr\u00edcula n\u00b0 001-210602, no despojaba al Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Medell\u00edn de la competencia para decidir y estimar la demanda de pertenencia incoada sobre el bien. Es decir, la agencia reprochada no incurri\u00f3 en los desafueros que se le atribuyeron. <\/p>\n
<\/p>\n
2.- En consecuencia, se ratificar\u00e1 el fallo del a quo constitucional, en cuanto desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada por la entidad demandante, pero por los motivos consignados en esta providencia. <\/p>\n
<\/p>\n
3.- Finalmente, en raz\u00f3n a la necesidad de publicitar el alcance de esta determinaci\u00f3n, valga precisar que la posici\u00f3n expuesta en precedencia no es la mayoritaria de la Sala, en la medida en que fue acompa\u00f1ada \u00edntegramente por un Magistrado. No obstante, otros dos compartieron la negativa de la tutela, pero porque estimaron que era improcedente en virtud de la carencia de inmediatez. Luego cuatro magistrados comparten la negaci\u00f3n del amparo, al paso que los dos restantes se apartan de la resolutiva, como adelante expresan. <\/p>\n
<\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
<\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
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MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Salvamento de voto) <\/p>\n
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HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Salvamento de voto) <\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n
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ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
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Radicaci\u00f3n n\u00b0. 05001-22-03-000-2022-00645-01 <\/p>\n
<\/p>\n
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, queremos aclarar que, aunque compartimos lo resuelto, en cuanto se confirm\u00f3 el fallo impugnado, que neg\u00f3 la tutela de la referencia, consideramos que la decisi\u00f3n debi\u00f3 sustentarse en que no se cumple con el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
Lo anterior, porque, como la actuaci\u00f3n censurada se profiri\u00f3 el 12 de agosto de 2016, a la fecha de presentaci\u00f3n de la tutela -9 de noviembre de 2022- se hab\u00eda superado ampliamente el t\u00e9rmino de seis meses que jurisprudencialmente se ha considerado razonable para promover esta acci\u00f3n constitucional1, sin que se observe impedimento alguno de la accionante para acudir previamente a esta instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
Ello es as\u00ed, por cuanto, si bien la actora afirma que solo conoci\u00f3 la providencia cuando solicit\u00f3 el desarchivo del expediente, lo cual ocurri\u00f3 en mayo de 20222, y que la entidad no tiene un inventario preciso y depurado de todos los bienes que administra, lo cierto es que, seg\u00fan el certificado de libertad y tradici\u00f3n del inmueble de folio de matr\u00edcula inmobiliaria 001-210602 allegado con la tutela, la demanda de pertenencia se inscribi\u00f3 en ese documento el 30 de mayo de 2008 y el 15 de junio de 2011, y la sentencia atacada se registr\u00f3 el 27 de septiembre de 2016, con lo cual se cumpli\u00f3 el acto de enteramiento a terceros sobre el proceso rebatido; incluso, dicho documento tambi\u00e9n registra un dep\u00f3sito provisional realizado por la SAE desde el 30 de septiembre de 2021, seg\u00fan solicitud del 14 de agosto de ese mismo a\u00f1o, circunstancia que evidencia que el inmueble s\u00ed estaba identificado por la entidad3, por lo que no se advierten razones para justificar la tardanza. <\/p>\n
<\/p>\n
M\u00e1xime que, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar el principio de seguridad jur\u00eddica, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb4. <\/p>\n
<\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejamos fundada nuestra aclaraci\u00f3n de voto. <\/p>\n
Fecha ut supra, <\/p>\n
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HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIO <\/p>\n
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Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05001-22-03-000-2022-00645-01 <\/p>\n
<\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
<\/p>\n
Con pleno respeto por los integrantes de la Sala que conformaron mayor\u00eda para la adopci\u00f3n de la sentencia proferida en el asunto de la referencia, nos permitimos expresar los motivos de nuestra discrepancia. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Precisiones sobre el sub ex\u00e1mine. <\/p>\n
<\/p>\n
En el caso analizado, la Sociedad de Activos Especiales \u2013SAE S.A., en su calidad administradora del Fondo para la Rehabilitaci\u00f3n, Inversi\u00f3n Social y Lucha contra el Crimen Organizado \u2013FRISCO, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales derivadas del debido proceso, toda vez que el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Medell\u00edn (rad. n.\u00ba 2008-00106) declar\u00f3 que Jos\u00e9 Ren\u00e9 Higuita y Magnolia Regina Echeverri Hern\u00e1ndez adquirieron por prescripci\u00f3n extraordinaria el dominio del inmueble identificado con FMI n.\u00ba 001-210602 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos \u2013 Zona Sur de esa ciudad, aun cuando el bien estaba afectado con una medida de \u00abembargo, secuestro y suspensi\u00f3n del poder dispositivo\u00bb a \u00f3rdenes de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, en virtud de un proceso de extinci\u00f3n de dominio. <\/p>\n
En la providencia de la cual nos apartamos, en relaci\u00f3n con la queja referenciada, la mayor\u00eda de la Sala opt\u00f3 por ratificar la providencia desestimatoria del tribunal a quo; porque, aun cuando se flexibiliz\u00f3 el presupuesto de tempestividad \u2013dado el inter\u00e9s p\u00fablico que se pretende proteger a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio\u2013, lo cierto es que \u00abel \u00abembargo, secuestro y suspensi\u00f3n del poder dispositivo\u00bb decretado por la Fiscal\u00eda, respecto del bien objeto del juicio acusado, no imped\u00eda que el juez acogiera la demanda de pertenencia propuesta por Jos\u00e9 Ren\u00e9 Higuita y Magnolia Regina Echeverry\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Lo anterior, porque, grosso modo, se estim\u00f3 que \u00abno es cierto que el fallador enjuiciado careciera de competencia para definir la relaci\u00f3n sustancial controvertida. Estaba facultado, en tanto a trav\u00e9s del proceso sus impulsores pretend\u00edan adquirir la propiedad de un bien privado. Ahora, que el predio estuviera afectado por una medida cautelar decretada en un proceso de extinci\u00f3n de dominio no muta su naturaleza de privada a p\u00fablica. No se pierda de vista que el registro de medidas previas en el curso de un proceso de tal categor\u00eda simplemente tiene el efecto de garantizar las resultas del juicio, que se desconocen hasta que exista una sentencia de fondo, raz\u00f3n por la cual no pueden restringirse otras controversias legales que se susciten sobre el inmueble, como aquella del poseedor que pretende hacerse propietario\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
En ese orden, se reliev\u00f3 que \u00abcomo para el momento en que el fallador sentenci\u00f3 la causa, el inmueble no estaba cobijado con sentencia de extinci\u00f3n de dominio, nada obstaba para que la justicia declarara due\u00f1os a quien reput\u00f3 como sus poseedores (\u2026), [y] la referida medida cautelar no afecta la posesi\u00f3n del bien y, por ende, sus efectos en el mundo del derecho\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Sobre el car\u00e1cter constitucional y prevalente de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio. <\/p>\n
<\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha resaltado, en otras oportunidades, que el car\u00e1cter constitucional y prevalente de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n del derecho de dominio tiene su fundamento en el art\u00edculo 34 de la Carta Pol\u00edtica1, siendo un instrumento (i) de car\u00e1cter p\u00fablico, pues a trav\u00e9s de \u00e9l se tutelan intereses superiores del Estado, como el patrimonio y el tesoro p\u00fablicos, as\u00ed como la moral social; (ii) de contenido patrimonial, porque recae sobre cualquier derecho real e implica la p\u00e9rdida de la titularidad del bien, independientemente de qui\u00e9n lo tenga en su poder o lo haya adquirido2; y, finalmente, (iii) aut\u00f3nomo e independiente, en relaci\u00f3n con otras acciones3. <\/p>\n
<\/p>\n
En ese orden, se ha se\u00f1alado que, conforme a esa naturaleza supralegal, las medidas cautelares reguladas en los art\u00edculos 12 de la Ley 793 de 2002 y 87 y 88 del actual C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio tambi\u00e9n est\u00e1n revestidas de tal prelaci\u00f3n, <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab(\u2026) como se desprende de los par\u00e1grafos 1\u00ba y 3\u00ba de la \u00faltima disposici\u00f3n en cita y del r\u00e9gimen de administraci\u00f3n de bienes regulado a partir del art\u00edculo 90 del mismo compendio normativo, al punto que contra su decreto no procede recurso alguno, solo la solicitud de control de legalidad ante el Juez de Conocimiento (cuando el tr\u00e1mite se adelanta bajo la \u00e9gida de la Ley 1708), la inscripci\u00f3n en los respectivos registros no puede ser sometida a turno o rehusada (bajo ninguna circunstancia) por el funcionario competente y en su decreto y pr\u00e1ctica no se admiten oposiciones; asimismo, el administrador del Frisco (Sociedad de Activos Especiales) detenta facultades de \u00abpolic\u00eda administrativa para la recuperaci\u00f3n f\u00edsica\u00bb de los bienes o incluso su enajenaci\u00f3n temprana\u00bb a\u00fan sin haberse definido tal actuaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC8153-2021, 6 jul). <\/p>\n
<\/p>\n
No obstante, respetuosamente consideramos que, en la decisi\u00f3n de la cual nos apartamos, si bien fue acertado flexibilizar el presupuesto de inmediatez en el sub-ex\u00e1mine, de cara a la relevancia de las garant\u00edas iusfundamentales en contienda, no se tuvieron en cuenta las particularidades desarrolladas en precedencia, as\u00ed como la importancia que revisten las medidas cautelares que, al amparo de la citada normativa, se decreten sobre ciertos bienes en los procesos de extinci\u00f3n de dominio, pues, precisamente, los intereses p\u00fablicos que se tutelan bajo su imposici\u00f3n implican la proscripci\u00f3n de cualquier intelecci\u00f3n que conlleve a la disminuci\u00f3n o el completo menoscabo de su eficacia. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejamos fundamentado nuestro salvamento de voto, con la reiteraci\u00f3n de respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
<\/p>\n
Fecha ut supra, <\/p>\n
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MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
<\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, art\u00edculo 34: \u00abSe proh\u00edben las penas de destierro, prisi\u00f3n perpetua y confiscaci\u00f3n. No obstante, por sentencia judicial, se declarar\u00e1 extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento il\u00edcito, en perjuicio del Tesoro p\u00fablico o con grave deterioro de la moral social\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculos 4\u00ba Ley 793 de 2002 y 17 de la Ley 1708 de 2014. <\/p>\n
3\u0002 Art\u00edculos 4\u00ba Ley 793 de 2002 y 18 Ley 1708 de 2014. <\/p>\n
9 <\/p>\n
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STC2791-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-03-000-2022-00645-01 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE STC2791-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-03-000-2022-00645-01 (Aprobado en […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-72019","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72019","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72019"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72019\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72019"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72019"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72019"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}