STC2814-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2814-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 13001-22-13-000-2023-00054-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 14 de febrero de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que declar\u00f3 improcedente el amparo reclamado por Emiro Pimienta Carbal, quien dijo actuar como apoderado de Jos\u00e9 Manuel Marriaga Quintana contra los Juzgados Primero Civil del Circuito y Promiscuo Municipal de Turbaco. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda del derecho fundamental al debido proceso, de quien dice representar, con ocasi\u00f3n del proceso de restituci\u00f3n de inmueble de radicado 13836408900120210009300. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se establecen los siguientes hechos: <\/p>\n
2.1. En diciembre de 1997, Julio Polo adquiri\u00f3 un inmueble en el municipio de Turbaco, el cual dej\u00f3 abandonado, por lo que Jos\u00e9 Marriaga, ignorando quien era el due\u00f1o lo ocup\u00f3, viviendo all\u00ed desde entonces hasta noviembre de 2018, cuando fue denunciado ante la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Turbaco por perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n, tr\u00e1mite en el que el querellante-propietario refiri\u00f3 la existencia de un contrato de arrendamiento, sin embargo, dicho tr\u00e1mite culmin\u00f3 con la declaratoria de la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Luego, ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Turbaco se tramit\u00f3 proceso de restituci\u00f3n de inmueble, promovido por Julio Polo Paredes contra Jos\u00e9 Marriaga Quintana respecto del bien ubicado en la carrera 11 No. 26-28 de dicho municipio, en el que el 2 de marzo de 2022 profiri\u00f3 sentencia que declar\u00f3 terminado el contrato de arrendamiento suscrito y orden\u00f3 al arrendatario la restituci\u00f3n del bien, entre otros1. <\/p>\n
2.3. Contra esa providencia el extremo pasivo de dicha contienda interpuso recurso de apelaci\u00f3n2 que fue rechazado por improcedente con prove\u00eddo del 16 de mayo de 20223 . <\/p>\n
2.4. Frente a esa decisi\u00f3n, el demandado interpuso recurso de queja, que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Turbaco, resolvi\u00f3 mediante auto del 20 de enero de 2023, declarando bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n referido4. <\/p>\n
3. El abogado tutelante censura que pese a las contradicciones frente al canon de arrendamiento, demostradas en el proceso policivo en el que el querellante determin\u00f3 una suma diferente a la referida en el proceso de restituci\u00f3n, se puso en evidencia que Jos\u00e9 Marriaga no cancel\u00f3 ning\u00fan dinero por dicho concepto durante el tiempo de la posesi\u00f3n, sin embargo, el juzgado municipal accionado resolvi\u00f3 proferir sentencia declarando terminado el contrato, desatendiendo la contestaci\u00f3n de la demanda e ignorando las pruebas aportadas con esta. <\/p>\n
Adujo que, el estrado del circuito incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho pues al resolver el recurso de queja contra el auto que rechaz\u00f3 la apelaci\u00f3n de la sentencia, no tuvo en cuenta que en el tr\u00e1mite del proceso no se profiri\u00f3 ninguna providencia que desestimara la contestaci\u00f3n de la demanda, no obstante, el fallador de primer grado se neg\u00f3 a tener en cuenta lo aportado al proferir el fallo. <\/p>\n
4. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, que se ordene a los accionados \u00abresolver de fondo el citado proceso, con fundamento en las pruebas allegadas al proceso, as\u00ed como fundamentar la correspondiente sentencia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Las autoridades judiciales accionadas, defendieron la legalidad de sus acciones. <\/p>\n
2. La Inspecci\u00f3n Primera de Polic\u00eda de Turbaco se\u00f1al\u00f3 que no ha conculcado prerrogativa alguna al censor. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente la salvaguarda impetrada por Emiro Pimienta Carbal, quien dijo actuar como apoderado de Jos\u00e9 Marriaga Quintana, pues no acompa\u00f1o poder especial que acreditara dicha calidad, de modo que no estaba legitimado en la causa por activa. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el actor manifestando que, \u00abel hecho de que fuera admitida la acci\u00f3n de tutela, permite entender [\u2026] que no existe ninguna objeci\u00f3n para la admisi\u00f3n\u00bb, por tanto, dicho auto \u00abse constituye en un acto enga\u00f1oso del servidor judicial\u00bb, pues, \u00able correspond\u00eda al juez de tutela, vincularme\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el censor pretende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de Jos\u00e9 Manuel Marriaga Quintana y que se deje sin efectos el auto que declar\u00f3 bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto en el proceso 2021-00093. <\/p>\n
2. Revisadas las piezas procesales allegadas, observa la Sala que el promotor no se encuentra legitimado para instaurar la presente tutela, dado que no es el titular de los derechos fundamentales cuya vulneraci\u00f3n se atribuye al Juzgado accionado y no alleg\u00f3 poder especial que lo faculte a intervenir en esta causa. <\/p>\n
2.1. Referente a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida (\u2026) por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u00bb. Al respecto, esta Sala ha establecido que la persona habilitada para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales, de manera que el profesional del derecho que la representa en el proceso rebatido o en otro asunto \u00abes un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho\u00bb (CSJ STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en CSJ STC926-2018, CSJ STC4611- 2018, CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
Igualmente, la Sala ha se\u00f1alado que la falta de poder especial del abogado impulsor, aun cuando \u00abtenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no [lo] habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo\u00bb y que tal omisi\u00f3n torna improcedente la tutela (CSJ STC1042-2019); m\u00e1xime que la Corte Constitucional, en sentencia CC T-001-1997, ha manifestado que todo poder en materia de tutela debe ser especial, es decir, que \u00abse otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb; el cual debe contener en forma clara y expresa: <\/p>\n
(i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto del poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n. CC T-1025-2006 postura reiterada por esta Sala en CSJ STC1284-2022. <\/p>\n
2.2. Pues bien, en el presente asunto, el tutelante pretende la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de Jos\u00e9 Manuel Marriaga Quintana, sin embargo, no alleg\u00f3 poder especial para actuar en su nombre, pues el aportado es el conferido para la contestaci\u00f3n de la demanda del proceso de restituci\u00f3n que censura, el cual no re\u00fane las caracter\u00edsticas de especialidad exigidas para la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
3. Por lo razonado, se refrendar\u00e1 la determinaci\u00f3n de primer nivel. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Documento pdf 11Sentencia Rad. 93-2021. Expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Documento pdf 12.RecursoDeApelacion. Expediente digital <\/p>\n
4\u0002 Documento pdf 08AutoResuelveRecurso. Carpeta Segunda Instancia. Expediente digital <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC2814-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC2814-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 13001-22-13-000-2023-00054-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintid\u00f3s de marzo de dos mil veintitr\u00e9s). Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-72020","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72020","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=72020"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/72020\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=72020"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=72020"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=72020"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}