STC2956-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC2956-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-01178-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Diana Carolina Arango Botero contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Civil del Circuito de Andes, y citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo No. 2013-00122-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La solicitante a trav\u00e9s de apoderado judicial invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, \u00abla obligaci\u00f3n constitucional de los jueces someterse al imperio de la ley; contenidos en los art\u00edculos 2, 4, 13, 29, 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia\u00bb, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que Jaime Dar\u00edo Henao Gonz\u00e1lez y Claudia Patricia Escobar D\u00edaz celebraron el 7 de febrero de 2007 un acuerdo transaccional, \u00abnotariado en la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Medell\u00edn el d\u00eda 7 de febrero de 2012\u00bb, en el cual el primero se oblig\u00f3 a pagar el 30 de enero de 2013 a la se\u00f1ora Escobar Diaz, contratante, la suma de $330\u2019000.000. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el 10 de junio de 2012 falleci\u00f3 el se\u00f1or Henao Gonz\u00e1lez, y pese a los m\u00faltiples requerimientos que en vida se le hicieron, as\u00ed como a sus herederos, no pagaron el capital adeudado ni los intereses moratorios, motivo por el cual la acreedora promovi\u00f3 proceso ejecutivo en su contra en calidad de c\u00f3nyuge, y frente a los herederos determinados e indeterminados de Henao Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
Sostuvo que el Juzgado Civil Circuito de Andes el 8 de septiembre de 2015 orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, y el Tribunal de Antioquia al resolver un recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por los demandados invalid\u00f3 la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el Juzgado de conocimiento el 15 de marzo de 2019 libr\u00f3 de nuevo mandamiento de pago, y notificados los ejecutados formularon las excepciones denominadas \u00abInexistencia de la obligaci\u00f3n por no haberse acreditado el incumplimiento del negocio subyacente que dio origen a la obligaci\u00f3n por parte del se\u00f1or Jaime Dar\u00edo Henao Gonz\u00e1lez\u201d, \u201ccobro de lo no debido\u201d y \u201cprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ejecutiva\u201d\u00bb, y adelantado el tr\u00e1mite el 7 de febrero de 2020 profiri\u00f3 sentencia que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ejecutiva, orden\u00f3 cesar la ejecuci\u00f3n y levantar las medidas cautelares, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la ejecutante. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, el Tribunal Superior de Antioquia el 23 de febrero de 2023 revoc\u00f3 la sentencia y orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, decisi\u00f3n en la que incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho por defecto sustantivo pues no aplic\u00f3 las normas que regulan la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, pues seg\u00fan la accionante, no pod\u00eda resolver si oper\u00f3 o no el fen\u00f3meno de la interrupci\u00f3n del art\u00edculo 95 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 dejar sin efecto la sentencia proferida por la Corporaci\u00f3n accionada, y ordenar \u00abla cesaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n y el levantamiento de medidas cautelares\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido su conocimiento, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y orden\u00f3 el traslado a los involucrados, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el asunto para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
\u202f <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Antioquia respondi\u00f3 que el 24 de febrero de 2023 dict\u00f3 sentencia de segundo grado con la que desat\u00f3 la apelaci\u00f3n interpuesta por el demandante en el proceso ejecutivo No. 2013-00122, providencia en la que se encuentran anotadas las razones por las cuales revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a-quo. <\/p>\n
2. El apoderado judicial de Diana Carolina Arango en su calidad de demandante en el citado asunto, dijo que no existe una afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados por la accionante, agreg\u00f3 que la decisi\u00f3n censurada est\u00e1 sustentada en la ley y la jurisprudencia sin afectar el debido proceso de las partes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, revisado el enlace que contiene el Proceso ejecutivo No. 2013-00122-01 promovido por Claudia Patricia Escobar D\u00edaz contra los herederos determinados e indeterminados de Jaime Dar\u00edo Henao Gonz\u00e1lez, se observa que el Juzgado Civil del Circuito de Andes profiri\u00f3 sentencia el 7 de febrero de 2020, en la que dispuso declarar probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ejecutiva. <\/p>\n
2.1 Ahora bien, el Tribunal Superior de Antioquia en la sentencia de 23 de febrero de 2023, se\u00f1al\u00f3 que el problema jur\u00eddico consist\u00eda en determinar si era acertado declarar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ejecutiva, o por el contrario se hab\u00eda equivocado al no tener por demostrada la interrupci\u00f3n civil del plazo extintivo, conforme lo aduj\u00f3 la ejecutante. <\/p>\n
Para lo anterior, explic\u00f3 en que consiste la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n civil, mencion\u00f3 los art\u00edculos 2512, 2535, 2536 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como los 94 y 95 del C\u00f3digo General del Proceso, y apoyado tanto en jurisprudencia como doctrina, indic\u00f3 cuando se configura la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Igualmente se refiri\u00f3 al t\u00edtulo aportado como base de la acci\u00f3n y las actuaciones adelantadas en el proceso, y se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) En ese orden, como lo reclamado ejecutivamente es el pago de trescientos treinta millones de pesos, causados desde el 31 de enero de 2013, el lustro respectivo se cumplir\u00eda el 31 de enero de 2018, con la anotaci\u00f3n de que el mismo se interrumpi\u00f3 civilmente, en principio, con la presentaci\u00f3n de la demanda pertinente, toda vez que la misma se introdujo el 28 de junio de 2013. <\/p>\n
Ahora bien, aunque ese libelo no se notific\u00f3 a todos los ejecutados (herederos determinados) mencionados en el auto de apremio (el primigenio) dentro del a\u00f1o siguiente al enteramiento por estado de ese prove\u00eddo a la ejecutante, lo cierto es que la \u00faltima notificaci\u00f3n personal realizada, esto es, la de Jenny Andrea Henao Rojas, se surti\u00f3 el 3 de agosto de 2015, tiempo en el que a\u00fan no hab\u00eda trascurrido el aludido quinquenio. <\/p>\n
Sin embargo, como la integridad de lo rituado en el ejecutivo fue declarado nulo por este Tribunal mediante providencia de 14 de junio de 2018, se entender\u00eda, en l\u00ednea de principio, que con las notificaciones anteriores no solo no se interrumpi\u00f3 la prescripci\u00f3n, sino que ya estaba consumada para esa calenda, pues, ellas tambi\u00e9n resultaron invalidadas con la referida determinaci\u00f3n que cobij\u00f3 \u201ctodo lo actuado en este proceso ejecutivo, desde el auto de mandamiento ejecutivo de pago, inclusive\u201d. <\/p>\n
Pero para entender cabalmente el alcance dicho auto y si el mismo despoj\u00f3 de todo efecto al libelo y notificaciones iniciales, menester resulta acudir al art\u00edculo 95 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual, \u201cNo se considerar\u00e1 interrumpida la prescripci\u00f3n y operar\u00e1 la caducidad en los siguientes casos (…) 5. Cuando la nulidad del proceso comprenda la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, siempre que la causa de la nulidad sea atribuible al demandante\u201d. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, indic\u00f3 que, de acuerdo con la jurisprudencia, era claro que en ese caso se deb\u00eda establecer si existi\u00f3 o no la interrupci\u00f3n civil, por lo que, se deb\u00eda indagar sobre la conducta o diligencia de la ejecutante en adelantar las actuaciones indispensables para su demanda, en lugar de acudir a un criterio objetivo, y se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
(…) si la demandante cumpli\u00f3 desde un comienzo con su deber de dirigir la demanda ejecutiva contra los herederos determinados e indeterminados del obligado a cumplir lo pactado en el acuerdo transaccional, la omisi\u00f3n del juzgado de no ordenar la notificaci\u00f3n y traslado de \u00e9stos no puede ser trasladada al extremo actor, como equivocadamente se entendi\u00f3 en la sentencia reprochada, porque en el auto de 11 de diciembre de 2013, el Juzgado Civil del Circuito de Andes fij\u00f3 su posici\u00f3n sobre la composici\u00f3n del contradictorio. <\/p>\n
Siendo las cosas de ese modo, mal podr\u00eda achac\u00e1rsele a la parte actora el incumplimiento del deber de notificar a los herederos indeterminados de Jaime Dar\u00edo Henao Gonz\u00e1lez, porque establecido como fue el criterio del juzgado de conocimiento, ning\u00fan lugar hab\u00eda a exigir por la adici\u00f3n de los autos que ordenaron la notificaci\u00f3n de los t\u00edtulos y el mandamiento de pago, para que le efectuara la citaci\u00f3n al proceso de los herederos indeterminados del aludido causante. <\/p>\n
Menos se le pod\u00eda reclamar a la demandante el no enteramiento de los sucesores indeterminados de Jaime Dar\u00edo Henao Gonz\u00e1lez, cuando ninguna providencia as\u00ed lo dispuso, lo cual solo vino a acontecer el 14 de junio de 2018, momento para el cual el Tribunal declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado, y cuando ya hab\u00edan corrido m\u00e1s de los cinco a\u00f1os para estructurar la prescripci\u00f3n, contados desde el instante en el que se hizo exigible la obligaci\u00f3n reclamada (31 de enero de 2013). <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, consider\u00f3 el Tribunal Superior que aun cuando esa Corporaci\u00f3n declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado en el proceso el 14 de junio de 2018, incluido el mandamiento de pago de 8 de abril de 2014, \u00abuna hermen\u00e9utica sistem\u00e1tica de los art\u00edculos 94 y 95 del C\u00f3digo General del Proceso y que contemple los desarrollos jurisprudenciales atr\u00e1s evocados, lleva a inferir, para este asunto, que la demanda y las notificaciones hechas en principio s\u00ed tuvieron como efecto la interrupci\u00f3n civil de la prescripci\u00f3n quinquenal. Adem\u00e1s, una vez que el juzgado libr\u00f3 nuevo mandamiento de pago en obedecimiento a lo dispuesto por el superior, auto de 15 de marzo de 2019 notificado en el estado de 18 de marzo de ese a\u00f1o, los herederos indeterminados del plurimencionado causante se notificaron por medio de curadora ad-litem el 26 de junio de esa misma anualidad, huelga anotar, antes del plazo de un a\u00f1o para comprender interrumpida la prescripci\u00f3n tambi\u00e9n respecto de ellos\u00bb. <\/p>\n
Acto seguido se pronunci\u00f3 sobre los dem\u00e1s medios exceptivos propuestos por los demandados, los que fueron declarados no probados y revoc\u00f3 en su integridad del fallo proferido por el a quo para ordenar seguir adelante con la ejecuci\u00f3n como fue decretado en el mandamiento de pago. <\/p>\n
3. Efectuado ese recuento, no advierte la Sala amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, porque el Tribunal Superior accionado al desatar el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la demandante contra la sentencia proferida por el juez de conocimiento resolvi\u00f3 revocarla con fundamento en el an\u00e1lisis conjunto de las pruebas aportadas al proceso, as\u00ed como de la normativa sustancial y procesal aplicable al caso en estudio, lo que le permiti\u00f3 concluir que contrario a lo afirmado por el a quo, en el asunto se hab\u00eda verificado la ineficacia de la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n seg\u00fan lo establece el numeral 5 del art\u00edculo 95 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En efecto, al analizar la actuaci\u00f3n del proceso, observ\u00f3 que como la anulaci\u00f3n del tr\u00e1mite inclu\u00eda la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago, no necesariamente hac\u00eda desaparecer los efectos sobre la prescripci\u00f3n, pues \u00e9sta solo proced\u00eda si la nulidad era imputable al demandante, lo que no ocurri\u00f3 en el asunto en estudio, al evidenciar que la falta de notificaci\u00f3n de los citados herederos indeterminados no ocurri\u00f3 por negligencia de la acreedora, sino por una causa atribuible al Juzgado de conocimiento, y concluy\u00f3 que el t\u00e9rmino prescriptivo se hab\u00eda interrumpido, por lo que ya no pod\u00eda decretarse ese medio de extinci\u00f3n de las obligaciones. <\/p>\n
Adem\u00e1s, al examinar toda la actuaci\u00f3n advirti\u00f3 que cuando decret\u00f3 la nulidad de lo actuado incluido el mandamiento de pago, el t\u00e9rmino de los cinco (5) a\u00f1os de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ejecutiva ya se hab\u00eda verificado, sin embargo, era claro que la ejecutante promovi\u00f3 la demanda en tiempo, y notific\u00f3 a los demandados, cuando la obligaci\u00f3n estaba vigente, por tanto, no pod\u00eda el juez reconocerla cuando la irregularidad por la que se anul\u00f3 el proceso no era atribuible al ejecutante. <\/p>\n
En s\u00edntesis, es claro que la sentencia reprochada se encuentra motivada y no luce arbitraria, ni se evidencia que con esa determinaci\u00f3n se configure alguna amenaza o vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales invocados, m\u00e1xime cuando no se acredit\u00f3 el defecto sustantivo alegado, de tal suerte que, la sola divergencia de criterio expresada por la accionante, no resulta suficiente para que acuda al juez constitucional en busca de una tercera instancia inexistente en el ordenamiento procesal, para intentar reabrir un debate ya definido por el juez natural. (CSJ. STC de 15 feb. 2011, exp. 01404, reiteradas en STC1212-2022, STC4972-2022 y STC054-2023 entre otras). <\/p>\n
4. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve Negar la acci\u00f3n de tutela promovida por Diana Carolina Arango Botero contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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