STC2952-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC2952-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01164-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Nelson Puello Carbonell contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena y el Juzgado Octavo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena, y citadas las partes e intervinientes en el proceso divisorio No. 2015-00067-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, propiedad privada y a la confianza leg\u00edtima, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
En sustento manifest\u00f3 que, Nelson Puello Mu\u00f1oz demand\u00f3 a su c\u00f3nyuge Elvira Carbonell Cuesta, en un proceso de venta de bien com\u00fan y solicit\u00f3 que se vendiera en p\u00fablica subasta el inmueble que hab\u00eda sido adquirido durante la vigencia de la sociedad conyugal, proceso que se tramit\u00f3 inicialmente en el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena, pero que despu\u00e9s pas\u00f3 a conocimiento del Juzgado Octavo Civil del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que la demandada se opuso a las pretensiones con el argumento que, \u00absu exc\u00f3nyuge hab\u00eda abandonado el hogar que ten\u00edan, y a sus hijos Aurelio Enrique, Zulay y Nelson Puello Carbonell, al poco tiempo de haberles sido entregada la casa a comienzos del a\u00f1o 1981, y que por esa circunstancia solo hab\u00eda aportado para el pago de la cuota inicial del bien y de algunas de las primeras cuotas del precio, siendo que su aporte equival\u00eda al 2.55% del valor total del inmueble\u00bb. <\/p>\n
Expuso que el Juzgado de conocimiento en auto de 7 de febrero de 2017 declar\u00f3 no probada la oposici\u00f3n propuesta por la demandada y orden\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta del inmueble con el fin de distribuir su producto entre los comuneros en partes iguales, y el secuestro del bien que se orden\u00f3 el 12 de mayo de 2017 se materializ\u00f3 el 13 de septiembre de ese a\u00f1o. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que su poderdante y accionante Nelson Puello Carbonell, quien no intervino en la diligencia, con fundamento en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 597 del C\u00f3digo General del Proceso propuso incidente de desembargo, para lo cual invoc\u00f3 su condici\u00f3n de tercero poseedor porque desde julio de 2007, tiene la posesi\u00f3n material con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o por un acuerdo que hizo con su progenitora, \u00abquien le cedi\u00f3 los derechos de propiedad y posesi\u00f3n que ten\u00eda sobre la casa prefabricada para que la demoliera y construyera sobre el terreno una nueva de dos pisos\u00bb. <\/p>\n
Relat\u00f3 que el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena en providencia de 5 de febrero de 2019 neg\u00f3 levantar la medida de secuestro con el argumento que no acredit\u00f3 ser el poseedor, porque en las pruebas obrantes en el expediente observ\u00f3 que la demandada \u00absiempre ha ejercido sus derechos como propietaria proindivisa sobre el citado inmueble (uso, goce y disfrute) hasta el punto que ha permanecido habit\u00e1ndolo\u00bb, determinaci\u00f3n que apel\u00f3 el interesado y confirm\u00f3 el Tribunal Superior de Cartagena el 30 de junio de 2022. <\/p>\n
Sostuvo que con esa determinaci\u00f3n incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho, pues err\u00f3 al escoger la norma que deb\u00eda aplicar al caso, as\u00ed como en la apreciaci\u00f3n de los hechos relevantes, adem\u00e1s valor\u00f3 mal las pruebas con lo que se materializaron los defectos sustantivo y f\u00e1ctico. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3, \u00abse declare la Nulidad de las dos providencias judiciales, y se le ordene al Juzgado de Primera Instancia, el JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA, que resuelva nuevamente la petici\u00f3n de levantamiento del secuestro del inmueble, de acuerdo con las normas que corresponden y las pruebas que obran en el proceso\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido su conocimiento, se admiti\u00f3 la tutela, y orden\u00f3 el traslado a los involucrados, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el asunto para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
\u202f RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Cartagena se limit\u00f3 a remitir la providencia reprochada. <\/p>\n
2. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena, como vinculado respondi\u00f3 que luego de haberse declarado impedido para conocer el proceso que motivo la queja constitucional, orden\u00f3 el 16 de febrero de 2015 la remisi\u00f3n del mismo al juzgado que le sigue en turno. <\/p>\n
3. El Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena luego de hacer un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso divisorio No. 2015-000067, dijo que no ha afectado o puesto en peligro los derechos fundamentales del accionante, como quiera que las actuaciones se adelantaron conforme a la ley, y cuando neg\u00f3 la solicitud del tercero poseedor lo hizo de acuerdo con la valoraci\u00f3n probatoria y de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En l\u00ednea de principio la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
As\u00ed mismo, no puede olvidarse, que, si bien el ordenamiento establece que la acci\u00f3n de tutela se trata de un procedimiento breve y sumario y por lo mismo, distante de las formalidades que se exigen para otra clase de juicios, no es posible eludir el respeto a requisitos tales como, el de la legitimaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991, establecen la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo excepcional como presupuesto para su formulaci\u00f3n, como quiera que, quien presenta la acci\u00f3n de tutela debe contar con inter\u00e9s que lo legitime para actuar, el que radica en cabeza de las partes o intervinientes reconocidos en el litigio, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales generada por actuaciones o providencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto, debe resaltarse que esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, <\/p>\n
\u00abLa legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto\u2026 De este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n
La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (Se subraya, CSJ STC1042-2019, STC9902, reiterada en STC256-2022 y en STC3425-2022 ). <\/p>\n
Por tanto, cuando se busca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de otra persona, es indispensable actuar con poder especial, siempre y cuando se haga a trav\u00e9s de abogado, o demostrar que aqu\u00e9lla realmente no est\u00e1 en condiciones de ejercer su defensa. <\/p>\n
3. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se observa que el abogado Rafael Carbonell Mu\u00f1oz quien manifest\u00f3 \u00abobrar como apoderado del accionante\u00bb, interpone la acci\u00f3n de tutela contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena respecto de la decisi\u00f3n de 30 de junio de 2022 proferida en el proceso divisorio que motiv\u00f3 la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Ante ese panorama, advierte la Sala la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional, como quiera que, el abogado quien present\u00f3 la solicitud de amparo carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar por esta v\u00eda las actuaciones surtidas en el juicio divisorio que cr\u00edtica, porque los titulares de los derechos que eventualmente resulten amenazados pertenecen a quienes all\u00ed ostentan la calidad de parte o terceros. <\/p>\n
Ahora bien, se destaca que el abogado Carbonell Mu\u00f1oz, fue requerido para que allegara el poder especial que lo facultara para actuar a nombre del accionante en este asunto, pero no aport\u00f3 el citado documento, ni mucho indic\u00f3 que actuaba como agente oficioso, y ha de tenerse en cuenta que, el simple hecho de figurar como apoderado especial en dicha causa, no lo faculta para interponer la acci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve Declarar improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Nelson Puello Carbonell contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena y el Juzgado Octavo Civil del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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