STC2946-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2946-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-01108-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la acci\u00f3n de tutela que Marta Luc\u00eda Murillo Ortega le interpuso a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, extensiva al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Rionegro y a los intervinientes en la salvaguarda n\u00b0 05615-31-03-002-2022-00372-00 y en el ejecutivo hipotecario n\u00b0 05148-40-89-002-2017-00033-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La accionante pidi\u00f3 que se deje sin efecto la negativa del Tribunal a invalidar todo lo actuado en la acci\u00f3n de tutela que Milley Echeverry Agudelo le promovi\u00f3 al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de El Carmen de Viboral (3 mar. 2023). Y, en consecuencia, se acceda a la nulidad y se ordene al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Rionegro, quien impuls\u00f3 el asunto en primera instancia, que la notifique de su admisi\u00f3n para que pueda ejercer su derecho de defensa. <\/p>\n
En sustento, adujo que no fue vinculada al procedimiento, pese a que deb\u00eda ser convocada a \u00e9l, por haber participado, como tercera poseedora, en el ejecutivo hipotecario n\u00b0 05148-40-89-002-2017-00033-00, que fue su objeto. <\/p>\n
Precis\u00f3 que, para conjurar la omisi\u00f3n, formul\u00f3 ante el Tribunal \u00abincidente de nulidad\u00bb. Sin embargo, el Magistrado ponente neg\u00f3 la rogativa, argumentando que no pod\u00eda invalidar su propia sentencia, y que, en todo caso, para tales efectos, pod\u00eda \u00abacudir a la instancia de revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional\u00bb, por ser la \u00abentidad que en calidad de Superior y \u00d3rgano de Cierre en la materia es la llamada a declarar la nulidad en caso de que la encuentre procedente\u00bb (3 mar. 2023). Contra esa directriz formul\u00f3 s\u00faplica, pero fue rechazada. <\/p>\n
2.- La Sala avoc\u00f3 el libelo el 15 de marzo de 2023, y all\u00ed, como medida provisional, suspendi\u00f3 el cumplimiento del fallo emitido por la Corporaci\u00f3n enjuiciada. <\/p>\n
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Rionegro defendi\u00f3 su proceder y remiti\u00f3 el enlace contentivo de la tutela objetada. El Tribunal accionado, por conducto de su Secretar\u00eda, tambi\u00e9n env\u00edo el expediente, sin pronunciarse sobre los hechos materia de tutela. <\/p>\n
El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de El Carmen de Viboral, quien conoce del ejecutivo 2017-00033-00, y la Corregidora de Aguas Claras de la Secretar\u00eda de Gobierno de esa localidad, comisionada para realizar la entrega ordenada en el coercitivo, informaron que acataron la medida provisional decretada en esta instancia, por cuanto la diligencia de entrega programada para el 22 de marzo de 2022 fue suspendida. <\/p>\n
No hubo m\u00e1s pronunciamientos para el momento en que esta decisi\u00f3n fue proyectada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n y de la Corte Constitucional, es procedente el an\u00e1lisis de acciones supralegales frente a cuestiones semejantes cuando se alega la vulneraci\u00f3n del debido proceso por falta de vinculaci\u00f3n o integraci\u00f3n del contradictorio, o cuando se configura la cosa juzgada fraudulenta. Todo, siempre y cuando se cumplan los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad de la acci\u00f3n (CSJ STC 31 jul. 2020, rad. 2020-01471-00, STC8657-2021, SU627-2015). <\/p>\n
2.- Bajo lo anteriores lineamientos, se advierte que es procedente analizar el fondo de la querella propuesta. F\u00edjese que la actora enjuicia el tr\u00e1mite constitucional 2022-00372-00 por violaci\u00f3n de su derecho de defensa, por no haber sido convocado al mismo. Por otro lado, la controversia cuya invalidez pretende fue zanjada por el Tribunal accionado el 23 de febrero de 2023. Finalmente, a efectos de obtener ese resultado, le pidi\u00f3 al Tribunal que anulara la actuaci\u00f3n, sin obtener \u00e9xito. <\/p>\n
Para ello, la Sala, en primer lugar, se referir\u00e1 a la herramienta que tienen los interesados en hacer valer la falta de vinculaci\u00f3n a una acci\u00f3n de tutela, cuando esta ha sido clausurada en las instancias, y del deber de los jueces competentes de pronunciarse sobre ella. Despu\u00e9s, descender\u00e1 al caso concreto, y adoptar\u00e1 las medidas que resulten apropiadas para proteger las garant\u00edas fundamentales de la accionante. <\/p>\n
2.1.- De la nulidad ante el juez que zanj\u00f3 el tr\u00e1mite constitucional, como mecanismo para alegar la falta de vinculaci\u00f3n o indebida integraci\u00f3n del contradictorio en una acci\u00f3n de tutela juzgada, y del deber de dirimirla. <\/p>\n
Como arriba se indic\u00f3, la acci\u00f3n de tutela es procedente para garantizar el debido proceso de quienes, debiendo serlo, no hayan sido convocados a un tr\u00e1mite constitucional. De donde emerge que es viable remover a trav\u00e9s de esta herramienta, un mandato constitucional que haya sido expedido sin participaci\u00f3n de los llamados a comparecer en el juicio. <\/p>\n
Esa posibilidad, ha se\u00f1alado la Corte Constitucional, mediante sentencia de unificaci\u00f3n (SU627-2015), debe abrirse paso, sin perjuicio del principio de inmediatez, \u00abincluso si (\u2026) no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n\u00bb, esto es, a\u00fan despu\u00e9s de que se haya resuelto la impugnaci\u00f3n del veredicto de primera instancia. Tambi\u00e9n ha expuesto que ello depende de que se cumpla el presupuesto de subsidiariedad, es decir, de que el interesado, antes de acudir a este sendero, haya agotado, sin resultados favorables, los mecanismos ordinarios de defensa que tiene su alcance. Al respecto, dijo: <\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella (\u2026). <\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, sobre la herramienta que puede impulsar quien no ha sido convocado a un tr\u00e1mite constitucional clausurado, a efectos de que el fallo correspondiente se invalide y se expida otro en el que se garantice su participaci\u00f3n, el interesado debe elevar la correspondiente solicitud de nulidad ante el funcionario que zanj\u00f3 la controversia. <\/p>\n
Frente al t\u00f3pico, esta Corporaci\u00f3n ha dicho: <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo expresado, esta Sala en asuntos similares, en m\u00faltiples oportunidades ha indicado que, \u00abla presunta irregularidad que aducen los actores debieron manifestarla ante la autoridad competente y pedir all\u00ed la nulidad \u00abprevista en los numerales 3\u00b0 y 8\u00b0 del art\u00edculo 133 del C.G. del P., siendo aqu\u00e9l el escenario id\u00f3neo para ello, pues debe hacerse dentro del tr\u00e1mite respectivo y ante el juez natural y no usar este medio excepcional para saltarse los mecanismos que tiene a su alcance\u00bb CSJ, STL2232-2022, reiterada en STC5397-2022)\u00bb (STC9909-2022, reiterada en STC15402-2022). <\/p>\n
Siendo as\u00ed, y si los afectados tienen la posibilidad de alegar la falta de vinculaci\u00f3n a una acci\u00f3n de tutela clausurada, por medio del instituto de la nulidad procesal ante el juez que la defini\u00f3, es claro que dicha autoridad est\u00e1 en el deber de dirimir la solicitud correspondiente, de acuerdo con el r\u00e9gimen previsto en el C\u00f3digo General del Proceso, aplicable en la materia en virtud de lo previsto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 2992. Mem\u00f3rese, como lo ha dicho la Sala, que \u00ab[l]os efectos de ejecutoria constitucional de la sentencia de amparo no se extienden a las partes que no fueron citadas, estando en la obligaci\u00f3n el juzgador de convocarlas\u00bb (ATC4034-2014). <\/p>\n
Claro, esa posibilidad es extra\u00f1a al r\u00e9gimen de nulidades previsto en el C\u00f3digo General del Proceso, pero se justifica en materia de acciones de tutela dada la naturaleza especial de esos asuntos, y la inexistencia de un mecanismo para ventilar esa irregularidad. F\u00edjese que en las controversias regladas en el estatuto adjetivo, los interesados en alegar la nulidad de la actuaci\u00f3n por indebida notificaci\u00f3n tienen a su alcance el recurso de revisi\u00f3n, mientras que en la acci\u00f3n de tutela tal remedio no existe. N\u00f3tese, que la revisi\u00f3n eventual ante la Corte Constitucional no es \u00fatil a tales fines, por cuanto el an\u00e1lisis que en esa sede se realiza en principio es de fondo (C.C. sentencias C-018 de 1993 y C-1716 de 2000). En adici\u00f3n, dicho Tribunal, frente contextos como el descrito, ha indicado que \u00abla selecci\u00f3n para revisi\u00f3n de las decisiones de tutela por la Corte Constitucional no es un recurso\u00bb (SU627-2015). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, si es el juez de conocimiento de un asunto el primer llamado a restaurar las garant\u00edas fundamentales de las partes involucradas, no es extra\u00f1o que sea el juez que haya zanjado una causa derivada de una acci\u00f3n de tutela quien deba adoptar los correctivos necesarios para garantizar el derecho de defensa de los part\u00edcipes. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, reitera la Corte, que el interesado en que se invalide a trav\u00e9s de una acci\u00f3n de tutela un fallo emitido en otra salvaguarda, por falta o indebida integraci\u00f3n del contradictorio, debe elevar la correspondiente solicitud de nulidad ante el juez que defini\u00f3 el amparo. Por otra parte, dicho funcionario estar\u00e1 obligado a desatar la nulidad, conforme a las pautas establecidas sobre el particular en el C\u00f3digo General del Proceso, esto es, rechaz\u00e1ndola, por no cumplir con los requisitos para alegarla -oportunidad, legitimaci\u00f3n, trascendencia, convalidaci\u00f3n-, o resolvi\u00e9ndola, previo traslado y pr\u00e1ctica de las pruebas correspondientes de acuerdo con las reglas previstas en los art\u00edculos 134 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso. Finalmente, en caso de que el sentenciador compruebe la falta de citaci\u00f3n denunciada, deber\u00e1 anularse el veredicto respectivo y las actuaciones que resulten necesarias para garantizar que el tr\u00e1mite se renueve con participaci\u00f3n de quien no fue oportunamente convocado. <\/p>\n
A la luz de las anteriores directrices, se advierte que el Tribunal no pod\u00eda rehusarse a proveer sobre la nulidad pretendida por la quejosa, y mucho menos, soportar su negativa en la falta de competencia para anular su propia sentencia, o en la existencia de las facultades que, al respecto, atribuy\u00f3 a la Corte Constitucional. Su deber, como se vio, era desatarla y, de comprobar la existencia de la falla denunciada, tomar los correctivos tendientes a restaurar las garant\u00edas de la promotora. <\/p>\n
Con mayor raz\u00f3n, si la accionante ten\u00eda inter\u00e9s para proponer la nulidad. N\u00f3tese que la necesidad de su vinculaci\u00f3n al procedimiento est\u00e1 justificada en que intervino como opositora en la diligencia de entrega objeto de tutela y, adem\u00e1s, lo anhelado por la entonces tutelante era que la diligencia se materializara inmediatamente, pese a que estaban en tr\u00e1mite varios recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n en el ejecutivo, entre ellos, los que la aqu\u00ed solicitante, en calidad de afectada, interpuso contra la decisi\u00f3n de rechazar su oposici\u00f3n a la entrega. <\/p>\n
Adicionalmente, no se advierte que el vicio lo hubiese convalidado, pues compareci\u00f3 al tr\u00e1mite constitucional a hacerlo valer tan pronto supo en el ejecutivo, que la entrega se reanudar\u00eda en cumplimiento del fallo de tutela emitido por el Tribunal, quien concedi\u00f3 el amparo. <\/p>\n
Total, la petici\u00f3n de nulidad de la quejosa deb\u00eda ser tramitada por el juez plural. Como no lo hizo, vulner\u00f3 los derechos de la peticionaria, quien ten\u00eda derecho a obtener una respuesta de fondo sobre su reclamo. <\/p>\n
2.-3. Medidas a adoptar para proteger los derechos de la tutelante. <\/p>\n
Por lo anterior, se invalidar\u00e1 la decisi\u00f3n emitida por el juez plural de 3 de marzo de 2022, por medio del cual se neg\u00f3 a tramitar la petici\u00f3n de nulidad de la actora. En su lugar, se ordenar\u00e1 al Tribunal que la tramite como lo prev\u00e9 el inciso 4\u00b0 del art\u00edculo 134 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor: \u201c[e]l juez resolver\u00e1 la solicitud de nulidad previo traslado, decreto y pr\u00e1ctica de las pruebes que fueron necesarias\u201d. <\/p>\n
No se adoptar\u00e1 ninguna otra medida a favor de la querellante, como anular la actuaci\u00f3n objetada, comoquiera que al tramitarse la nulidad, el funcionario competente debe garantizar el derecho de contradicci\u00f3n de sus intervinientes. Es decir, cualquier decisi\u00f3n que se adopte sobre el particular, deben emitirse luego de que los interesados hayan tenido la oportunidad, en el escenario correspondiente, de defenderse, solicitar y contradecir las pruebas allegadas y practicadas. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, se conceder\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada, con el prop\u00f3sito de que el Tribunal tramite y decida la petici\u00f3n de nulidad presentada por la accionante. Para el efecto, y dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, la pondr\u00e1 en conocimiento de los intervinientes, y luego la decidir\u00e1, previo decreto y pr\u00e1ctica de las pruebas que resulten necesarias. Para ello, tendr\u00e1 un plazo total de quince (15) d\u00edas. <\/p>\n
En caso de que el Tribunal compruebe que la accionante no fue debidamente vinculada al juicio, deber\u00e1 anular el fallo de primera instancia emitido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Rionegro y todas las actuaciones que de \u00e9l dependan, incluido el veredicto de segundo grado. En su lugar, y teniendo en cuenta lo contemplado en el inciso final del art\u00edculo 301 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual, \u201c[c]uando se decrete la nulidad por indebida notificaci\u00f3n de una providencia, \u00e9sta se entender\u00e1 surtida por conducta concluyente el d\u00eda en que solicit\u00f3 la nulidad, pero los t\u00e9rminos de ejecutoria o traslado, seg\u00fan fuere el caso, s\u00f3lo empezar\u00e1n a correr a partir del d\u00eda siguiente al de la ejecutoria del auto que la decret\u00f3 o de la notificaci\u00f3n del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior\u201d, remitir\u00e1 las diligencias al juzgado de origen para que expida un nuevo fallo con la participaci\u00f3n de la gestora. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, resuelve: <\/p>\n
Primero. CONCEDER la acci\u00f3n de tutela presentada por Marta Luc\u00eda Murillo Ortega. <\/p>\n
En consecuencia, se DEJA SIN EFECTOS el interlocutorio emitido por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia el 3 de marzo de 2023, mediante el cual se neg\u00f3 a tramitar la nulidad solicitada por la actora, en la acci\u00f3n constitucional acusada. <\/p>\n
En su lugar, se ORDENA al Magistrado ponente de las diligencias, que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas corra traslado de la solicitud al resto de intervinientes por el t\u00e9rmino legal. Y, luego, la resuelva, en un plazo m\u00e1ximo de quince (15) d\u00edas, contados a partir del d\u00eda siguiente de esta providencia, atendiendo los lineamientos trazados en la parte motiva de esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Segundo. NEGAR la pretensi\u00f3n encaminada a que se invalide la totalidad de la actuaci\u00f3n reprochada, por las razones consignadas en numeral 2.3. de las consideraciones. <\/p>\n
Tercero. Advertir a las partes que la medida provisional decretada por esta Corporaci\u00f3n a favor de la accionante tendr\u00e1 efectos hasta que la nulidad sea definida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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